Jose Feliciano Ruiz Pérez

Expediente 1703/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 13 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1703/2016
Año
2016
Actuaciones
13
Última actuación
01/06/2017

Partes del expediente

  • Jose Feliciano Ruiz Pérez
  • Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, primero de junio de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos, específicamente que en el presente incidente de suspensión no se concedió medida cautelar alguna; con fundamento en lo establecido en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como concluido; este juzgador estima carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del acuerdo citado; procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese el original de este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, primero de junio de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única a quien pudiera afectar el fallo dictado en este juicio) haya recurrido la sentencia dictada por este Tribunal, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; por tanto, con fundamento en el artículo 2° de la Ley antes invocada, en relación con los diversos numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente: No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo, del acuerdo citado; es susceptible de depuración, en su oportunidad, deberá conservarse en el archivo de valor jurídico la demanda y la sentencia respectivas y procederse a su digitalización; Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en los puntos décimo y décimo primero del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años proceda a su depuración y conservación en el archivo jurídico. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. Devuélvase al Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, el expediente original 130/2012 de su índice, que en cuatro tomos remitió en apoyo a su informe justificado. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

  3. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 1703/2016, promovido por JOSÉ FELICIANO RUIZ PÉREZ, contra actos del Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oaxaca; y R E S U L T A N D O: I. PRESENTACIÓN DE DEMANDA Y CONTENIDO. El catorce de octubre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, entonces con residencia en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, se recibió la demanda de amparo promovida por JOSÉ FELICIANO RUIZ PÉREZ (fojas 2 a 7); en ella, el quejoso solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal por violación a sus derechos humanos reconocidos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; contra actos del Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oaxaca De quien reclamó: ".ACTO RECLAMADO.- De la autoridad señalada como ordenadora y ejecutora reclamo LA RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA DE FECHA VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, dictada en el Incidente de Liquidación de Pensión Alimenticia anexo al expediente familiar número 130/2012 en el Juzgado Primero de lo Familiar en el Distrito Judicial de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca." En auto de dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, la demanda de amparo se desechó de plano, al estimar que se actualizaba la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de amparo (fojas 8 a 9). Inconforme con esa determinación, el aquí quejoso JOSÉ FELICIANO RUIZ PÉREZ, interpuso en su contra recurso de queja (fojas 11 a 13), del que correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, quien lo radicó con el número 311/2016, de su índice (foja 16). El treinta de diciembre de dos mil dieciséis, los magistrados integrantes del Tribunal Colegiado en Materias Civil Administrativa del Décimo Tercer Circuito, declararon fundado el recurso de queja interpuesto por el quejoso JOSÉ FELICIANO RUIZ PÉREZ, y revocaron el auto recurrido y se proveyera con forme a derecho (fojas 21 a 31). II. ADMISIÓN Y TRÁMITE. En cumplimiento a lo ordenado por la superioridad, el veinticinco de enero de dos mil diecisiete, este juzgador determinó admitir la demanda de amparo, solicitar su informe justificado a la autoridad señalada como responsable, dar intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; emplazar a juicio a la tercera interesada Domenica González, por conducto de la responsable; y se programó la audiencia constitucional (fojas 32 a 33). El emplazamiento a la tercera interesada Domenica González, tuvo verificativo el ocho de febrero de dos mil diecisiete (foja 51). III. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Previo tres diferimientos, la audiencia constitucional tuvo verificativo, al tenor del acta que antecede; por lo que es procedente pronunciar sentencia; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 en relación con el 52, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo; punto cuarto, fracción II, segundo párrafo, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; toda vez que se trata de un asunto de naturaleza civil, que fue dictado por una autoridad que radica en el territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados los siguientes: Único: La resolución interlocutoria de veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, dictada en el incidente de liquidación de pensión alimenticia, relativo al expediente familiar 130/2012, del índice del Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oaxaca. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, por así haberlo externado en su informe justificado (fojas 40 a 41), razón por la cual, al haber admitido la responsable la existencia del acto que de su autoridad se reclama, debe tenerse como plenamente probado. Tiene aplicación, la jurisprudencia doscientos setenta y ocho, consultable a fojas doscientos treinta y uno, del tomo VI, Materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete, dos mil, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". CUARTO. Causales de improcedencia. Dado que en la especie las partes no hicieron valer causa de improcedencia, ni de oficio este órgano de control constitucional advierte que se actualice alguna, procede entrar al estudio del asunto planteado, sin que resulte necesario transcribir los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, ya que con ello no se transgreden los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias de amparo. QUINTO. Conceptos de violación. Aduce el quejoso que la resolución impugnada carece de fundamentación y motivación, es violatoria de sus derechos establecidos en los artículos 1, 14, 16 y 17, segundo párrafo, de la Constitución. Afirma, le causa agravios porque la autoridad responsable lo condenó a lo demandado por la actora, desechó sus argumentos; suplió la petición de la actora, violentó los términos procesales para favorecerla e interpretó a modo disposiciones del Código Civil. Refiere que la autoridad responsable no realizó estudio oficioso de la caducidad de la instancia, vulnerando en su perjuicio lo dispuesto en el artículo 127 Bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado, porque la actora Dominica González, por sí y representación de sus menores hijos presentó demanda el dieciséis de abril de dos mil trece, y hasta el uno de octubre de dos mil catorce se le emplazó a juicio, cuando ya había transcurrido un año y seis meses; el siete de agosto de dos mil quince, se le tuvo por contestada la demanda incidental, transcurriendo para ello diez meses; el siete de agosto de dos mil quince, se abrió el incidente a prueba por el término de cinco días, y hasta el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis se acordó un plazo supletorio de pruebas, habiendo transcurrido más de ciento ochenta días sin que existiera promoción alguna, a pesar de haber transcurrido nueve meses sin que hubieran formado los cuadernos de prueba; por ende, le causa agravio el considerando único, pues no analizó la caducidad de la instancia. Así también, manifiesta que le causa agravio el plazo de gracia o supletorio de pruebas de cinco días más otorgado para el desahogo de pruebas, no cumplió con su responsabilidad de computar o realizar la formación de los cuadernos de pruebas en el momento procesal oportuno, vulnerando así las formalidades del procedimiento al realizar una mala interpretación del artículo 293 del ordenamiento en consulta. Refiere el quejoso que el auto de veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, no se encuentra fundado y motivado porque se otorgó ese plazo supletorio sin que la actora fundara y motivara su petición realizada fuera de tiempo, además de que ya había operado la caducidad de la instancia. Aduce, que le agravia el desechamiento de la prueba confesional, la cual fue anunciada y ofrecida legalmente, pues exhibió el sobre, pero no se percató que al momento de presentar la contestación de su demanda se omitió asentar que exhibió dicho sobre; que la autoridad responsable al calificar la admisión de la prueba debió requerirlo para que exhibiera dicho pliego de posiciones, apercibiéndolo que de no hacerlo se desecharía dicha prueba. En esa misma línea afirma que le agravia el desechamiento de la prueba documental por el Juez responsable, sin que haya existido objeción e impugnación de la contraria, vulnerando así en su perjuicio los artículos 286, 323 y 324 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado. Refiere el quejoso que la actora incidentista reclamó el dieciséis de abril de dos mil trece, el pago de una pensión alimenticia definitiva a favor de ella y sus menores hijos; sin embargo, cuando fue emplazado a juicio, su hija ya había alcanzado la mayoría de edad, lo que pasó por alto la autoridad responsable, alterando así los