JOSÉ FERNANDO FERNÁNDEZ FARIÑA y Otros.
Expediente 26/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 19 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 26/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 20/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- JOSÉ FERNANDO FERNÁNDEZ FARIÑA y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Téngase por hecha la certificación de cuenta y tomando en consideración lo ahí asentado, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión, sin que hasta estos momentos se haya hecho valer contra la sentencia en la que se negó la protección constitucional; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Por otro lado, tomando en consideración que la Sala responsable remitió diversas constancias en justificación de sus actos; devuélvase a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, por lo que resulta innecesario el acuse de recibo correspondiente. Archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, tomando en consideración que no se trata de delitos contra: la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, el ambiente o gestión ambiental; que no contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de temas de trascendencia jurídica, política, social o económica, el presente juicio de amparo no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el expediente es susceptible de depuración, en razón de que se trata de un asunto en el que se negó la protección constitucional. No obra en autos documento original, en los términos que establece el numeral 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, acorde a la certificación inicial, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, el Secretario encargado de la tramitación del expediente, revisó e hizo constar que la versión impresa de este último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado paro los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguese el ocurso del autorizado por la parte tercera interesada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, personalidad que se le reconoce por tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, en atención a su contenido y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena realizar la permisión electrónica correspondiente, con el nombre de usuarios proporcionados para consulta del expediente y recibir notificaciones por esa vía. En otro aspecto, sin que sea procedente proveer de conformidad la solicitud de facultar a las personas que refiere para los fines señalados, porque corresponde únicamente al quejoso y tercero interesado efectuar tal petición, que no se puede delegar en un tercero. Sirve de apoyo la tesis XX.2º.39 K, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVIII, Septiembre 2008, Materia Común, página 1180, que dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS CONFORME AL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESIGNAR A UNA DIVERSA PERSONA SÓLO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES E IMPONERSE DE LOS AUTOS. El artículo 27, segundo párrafo, de la Ley de Amparo permite al quejoso y al tercero perjudicado designar un autorizado para oír notificaciones en su nombre y faculta a éste para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento, pedir que se dicte sentencia para evitar la consumación del término de caducidad o prescripción y realizar cualquier acto necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no se le autoriza para designar a una diversa persona sólo para recibir notificaciones e imponerse de los autos, pues esto únicamente corresponde a los contendientes, conforme a la última parte de dicho párrafo. Asimismo, tampoco puede justificarse tal designación bajo el argumento de que lo realizan como un acto necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pues éstos deben entenderse como aquellos relacionados con el fondo de la litis constitucional, tales como ampliar la demanda de garantías o cumplir un requerimiento, mas no para realizar los que corresponden únicamente a las partes en cuanto a la representación en juicio." Es de precisarse que si bien el criterio invocado fue emitido con base en la legislación de amparo abrogada, ello no impide que pueda aplicarse en este asunto tramitado con la legislación vigente, en tanto, el artículo sexto transitorio dispone que puede ser utilizado siempre y cuando no se oponga a las disposiciones actuales, lo que desde luego no sucede en la especie. Finalmente, se tienen por señalados el correo electrónico y número telefónico que refiere, para entablar comunicaciones no procesales. NOTIFÍQUESE.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA en el juicio de amparo 26/2020; ..., procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 26/2020, promovido por ..., apoderado de ..., albacea de ... y/o ... y/o ... y/o ... y /o ..., su sucesión, contra actos de la Cuarta Sala Civil de la Ciudad de México, y; R E S U L T A N D O: Primero. Demanda. El diez de enero de dos mil veinte, la parte quejosa demandó el amparo, contra actos que consideró violatorios de sus derechos reconocidos en los artículos 1°, 14 y 16 Constitucionales, consistentes en: "La sentencia de segunda instancia que fue dictada en pasado veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve." Segundo. Admisión y trámite. Previo desahogo de prevención, el treinta y uno de enero de dos mil veinte, se desechó la demanda de amparo; determinación frente