JOSÉ FERNANDO CALDERON AVILA y Otros.
Expediente 1004/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1004/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 06/10/2023
Partes del expediente
- José Fernando Calderon Avila
- JOSÉ FERNANDO CALDERON AVILA y Otros.
- Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca Con Residencia En Almoloya de Juárez Estado de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Toluca, Estado de México; seis de octubre de dos mil veintitrés. OFICIO Con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, intégrese sin mayor pronunciamiento el oficio de cuenta, dado que en proveído de doce de septiembre del año en curso, se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido. Notifíquese como legalmente corresponda.
- Principal
ELECTRONICA.- Toluca, Estado de México; doce de septiembre de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS Vista la certificación que antecede, se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso recurso de revisión dentro del término legal, contra la sentencia emitida por este órgano jurisdiccional; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que únicamente a ésta afecta el sentido de la sentencia. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto concluido. En acatamiento al numeral 7.4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, ambos ordenamientos establecen las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurran tres años de archivado este expediente, es susceptible de conservación, pues no obstante que se sobreseyó en el juicio, se concedió la suspensión de plano. RELEVANCIA DOCUMENTAL Ahora, de conformidad con el artículo 15, del Acuerdo General referido, el presente asunto carece de relevancia documental ARCHIVO FÍSICO Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo físico el expediente en que se actúa. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Finalmente, devuélvase al Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, las constancias que adjuntó a su informe justificado; sin que sea necesario el acuse por su recibo, (cinco discos). Notifíquese como legalmente corresponda.
- Principal
Toluca, Estado de México; veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. OFICIO Con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, intégrese únicamente para que obre como corresponda el informe justificado signado por el Director del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito; en virtud de que el veintiuno de agosto del año en curso, se emitió la sentencia correspondiente en el presente juicio; lo anterior, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese como legalmente corresponda.
- Principal
Toluca, Estado de México, siendo las once horas con cuarenta minutos del veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1004/2023-IV-B; estando en audiencia pública Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, asistida de la Secretaria Rocio Sierra González, que da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta sin la asistencia de las partes ni de quien legalmente las represente. Enseguida, la Secretaria da lectura de las constancias que obran en autos, sin que sea necesario hacer mención de cada una de ellas, en atención a la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 185, tomo IV, primera parte, julio a diciembre de 1989, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 206494, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL." Seguidamente, y con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se abre el periodo probatorio y la Secretaria da cuenta con las pruebas ofrecidas por la autoridad responsable Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México al rendir su informe justificado; asimismo, certifica: que no existen pruebas pendientes por admitir o desahogar. La Jueza acuerda: Se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las pruebas ofrecidas por la autoridad responsable. Al no existir prueba pendiente por desahogar, se cierra este periodo. Se abre la fase de alegatos y la Secretaria da cuenta con la intervención ministerial 123/2023; asimismo certifica: que las partes fueron omisas en formular alegatos. La Jueza acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por vertidos los alegatos expuestos por el Ministerio Público Federal y por perdido el derecho de las demás partes a formular alegatos. Acto continuo, se cierra el periodo de alegatos y al no haber diligencias pendientes que practicar, se da por concluida la audiencia en las etapas referidas, por lo que se procede a dictar la sentencia correspondiente: Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 1004/2023-IV-B; y, R E S U L T A N D O ÚNICO. Presentación de la demanda. Por escrito depositado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, Estado de México, el catorce de junio de dos mil veintitrés y turnado el mismo día al Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Erick Michel Carmona Esquivel con el carácter de defensor particular de José Fernando Calderón Ávila, Sandra Itzel Téllez Sánchez, Guillermo Román López, Cristian Alfredo Carranza Juárez, Huber Álvarez Serrano, Rigoberto García Estrada, Nancy Guadalupe Flores Pérez y Alexander García