principios de legalidad y de audiencia, ya que la actora carecía de legitimación en la causa para ejercitar la acción incidental pretendida, siendo que la legitimación en la causa es un presupuesto necesario e indispensable para la procedencia de la acción, lo cual puede ser estudiado de oficio por el juzgador, y al no haberlo realizado la autoridad responsable vulneró garantías legales. Por ello, la pensión alimenticia no se encontraba individualmente determinada para cada acreedor, por lo que existe litis consorcio activo necesario respecto de dicho acreedor alimentista, por lo que resulta indispensable ejercitar la acción incidental de manera conjunta para establecer debidamente la relación procesal, razón por la cual, la autoridad responsable no debió entrar al estudio de la acción incidental ejercitada. Afirma, que le causa agravio la resolución impugnada en la parte en que determina que procederá en términos del numeral 520 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, si en el término de cinco días no cumple con dicha resolución, lo que es violatorio de sus derechos, ya que no se han agotado todos los recursos que la Ley establece, extralimitándose el A Quo al imponerle dicha determinación. Finalmente, refiere que la resolución impugnada viola las garantías de legalidad y seguridad jurídica, contenidas en el artículo 14 del Constitución Federal, porque la responsable la condena a pagar algo sin que se hayan cumplido las formalidades esenciales del procedimiento. Sin que sea necesario transcribir la totalidad de los conceptos de violación que formula la parte quejosa, por no exigirlo el artículo 74 de la Ley de Amparo, ni alguna otra disposición constitucional o legal. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, Tomo VXXXI, Mayo de 2010, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". SEXTO. Estudio. Son infundados los conceptos de violación que esgrime el quejoso, sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir, en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo. Previamente, se precisan como antecedentes del caso, los siguientes: 1.- Mediante escrito presentado el uno de febrero de dos mil doce, Domenica González, por su propio derecho y en representación de sus menores hijos, de quienes se omite su nombre en atención al Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la vía de controversias del orden familiar demandó al aquí quejoso JOSÉ FELICIANO RUIZ PÉREZ, el pago de una pensión alimenticia a favor de ella y de los citados menores (fojas 2 a 3). 2.- Dicha demanda se radicó el uno de febrero de dos mil doce, con el número 130/2012, ante el Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtepec, Oaxaca, en la que se ordenó emplazar al demandado, se fijó fecha para la audiencia de pruebas y alegatos, se admitieron pruebas a la actora, aquí tercera interesada, y se fijó como pensión alimenticia provisional dos salarios mínimos diarios vigentes en el Estado (fojas 1 y 9). 3.- El diez de abril de dos mil doce, la responsable Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtepec, Oaxaca, dictó sentencia en la que entre otras cosas condenó al aquí quejoso JOSÉ FELICIANO RUÍZ PÉREZ, al pago de una pensión alimenticia definitiva a favor de la actora Domenica González, y de sus menores hijos, equivalente a dos salarios mínimos diarios vigentes en el Estado y requirió al demandado para que semanalmente depositara el importe que derive la pensión que le fue fijada y hecho que fuera se pusiera a disposición de la actora; dicha sentencia quedó firme el veintiuno de septiembre de dos mil doce (fojas 41 vuelta a 50 y 51 vuelta a 53). 4.- El veintitrés de mayo de dos mil trece, la responsable Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtepec, Oaxaca, entre otros, con fundamento en el artículo 404 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, tuvo a la tercera interesada Domenica González, promoviendo incidente de liquidación de pensión alimenticia definitiva a que fue condenado el aquí quejoso JOSÉ FELICIANO RUÍZ PÉREZ, mediante sentencia definitiva de diez de abril de dos mil doce, y ordenó correrle traslado con dicha incidencia (foja 1 del tomo II). 5.- El veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, la responsable declaró procedente la incidencia planteada y entre otras cuestiones, condenó al demandado aquí quejoso JOSÉ FELICIANO RUIZ PÉREZ, al pago de la cantidad de $41,824.96 (cuarenta y un mil, ochocientos veinticuatro pesos, con noventa y seis centavos, moneda nacional) a favor de Domenica González, y de sus menores hijos, por concepto de pensión alimenticia definitiva que no ha depositado a partir del diez de abril de dos mil doce, fecha en que fue condenado a su pago, hasta el dieciséis de abril de dos mil trece, en que la actora reclamó su pago. Esta determinación dictada en el procedimiento de ejecución de controversias del orden familiar, relativo al pago de pensión alimenticia, es la que constituye el acto reclamado en este juicio. Como se dijo, son infundados los conceptos de violación expuestos por el quejoso. Se afirma lo anterior, ya que la autoridad responsable no estaba obligada analizar de manera oficiosa la caducidad de la instancia, en tanto que por disposición expresa expresa de la fracción VIII, inciso c), del artículo 127 Bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca, la caducidad de la instancia no opera en tratándose de juicios de alimentos. En efecto, tal dispositivo legal establece: "Artículo 127 Bis.