José Feliciano Huerta Islas
Expediente 475/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 10 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 475/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 04/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- José Feliciano Huerta Islas
- Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Visto lo de cuenta, en cumplimiento al artículo 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de resoluciones especializado en el sistema de justicia penal adversarial, y la circular interna 03/2022 de veintisiete de abril de dos mil veintidós, el secretario encargado de la tramitación del expediente certificó que la versión pública del fallo dictado en el presente asunto está disponible en la liga institucional: ejusticia.cjf.gob.mx/BuscadorSISE/#/BusqExp, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. En otro aspecto, téngase por hecha la certificación de cuenta y tomando en consideración lo ahí asentado, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión, sin que hasta estos momentos se haya hecho valer contra la sentencia en la que se negó el amparo a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en los diversos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. ARCHÍVESE EL ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del juicio, ...; se concluye que no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el expediente es susceptible de depuración, en razón de que se negó el amparo y protección de la justicia federal. Por otro lado, tomando en consideración que las autoridades responsables remitieron diversas constancias en justificación de sus actos; en consecuencia, devuélvase a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, POR LO QUE RESULTA INNECESARIO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE. No obra en autos documento original, en los términos que establece el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, acorde a la certificación inicial, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, el Secretario encargado de la tramitación del expediente, revisó e hizo constar que la versión impresa de este último coincide con la electrónica. NOTIFÍQUESE.
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Agréguese el escrito de *****, autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por el tercero interesado ****, personalidad que se le reconoce por tener registrada su cédula en el sistema correspondiente; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, expídase a su costa copia certificada de las constancias que refiere, y entréguense previa comparecencia, identificación y razón que de su recibo se deje en autos. Para ello, deberá agendar su cita y generar el código QR en los horarios que estén disponibles para este órgano jurisdiccional, y ajustarse a los lineamientos sanitarios. Sin que haya lugar a proveer su petición de autorizar a la persona que refiere, pues no puede sustituir o delegar facultades que le fueron otorgadas, en terceros. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis XX.2º.39 K, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVIII, Septiembre 2008, Materia Común, página 1180, de rubro: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS CONFORME AL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESIGNAR A UNA DIVERSA PERSONA SÓLO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES E IMPONERSE DE LOS AUTOS." Si bien el criterio invocado fue emitido con base en la legislación de amparo abrogada, ello no impide que pueda aplicarse en este asunto tramitado con la legislación vigente, en tanto, el artículo sexto transitorio dispone que puede ser utilizado siempre y cuando no se oponga a las disposiciones actuales, lo que desde luego no sucede en la especie. NOTIFÍQUESE.
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día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 475/2022; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de ..., Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación el Secretario hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo; B) Informes justificados; C) Emplazamiento de la parte tercera interesada. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, donde el quejoso ofreció la documental y la instrumental de actuaciones, además el tercero interesado José Heriberto Huerta Sotelo la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto. Pronunciamiento: Se admiten y desahogan las probanzas aludidas por su propia naturaleza, y al no haber más elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se hace constar que José Heriberto Huerta Sotelo los formuló y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no rindió pedimento; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con el Secretario que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.