Damián, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal (fojas 10 a 28 del juicio de amparo). En auto de catorce de junio de dos mil veintitrés (fojas 29 a 40), el homólogo federal registró la demanda con el número de juicio de amparo 899/2023; concedió la suspensión de plano y de oficio respecto a la incomunicación y tortura de la que dijeron ser objeto los directos quejosos por parte de las autoridades responsables; asimismo, previo a proveer sobre la admisión de la demanda requirió a los quejosos para que manifestaran si era su deseo señalar como actos reclamados la incomunicación y tortura; y además señalaran bajo protesta de decir verdad los hechos y abstenciones que constituyeran los antecedentes de los actos reclamados. Posteriormente, mediante escrito presentado ante la oficialía de partes del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, el veintiuno de junio de dos mil veintitrés, los quejosos manifestaron que no era su deseo señalar como actos reclamados la incomunicación y tortura (fojas 92 a 94). En proveído de veintidós de junio de la anualidad, el homólogo federal ordenó remitir el juicio de amparo 899/2023 de su estadística, a este Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por estimar que se actualizaba la hipótesis de conocimiento previo dado que en este juzgado se tramitó el juicio de amparo 1925/2022, promovido por los mismos quejosos contra actos derivados de la causa de control 2189/2022 del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México; causa de la cual también deriva el acto reclamado en el citado juicio de amparo 899/2023 de su estadística (fojas 98 a 108). Mediante proveído de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, este Juzgado Federal radicó el juicio con el número 1004/2023-IV-B, y se avocó al conocimiento del mismo. Luego, considerando que los quejosos habían manifestado que no era su deseo señalar como actos reclamados la incomunicación y tortura, se admitió a trámite la demanda únicamente por el acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, emitido dentro de la causa de control 2189/2022 (fojas 110 a 114). En acuerdo de doce de julio de dos mil veintitrés, se tuvo por emplazado a juicio al fiscal tercero interesado (foja 125). Es importante precisar que los quejosos promovieron el amparo por conducto de su defensor particular Erick Michel Carmona Esquivel, quien tiene reconocida esa personalidad ante el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México (fojas 57 a 64); por tanto, se tiene por satisfecha la tutela jurisdiccional efectiva de la que debe gozar toda persona privada de su libertad promovente de amparo. Lo anterior, de conformidad con el criterio jurisprudencial emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2020495, tesis 1a./J. 43/2019 (10a.), consultable en el Libro 69, agosto de 2019, Tomo II, página 1301 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja.". Seguidas las formalidades, previos diferimientos se celebró la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo planteado, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracciones III, inciso b, de la Constitución General de la República; 1° fracción I, 37 y 107 fracción V de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se reclama un acto dictado dentro de un procedimiento de naturaleza penal, que produce efectos de ejecución dentro de la jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Oportunidad. El escrito de demanda se presentó dentro del término de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues de las constancias remitidas por la responsable se advierte que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado el veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés -audiencia en la que se dictó auto de vinculación a proceso en su contra-, por tanto, el término para la promoción del juicio de amparo transcurrió del veintiséis de mayo al quince de junio de dos mil veintitrés, sin contar los días veintisiete y veintiocho de mayo, así como tres, cuatro, diez y once de junio, todos de dos mil veintitrés, por ser inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. Por tanto, si el escrito de demanda se depositó en buzón judicial el catorce de junio del año en curso, su presentación está dentro del plazo legal. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 12/2015 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 2009174, Décima Época, Materias(s): Común, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 18, mayo de 2015, Tomo I, página 38, que establece: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal. TERCERO. Fijación del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos que se reclaman. En ese tenor, por así desprenderse del estudio integral de la demanda de amparo, se obtiene que la parte quejosa reclama lo siguiente: ACTOS RECLAMADOS 1. El auto de vinculación a proceso de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, dictado en la causa de control 2189/2022. AUTORIDADES RESPONSABLES Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya, Estado de México. Director del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de "Santiaguito", Estado de México. CUARTO. Existencia del acto. La autoridad