Jose Fernando Ferra Mercado
Expediente 828/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 828/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 17/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Jose Fernando Ferra Mercado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única a quien pudiera afectar el fallo), haya recurrido la sentencia emitida el dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 34 (Orden de archivo), se determina la valoración respectiva en términos del artículo 20, fracción I, (expedientes de juicios de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; b) Es susceptible de destrucción; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, se deberá destruir este expediente; y d) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Téngase a la Secretaria haciendo constar que en el presente asunto no obran documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Vistos para resolver los autos del juicio de amparo número 828/2023; y R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta población, y turnada a este Juzgado Federal, ********************solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados de la Presidenta Ejecutora de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, y de los Servicios de Salud de Oaxaca, que se precisarán en el considerando segundo de este fallo. Actos que estimó violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1º, 5º, 17 y 123, apartado A, de la Constitución Federal. SEGUNDO. Admisión y trámite. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, registró la demanda con el número de expediente 828/2023; y en proveído de veinticinco de agosto dos mil veintitrés, la admitió a trámite, por lo que solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, dio la intervención que legalmente le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece y reformado mediante Acuerdo General 45/2016, de ese propio órgano colegiado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis; por tratarse de un juicio de amparo en materia laboral, que se atribuye a una autoridad cuya residencia se encuentra en el territorio en que este juzgado federal tiene competencia legal para ejercer jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional advierte que los actos recamados de las autoridades señaladas como responsables, se hacen consistir en lo siguiente: Del Presidente de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. La omisión de proveer el escrito presentado el diez de agosto de dos mil veinte, en el que la parte actora solicitó la ejecución forzosa del laudo de veinte de mayo de dos mil diecinueve, dictado en el expediente laboral ********************. La omisión de dictar las medidas eficaces para hacer cumplir el referido laudo. De los Servicios de Salud de Oaxaca. La falta de cumplimiento del aludido laudo. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Los Servicios de Salud de Oaxaca, por conducto del Jefe del Departamento adscrito a la Dirección de Asuntos Jurídicos de ese organismo público descentralizado, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado (fojas 47 a 54), consistente en la falta de cumplimiento del laudo de veinte de mayo de dos mil diecinueve, dictado en el expediente laboral ********************. En el caso en concreto, como lo refiere la autoridad responsable, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, por las razones siguientes. Es importante indicar, que la existencia de los actos reclamados debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen al juicio constitucional. En apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 3/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 206346, que dice: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Bajo ese contexto, si la existencia del acto reclamado debe analizarse atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, es decir, veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, se infiere que el acto reclamado a los Servicios de Salud de Oaxaca, consistente en la falta de cumplimiento del laudo de veinte de mayo de dos mil diecinueve, dictado en el expediente laboral ******************** del índice de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, es inexistente. Esto es así, pues de las constancias del juicio laboral de origen, a las que se concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículo 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Amparo por disposición de su artículo 2°, se advierte que: 1. El veinte de mayo de dos mil diecinueve, la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en segundo laudo, condenó al demandado Servicios de Salud de Oaxaca, a la reinstalación del actor -quejoso-, pago de salarios caídos, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y horas extras. 2. Inconforme con el referido laudo, la demandada Servicios de Salud de Oaxaca, promovió juicio de amparo directo, que fue resuelto por los Magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, y al dictar la resolución en el amparo directo ********************, negaron el amparo y protección de la Justicia de la Unión al referido organismo público descentralizado. 3. En proveído de once de agosto de dos mil veinte, la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, tuvo por recibida dicha ejecutoria y ordenó hacer del conocimiento de las partes que nuevamente se radicaron ante esa Junta los autos del juicio laboral ********************. 