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V I S T O S para resolver el juicio de amparo 475/2022, promovido por ..., albacea de la sucesión a bienes de ..., contra actos de la Cuarta Sala y Juez Vigésimo Quinto, ambos de lo Familiar de la Ciudad de México; y RESULTANDO Primero. Demanda. El trece de mayo de dos mil veintidós, el quejoso solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que consideró violatorios de sus derechos tutelados en los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales. Segundo. Admisión de la demanda y substanciación del proceso. La demanda se admitió el diecisiete de mayo siguiente; en ese acuerdo, se dio intervención a la representante social Federal adscrita; requirió informes justificados; ordenó emplazar a la parte tercera interesada y señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional. De autos se desprende que se rindieron los informes de ley, la Agente del Ministerio Público Federal no intervino, se emplazó a la parte tercera interesada y finalmente, la audiencia constitucional tuvo lugar en términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO Primero. Competencia. Este Juzgador es legalmente competente para resolver, conforme a los dispositivos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 60, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37 y 107 fracción V de la Ley de Amparo, pues se trata de un amparo indirecto promovido contra actos derivados de un proceso de naturaleza familiar, seguido ante un tribunal del orden común residente en la ciudad donde el suscrito ejerce autoridad constitucional. Segundo. Litis. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de la materia, el acto reclamado es: La resolución emitida el veinte de abril de dos mil veintidós, por la Cuarta Sala Familiar de la Ciudad de México en el toca ..., que confirmó la interlocutoria quince de octubre de dos mil veintiuno, que declaró procedente el incidente de oposición al inventario y avalúos, y condenó al quejoso a adicionar los bienes adquiridos por el de cujus o por quien fuera su cónyuge durante la vigencia de su matrimonio. Tercero. Existencia de los actos. Al rendir su informe justificado, las autoridades aceptaron la existencia del acto reclamado; y se corrobora con las constancias certificadas remitidas, de valor probatorio pleno, en términos de los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de supletorio de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2º. Cuarto. Antecedentes. A continuación, se enlistan las actuaciones que precedieron al acto reclamado. 1. En el juicio sucesorio intestamentario de origen, el veintidós de mayo de dos mil diecisiete, se dictó la declaratoria de herederos; inconforme, ... apeló dicho fallo. 2. El once de junio siguiente, la Sala responsable dictó la sentencia que modificó la interlocutoria referida, para quedar en los términos siguientes: "PRIMERO.- Se declaran como únicos y universales Herederos de la sucesión a bienes de [.] a sus hijos ..., ..., ..., ..., ..., ... y .... Se reconoce el derecho de gananciales que en su caso corresponda a la C. ..., por haber contraído matrimonio civil con el autor de la presente sucesión bajo el régimen de Sociedad Conyugal. [.]" 3. El primero de marzo de dos mil dieciocho, tuvo verificativo la junta de herederos donde se nombró como albacea de la sucesión al quejoso. 4. El catorce de ese mes y año, el quejoso inició la segunda sección de inventario y avalúos, donde únicamente relacionó dos bienes inmuebles, a saber: - Lote de terreno número ..., Ciudad de México. - Solar urbano identificado como ..., en el Estado de Puebla. 5. El dieciséis de marzo siguiente, se le previno para exhibir certificado de libertad de gravamen y folio real de los inmuebles detallados; los avalúos y en su caso, la constancia de alineamiento y número oficial. 6. Previo escrito del quejoso, el nueve de abril del mismo año, no se tuvo por desahogada la prevención. 7. Inconforme, el peticionario apeló ese auto y el veintidós de junio de esa anualidad, la Sala responsable dictó sentencia en el toca ..., revocándolo. En su lugar, requirió a los herederos ..., ... y ..., todos de apellidos ..., manifestar si tenían en posesión los inmuebles inventariados, en su caso exhibieran el título de propiedad o la imposibilidad para ello, si rinden frutos, de ser así, habría de señalarse día y hora para que el perito obtenga los avalúos. 8. El trece de septiembre de dos mil dieciocho, los herederos mencionados indicaron tener conocimiento que durante el matrimonio del de cujus con ..., se adquirieron los siguientes bienes: a) Inmueble ubicado en ...; y, b) Local en .... Bienes de los cuales se indicó no tener documento, y se pidió requerir al albacea exhibirlos. 9. El doce de noviembre de ese año, el quejoso presentó un escrito con los avalúos únicamente de los dos inmuebles que incluyó en su inventario, el cual se pidió ratificar por el experto emisor, en auto de catorce de noviembre posterior. 