- La caducidad de la instancia operará de pleno derecho cualquiera que sea el estado del juicio, desde el emplazamiento hasta antes de la citación para sentencia, si transcurridos ciento ochenta días, incluyendo los inhábiles, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del último acuerdo judicial, no hubiere promoción por escrito de cualquiera de las partes, necesaria para impulsar el procedimiento, los efectos y formas de su declaración se sujetarán a las siguientes normas: . VIII. No tiene lugar la declaración de caducidad: a).- En los juicios universales de concursos y sucesiones, pero sí en los juicios con ellos relacionados que se tramitaran independientemente o, que de aquellos surjan o por ellos se motiven; b).- En las actuaciones de jurisdicción voluntaria; c).- En los juicios de alimentos y en los previstos por los artículos 334 y 335 del Código Civil; y, d).- En Los juicios seguidis (sic) ante los alcaldes constitucionales ya (sic) que se refiere el titulo Décimo Sexto de (sic) Código de Procedimientos Civiles De ahí, que si el juicio del que deriva el acto reclamado se trata de un juicio de controversias del orden familiar en el que se reclama el pago de alimentos a favor de la quejosa y sus menores hijos, no se actualice la sanción contenida en el artículo 127 Bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca, primer párrafo, máxime que se encuentra en disputa la pensión alimenticia solicitada a favor de menores de edad. Así también, es infundado el agravio consistente en que es ilegal el plazo supletorio otorgado por la responsable en auto de veinticinco de mayo de dos mil dieciséis (foja 34 del incidente de liquidación), a fin de desahogar las pruebas ofrecidas por las partes y que el mismo no se encuentra fundado ni motivado. Ello, toda vez que contrario a lo que afirma, la autoridad responsable con fundamento en el artículo 293 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, otorgó el plazo supletorio de cinco días, por no haberse formado los cuadernos de pruebas de las partes y desahogado las pruebas ofrecidas y admitidas a cada una de ellas, precisando que ello se debió a una causa no imputable a las partes, lo que se estima apegado a derecho, ya que para resolver la incidencia planteada, en términos del artículo 404, es necesario proveer lo relativo al desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes. De igual forma es infundado el agravio relativo a que el Juez responsable, en relación a la prueba confesional, debió requerirlo para que exhibiera el pliego de posiciones y apercibirlo que de no hacerlo se desecharía la misma. Lo anterior, pues conforme al artículo 404 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca, los incidentes se sustanciarán con un escrito de cada parte, y las pruebas deberán ofrecerse en los escritos respectivos; luego, si en el caso en su escrito de contestación a la incidencia promovida en contra del aquí quejoso, de seis de octubre de dos mil catorce, no anexó el pliego de posiciones que debía absolver la parte actora aquí tercera interesada Domenica González, es indudable que no cumplió con su carga procesal y por ende, es apegado a derecho que la autoridad responsable, el nueve de junio de dos mil dieciséis, haya determinado en el cuaderno de pruebas de la parte demandada, aquí quejosa, su imposibilidad para desahogar la prueba confesional a cargo de la actora; de ahí lo infundado del concepto de violación planteado, pues el citado dispositivo legal establece: ".Artículo 404.- Los incidentes que surjan en los juicios, con excepción de los de acumulación y de conexidad, cualquiera que sea su naturaleza, se substanciarán con un escrito de cada parte. Si se promueve prueba deberá ofrecerse en los escritos respectivos con todos los elementos necesarios para su desahogo, fijándose los puntos sobre que deba versar; el plazo probatorio no excederá de cinco días y concluido se citará para la audiencia de alegatos, con efectos de citación para sentencia. Dicha audiencia se verificará a más tardar dentro de los tres días siguientes y en ella se dictará la resolución que corresponda. Lo previsto con anterioridad no será aplicable para la tramitación de los incidentes en el juicio sumario hipotecario, que se estará a lo ordenado en las reglas