responsable Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya, Estado de México, al rendir su informe justificado (fojas 145 a 150), aceptó la existencia del acto reclamado. Por su parte, el Director del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de "Santiaguito", en el Estado de México, fue omiso en rendir su informe justificado, no obstante estar debidamente notificado del oficio por el que se le requirió el mismo, como se advierte a fojas 127 a 129; por lo que, con fundamento en lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por presuntivamente cierto el acto de ejecución atribuido a dicha autoridad. Certeza que se corrobora con los discos ópticos que remitió la autoridad responsable, que contienen las actuaciones realizadas en la causa de control 2189/2022; constancias que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo que disponen los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2°; así como la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 703, Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2004362, de rubro y texto: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga.". QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. A efecto de una mejor comprensión es menester hacer una relación sucinta de los antecedentes que constituyen el acto reclamado, lo que se relaciona de la siguiente manera: En audiencia de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, en los autos de la causa de control 2189/2022, se calificó de legal y se ratificó la detención de los quejosos; asimismo, se impuso las medidas cautelares consistentes en prisión preventiva justificada y oficiosa, respectivamente, así como se autorizó la duplicidad del término constitucional. El veintiséis de noviembre de dos mil veintidós, en audiencia de prórroga de plazo constitucional se dictó auto de vinculación a proceso en contra de: Christian Alfredo Carranza Juárez, Rigoberto García Estrada, José Fernando Calderón Ávila, Huber Álvarez Serrano, Alexander García Damián, Guillermo Román López, Nancy Guadalupe Flores Pérez y Sandra Itzel Téllez Sánchez, por el hecho delictuoso de contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, en su hipótesis de posesión con fines de suministro del estupefaciente denominado cannabis sativa comúnmente conocido como marihuana, ilícito previsto y sancionado por los artículos 234, 235, 473 fracciones V, VI, VII y VIII, 474, 476 y 479 de la Ley General de Salud, en relación con los artículos 6, 7, 8, fracciones I y III, 11, fracción I, inciso c) del Código Penal vigente en la entidad, cometido en agravio de la Salud Pública. Christian Alfredo Carranza Juárez, Rigoberto García Estrada, José Fernando Calderón Ávila, Huber Álvarez Serrano, Alexander García Damián, Guillermo Román López, Nancy Guadalupe Flores Pérez y Sandra Itzel Téllez Sánchez, por el hecho delictuoso de ataques a las vías de comunicación y medios de transporte en la hipótesis de no portar la tarjeta de circulación, ilícito previsto y sancionado por los artículos 193 en relación con los artículos 6, 7, 8 fracciones I y III, 11 fracción I, inciso d) del Código Penal vigente en la entidad, cometido en agravio de Seguridad de las vías de comunicación y medios de transporte. Christian Alfredo Carranza Juárez, Rigoberto García Estrada, José Fernando Calderón Ávila, Huber Álvarez Serrano, Alexander García Damián, Guillermo Román López, Nancy Guadalupe Flores Pérez y Sandra Itzel Téllez Sánchez, por el hecho delictuoso de asociación delictuosa, ilícito previsto y sancionado por los artículos 178 bis en relación con los artículos 6, 7, 8 fracciones I y IV, 11 fracción I, inciso c) del Código Penal vigente en la entidad, cometido en agravio de la colectividad. Christian Alfredo Carranza Juárez, Rigoberto García Estrada, José Fernando Calderón Ávila, Huber Álvarez Serrano, Alexander García Damián y Guillermo Román López, por el hecho delictuoso de portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, la armada y la fuerza aérea, ilícito previsto y sancionado por los artículos 8, 11 inciso c), 83 fracción III, 92 de la ley federal de armas de fuego y explosivos en relación a los artículo 7 fracción I, 8, 9 y 13 fracción II del código penal federal, cometido en agravio de Seguridad Pública. Huber Álvarez Serrano, Nancy Guadalupe Flores Pérez y Sandra Itzel Téllez Sánchez, por el hecho delictuoso de posesión de cartuchos y cargadores para armas de fuego de uso exclusivo del ejército, la armada y la fuerza aérea, ilícito previsto y sancionado por los artículos 11, inciso b) y c), 83 quat fracción II, 83 quintus fracción II, 92 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en relación a los artículo 7 fracción I, 8, 9 y 13 fracción III del Código Penal Federal, cometido en agravio de la Seguridad Pública. (Discos ópticos que contienen el expediente digital de la carpeta administrativa y audiencia para resolver sobre vinculación a proceso). Inconformes con esa determinación los quejosos promovieron juicio de amparo, el cual correspondió conocer a este Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, el cual fue radicado con el número 1925/2022, en el que por resolución terminada de engrosar el dieciocho de abril de dos mil veintitrés, se