4. Mediante acuerdo siete de septiembre de dos mil veintitrés, la Presidenta Ejecutora de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, señaló día y hora para llevar a cabo la diligencia de reinstalación del actor; asimismo, requirió a la demandada Servicios de Salud de Oaxaca, por conducto de su representante legal, para que en el término de tres días hábiles, exhibiera la cantidad de $********************(********************), correspondiente a la condena decretada en el laudo -salarios caídos, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y horas extras-, o en su caso, previas a las adecuaciones presupuestarias, presentara ante la autoridad laboral, un programa de cumplimiento de pago; además, lo apercibió que en caso de no cumplir con lo requerido se haría acreedor a la imposición de una multa. De donde se sigue, la falta de cumplimiento del laudo de veinte de mayo de dos mil diecinueve, en el juicio laboral ********************, no existe, pues al momento de la presentación de la demanda de amparo (veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés), la Presidenta Ejecutora no había realizado algún requerimiento a la demandada, relacionado con el cumplimiento del laudo, ya que ello aconteció hasta el siete de septiembre del año en curso. De aceptar lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen al juicio de garantías; de ahí, que se actualice la causa de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, toda vez que la parte quejosa no demostró en el expediente de amparo, con evidencia alguna la existencia del acto reclamado antes indicado, procede decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional, por lo que hace al acto reclamado que se precisó en el primer párrafo de este considerando, en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia número 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 917818, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Existencia del acto reclamado. Por su parte, la Presidenta de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, al rendir su informe justificado, convino en la existencia de los actos reclamados (fojas 36 a 38), consistentes en la omisión de proveer el escrito presentado el diez de agosto de dos mil veintidós, en que solicitó la ejecución forzosa del laudo dictado en el expediente laboral ********************, así como la omisión de dictar las medidas eficaces para hacer cumplir el referido laudo. Lo que se corrobora con las copias certificadas del juicio laboral ********************, a las que se les concedió valor probatorio en el considerando que antecede, de donde se advierte que en la fecha de la presentación de la demanda no se había dado respuesta a la petición formulada por el actor, mediante ocurso de nueve de agosto de dos mil veintidós, recibido por la junta responsable el diez siguiente, en que solicitó la ejecución forzosa del laudo; además, tampoco se habían dictado las medidas necesarias encaminadas a cumplir el laudo; de ahí la existencia de los actos que se le atribuyen. Por lo que se tienen por ciertos los actos reclamados. QUINTO. Causas de improcedencia. Antes de estudiar la materia de fondo de la litis constitucional, se debe analizar la procedencia del juicio de amparo, ya que de advertir que se actualiza una causa de improcedencia que impida la resolución de la contienda en el fondo, se debe sobreseer; tópico que es de obligado examen lo invoquen o no las partes, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Este Juzgado Federal considera que en el caso, en relación a la falta de respuesta al escrito del quejoso presentado el diez de agosto de dos mil veintidós, en el expediente laboral ********************, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos del acto reclamado. El citado numeral artículo 61, fracción XXI, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General, dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]." De tal dispositivo se deduce que el juicio de amparo carece de razón cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado, si éste es de carácter positivo, o de forzar a la autoridad responsable a realizar la conducta que omitió, si el acto es de carácter negativo, pues resultaría contrario a la naturaleza del juicio que el mismo fuese seguido sin ninguna finalidad práctica. En efecto, la citada causa de improcedencia se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o son destruidos en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo cual el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos humanos, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial; por lo que resulta justificado que el juicio constitucional se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 193758, de epígrafe y contenido siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De las constancias deducidas del juicio laboral de origen ********************, se advierte que en auto de siete de septiembre de dos mil veintitrés (fojas 41 y 42), la autoridad laboral responsable proveyó la solicitud del quejoso, de nueve de agosto de dos mil veintidós, presentado el diez siguiente, en que solicitó se despachara ejecución del laudo emitido en ese expediente. En dicho auto, la Presidenta Ejecutora señaló las once horas del cinco de octubre en curso, para que el actuario de su adscripción procediera a llevar a cabo la reinstalación del actor en la Jurisdicción Sanitaria número ********************, en el Centro de ********************; asimismo, requirió a los Servicios de Salud de Oaxaca, a través de su representante legal, para que en el término de tres días hábiles, exhibiera la cantidad de $********************(********************), correspondiente a la condena decretada en el laudo -salarios caídos, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y horas extras-, o en su caso, previas a las adecuaciones presupuestarias, presentara ante la autoridad laboral, un programa de cumplimiento de pago; además de apercibirla con la imposición de una multa. El referido acuerdo fue notificado a la parte actora el catorce de septiembre del año en curso, por conducto de su apoderado legal (foja 42 vuelta). De lo anterior se deduce que, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo -veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés-, la Presidenta Ejecutora de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en el juicio laboral ******************** de su índice, mediante proveído de siete de septiembre del año que transcurre, dio contestación de manera congruente a lo solicitado por el actor ********************-quejoso- por escrito de nueve de agosto de dos mil veintidós, presentado el diez siguiente. En ese orden, también se actualiza la referida causa de improcedencia, por lo que hace al diverso acto reclamado consistente en la omisión de dictar las medidas eficaces para hacer cumplir el laudo dictado en el expediente laboral ********************, por lo siguiente. De las copias certificadas obtenidas del citado juicio laboral, se aprecia que: La Presidenta Ejecutora de la Junta responsable, emitió el proveído de siete de septiembre de dos mil veintitrés, en el que: - Fijó las once horas del cinco de octubre de dos mil veintitrés, para que el actuario de su adscripción procediera a llevar a cabo la reinstalación del actor en la Jurisdicción Sanitaria número ********************, en el Centro de ********************, requiriendo a la demandada para su cumplimiento, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se le impondría una multa. - Hizo del conocimiento al actor la imposibilidad material para dictar auto de ejecución, dado que los bienes muebles e inmuebles de la parte demandada en el expediente laboral, son propiedad del Estado y por lo tanto inembargables; que por ello no se emplearía vía de apremio, ni se dictaría auto de ejecución para hacer efectivas las sentencias dictadas a favor de particulares, en contra del Gobierno o su Hacienda. - Requirió a la demandada Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, a través de su representante legal, para que dentro del término de tres días hábiles, exhibiera la cantidad de $********************(********************), que comprende el monto de la condena decretada en el laudo, por concepto de salarios caídos, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y horas extras. -En su caso, previas a las adecuaciones presupuestarias, presentara ante la autoridad laboral, un programa de cumplimiento de pago; sin perjuicio de que el resto de la obligación debería pagarse en los ejercicios fiscales subsecuentes conforme a dicho programa. - Apercibió a la parte demandada que de no cumplir con lo requerido, se haría acreedor a la imposición del medio de apremio consistente en la imposición de una multa. - Ordenó girar oficio a las Secretarías de Finanzas, de Administración, Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, al titular de la Secretaría de Salud como dependencia a la que se encuentra sectorizada la demandada, así como al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, quien preside el Consejo General del organismo público descentralizado demandado, a fin de comunicarles la condena decretada en contra de los Servicios de Salud de Oaxaca, para su conocimiento y a efecto de que tomaran las medidas legales consiguientes para el cumplimiento del laudo. De ahí que, el siete de septiembre de dos mil veintitrés, se emitió auto en que se adoptaron las medidas necesarias con la finalidad que los Servicios de Salud de Oaxaca, cumpla con la totalidad de las prestaciones que fueron materia de análisis en el procedimiento laboral ********************. Lo anterior demuestra, que si bien la autoridad laboral responsable ocasionó la paralización del expediente laboral de origen (al omitir dictar la determinación correspondiente al escrito que presentó el ahora quejoso, el diez de agosto de dos mil veintidós), dicha omisión cesó con la emisión del referido auto de siete de septiembre del año en curso (fecha posterior a la presentación de demanda, de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés). En tales condiciones, si la parte quejosa promovió el presente juicio de amparo, debido a la omisión de la autoridad responsable, en dictar las medidas pertinentes para lograr el cumplimiento del laudo emitido el veinte de mayo de dos mil diecinueve, dejó de existir la situación que dio motivo a la interposición del presente juicio, reponiéndose al quejoso el derecho fundamental que consideró vulnerado. Lo anterior, máxime que resulta indispensable que el actor solicite al presidente ejecutor que continúe la ejecución del laudo, puesto que la ley laboral no contiene precepto alguno que establezca la obligación de las Juntas de impulsar de manera oficiosa el procedimiento de ejecución del laudo, ni de requerir al trabajador para que promueva a fin de hacer valer su derecho adquirido e interrumpir el término de su prescripción. Lo expuesto, encuentra sustento en lo dispuesto por el artículo 771 de la Ley Federal del Trabajo aplicable en el trámite del citado juicio, que establece, lo siguiente: "Artículo 771.