específicas..." En esa misma línea, es infundado el concepto de violación en el que afirma el quejoso le agravia la consideración de la "prueba documental" que realizó el Juez responsable en la resolución impugnada. Es así, pues en la resolución impugnada el Juez responsable determinó no otorgarle valor probatorio a la documental consistente en una fotocopia simple de una constancia médica, expedida el veintisiete de enero de dos mil trece, por el doctor Alejandro Pérez López, a favor del quejoso, con membrete de la Secretaría de Salud, porque consideró no fue confrontado con su original, ni contiene sello alguno por parte de dicho organismo, aunado a que nada tiene que ver con la litis, que trata de una liquidación de pensión alimenticia y no la imposibilidad del deudor para cumplirla; en lo que conviene el suscrito, pues resulta apegado a derecho en tanto que conforme al artículo 394 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, las copias fotostáticas entre otras, quedan a la prudente calificación del Juez, y que las fotocopias solo harán fe cuando se encuentren certificadas, lo que en la especie no ocurre. Por otra parte, es inoperante el agravio consistente en que la responsable pasó por alto que su hija, ya había alcanzado la mayoría de edad cuando él fue emplazado, por lo que la actora carecía de legitimación en la causa para ejercitar la acción incidental, ya que existe litis consorcio activo necesario respecto de dicho acreedor alimentista. Es así, toda vez que en la resolución reclamada la autoridad responsable al respecto consideró: ".Y lo manifestado en su contestación a la demanda en el sentido de que su hija.actualmente es mayor de edad, y por lo tanto debió de ejercitar la acción por su propio derecho o en su defecto otorgar su representación para tal efecto, al respecto debe decirse que efectivamente tal como lo señala, de acuerdo a su atestado del Registro Civil relativo a su nacimiento a la fecha es mayor de edad, pues cuenta con veinte años con seis meses, empero de la solicitud de la presente liquidación, tal y como se ha señalado con anterioridad, fue presentada el día dieciséis de abril de dos mil trece, de ahí que en dicha fecha aún era menor de edad y vivía con ella, pues contaba con la edad de diecisiete años con un mes, por consiguiente aún no era titular de su derecho para reclamar la presente liquidación, máxime aún que la presente planilla sólo se cuantifica hasta el momento en que ésta fue presentada y no las posteriores a la fecha a la en que se dicta la presente resolución.". De lo anterior, se advierte que el quejoso no formula concepto de violación en relación a la consideración de la responsable de que si bien su hija a la fecha de la resolución contaba con veinte años, seis meses de edad, la incidencia se presentó el dieciséis de abril de dos mil trece, cuando ésta aún no era menor de edad, por lo que no era titular de su derecho para reclamar la liquidación solicitada, y que la planilla solo se cuantifica hasta el momento en que ésta fue presentada, y no a fechas posteriores; por tanto, dicha consideración debe permanecer incólume, al no existir suplencia de la queja a favor del quejoso. Asimismo, son inoperantes los agravios que hace consistir el impetrante del amparo en cuanto a que la autoridad responsable lo condenó a lo demandado por la actora, desechó sus argumentos; suplió la petición de la actora, violentó los términos procesales para favorecerla e interpretó a modo disposiciones del Código Civil; ello, pues el quejoso no precisa cuales son los argumentos que no tomó en cuenta la responsable, por qué no le era dable a ésta suplir la deficiencia de la queja a favor de la actora y cuáles son los preceptos interpretados "a modo", lo que imposibilita al suscrito a pronunciarse al respecto, de ahí lo inoperante de los conceptos de violación. En apoyo de lo anterior se invoca la tesis del Sexto Tribunal Colegiado En Materia Civil Del Primer Circuito, con datos de localización, rubro y texto: ".Época: Novena Época Registro: 191370 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XII, Agosto de 2000 Materia(s): Común Tesis: I.6o.C. J/21 Página: 1051 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON SI NO CONTIENEN DE MANERA INDISPENSABLE, LOS ARGUMENTOS NECESARIOS QUE JUSTIFIQUEN LAS TRANSGRESIONES DEL ACTO RECLAMADO. Si en los conceptos de violación no se expresan los razonamientos lógicos y jurídicos que expliquen la afectación que le cause a la quejosa el pronunciamiento de la sentencia reclamada, los mismos resultan inoperantes, toda vez que todo motivo de inconformidad, no por rigorismo o formalismo, sino por exigencia indispensable, debe contener los argumentos necesarios, tendientes a justificar las transgresiones que se aleguen, de tal manera que si carecen de aquéllos, no resultan idóneos para ser analizados por el tribunal federal correspondiente, en el juicio de amparo. Por otra parte, contrario a lo afirmado por el quejoso, la resolución incidental reclamada no es violatoria de sus derechos en la parte que la autoridad responsable determina que procederá en términos del numeral 520 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, si en el término de cinco días no cumple con dicha resolución. Ello, pues el dispositivo legal establece: "Artículo 520.