a la cual se interpuso recurso de queja que se radicó en el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito que lo declaró fundado. El treinta de septiembre siguiente, se admitió la acción de amparo, dándose intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se requirió informe justificado, se reservó emplazar a la parte tercera interesada, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Se rindió el informe de ley, la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no formuló pedimento legal, se emplazó a la parte tercera interesada, el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte se celebró la audiencia constitucional y el veintinueve de diciembre siguiente se engrosó la sentencia que sobreseyó el juicio. Inconforme, la parte quejosa interpuso recurso de revisión que sentenció el propio tribunal colegiado citado, en el expediente 89/2021 en sesión de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, donde ordenó la reposición del procedimiento. En acuerdo de siete de julio siguiente, se recibió el testimonio de la ejecutoria, donde se dejó insubsistente la audiencia constitucional, la sentencia emitida y se proveyó conforme a lo resuelto por la alzada; finalmente, la audiencia constitucional tuvo lugar en términos del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgador es legalmente competente para resolver, conforme a los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Federal; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 37 y 107 fracción VI de la Ley de Amparo, pues se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos derivados de un procedimiento de naturaleza civil, seguido ante un tribunal del orden común con jurisdicción dentro del ámbito de competencia, donde el suscrito ejerce autoridad constitucional. Segundo. Litis. Acorde al artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, el acto reclamado es: La resolución de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, emitida en el toca 619/2019/1 por la Cuarta Sala Civil de la Ciudad de México, que confirmó el auto de tres de mayo anterior, dictado en los medios preparatorios a juicio ordinario civil 367/2019, donde se acordó desfavorable la petición de regularizar el procedimiento para requerir a los presuntos demandados, la exhibición de documentos para acreditar la posesión y tenencia del bien inmueble ubicado en ..., y declarar bajo protesta de decir verdad sobre el carácter de dicha posesión, con apercibimiento de una medida de apremio para el caso de incumplimiento. Tercero. Existencia. Al rendir su informe justificado, la autoridad responsable aceptó la existencia del acto reclamado, como se corrobora con las copias certificadas remitidas, de valor probatorio pleno, acorde a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. Tiene aplicación la jurisprudencia 226 del Tribunal del Pleno, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, materia común, Quinta Época, página 153, de registro 394182, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS. CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cuarto. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se enlistan las actuaciones que precedieron el acto reclamado: 1. Por escrito presentado el nueve de abril de dos mil diecinueve la parte quejosa promovió medios preparatorios a juicio, para obtener la exhibición de determinados documentos y la declaración bajo protesta de decir verdad, de la calidad con que se ostenta la posesión o tenencia de un inmueble. 2. A dicha acción recayó el auto de veintitrés de abril siguiente, donde se admitieron y se señaló hora y fecha para el desahogo de la prueba confesional a cargo de los presuntos demandados, a quienes se les requirió para exhibir los documentos a que se refirió la promovente, o bien, manifestar bajo protesta de decir verdad la imposibilidad para hacerlo. 3. El veintinueve de abril de dos mil diecinueve, la solicitante de los medios preparatorios pidió regularizar el procedimiento para requerir los documentos en términos del artículo 200 del Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad, y dar el tratamiento de prueba testimonial a la declaración bajo protesta de decir verdad. 4. Ante tal pretensión el juez de origen acordó: "(.) Ciudad de México a tres de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese al expediente 367/2019 el escrito de cuenta de la presunta actora, por hechas sus manifestaciones y respecto a lo solicitado, sin lugar a acordar de conformidad la regularización que pretende, toda vez que las reglas generales y aplicables para la declaración que pretende son de la confesional como se indicó en el auto admisorio de fecha veintitrés de abril del año en curso visible a foja 13, dado que a falta de comparecencia a la citación, correspondería se declare por cierto el contenido de las posiciones que llegase a formular a los presuntos demandados, no así correspondería hacerlo si se le hicieran preguntas con naturaleza de prueba testimonial, atento a lo dispuesto por el artículo 322 del Código de Procedimientos Civiles. En cuanto a lo demás solicitado una vez que en su caso se justifique la necesidad de las medidas de apremio a que se refiere el artículo 200 del ordenamiento legal anteriormente invocado, se acordara lo que en derecho proceda." 5. Inconforme, la parte quejosa interpuso recurso de apelación que fue fallado el veintiséis de noviembre siguiente por la sala responsable en el toca 619/2019/1, y en cuyos puntos resolutivos se lee: "Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO.- Se CONFIRMA el proveído de fecha tres de mayo del año dos mil diecinueve." SEGUNDO.- No se hace condena en costas en esta segunda instancia." Dicha determinación integra la materia del acto reclamado. Quinto. Conceptos de violación, donde la parte quejosa sostiene: A) El acto reclamado contraviene las garantías de seguridad jurídica, audiencia y legalidad, previstas en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Federal, en relación a los ordinales 55, 81 y 193 fracción I, del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, por inadmitir la prueba testimonial en los medios preparatorios. Es procedente la declaración a cargo de la contraparte, pues si bien el artículo 1009 del Código de Procedimientos Civiles local se refiere al juicio oral civil, es aplicable de manera análoga, porque se da respuesta a interrogatorios que se formulan libremente y por ende, el formato de su desahogo no es tan flexible como el de la confesional. Si el propósito de la fracción I del artículo 193 del Código adjetivo de la materia, es obtener una declaración acerca de un hecho relativo a la personalidad del presunto demandado, o la calidad de su posesión o tenencia, entonces la única forma es mediante un formato ágil y libre que no necesariamente lo proporciona la confesional, y el hecho de no recibir la declaración en esos términos tampoco causa agravio y sí permite obtener un mejor resultado para el oferente. B) Contrario a lo fallado, no existe impedimento para aplicar el contenido del numeral 200 de la legislación procesal para apremiar la exhibición de documentos, pues asumir lo contrario implica realizar una interpretación limitada de la fracción I del diverso 193 de tal normatividad. Los conceptos de violación son infundados, los cuales se analizan como fueron agrupados por corresponder temas afines, aunque no correspondan a la forma estricta en que fueron planteados por la quejosa, como lo permite el artículo 76 de la Ley de Amparo. La Constitución Federal, entre las garantías que tutela en favor del gobernado, incluye la de legalidad, que debe entenderse como la condición de que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica; esta garantía forma parte de la genérica de seguridad jurídica, que tiene como finalidad que al gobernado se le proporcionen los elementos necesarios para que esté en aptitud de defender sus derechos, bien ante la propia autoridad administrativa a través de los recursos, o ante la autoridad judicial por medio de las acciones que las leyes respectivas establezcan. Sobre lo indicado, cabe destacar el contenido del artículo 16 de la Constitución Federal, que en lo relativo dice: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". Para satisfacer el principio de seguridad jurídica, la Constitución establece las garantías de audiencia, de fundamentación y motivación, de las formalidades del acto, y legalidad; por fundamentación se entiende el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con el acto de autoridad, en tanto que, la motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Tiene aplicación, la jurisprudencia de la Segunda Sala del Alto Tribunal , que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". En este orden de ideas, el problema jurídico a resolver consiste en determinar si en los medios preparatorios a juicio, es procedente apremiar la exhibición de documentos, y, si es procedente desahogar la prueba testimonial, como sostiene la parte quejosa. Ahora bien, los medios preparatorios a juicio son procesos construidos de forma paralela al procedimiento en el cual se habrán de exhibir, la litis que integra de manera unilateral por el solicitante y conforme a los hechos que exponga, que a su vez constituyen la materia objeto de calificación frente a la normatividad que los prevé, de modo que resulta necesario tomar como punto de partida la premisa fáctica o de hecho presentada ante el juzgador responsable, para revisar la causa de pedir. Los autos son evidencia que el promovente de los medios preparatorios a juicio de origen se instaron contra ..., las morales denominadas... y ...: "(.) 1. De las tres personas, la exhibición ante este Juzgado la escritura pública número 137,867 de fecha 11 de enero de 2007 del protocolo del Lic. ..., entonces Notario Público No ... del entonces Distrito Federal, que contiene la transmisión de propiedad en ejecución de fideicomiso y la extinción total el mismo, así como la totalidad de sus anexos o documentos del apéndice, muy especialmente el poder con que el señor ... compareció a la misma en representación de ... y la carta de instrucciones girada por el primero en representación del segundo al fiduciario, correspondiente al inmueble ubicado en ... . 2. De la sociedad ... la declaración bajo protesta de decir verdad de la calidad de la posesión o tenencia que ostenta respecto del bien inmueble señalado en el inciso anterior. 3. De la institución denominada Banco ..., la declaración judicial bajo protesta de decir verdad de la calidad de la posesión y tenencia que detentó respecto del inmueble ubicado en ..., así como la calidad con que lo transmitió a los señores ... como usufructuario vitalicio y ... 4. De la misma Banco ..., la exhibición de la escritura pública ..., en donde consta que ..., ..., con el consentimiento de su esposa ..., ...