- El Tribunal cuidará, bajo su más estricta responsabilidad, que los juicios que ante él se tramiten no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la Ley corresponda hasta dictar sentencia, salvo disposición en contrario." Dicho precepto expresamente establece que los Presidentes de las Juntas y los Auxiliares cuidarán, bajo su más estricta responsabilidad, que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la ley corresponda hasta dictar laudo, salvo disposición en contrario; lo que pone de manifiesto que la autoridad laboral sólo tiene la obligación de impulsar el procedimiento cuando se encuentre en trámite para que no opere la caducidad, no así respecto a la ejecución del laudo, pues respecto de ella es susceptible de operar la prescripción en perjuicio del trabajador. Así es, ningún precepto de la Ley Federal del Trabajo dispone tal circunstancia, sino por el contrario, el artículo 519, fracción III, prevé el término prescriptivo, como incluso lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en jurisprudencia 2a./J. 9/2000, con número de registro digital 192369, de rubro y texto: "LAUDOS. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE EJECUCIÓN. De lo dispuesto por los artículos 519, fracción III y 521 de la Ley Federal del Trabajo deriva que prescriben en dos años, contados a partir del día siguiente al en que hubiese quedado notificado el laudo, las acciones para solicitar su ejecución y que la prescripción se interrumpe por la sola presentación de cualquier promoción ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Por su parte, los diversos preceptos 945 y 950 de la invocada ley disponen que los laudos deben cumplirse dentro de las setenta y dos horas siguientes a la en que surta efectos la notificación y que, transcurrido este término, el presidente de la Junta, a petición de la parte que obtuvo, dictará auto de requerimiento y embargo. De estos preceptos legales se advierte que es requisito indispensable para dictar auto de requerimiento y embargo o de ejecución de laudo, el que la parte que obtuvo lo solicite expresamente, lo cual debe hacer dentro del término de dos años que señala el citado artículo 519, fracción III, de la ley en comento, so pena de que su acción se declare prescrita en atención a que dicha promoción, solicitando la ejecución del laudo o el dictado del auto de requerimiento y embargo, únicamente tiene por efecto interrumpir la prescripción, inutilizando el tiempo transcurrido antes de la interrupción, pero en forma alguna puede tenerlo en el sentido de que con su dictado la prescripción no vuelva nuevamente a correr a partir de éste o después del acto interruptivo; por tanto, es necesario solicitar, antes de que transcurra el término fatal, auto de ejecución, lo cual debe hacerse cada vez que sea necesario, pues, de no interpretarse en ese sentido se contravendría la garantía de certeza jurídica tutelada por el artículo 14 de la Carta Magna, la cual debe prevalecer sobre el interés particular." De ahí que al actualizarse la citada causa de improcedencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, primer párrafo, a 75, y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 828/2023, promovido por ********************, en términos de la presente resolución. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Informe justificado. Agréguese el oficio de cuenta remitido por el Jefe del Departamento de Asistencia de los Servicios de Salud de Oaxaca, por instrucciones del director de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud de Oaxaca; mediante el cual rinde informe justificado; por lo tanto, con su contenido dese vista a las partes, para que se encuentren en aptitud de promover conforme a sus intereses convenga, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Prueba documental. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba documental la que anexa la autoridad responsable, misma que se tiene por desahogada en este acto, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional respectiva. Se difiere audiencia constitucional. En consecuencia, no es factible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por lo que se difiere, y para dar margen a que transcurra dicho término de forma continua, se fijan las ONCE HORAS DEL DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga lugar su celebración. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Informe justificado. Agréguese el oficio de cuenta remitido por la presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca; mediante el cual rinde informe justificado; por lo tanto, con su contenido dese vista a las partes, para que se encuentren en aptitud de promover conforme a sus intereses convenga, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Prueba documental. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas documentales las que anexa la autoridad responsable, mismas que se tienen por desahogadas en este acto, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional respectiva. Medios de contacto. Así también, téngasele proporcionando el correo electrónico y número telefónico que indica, como forma de contacto con este órgano jurisdiccional en casos necesarios. NOTIFÍQUESE.
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