- Decretado el auto de ejecución, el cual tendrá fuerza de mandamiento en forma, el ejecutor requerirá de pago al deudor, y no verificándolo éste en el acto, se procederá a embargar bienes suficientes a cubrir las prestaciones demandadas si se tratare de juicio ejecutivo o las fijadas en la sentencia. El actor podrá asistir a la práctica de la diligencia. No es necesario el requerimiento de pago en la ejecución del embargo precautorio, ni en la ejecución de sentencias cuando no fuere hallado el condenado." Por ende, atento al contenido de dicho normativo, el apercibimiento decretado es apegado a derecho, ya que de no dar cumplimiento al auto de ejecución, se procederá a embargar bienes suficientes de su propiedad para cubrir el pago de las prestaciones de demandadas. Finalmente, no asiste razón al quejoso al afirmar que en el incidente de liquidación promovido en su contra se violaron en su contra las formalidades esenciales del procedimiento en transgresión al artículo 14 de la Constitución Federal, toda vez que contrario a lo que afirma, las constancias de autos reflejan que fue debidamente llamado al mismo, tan así que dio contestación a la incidencia planteada, ofreció pruebas y tuvo oportunidad alegar, por ende, la responsable observó las formalidades esenciales del procedimiento. En consecuencia, lo hasta aquí expuesto, permite al suscrito establecer la legalidad de la resolución impugnada en términos de los artículos 14 y16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por ende, negar a JOSÉ FELICIANO RUIZ PÉREZ, el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto reclamado al Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtepec, Oaxaca, que hizo consistir en la resolución de veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, dictada en el incidente de liquidación promovido en el juicio 130/2012, de su índice, relativo a las controversias del orden familiar, pensión alimenticia, promovido en contra del aquí quejoso por Domenica González, por sí y a favor de sus menores hijos. SÉPTIMO. Por otra parte, en términos de los artículos 1 al 9 y 12 a 23 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, debido a que las partes no se opusieron, ni hicieron manifestación alguna para que se suprimieran sus datos personales en la consulta o publicación de la sentencia correspondiente; únicamente se suprimirán los datos sensibles que en su caso pueda contener esta resolución. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 61, 73, 74, 75, 124 y 217, de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a JOSÉ FELICIANO RUIZ PÉREZ, contra el acto reclamado al Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtepec, Oaxaca, que hizo consistir en la resolución de veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, dictada en el incidente de liquidación promovido en el juicio 130/2012, de su índice, relativo a las controversias del orden familiar, pensión alimenticia, promovido en su contra por Domenica González, por sí y a favor de sus menores hijos, por las razones expuestas en el penúltimo considerando de este fallo. SEGUNDO. En su oportunidad, dese cumplimiento a lo ordenado en el último considerando de esta resolución. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de marzo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio suscrito por el Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veintiocho de febrero del año en curso, remite el expediente original 130/2012, de su índice, el incidente de liquidación de pensión alimenticia y dos cuadernos de pruebas de la parte actora y demandada, respectivamente; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, con su contenido dese vista a las partes para que se encuentren en aptitud de promover conforme a sus intereses convenga. Fórmense por separado tomos de pruebas con el expediente familiar 130/2012 de su índice, el cuaderno de liquidación y los dos cuadernos de pruebas remite la autoridad responsable, respetando el sello, folio y rúbrica de los mismos, los cuales quedarán bajo el resguardo de la mesa y a disposición de las partes para su consulta, identificándose como tomos I, II, III y IV de pruebas; asimismo, téngase a la vista al momento de celebrar la audiencia respectiva. Para dar margen a lo anterior la audiencia constitucional señalada para este fecha, se difiere y se fijan las DIEZ HORAS DEL DÍA DIECIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE.

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