10. El trece de diciembre siguiente, los herederos ..., ... y ..., indicaron que los inmuebles adquiridos durante la sociedad conyugal (a) Inmueble ubicado en ...; y, b) Local en ..., pertenecen en un 50% (cincuenta por ciento) a la masa hereditaria, acorde a las constancias que presentaron para demostrar la titularidad registral de la cónyuge supérstite. Pretensión con la cual solicitaron requerir información al Fideicomiso de la Central de Abastos de la Ciudad de México, sobre la titularidad, ubicación y giro comercial. Comunicación oficial que fue emitida en auto de siete de enero de dos mil diecinueve. 11. El diez de septiembre de dos mil diecinueve, la heredera ... pidió agregar a la masa hereditaria el 50% (cincuenta por ciento) de las ganancias obtenidas por el local..., así como de la casa número ..., en esta ciudad. Petición con lo cual, el diecisiete de septiembre de ese año, se dio vista a los interesados para alegar en términos del artículo 824 del Código de Procedimientos Civiles. 12. Contra esa determinación, el quejoso promovió apelación, que fue resuelta el dieciocho de enero de dos mil veinte, en el toca ..., donde se confirmó el auto impugnado. 13. El veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, los terceros interesados promovieron un incidente de oposición al inventario y avalúos, el cual fue admitido el dos de octubre siguiente. 14. Seguido el trámite, el quince de octubre de dos mil veintiuno, se dictó interlocutoria que concluyó: "Por lo anteriormente expuesto, es de resolverse y se: - - (sic) PRIMERO. Ha sido procedente la vía incidental ejercitada en autos, en que la parte incidentista acreditó los motivos de su objeción a la segunda sección, en tanto que el Albacea demandado se concluyó (sic) en rebeldía; en consecuencia. SEGUNDO.- Se condena al señor ..., Albacea de la presente Sucesión a adicionar a los inventarios presentados la totalidad de los bienes y derechos que fueron adquiridos por el de cujus o bien que fueron adquiridos por quien fuera su cónyuge durante la vigencia de su matrimonio con el autor de la presente Sucesión. [.]" 15. Inconforme, el quejoso apeló dicha interlocutoria y el veinte de abril del año en curso, la Ad quem dictó sentencia confirmándola. Esta resolución constituye el acto reclamado en el presente juicio. Quinto. Conceptos de violación. a) El acto reclamado violenta los derechos de la sucesión tutelados en los artículos 14, 16 y 17, por imponer el deber de acreditar las ganancias obtenidas por la cónyuge del causante durante la vigencia de su matrimonio y formen parte de la masa hereditaria. Lo cual es incorrecto porque ya transcurrió el plazo que la legislación comercial obliga a conservar la contabilidad, la actividad ejercida en la Central de Abastos es informal y no genera registros contables, y los frutos obtenidos durante la vigencia del matrimonio, ya fueron disfrutados y consumados por las partes, por lo cual es incongruente requerir incluir en el activo sucesorio el cincuenta por ciento de las ganancias obtenidas del local comercial. b) Es incongruente lo resuelto al considerar adecuado dar la vista a que se refiere el artículo 824 del Código de Procedimientos Civiles local, porque con ello se presupone que ya están formados los inventarios y avalúos; de ahí que no sea el momento procesal oportuno. El auto de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, solo constituyó el derecho a opinar cuando se rindan los avalúos, no a manifestarse sobre la petición de la heredera ..., por lo cual es inconducente incluso tramitar el incidente y contraviene el sentido de lo fallado en el recurso interpuesto contra esa propia determinación. Los conceptos de violación son infundados, los cuales serán analizados como fueron agrupados por corresponder a temas afines, aunque no corresponda a la forma planteada por la parte quejosa, como lo permite el artículo 76 de la Ley de Amparo. Entre los derechos que tutela la Constitución Federal, incluye el de legalidad, que debe entenderse como la condición de que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica; lo anterior integra el derecho humano de seguridad jurídica, que tiene la finalidad de que al gobernado se le proporcionen los elementos necesarios para que esté en aptitud de defender sus derechos, bien ante la propia autoridad administrativa a través de los recursos, o ante la autoridad judicial por medio de las acciones que las leyes respectivas establezcan. El artículo 16 constitucional, párrafo primero, en lo relativo a la fundamentación y motivación, tiene como propósito primordial que el gobernado conozca el "por qué y para qué" de la conducta de la autoridad. Para satisfacer el principio de seguridad jurídica, la Constitución reconoce los derechos de audiencia y legalidad, esto es, formalidades básicas ineludibles que deben imperar al momento de emitir un acto de autoridad. Por fundamentación se entiende el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con el acto de autoridad; y la motivación se traduce en la expresión de razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Además, el derecho humano de legalidad implica una observancia ineludible al principio de congruencia y exhaustividad que debe contener toda resolución emitida por una autoridad jurisdiccional, el cual se refleja cuando la autoridad resuelve y contesta todo lo solicitado sin dejar de dar respuesta a lo expresamente planteado, ni añadir cuestiones no hechas valer. El mencionado principio, se refleja en el compromiso de atender de manera congruente e integral lo sometido a su consideración, tengan o no razón las partes, debiendo expresar según sea el caso, el por qué sí les asiste la razón o no, estableciendo los motivos lógico-jurídicos de su decisión; y claro, siendo acorde y constante con el curso legal que va adoptando el proceso durante su tramitación. En la especie, la Sala responsable calificó los agravios parcialmente fundados pero insuficientes, conforme a los siguientes argumentos: - La interpretación del auto de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, debe sujetarse a lo resuelto en el toca .... - Respecto de los bienes indicados por los hermanos ... consistentes en un inmueble y un local en ..., es fundado que el juzgador no analizó las constancias para contestar las manifestaciones formuladas al respecto. - Empero, acorde al informe rendido por el Director Jurídico adscrito a la Coordinación General de la Central de Abastos de la Ciudad de México, el veintidós de diciembre de mil novecientos ochenta y dos fue celebrado convenio con el Departamento del Distrito Federal de forma mancomunada y solidaria, para adquirir el carácter de partícipe del local número ..., por ello es titular del uso y aprovechamiento y ha obtenido ganancias que le permiten exhibir la contabilidad durante la vigencia del matrimonio. - Respecto a la casa número ..., en esta Ciudad, fue adquirida durante la vigencia del matrimonio como se acredita con el folio ... y su certificado de libertad de existencia o inexistencia de gravámenes, expedidos por la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio. - En el toca relacionado no se volvió a requerir rendir el inventario y avalúos, solo se dio vista albacea con la solicitud de la coheredera. - En cuanto a la oportunidad para contestar la demanda, los autos son evidencia que fue extemporáneo, acorde a la notificación, la razón asentada, los plazos y términos computados acorde a esquema de trabajo. Ahora bien, respecto de los deberes del albacea con la sucesión y los alcances de los derechos hereditarios, se precisan las siguientes reglas; acorde al numeral 1281 de la legislación civil para esta entidad, la herencia es definida como la sucesión en todos los bienes del difunto y en todos sus derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte. En tanto que de los diversos ordinales 1705, 1706, fracción IV, 1722, 1725 y 1727 del propio cuerpo legal, se obtiene que el albacea de la sucesión se encuentra obligado a vigilar que los trámites del procedimiento sucesorio se lleven a efecto y, a su vez, se encuentra facultado para accionar en juicio y recabar la información relacionada con los bienes. Tales funciones se pueden apreciar en las gestiones que tengan la finalidad, propósito o estén encaminadas a administrar los bienes, rendir las cuentas del albaceazgo, defender en juicio, fuera de él, la herencia y la validez del testamento, y representar a la sucesión en todos los juicios que hubieren de promoverse en su nombre o que se promovieron contra ella. En el caso y como quedó relatado al dar cuenta de las razones del acto reclamado, constan relacionados en el expediente los documentos públicos consistentes en el acta de matrimonio del autor de la sucesión con la cónyuge supérstite; el informe rendido por el Director Jurídico adscrito a la Coordinación General de la Central de Abastos de la Ciudad de México; el folio real ... y su certificado de libertad de gravámenes, emitidos por la Dirección General del Registro de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad. De los cuales se tuvo por demostrado en el acto reclamado que a causa del régimen jurídico bajo el cual los cónyuges decidieron contraer nupcias, se generaron consecuencias jurídicas en el patrimonio adquirido y/o conformado durante la vigencia de su unión. Además, se tuvo por acreditado que la masa patrimonial generada en el periodo de vigencia del matrimonio se acrecentó por la adquisición de bienes y derechos, y que se trata de patrimonio único alícuota entre los contrayentes, puesto que no hay disposición en contrario. Sobre esa base, se contesta al quejoso que al amparo de su carácter de albacea, sí tiene el deber de integrar e inventariar para la sucesión los bienes respecto de los cuales se le ha exigido hacerlo, en principio porque es una circunstancia de hecho que ha sido demostrada y no controvertida, que aquellos fueron adquiridos durante la vigencia del matrimonio, generaron derechos y obligaciones solo para los cónyuges, sobre los cuales el causante de la sucesión tiene participación y