sobreseyó en el juicio respecto de los actos reclamados al Director del Centro Penitenciario y de Reinserción Social "Santiaguito", Estado de México; se negó el amparo y protección de la Justicia Federal con relación al acto consistente en la audiencia de control de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, emitida en la causa de control 2189/2022, que calificó de legal y ratificó la detención de los quejosos, atribuido a la Jueza de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya, Estado de México; y finalmente, concedió a los quejosos el amparo y protección de la Justicia Federal para los siguientes efectos: ".la Jueza de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya, Estado de México: 1. Deje sin efectos el auto de vinculación a proceso de veintiséis de noviembre de dos mil veintidós, dictado en la causa de control 2189/2022, cite de nueva cuenta a las partes, y con libertad de jurisdicción pero en estricto ceñimiento a lo establecido en esta sentencia dicte otra, en la que de forma fundada, motivada y exhaustiva, tome en consideración y emita un pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los datos de prueba, ponderarlos de manera conjunta y armónica, acorde a las reglas de la lógica y la experiencia, y no concretarse a desestimarlos de manera individual y aislada. 2. Con libertad de jurisdicción, en la audiencia respectiva, resuelva nuevamente la situación jurídica de los quejosos, y después de la emisión oral, de forma inmediata, sin exceder el plazo de veinticuatro horas, emita la versión escrita, la cual no deberá exceder el alcance de la emitida oralmente y deberá cumplir con los demás requisitos legales." La sentencia causó ejecutoria por auto de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, por lo que se requirió el cumplimiento de la misma a la autoridad responsable. En cumplimiento a lo anterior, mediante oficio 3012080P08/8432/2023 el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez México, informó el contenido del auto dictado el diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, en la causa de control 2189/2022. Posteriormente, por oficio 3012080P08/8760/2023 recibido el veintiséis de mayo de la anualidad, la autoridad responsable remitió un disco en formato DVD que contiene copia certificada de la audiencia de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, así como de la pieza escrita del auto de vinculación a proceso, en versión electrónica, dictado en contra de los quejosos, relativos a la carpeta administrativa 2189/2022. En proveído de trece de junio de dos mil veintitrés, este Juzgado de Distrito determinó que la sentencia de amparo no estaba cumplida, por lo que se requirió nuevamente el cumplimiento a la autoridad responsable. Por oficio 3012080P08/10611/2023 recibido el veinte de junio de la anualidad, la autoridad responsable remitió un disco en formato DVD que contiene copia certificada de la audiencia de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, en la que resolvió la situación jurídica de los quejosos; posteriormente, en oficio recibido el veintidós de junio de la anualidad, remitió copia de la pieza escrita del auto de vinculación a proceso, en versión electrónica, dictado en contra de los quejosos, relativos a la carpeta administrativa 2189/2022. En la citada audiencia el juez de la causa resolvió: "Al reunirse los requisitos que establece el artículo 19 constitucional en correlación al 317 y 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales, habiendo iniciado esta audiencia a las ocho treinta de la mañana con los recesos que fue necesario realizar, siendo en este momento las dieciséis horas con cinco minutos del día diecinueve de junio del año dos mil veintitrés, se dicta auto de vinculación en contra de los imputados, en los siguientes términos: En contra de Christian Alfredo Carranza Juárez, Rigoberto García Estrada, José Fernando Calderón Ávila, Huber Álvarez Serrano, Alexander García Damián, Guillermo Román López, Nancy Guadalupe Flores Perez y Sandra Itzel Tellez Sánchez, por su probable intervención en el hecho delictivo de contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, bajo la hipótesis de posesión con fines de suministro del estupefaciente denominado cannabis sativa, comúnmente conocido como marihuana, previsto y sancionado en los artículos 234, 235, 473 fracciones V, VI, VII, VIII, 474, 476 y 479 de la Ley General de Salud, en correlación con los diversos 6, 7, 8, fracciones l y IV , 11 fracción I inciso c) del Código Penal, en agravio de la salud pública. Como segundo resolutivo se dicta auto de vinculación a proceso en contra de Christian Alfredo Carranza Juárez, de Huber Álvarez Serrano y Alexander García Damián, por el hecho delictuoso de ataques a las vías de comunicación y medios de transporte, previsto por el Artículo 193 en relación al 6, 7, 8 Fracciones I y III, 11 Fracción I Inciso c), del Código Penal vigente, en agravio de la seguridad de las vías de comunicación. Como punto tercero, en contra de Christian Alfredo Carranza Juárez, de Rigoberto García Estrada, de José Fernando Calderón Ávila, de Huber Álvarez Serrano, de Alexander García Damián, de Guillermo Román López, de Nancy Guadalupe Flores Pérez y de Sandra