(así) de ..., ..., ..., ... y ..., todos de apellidos ..., como fideicomitentes, fideicomisarios, a excepción del primero de los enunciados, constituyen un fideicomiso IRREVOCABLE, así en consecuencia, transmiten a Banco ..., representado por ... y ..., los bienes antes deslindados. En caso de fallecimiento de alguno de los fideicomisarios designados, los derechos que le hubieren correspondido a dicho fideicomisario, quedarán a favor de la esposa e hijos del fideicomisario fallecido, pasará a favor de sus herederos legalmente reconocidos. 5. Del Sr. ..., la declaración bajo protesta de decir verdad de la calidad de la supuesta posesión y tenencia que ostentó hasta el 01 de agosto de 2012, respecto del bien inmueble señalado en los incisos anteriores así como de s participación en el capital social de ... . (.)" Como se advierte, la propia parte inconforme incorporó a la petición los términos y alcances que pretendió atribuir a los medios preparatorios a juicio ordinario civil, consistentes en obtener la confesión y eventualmente ciertos documentos de la parte señalada, con el objetivo de aclarar la calidad de la posesión y tenencia de un inmueble, hechos conforme a los cuales la autoridad responsable estimó procedente admitir como medio procesal, la confesión de las partes a que refiere en auto de admisión, en términos del artículo 193 del Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad. Sobre esa base, se contesta a la primer cuestión atinente al requerimiento de documentos que fue desestimada en el acto reclamado, en el sentido que es infundado el concepto de violación. Naturaleza de los medios preparatorios. Los artículos 193 a 200 del Código de Procedimientos Civiles aplicables a la Ciudad de México , regulan los actos prejudiciales como es el caso de los medios preparatorios a juicio, los cuales no establecen expresamente una limitante respecto de los supuestos en que procede la preparación del juicio, empero, una revisión sistemática de los supuestos previstos permite establecer que las hipótesis que hacen procedente promover medios preparatorios tienen los siguientes objetos: 1. Obtener la confesión de la persona a quien se pretenda demandar. 2. La exhibición de cosas o documentos a cargo de terceros o del futuro demandado. 3. El desahogo de la prueba testimonial. Todo ello, siempre que concurran las circunstancias exigidas, en cada caso concreto; de modo que los supuestos para los que se promueven los medios preparatorios a juicio deben ser acordes con las hipótesis expresas y concretamente previstas en la legislación procesal. Además, no necesariamente debe revisarse el contenido literal de la propia norma para advertir su sentido sustancial, empero, conlleva preverse en todo caso que el objeto que se le habrá de adscribir si debe responder a su finalidad, porque puede no ajustarse exactamente al caso hipotético, pero sí obedecer en alguno de esos supuestos, lo cual constituye objeto de demostración argumentativa apelando a vencer la obstaculización del derecho de acceso a la jurisdicción de forma sustancial; y de donde se sigue que puede ser materia de medios preparatorios a juicio cualquier otro supuesto que resulte acorde a su naturaleza, con la condición necesaria de no desnaturalizar lo previsto por la legislación procesal. Ahora bien, en cuanto a la solicitud de documentos para acreditar causa de la posesión, es improcedente requerir a los presuntos demandados la exhibición de documentos que acrediten la causa de ésta, porque del examen sustantivo de los supuestos hipotéticos del artículo 193 del Código de Procedimientos Civiles de esta Ciudad, que es el precepto que regula este procedimiento, se obtiene que ninguna de sus hipótesis autoriza requerir al presunto enjuiciado exhibir documentos con los que acredite la causa de su posesión de determinado inmueble. Lo cual se obtiene al revisar conjuntamente los hechos que fundaron la petición con la normatividad que jurídicamente los puede acoger, esto es, conforme a la fracción I de la norma general invocada en primer término, y acorde a la cual se instó ante el juzgador instructor, únicamente se autoriza citar al presunto demandado a declarar, bajo protesta de decir verdad, sobre la calidad de su posesión. Las hipótesis previstas en el artículo 193 de la legislación adjetiva de la materia, hacen procedente la tramitación de los medios preparatorios a juicio, para obtener la declaración judicial sobre una cuestión de personalidad, posesión o tenencia en contra de quien se pretende instar una demanda; la exhibición de una cosa mueble para intentar una acción real; si se tratara de conflicto de evicción para la exhibición de títulos de dominio entre los contratantes, rendición de cuentas y documentación soporte entre socios o comuneros, y la obtención de una declaración testimonial. De donde se deduce que la exhibición de la documentación a efecto de acreditar el carácter de la posesión controvertida por el solicitante de los medios preparatorios a juicio, no se encuentra expresa ni sustancialmente comprendida dentro de los supuestos previstos en el citado artículo 193 del Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad. Por lo cual, como resolvió la autoridad responsable, la petición del promovente al amparo de la cual demandó regularizar el proceso, para hacer exigible a los presuntos demandados la exhibición de determinados documentos es improcedente, pues carece de fundamento jurídico, de ahí que resulta infundado sostener