Jose Fernando Juarez Rosas

Expediente 1317/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1317/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
21/12/2022

Partes del expediente

  • Jose Fernando Juarez Rosas

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1317/2022-VII. Puebla, Puebla, veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de ocho de diciembre de dos mil veintidós, por el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME). Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Archivo. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Carátula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a la parte quejosa, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar al quejoso por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1317/2022-VII.. Puebla, Puebla, ocho de diciembre de dos mil veintidós. Radicación del escrito de demanda. Se recibe la demanda de amparo signada por*, por derecho propio, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Familia Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, con sede en Puebla y otras autoridades. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Digitalización de la demanda de amparo. En virtud de que, el escrito de demanda de amparo fue recibido de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico a través del uso de la firma electrónica. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece la obligación de examinar la demanda y si se encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En el presente caso, se examinó de manera integral la demanda para detectar los actos reclamados, los cuales consisten en: ) Las ordenes de aprehensión, detención, presentación, comparecencia o arraigo, así como su ejecución, y b) La indebida integración de la capeta de investigación, Esos actos fueron atribuidos a las siguientes autoridades: Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Familia Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, con sede en Puebla; Director de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla; y, Fiscal General del Estado de Puebla. En ese sentido, esta operadora jurídica estima que resulta improcedente el presente juicio de amparo. De inicio, es importante destacar que, para analizar los actos reclamados debe atenderse a que estos son emitidos dentro del Sistema Penal Acusatorio; pues, fue señalada la existencia de la carpeta de investigación. Luego, en relación a cada uno de estos actos: 1. Orden de presentación. El artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece: Del enunciado normativo transcrito se advierte que, en el Sistema Penal Acusatorio únicamente pueden librarse citaciones u órdenes de comparecencia y aprehensión. Por consiguiente, el señalamiento de ese acto resulta improcedente por todas las autoridades señaladas como responsables. En ningún momento se pierde de vista que el numeral 47 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social en el Estado de Puebla, el cual estatuye que la orden de presentación puede ordenarse por el ministerio público cuando una persona que haya sido debidamente citada a declarar no comparezca sin justificación; tal y como se precisó en un principio, el acto atribuido a las autoridades responsables emana de la carpeta de investigación, la cual se rige bajo el Código Nacional de Procedimientos Penales. 2. Orden de detención. En relación con este punto es importante reiterar que, el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no prevé expresamente la facultad de las autoridades judiciales para emitir una orden de detención; sin embargo, el artículo 150 de dicho ordenamiento legal, prevé: De lo que se coligue que, la única "orden de detención" que admite el Sistema Penal Acusatorio se puede dar únicamente bajo supuestos de extrema necesidad, en los cuales existan condiciones objetivas por las cuales la representación social no pueda acudir ante el Juez de Control a solicitar un medio para conducir al imputado al proceso. Ahora, de los hechos narrados por el quejoso en su escrito de demanda, se advierte: ()De dicha transcripción es posible deducir de manera notoria y manifiesta que, el acto reclamado no se ubica en un supuesto de detención por caso urgente; pues, si los elementos de policía han tenido oportunidad para gestionar la ejecución de dicho mandato, es incongruente que, la autoridad ministerial se ubicara en una situación extrema que le impidiera acudir ante el Juez de Control a solicitar la conducción al proceso del imputado. De ahí que, el juicio de amparo devenga improcedente respecto de dicho acto reclamado. 3. Orden de arraigo. En relación con la orden de arraigo reclamada es indispensable resaltar lo dispuesto por el artículo 16, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: ()De lo que se colige que, la orden de arraigo es una medida precautoria que se adopta bajo situaciones extraordinarias, con la finalidad de asegurar la disponibilidad del imputado. De igual forma, el artículo 121 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, dispone: ()Sin embargo, en el artículo décimo primero transitorio de la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se indicó: ()Entonces, si en la demanda de amparo únicamente se señalaron autoridades que se rigen bajo el Sistema Procesal Acusatorio, es evidente que, carecen de facultades para emitir una determinación de ésta envergadura. Tanto esa sí, que los artículos 137, 138 y 139 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no prevén como medida de protección o providencia precautoria, la orden de arraigo; por consiguiente, resulta improcedente el presente juicio respecto de dicho acto reclamado. 