José Fernando González Regidor

Expediente 618/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
618/2017
Año
2017
Actuaciones
7
Última actuación
29/06/2017

Partes del expediente

  • José Fernando González Regidor

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de junio de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el oficio del Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, mediante el cual remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada el catorce de junio de dos mil diecisiete, dentro del toca número 94/2017. Dese a conocer a las partes la devolución de los autos originales que se encontraban ante el tribunal revisor, haciéndoles saber que el recurso de queja, fue resuelto bajo el siguiente punto resolutivo: "ÚNICO. Se declara infundado el presente recurso de queja." Realícense las anotaciones del caso en el libro de gobierno, acúsese el recibo correspondiente al Tribunal revisor, glósese el expedientillo formado con motivo del recurso de queja interpuesto y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente, será susceptible de destrucción, siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, tres de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito de Samuel León Pérez autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo del quejoso Enrique Contreras Marín, por el que promueve incidente de ejecución y liquidación de sentencia. Por tanto, de conformidad con lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 193 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 66 y 67 de la misma legislación, se ordena tramitar el incidente de liquidación de sentencia para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, y en términos del ordinal 359 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en razón a que esta incidencia obstaculiza la continuación del procedimiento de ejecución, se tramitará en este expediente principal, por lo que se suspende el cumplimiento de la ejecutoria, hasta que quede firme la determinación en la que se cuantifique su monto. Por otra parte, atendiendo a que de conformidad con el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto dispone que no podrá archivarse juicio de amparo alguno, sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional, y el diverso 192 de la Ley de Amparo, que prevé que las ejecutorias deben ser puntualmente cumplidas, y a que es necesario especificar el monto exacto que la autoridad responsable deberá pagar al demandante constitucional para cumplir con la ejecutoria, con fundamento en el artículo 67 de la última legislación citada, se requiere a las partes a efecto de que en el término de tres días, manifiesten lo que a su interés convenga y de considerarlo ofrezcan las pruebas de las que se desprendan los elementos necesarios a fin de que el suscrito designe un especialista que lo auxilie para cuantificar: la remuneración diaria ordinaria, beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, prima de antigüedad, quinquenio, despensa o cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio y hasta que se realice el pago correspondiente, que indica la parte quejosa en el escrito de cuenta. Lo anterior, habida cuenta que en el expediente en que se actúa no se cuenta con elementos que permitan conocer el monto de alguno de los rubros a cuyo pago fue condenada la autoridad responsable, de ahí que es necesario que las partes aporten el material probatorio requerido con la finalidad de realizar la cuantificación correspondiente con el especialista que el suscrito designe en el momento procesal oportuno. En atención a lo anterior, se apercibe a las partes que en caso de no ofrecer pruebas de su parte, o no manifestar la imposibilidad que tenga para tal efecto, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 236, 238 y 259, de la Ley de Amparo, así como el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, constitucional, y primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como pruebas las documentales y presuncional legal y humana, las que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Asimismo, como lo solicita el ocursante gírese oficio a la autoridad responsable Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Puebla, para que dentro del término de tres días posteriores a la notificación del presente auto se sirva remitir copia certificada del salario base que utilizó para calcular la indemnización, los salarios caídos y la demás prestaciones no percibidas, así como los últimos cinco talones de pago del quejoso Enrique Contreras Marín. Con el apercibimiento que de incumplir con lo anterior, se hará acreedor a una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 259, de la Ley de Amparo, así como el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, constitucional, y primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; cuyo monto diario será de $75.49 (setenta y cinco pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional) atento a la actualización publicada en el propio diario, el diez de enero de dos mil diecisiete. De igual manera con fundamento en el artículo 119 de la Ley de la Materia, se admite la prueba pericial en contabilidad, por lo que se concede a las partes un término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, para que se encuentren en condiciones si así lo desean, de adicionar el cuestionario exhibido por el quejoso, previniéndoles que de no hacer manifestación al respecto, se les tendrá por precluido ese derecho. Con independencia de lo anterior, requiérase al Coordinador de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República en el Estado, Delegación Puebla, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente de la notificación correspondiente, proponga un perito en contabilidad a efecto de funja como oficial por parte de este órgano jurisdiccional. Con el apercibimiento que de incumplir con lo anterior, se hará acreedor a una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 259, de la Ley de Amparo, así como el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, constitucional, y primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; cuyo monto diario será de $75.49 (setenta y cinco pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional) atento a la actualización publicada en el propio diario, el diez de enero de dos mil diecisiete.