ahora son exigibles para la sucesión. De esos hechos se deduce que los deberes que afectasen al causante también lo son para su causahabiente, al estar sujetos a la misma situación jurídica, y el último representa al primero sucediéndolo en la posición que guardó durante su constitución. Además, una vez demostrada la circunstancia de haberse adquirido bienes durante la vigencia del matrimonio que afecta y beneficia a sus contrayentes, y por ende a sus beneficiarios, siguiendo lo resuelto por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe considerarse que el Código Civil establece que la sociedad conyugal puede comprender también los bienes y/o derechos futuros que los cónyuges llegaran a adquirir. Ante lo cual cobra aplicación la regla prevista en los artículos 183 y 184 del Código Civil para esta entidad, acorde a los cuales en la sociedad conyugal, como régimen, los bienes adquiridos durante su vigencia, forman parte de ella, lo cual conlleva la tanto la facultad como la obligación para el albacea de integrar todos los bienes, derechos y frutos generados o adquiridos durante la vigencia del matrimonio, para relacionarlos en la masa hereditaria, que servirá de base para formar el inventario, incluidos los constituidos a futuro si participan de recursos obtenidos en ese periodo de tiempo. Al respecto se puede concluir que si en el expediente se demostró la relación de bienes y/o derechos del causante que no fueron incluidos inicialmente en el inventario propuesto, el albacea tiene facultades y la obligación de realizar aquellas acciones que tengan el fin de mantener la integridad de los derechos reales o personales, los bienes y derechos patrimoniales e impedir su pérdida o disposición, así como conservar, mejorar o hacer que rindan esos bienes. Por ello, si consta demostrada la adquisición de bienes y/o derechos y/o posesiones y/o frutos pertenecientes al de cujus, contrario a lo alegado, el albacea debe realizar todos los trámites y gestiones para lograr que la última voluntad del causante, expresa o presunta, se cumpla, mediante la satisfacción de sus deberes patrimoniales, y que sus bienes y derechos de contenido económico sean transmitidos a quienes tengan derecho. Relacionado con lo anterior, es infundado sostener que la falta de frutos haga improcedente integrar a la sucesión los bienes y derechos requeridos, como se concluyó en el acto reclamado. Es así porque la falta de posesión material del caudal hereditario no excusa la vinculación formal en el inventario de los bienes y derechos, si se cuenta con la base jurídica de su titularidad, lo cual es armónico con las obligaciones legales del albacea de aseguramiento, administración y, en general, la conservación y preservación de los bienes, porque a partir de esa base se puede gestionar el apremio judicial. Además, la existencia de frutos o gananciales tampoco impide la exigencia de presentar la documentación contable requerida en el proceso, porque es una circunstancia susceptible de prueba que así se debe expresar y demostrar ante la autoridad judicial, aunado a que la demostración de esos beneficios lleva implícito el ejercicio de rendir cuentas para acreditar ese escenario, que obliga a recabar la información conducente y apta para ese fin. Por lo cual resulta infundado alegar a priori la inviabilidad de acreditar la existencia de frutos obtenidos durante la vigencia del matrimonio por haberse consumado entre los contrayentes, puesto que esa deducción corresponde a la revisión de las gestiones y documentos en general que se presenten con ese propósito, si tomamos como premisa la inexcusabilidad de relacionarse en el inventario, al haberse demostrado que se los bienes o derechos que eventualmente los producen se generaron dentro de la vigencia del matrimonio. Además, que al involucrar derechos comunes explica la necesidad de exponer el ejercicio de los recursos que se hubieren producido, o bien, que de forma residual pudieran disponerse incluso a futuro, pues son objeto de impugnación por los coherederos, que tienen derecho de alegar tanto la forma de proteger el patrimonio como a cuestionar las diligencias dispuestas para integrarlo. Aunado a lo anterior, resulta infundado sostener que la actividad realizada en el local ubicado en la Central de Abastos de la Ciudad de México, es informal y por ello no genera registros contables, porque obran en el expediente indicios en contrario. En efecto, adjunto al oficio del Director Jurídico adscrito a la Coordinación General de la Central de Abasto de la Ciudad de México, obra el convenio celebrado por la cónyuge supérstite con el entonces Departamento del Distrito Federal, donde se le asignó el carácter de participante respecto del local número ...". El cual fue suscrito el veintidós de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, y conforme a su declaración 2.3.5 el participante adquiere los aprovechamientos y derechos derivados del convenio, a pagar contribuciones (sexta declaración); de donde se infiere que el acuerdo de voluntades