4. Ordenes de aprehensión y comparecencia. En torno a estos actos reclamados que, si bien es cierto constituyen una forma de conducción del imputado al proceso, en realidad, conforme lo dispone el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, corresponde al Juez de Control emitir una resolución de esta envergadura. Y, aun cuando corresponda al Ministerio Público solicitar esa forma de conducción -en atención a su facultad de ejercer acción penal-, ese planteamiento se realizar en un plano de igualdad procesal con el imputado, es decir, como parte acusadora dentro del proceso y no como autoridad. Por consiguiente, toda vez que en la demanda de amparo únicamente se señalan autoridades ministeriales y, el quejoso prescindió señalar alguna autoridad judicial -que pudiera estar facultada para emitir una orden de aprehensión o comparecencia- es evidente que, resulta improcedente el juicio de ampro intentado en contra de la orden de aprehensión y/o comparecencia. 5. Autoridades ejecutoras. No se pierde de vista que el quejoso señaló como autoridades responsables ejecutoras al Fiscal General del Estado de Puebla y al Director General de la Agencia Estatal de Investigación; sin embargo, en relación con el primero ya se expusieron los motivos por los cuales, al igual que la autoridad ministerial ordenadora, carece de facultades para ordenar cualquiera de los actos reclamados. Ahora, en torno al Director General de la Agencia Estatal de Investigación, si bien es cierto que, conforme al artículo 132, fracción XIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, tiene la encomienda de ejecutar los mandamientos ministeriales y jurisdiccionales, lo cierto es que, su actuación se encuentra supeditada a la de las autoridades ordenadoras. Y, si en la especie, el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Familia Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres carece de facultades para emitir los actos reclamados, es evidente que, por vía de consecuencia, la autoridad ordenadora se encuentra impedida para actuar fuera de los parámetros legales precisados. Además, no se reclama la ejecución de los actos señalados por vicios propios, lo cual resulta congruente porque ninguno de estos se ha materializado. 6. Integración de carpeta de investigación. Finalmente, es improcedente el juicio de amparo respecto del acto restante; pues, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII1 del artículo 61 de la Ley de Amparo. Ello, porque el inicio de una carpeta de investigación por la posible comisión de un delito, obedece al mandato que tiene el Ministerio Público de esclarecer los hechos delictivos, como lo ordena el artículo 21 de la constitución federal. Aunado a que el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé la reserva de los actos de investigación, lo cual alude a que los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en dicho código y demás disposiciones aplicables. Incluso refiere que la víctima u ofendido y su asesor jurídico son las únicas partes que podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento. En cambio, la imputada y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su defensor a fin de no afectar su derecho de defensa, lo cual no ha acontecido en este caso, pues en las manifestaciones bajo protesta de decir verdad realizadas por el quejoso en el capítulo de los antecedentes de los actos reclamados, no se desprende que éste haya sido solicitado a comparecer ante alguna autoridad ministerial. En este sentido, es indudable que resulta improcedente el juicio de amparo indirecto respecto a dicho acto, pues no le irroga perjuicio alguno; aunado a que la integración de mérito, por sí misma, tampoco le afecta de manera directa e inmediata sus derechos sustantivos fundamentales de un modo que sea irreparable. Pues, se desconoce de antemano cuál será el resultado de la investigación; por ello, el inicio o trámite no propicia afectación reparable por los medios de control constitucional. Se insiste, la eventual afectación en su esfera jurídica que trajera consigo la investigación, se materializaría, en su caso, hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente la emisión de una orden de aprehensión. Sirven de sustento a lo anterior la tesis de rubro: "INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO". Estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, con la anteposición del interés particular al de la sociedad. Por consiguiente, se estima improcedente el juicio de amparo indirecto que se promueve contra el acto reclamado consistente en la integración de la carpeta de investigación, pues ello deriva de las facultades de investigación del Ministerio Público. Máxime que la etapa de investigación tiene por objeto que el representante social practique todas las diligencias necesarias para acreditar el hecho con apariencia de delito y la probabilidad de que el imputado haya participado en su comisión. En suma, se trata de una preparación para el ejercicio de la acción penal. En mérito de todo lo anterior, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Indicaciones al analista jurídico. Por ello, se instruye a la analista jurídico SISE para efectos de que haga las anotaciones pertinentes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones de carácter personal, el que indica en su demanda, ubicado en la ciudad de Puebla. Por otra parte, queda autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, , porque se encuentran registradas su cédula en el Sistema de Registro de Profesionales del Derecho del Poder Judicial Federal. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese, personalmente al quejoso y cúmplase.

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