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dos de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito signado por José Fernando González Regidor, por medio del cual interpone recurso de queja en contra del proveído de dieciocho de abril de dos mil diecisiete. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe respectivo sobre la materia de la queja al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito en turno, y envíesele el cuaderno original del presente asunto. Sin que haya lugar a dar vista a las partes por el plazo de tres días para que señalen las constancias que en copia certificada deberán remitirse a la superioridad, según lo dispuesto por el numeral 101 del citado ordenamiento, tomando en consideración que no se admitió a trámite la demanda de amparo.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de abril de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio 147-II-2017, mediante el cual la Secretaria de Acuerdos adscrita al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada el treinta de marzo de dos mil diecisiete, dentro del amparo en el toca de revisión 397/2016. Dese a conocer a las partes la devolución de los autos originales que se encontraban ante el tribunal revisor, haciéndoles saber que el recurso de referencia, fue resuelto bajo los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO.- En la materia de la revisión, se REVOCA la sentencia de veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, dictada en el juicio de amparo 1207/2016, por el Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. SEGUNDO.- Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Sergio Esteban Saldaña Ramírez, respecto del acto reclamado al Presidente Municipal de Puebla, consistente en la omisión de ejercer su facultad de eximir o condonar el pago del impuesto predial y del derecho de limpia con relación a la cuenta predial número PU-288592-51. TERCERO.- La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Sergio Esteban Saldaña Ramírez, contra el acto atribuido a la Tesorera Municipal de Puebla, consistente en el acuerdo número T.M/D.J/D.E./0719/2016, de dos de mayo de dos mil dieciséis, para los efectos precisados en el último considerando de este fallo. CUARTO.- Se declara SIN MATERIA la revisión adhesiva interpuesta por el Director General Jurídico y de lo Contencioso de la Sindicatura Municipal del Ayuntamiento de Puebla, en representación del Presidente Municipal". Realícense las anotaciones del caso en el libro de gobierno, acúsese el recibo al tribunal revisor del juicio de amparo 1207/2016 y glósese el expedientillo formado con motivo del recurso de revisión interpuesto. En consecuencia, y atendiendo a que las sentencias de amparo deben ser cumplidas sin demora y esta autoridad está facultada para dictar las medidas idóneas hasta conseguirlo, con fundamento en lo establecido en los párrafos primero y segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Tesorera Municipal de Puebla, para que en el plazo de tres días contado a partir del siguiente al en que quede notificada del presente proveído dé cumplimiento al fallo amparador, para lo cual deberá ejecutar los actos que fueron precisados en la ejecutoria emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito dentro del toca en revisión 397/2016; apercibida que de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 259, de la Ley de Amparo, así como el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, constitucional, y primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; cuyo monto diario será de $75.49 (setenta y cinco pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional) atento a la actualización publicada en el propio diario, el diez de enero de dos mil diecisiete; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, requiérase al Ayuntamiento Municipal de Puebla, en su carácter de superior jerárquico para que ordene a la autoridad responsable a dar cumplimiento a la ejecutoria de mérito, apercibido que no acreditar haber hecho lo anterior, incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. De igual forma, con fundamento en el artículo 195 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no lo exime de la responsabilidad correspondiente, pero podría tomarse en consideración como atenuante de la sanción penal. Del mismo modo, con apoyo en el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se les informa que se considerará como incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales. En el entendido que la responsabilidad a que se hace referencia en líneas precedentes es la que deriva de la comisión del delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión y multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente: - - - I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir." Cabe resaltar que si al momento de recibirse el requerimiento respectivo, las autoridades responsables cambiaron de titulares, serán sus sustitutos quienes deberán cumplir con el fallo protector, y el apercibimiento efectuado se entenderá dirigido a ellos. De la misma manera, infórmese a las responsables que en términos del artículo 193, primer párrafo, última parte, de la Ley de Amparo, los titulares requeridos seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo; y que también son responsables en los términos indicados las personas físicas que ocupan el cargo con posterioridad si durante el ejercicio de sus funciones se debió dar cumplimiento a la ejecutoria. NOTIFÍQUESE.

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