Itzel Téllez Sánchez, por el hecho delictuoso de asociación delictuosa, previsto en los numerales 178 bis en relación a los diversos 6, 7, 8 fracciones I y IV, 11 fracción I inciso c) del Código Penal vigente, cometido en agravio de la colectividad. Como punto número cuatro también auto de vinculación en contra de Christian Alfredo Carranza Juárez, de Rigoberto García Estrada, de José Fernando Calderón Ávila, de Huber Álvarez Serrano, de Alexander García Damián, y de Guillermo Román López, por el hecho delictuoso de portación de arma de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en los numerales 8, 11 inciso b) y c), 83 fracción III y 92 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en relación a los numerales, 6, 7 fracción II, 8, 9 párrafo primero, 13 fracción II del Código Penal Federal, en agravio de la seguridad de la colectividad. También vinculación a proceso contra de Huber Álvarez Serrano, Nancy Guadalupe Flores Perez y Sandra Itzel Téllez Sánchez, por su probable intervención en la comisión del hecho delictuoso de posesión de cartuchos y cargadores para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en los artículos 11 inciso B y C, 83 QUAT Fracción II, 83 QUINTUS Fracción II, 92 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en relación con los diversos 7 Fracción I, 8, 9 y 13 Fracción III del Código Penal Federal, cometido en agravio de la SEGURIDAD PÚBLICA. Como resolutivo número sexto se dicta auto de no vinculación a proceso en favor de Rigoberto García Estrada, de José Fernando Calderón Ávila, de Guillermo Román López, de Nancy Guadalupe Flores Pérez y de Sandra Itzel Téllez Sánchez, ante la incomprobación del hecho delictivo de ataques a las vías de comunicación y medios de transporte, previsto en el Artículo 193 en relación al 6, 7, 8 Fracciones I y III, 11 Fracción I Inciso c), del Código Penal vigente en el Estado, sobre hechos denunciados en agravio de la seguridad de las vías de comunicación, por lo que se ordena su inmediata libertad, única y exclusivamente por lo que a este hecho delictivo se refiere y siempre que no se encuentren detenidos por delito diverso." Posteriormente, en diverso oficio 3012080P08/13211/2023 de fecha tres de agosto de dos mil veintitrés, el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, comunicó el contenido del auto de dos de agosto de la anualidad, en el que dejó sin efectos el auto de vinculación a proceso de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, dictado dentro de la carpeta 2189/2022. Es de destacar que los antecedentes relativos al juicio de amparo que tramitaron el quejoso y que se radicó ante este Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, se obtuvieron de la revisión al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y el expediente físico de dicho asunto, lo que constituye un hecho notorio para esta juzgadora, de conformidad con lo establecido en el artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2017123, tesis P./J. 16/2018 (10a.), visible en el Libro 55, junio de 2018, Tomo I, página 10 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente.". Asimismo, por las razones jurídicas que expone, la diversa de la Segunda Sala del Máximo Tribunal, registro 172215, tesis 2a./J. 103/2007, consultable en el Tomo XXV, Junio de 2007, página 285 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que resolvió: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista.". SEXTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en el presente juicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, esta juzgadora estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo; ello, en razón de las consideraciones siguientes: El artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado..." Así las cosas, la cesación de efectos del acto reclamado de manera abstracta consiste en la desafectación a la esfera jurídica del quejoso, generalmente realizada por la autoridad responsable, al detener su actuación o abstención, lo cual significa, no sólo la detención definitiva de los actos autoritarios, sino la desaparición total e inmediata de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto; por ende, la razón justificatoria de la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la cesación de efectos del acto reclamado en el juicio de amparo tiene lugar al actualizarse cualquiera de los supuestos siguientes: 1. Cuando la propia responsable deja sin efectos el acto reclamado y emite uno nuevo que lo substituye procesalmente. 2. Al interponer recurso ordinario contra el acto reclamado, al cual recae nueva resolución, que de igual manera lo substituye. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/339, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 70, Tomo LXXXIII, Noviembre de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro digital 209879, que dice: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Asimismo, tiene aplicación por similitud jurídica la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Enero de 1997, página 410, cuyo rubro dice: "ACTOS RECLAMADOS. CESACION DE SUS EFECTOS. LA NUEVA DETERMINACION QUE PRONUNCIA LA AUTORIDAD RESPECTIVA CON MOTIVO DE LA RESOLUCION DE UN RECURSO, SUSTITUYE A LA ANTERIOR, SIENDO POR ELLO ESTA Y NO AQUELLA LA QUE DEBE SER MATERIA DE EXAMEN EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." Precisado lo anterior, el acto reclamado en estudio encuadra en el supuesto señalado en el numeral 1, pues con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, constituye un hecho notorio para esta juzgadora el juicio de amparo 1925/2022-IV-D, del índice de este Juzgado de Distrito, promovido por José Fernando Calderón Ávila, Sandra Itzel Téllez Sánchez, Guillermo Román López, Cristian Alfredo Carranza Juárez, Huber Álvarez Serrano, Rigoberto García Estrada, Nancy Guadalupe Flores Pérez y Alexander García Damián, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, del que se advierte que por sentencia terminada de engrosar el dieciocho de abril de dos mil veintitrés, este Juzgado de Distrito concedió el amparo y protección a los quejosos para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente la determinación de veintiséis de noviembre de dos mil veintidós, dictada en la causa de control 2189/2022, y en su lugar emitiera otra en la que atendiera los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. En cumplimiento a la sentencia de amparo, el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, remitió a este Juzgado de Distrito copia certificada de la audiencia de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, en la que emitió auto de vinculación a proceso en contra de los quejosos, en la causa de control 2189/2022 de su estadística. Sin embargo, al analizar las constancias remitidas así como los efectos por los cuales se concedió la protección constitucional, por auto de trece de junio de la anualidad, este Juzgado Federal determinó que la sentencia no estaba cumplida, por lo que requirió nuevamente a la responsable para que cumpliera la sentencia de amparo. En acatamiento a dicho requerimiento, por oficio 3012080P08/10611/2023 recibido el veinte de junio de la anualidad, la autoridad responsable remitió un disco en formato DVD que contiene copia certificada de la audiencia de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, en la que resolvió la situación jurídica de los quejosos, en la que de nueva cuenta emitió auto de vinculación a proceso en su contra. Además, en diverso oficio 3012080P08/13211/2023 de fecha tres de agosto de dos mil veintitrés, el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, comunicó que dejó sin efectos el auto de vinculación a proceso de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, dictado dentro de la carpeta 2189/2022 -determinación que constituye el acto reclamado en este juicio de amparo-. En ese tenor, se concluye que la autoridad responsable dejó sin efectos el acto que por esta vía se combate, por lo que cesó en sus efectos; esto es, dejó de tener fuerza vinculativa entre lo determinado por la autoridad responsable y la posible afectación de que se duele la parte quejosa, pues sus efectos quedaron destruidos en forma total e incondicional, al haber sido sustituida procesalmente por la resolución de diecinueve de junio del año en curso; de ahí que se actualiza la causa de improcedencia en estudio. Por lo tanto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la ley de la materia, procede sobreseer en el juicio por lo que respecta al acto reclamado en estudio, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados al Director del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de "Santiaguito", Estado de México, por no reclamarse por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Al respecto es aplicable la jurisprudencia II.3o. J/12 del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 41, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Núm. 55, Julio de 1992, Octava Época, con número de registro 218867, cuyo rubro dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE LAS, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS." Luego, al decretarse el sobreseimiento en este juicio de amparo, no procede analizar los conceptos de violación alegados por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, toda vez que el estudio de la procedencia del juicio de amparo es de naturaleza preferente y de orden público, y la actualización de alguna causa que lo haga improcedente impide el análisis de la cuestión de fondo. Sostiene lo anterior, la jurisprudencia con número de registro 214593, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Num.70, Octubre de 1993, página 57, Octava Época, que refiere: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Por lo expuesto, fundado y, además, con apoyo en los artículos 76, 77 y 78, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por José Fernando Calderón Ávila, Sandra Itzel Téllez Sánchez, Guillermo Román López, Cristian Alfredo Carranza Juárez, Huber Álvarez Serrano, Rigoberto García Estrada, Nancy Guadalupe Flores Pérez y Alexander García Damián, respecto del acto, las autoridades y por los motivos expuestos en el considerando sexto de la presente sentencia. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo resolvió y firma Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistida de Rocio Sierra González, secretaria que autoriza y da fe.
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