constituyó el derecho a operar, explotar y obtener frutos de una actividad regulada que se desarrollaría a partir de la suscripción del convenio en local indicado. Aspecto que funciona en contra de las alegaciones del albacea y ahora quejoso en cuanto a la forma de ejercer la actividad en el espacio señalado, pues acorde al documento exhibido en autos, está regulada, particularizada y su ejercicio impone deberes de contribución al mantenimiento común. Incluso, al tratarse de una actividad prevista por un convenio oficial del cual se deducen derechos y obligaciones, impone el deber de contribuir tributariamente a la hacienda pública, que a su vez permitiría establecer una medida indiciaria de los ingresos, egresos y cantidades residuales, para construir una percepción financiera de los frutos que podría generar. Esto es, no solo a través de la contabilidad y sus registros es que el albacea podría emplear sus funciones para obtener la información, o bien, indicios sobre los derechos que se le requirió integrar a la masa; en ese aspecto es infundado el concepto de violación Se cita al respecto, por sus consideraciones, la tesis I.3o.C.881 C, de la Novena Época, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: "INVENTARIO. AL PRESENTARSE EN UN JUICIO SUCESORIO, EL ALBACEA DEBE DEMOSTRAR LA PROPIEDAD DE LOS BIENES INCLUIDOS EN ÉSTE. La herencia es definida como la sucesión de los derechos y obligaciones del difunto, según se desprende del artículo 1282 del Código Civil para el Distrito Federal, de ahí que en el juicio sucesorio deba demostrarse que el de cujus fue propietario de los bienes a heredar. Ahora bien, de la correlación de los artículos 1705, 1706, fracción IV, 1722, 1725 y 1727 del referido ordenamiento, se colige que el albacea de la sucesión se encuentra obligado a vigilar que los trámites del procedimiento sucesorio se lleven a efecto y, a su vez, se encuentra facultado para accionar en juicio y recabar la información relacionada con los bienes, en términos de lo prescrito por el artículo 27 del código adjetivo civil local. Por tanto, corresponde al albacea demostrar que los bienes a heredar fueron propiedad del fallecido. A propósito, se puntualiza que dicho extremo debe acreditarse al presentar el inventario; por un lado, porque en ese momento el albacea precisa cuáles son los bienes que, en su concepto, integran la masa hereditaria y, por otra parte, dicho acto es necesario para proceder a la correspondiente partición y adjudicación. No obsta a lo anterior, el que los artículos 816 y 820 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, no establezcan que al exhibir el inventario deban acompañarse los documentos que acrediten la propiedad de los bienes incluidos en el mismo. Ello, porque en el fondo, lo concluido busca salvaguardar el principio de seguridad jurídica, ya que una postura contraria permitiría incluir en el inventario bienes que no pertenecieron al autor de la sucesión, lo cual podría incidir en la esfera jurídica de terceros. Por otra parte, es infundado el concepto de violación agrupado en la letra b), porque de la vista que se otorgó a los coherederos en términos del artículo 824 del Código de Procedimientos Civiles local, válidamente se puede deducir el deber de rendir cuentas. Al respecto, el artículo 816 del Código de Procedimientos Civiles aplicable, prevé el deber del albacea de proceder a la formación de inventarios dentro de los diez días de haber aceptado el cargo y presentarlo al tribunal dentro de los sesenta días, donde será agregado a los autos para que los examinen los herederos, quienes dispondrán del plazo de cinco días para hacerlo, según lo establece el ordinal 824 de la misma codificación, y si no hubiere oposición, transcurridos cinco días tendrá el Juez por aprobado el inventario sin más trámite, conforme al numeral 825 de esta normatividad. Ahora, no asiste razón al inconforme al sostener que los coherederos deben tener intervención en términos de la norma citada, hasta que el albacea tenga formados (en definitiva) los inventarios y avalúos, porque el cuestionamiento de las funciones de administración del albaceazgo admite revisión, sin esperar la conclusión de un periodo de la sucesión. Lo anterior se puede concluir al estimar que la consecución de las funciones de administración del albacea, asegura la continuación del trámite de ese juicio sucesorio, entre ellas la de rendir cuentas conforme al artículo 1706 fracción IV del Código Civil local, lo cual presume una labor permanente y continuada hasta culminar con los fines del cargo. En ese sentido, estimar que los coherederos deban esperar la rendición de cuentas para impugnar las gestiones del albacea, resulta contrario a los fines de conservación e integración de la masa, porque relevaría de facto al representante de la obligación instituida de recabar la información relacionada con los bienes. Lo cual en el caso sería injustificado, si tomamos como base que la vista que se otorga en un proceso judicial a las partes, implica agregar