que la procedencia del apremio sugerido en los conceptos de violación para integrar el procedimiento de origen. Por otra parte, es infundado el concepto de violación donde se alga la admisibilidad de la prueba testimonial, porque la tramitación de los medios preparatorios no prevé la posibilidad de formular posiciones en forma de interrogatorio, para realizar preguntas a los presuntos enjuiciados. En efecto, conforme al artículo 193, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad, se obtiene que únicamente se hace previsible que la declaración bajo protesta, como acto prejudicial, pueda ser pedida por quien se propone iniciar un juicio y tiene por objeto que la persona que va a ser demandada, declare bajo protesta de decir verdad algún hecho relativo a su personalidad o a la calidad de su posesión o tenencia. Esto es, se trata de una confesión judicial por efectuare ante el órgano jurisdiccional y porque los actos preparatorios van a formar parte del juicio que se pretende seguir, de donde se sigue que no deben admitirse preguntas abiertas en los pliegos de posiciones que se presenten dentro los medios preparatorios a un juicio plenario de posesión, porque no fueron previstos para el caso, y su desahogo conllevaría desnaturalizar la confesión que sí está regulada, al incluirse cuestiones interrogatorias o de mera investigación. De modo que si los medios preparatorios que establece el artículo 193, fracción I, de la legislación invocada prevén que la declaración bajo protesta, como acto prejudicial, puede ser pedida por quien se propone iniciar un juicio y tienen por objeto que la persona que va a ser demandada, declare bajo protesta de decir verdad algún hecho relativo a su personalidad o a la calidad de su posesión o tenencia; entonces, únicamente puede estimarse como una confesión judicial, y por exclusión, la forma planteada por el solicitante no es admisible. Lo cual no genera indefensión porque el ordinal 193 fracción I, invocado, permite formular posiciones con respecto de aquél a quien se propone dirigir una demanda, acerca de un hecho relativo a la calidad de su posesión o tenencia; por lo cual resulta inadmisible la prueba testimonial conforme a la materia de los medios preparatorios a juicio ordinario civil, acotada por los hechos descritos en la solicitud inicial, regulada por la fracción I, del ordinal 193 del Código de Procedimientos Civiles local, de ahí que la pretensión del oferente de admitir preguntas abiertas, cuestiones interrogatorias o de mera investigación sea improcedente; en ese sentido es infundado el concepto de violación. Sirve de respaldo, la tesis aislada de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de registro digital: 241430, que dice: "PRUEBA CONFESIONAL. REQUISITOS QUE DEBEN SATISFACERSE EN LA FORMULACION DE LAS POSICIONES. De los artículos 311 y 316 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se deduce que para que las posiciones estén correctamente planteadas, deben tener las siguientes características: 1. Deben ser formuladas por una parte a la otra; 2. Deben ser sobre hechos propios del declarante y relacionados con el debate; 3. Deben formularse en tal forma que la respuesta del absolvente sea afirmativa o negativa, de manera que si el declarante contesta en sentido afirmativo, debe tenerse como admitido el hecho planteado en la posición y si contesta en sentido negativo debe reputarse como no aceptado el hecho materia de la pregunta; 4. Unicamente se autoriza la formulación de posiciones relativas a hechos negativos, cuando las mismas envuelvan una abstención o impliquen un hecho o consecuencia de carácter positivo, pero siempre y cuando se formulen en términos que no den lugar a respuestas confusas; 5. No deben ser insidiosas, para que el declarante pueda responder conscientemente, es decir, sin ofuscación que produzca errores, los que invalidarían la confesión provocada; 6. Deben ser precisas, es decir, que cada posición se refiera a un hecho afirmado categóricamente por el articulante, sin que, por ende, se permita que se planteen en forma dubitativa; 7. En beneficio de la precisión, deben referirse a un sólo hecho, y cuando sea éste complejo, puede también comprenderse en una posición, cuando por la íntima relación entre los hechos que lo integran, no pueda afirmarse o negarse uno sin afirmar o negar el otro." En las relatadas circunstancias, ante lo infundado de los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal. Finalmente, los alegatos formulados no se analizan porque no forman parte de la litis constitucional en el amparo indirecto, conforme a la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS". Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo vigente, se: R E S U E L V E: Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ..., apoderado de ..., albacea de la sucesión de ... y/o ... y/o ... y/o ... y /o ..., personalidad que se le reconoce en términos de la copia certificada del poder notarial que acompaña; contra un acto de la Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, indicado en el segundo considerando, por las razones expuestas en el diverso último de esta sentencia. Notifíquese como en derecho corresponda. Lo resolvió y firma Eduardo ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, hasta hoy treinta de noviembre de dos mi veintiuno, en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional. Doy fe.
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