José Fernando Emigdio Castillo Herrera
Expediente 1577/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1577/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 14/11/2016
Partes del expediente
- José Fernando Emigdio Castillo Herrera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, catorce de noviembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto de catorce de octubre de dos mil dieciséis; en tal virtud, con fundamento en lo que disponen los artículos 286 y 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicho auto en el cual se declaró el sobreseimiento en el juicio de amparo, ha causado estado para todos los fines legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes [SISE], y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente, será susceptible de destrucción, siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia; en el entendido de que el presente asunto se tramitó sin incidente de suspensión. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, catorce de octubre de dos mil dieciséis. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado remitido por el Presidente de la Cuarta Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, del estudio integral de la demanda de amparo y demás constancias que integran el presente juicio de amparo, se desprende que el quejoso José Fernando Emigdio Castillo Herrera, por escrito presentado el veinte de septiembre de dos mil dieciséis [fojas 2 a 17], ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, el cual se turnó en la misma fecha a este Juzgado de Distrito, ocurrió ante esta instancia de control constitucional a reclamar de la Cuarta Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla: La omisión de dictar la resolución correspondiente dentro del toca de apelación 126/2016. Ahora bien, del oficio y anexo remitido por la responsable, se desprende que el treinta de septiembre de dos mil dieciséis, dicha Sala dictó sentencia definitiva dentro del toca de apelación 126/2016 de su estadística, lo que se acredita con la copia certificada de la citada resolución de treinta de septiembre de dos mil dieciséis, constancias que adquieren pleno valor probatorio en términos de los artículos 79, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese sentido, esta autoridad estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que cesaron los efectos de esos actos. Para evidenciar lo anterior, conviene traer a contexto el dispositivo invocado, el cual es del tenor siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, de la narrativa que antecede, se colige que el treinta de septiembre de dos mil dieciséis, la autoridad responsable emitió sentencia definitiva dentro del toca de apelación 126/2016, de su estadística, lo cual se corrobora con las constancias remitidas por la responsable, las cuales cuentan con valor probatorio pleno en los términos expuestos. Bajo esa óptica, es posible concluir que la autoridad responsable al haber emitido la resolución de treinta de septiembre de dos mil dieciséis dentro del toca de apelación 126/2016 de su índice, cesaron los efectos de la omisión reclamada, pues los efectos de dicho retardo desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna de dicha afectación. Ello, porque si la pretensión de la parte quejosa al ejercer la acción constitucional era que se dictara sentencia definitiva dentro del toca de apelación 126/2016, del índice de la Cuarta Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, aquélla se vio satisfecha en la medida en que el treinta de septiembre de dos mil dieciséis, la responsable dictó la referida resolución. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. Por tanto, se dejan sin efecto las nueve horas con dieciséis minutos del diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LAS PARTES.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, catorce de octubre de dos mil dieciséis. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado remitido por el Presidente de la Cuarta Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, del estudio integral de la demanda de amparo y demás constancias que integran el presente juicio de amparo, se desprende que el quejoso José Fernando Emigdio Castillo Herrera, por escrito presentado el veinte de septiembre de dos mil dieciséis [fojas 2 a 17], ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, el cual se turnó en la misma fecha a este Juzgado de Distrito, ocurrió ante esta instancia de control constitucional a reclamar de la Cuarta Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla: La omisión de dictar la resolución correspondiente dentro del toca de apelación 126/2016. Ahora bien, del oficio y anexo remitido por la responsable, se desprende que el treinta de septiembre de dos mil dieciséis, dicha Sala dictó sentencia definitiva dentro del toca de apelación 126/2016 de su estadística, lo que se acredita con la copia certificada de la citada resolución de treinta de septiembre de dos mil dieciséis, constancias que adquieren pleno valor probatorio en términos de los artículos 79, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese sentido, esta autoridad estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que cesaron los efectos de esos actos. Para evidenciar lo anterior, conviene traer a contexto el dispositivo invocado, el cual es del tenor siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, de la narrativa que antecede, se colige que el treinta de septiembre de dos mil dieciséis, la autoridad responsable emitió sentencia definitiva dentro del toca de apelación 126/2016, de su estadística, lo cual se corrobora con las constancias remitidas por la responsable, las cuales cuentan con valor probatorio pleno en los términos expuestos. Bajo esa óptica, es posible concluir que la autoridad responsable al haber emitido la resolución de treinta de septiembre de dos mil dieciséis dentro del toca de apelación 126/2016 de su índice, cesaron los efectos de la omisión reclamada, pues los efectos de dicho retardo desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna de dicha afectación. Ello, porque si la pretensión de la parte quejosa al ejercer la acción constitucional era que se dictara sentencia definitiva dentro del toca de apelación 126/2016, del índice de la Cuarta Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, aquélla se vio satisfecha en la medida en que el treinta de septiembre de dos mil dieciséis, la responsable dictó la referida resolución. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. Por tanto, se dejan sin efecto las nueve horas con dieciséis minutos del diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LAS PARTES.
- Principal
En seis de octubre de dos mil dieciséis, doy cuenta con el estado que guardan los autos y certifico que el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo ha transcurrido, sin que se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva de diecinueve de septiembre del año en curso, toda vez que la parte quejosa fue notificada el veinte del citado mes y año, el término inició su computo el veintidós y feneció el cinco de octubre de la presente anualidad, sin contar los días veinticuatro y veinticinco de septiembre, así como el uno y dos del presente mes y año, por haber sido inhábiles. Doy Fe.San Andrés Cholula, Puebla, seis de octubre de dos mil dieciséis. Vista la razón de cuenta que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de garantías. En tal virtud, con fundamento en lo que disponen los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, según su artículo 2°., se declara que dicha sentencia que sobresee el presente juicio ha causado ejecutoria, para todos los fines legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente, será susceptible de destrucción, siguiendo los lineamientos contenidos en el Acuerdo de referencia; en el entendido de que el presente asunto se tramitó sin incidente de suspensión. Notifíquese.
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