al expediente actuaciones que son de su interés tanto para cuestionarlas como para aprobarlas, pues a partir de ellas o con ellas se genera una consecuencia jurídica, de donde se sigue que el derecho a imponerse de las piezas que sucesivamente integran la causa, al tener el alcance de afectar sus derechos patrimoniales les permite objetar y como sucedió, solicitar medidas preparatorias con el fin de integrar los bienes comunes. En tanto que esperar a la propuesta del albacea, sin relacionar bienes o derechos que quizá desconoce, podría facilitar su desaparición, ocultamiento o dispendió, lo cual hace inconducente acudir a la regla sugerida por el quejoso de recurrir a la presentación del inventario "definitivo", para exhibir los documentos que acrediten la propiedad de los bienes incluidos en el mismo. Máxime que en el fondo, la posibilidad de cuestionar y como sucede adicionar derechos a la masa hereditaria y pruebas que así lo determinen, es fiel a la propósito de salvaguardar el principio de seguridad jurídica, ya que una postura contraria permitiría incluir en el inventario bienes que no pertenecieron al autor de la sucesión, o bien, prescindir de aquellos a los que se tenga derecho, lo cual podría incidir en la esfera jurídica de terceros; por lo cual es infundado el concepto de violación. Por otra parte, no asiste razón al inconforme al señalar una incongruencia con lo resuelto sobre el auto de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, del cual la sala responsable no ordenó volver a requerir la rendición del inventario y solo dio vista con la petición de una coheredera. Lo anterior es así porque esa "vista" integró sucesivamente una litis, puesto que se otorgó con la pretensión de adicionar bienes y derechos a los previamente informados por el albacea, lo cual conlleva una postura antagónica o contenciosa, porque cuestiona el desempeño de sus labores de administrador y opone acciones para demostrarlo. De donde se sigue que la tramitación del incidente de oposición al inventario es conducente pues se basa en las gestiones efectuadas, dado que el albacea ya había presentado un avalúo y se opuso a la integración de los bienes señalados por los coherederos, frente a lo cual estos últimos se inconformaron, generando una controversia que debía deducirse bajo las reglas del derecho a impugnar porque afecta a toda la masa, cuestiona una función del albacea y atañe al objeto de la sucesión, que justifica la tramitación de un proceso en forma de juicio. En tal sentido es infundado el concepto de violación. Sirve de apoyo, en lo conducente, la tesis aislada VI.2o.C.5 C (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de registro digital: 2000306, de la Décima Época, que dice: "ALBACEA. ES INEXACTO QUE LA OBLIGACIÓN DE RENDIR CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES DE LA SUCESIÓN QUE TIENE A SU CARGO, SE ACTUALICE ÚNICAMENTE CUANDO LOS BIENES DE LA HERENCIA PRODUZCAN INGRESOS, FRUTOS O GANANCIAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Cuando la ley exige al albacea que administra los bienes de la sucesión que rinda cuentas del albaceazgo, en el artículo 3455, fracción IV, del Código Civil para el Estado de Puebla, le marca la obligación de informar la situación y los pormenores en torno a dichos bienes, siendo inexacto que tal obligación se actualice únicamente cuando los bienes produzcan ingresos, frutos o ganancias, pues de ser ésta la intención del legislador así lo hubiera expresado; además de que se debe tomar en consideración que existe interés por parte de los herederos de conocer la situación y condiciones de los bienes durante el desarrollo de la sucesión, hasta la partición y liquidación de los mismos y no sólo los ingresos que con ellos se hayan obtenido, pues desde la muerte del autor de la herencia los bienes que la forman, mejoran, se deterioran o perecen en su beneficio o en su perjuicio, de acuerdo con el artículo 3027 del referido ordenamiento legal." Ante lo infundado de los motivos de disenso, lo conducente es negar la protección constitucional. Los alegatos formulados no se analizan porque no forman parte de la litis constitucional en el amparo indirecto, conforme a la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS". Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 1, 73 a 77, 216 y 217, de la Ley de Amparo, se RESUELVE: Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ..., albacea de la sucesión a bienes de ..., contra actos de la Cuarta Sala y Juez Vigésimo Quinto, ambos de lo Familiar de la Ciudad de México, precisados en el segundo considerando, por las razones expuestas en el diverso último de esta sentencia. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo sentencia y firma electrónicamente, ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., secretario del Juzgado que autoriza y da fe; en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, hasta hoy treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
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