Jose Fabián Arellano Merino
Expediente 295/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 1 actuación registrada, la última del 7 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 295/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 07/11/2018
Partes del expediente
- Jose Fabián Arellano Merino
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; siete de noviembre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de amparo, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Josué Fabián Arellano Merino, por propio derecho, en representación de su menor hija de identidad reservada con iniciales S. A. M., contra el acto y autoridades responsables , que enseguida se precisan: ? Acto reclamado. 1) La sentencia interlocutoria de diez de octubre de dos mil dieciocho, con fecha de publicación de doce de octubre del mismo año, que surtió efectos el quince de octubre del año en cita, y de la que tuvo conocimiento el quince de octubre del año en cita; resolución que fue dictada en el auto interlocutorio del expediente 2122/2017, formado con motivo del recurso de apelación hecho valer por Velma Lucila Mayen Torres, contra el auto dictado por el Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con sede en Naucalpan, en el Estado de México, el veintinueve de agosto de dos mil dieciocho. ? Autoridades responsables. 1) Juez de lo Familiar del Tercer Juzgado de Tlalnepantla, con sede en Naucalpan. Radicación de demanda Se ordena registrar este asunto en el libro de gobierno correspondiente con el número de juicio de amparo indirecto 295/2018-VI y constriñe formar los expedientes físicos y electrónicos, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, así como en los numerales 89, 90, 91 y 92 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Desechamiento Esta juzgadora estima que debe desecharse de plano la demanda de amparo, en virtud de que se advierte de oficio que de manera manifiesta e indudable se actualiza la diversa causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 107, fracción V, de la ley de la materia, este último aplicado a contrario sensu, dado que los actos que se tildan de inconstitucionales no tienen una ejecución de imposible reparación. Para sustentar la anterior aseveración, es menester traer a colación el contenido de los preceptos 61, fracción XXIII , y 107, fracción V , de la normatividad de garantías, este último aplicado a contrario sensu, de cuyo contexto se obtiene que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo que conlleva a desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la presente demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, y 113 de la Ley de Amparo. Sobre el tema, el Supremo Tribunal del País en la tesis de jurisprudencia 607 , aprobada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, del rubro: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL"; así como la tesis jurisprudencial P./J. 24/92 , aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS"; ha establecido: un acto de ejecución de imposible reparación, debe entenderse aquel que afecta materialmente derechos humanos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte material, como la vida, la integridad personal, la libertad, y la propiedad, por citar algunos; y, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado, y estos actos se actualizan respecto de los llamados derechos adjetivos o procesales. También, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis jurisprudencial P./J. 37/2014 aprobada por el Pleno del rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)" ha determinado: 1) Que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, el artículo 107, fracción V, ofreció precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte."; por lo que puede afirmarse que con esa aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. 2) Que dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la tesis de jurisprudencia P./J. 4/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente el tribunal pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "...aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que el tribunal pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. Lo anterior, aplicado al caso, conlleva a establecer que se actualiza la causal de inatacabilidad supraindicada, porque los actos reclamados no contraen una imposible reparación, ya que podrá combatirse en la vía directa como violación procesal (en el supuesto de obtener un fallo adverso) al combatirse la resolución que ponga fin al juicio natural, conforme a lo dispuesto en la fracción XI del artículo 172 de la Ley de Amparo. En efecto, la materia del acto reclamado se traduce en una violación procesal reclamable en amparo directo, en el supuesto que la ahora parte quejosa no obtenga una sentencia definitiva favorable, toda vez que la materia del acto reclamado versa en esencia, en la interlocutoria de diez de octubre de dos mil dieciocho, dictada en el expediente 2122/2017, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por Velma Lucila Mayen Torres, mediante el cual se dejó sin efecto el auto impugnado de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, debiendo continuar la práctica de la prueba pericial en trabajo social al actor. De ahí que es evidente que no existe irreparabilidad cuando el acto reclamado sólo produce efectos intraprocesales, sin causar perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos, como propiedades, posesiones o derechos, al no implicar por sí mismo la obtención de una resolución desfavorable en la contienda judicial. Por tanto, los actos que se reclaman en la demanda de amparo de cuenta no son de imposible reparación, al no atentar, por sí mismos, contra ningún derecho sustantivo constitucional o convencional, máxime si se toma en consideración que todas las violaciones que pudieran surgir en el procedimiento penal, son susceptibles de ser impugnadas en la vía de amparo directo, según el artículo 173, apartado B, de la Ley de Amparo. Luego, en virtud de que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es inconcuso que en el caso se actualiza la causal de improcedencia, contenida en el precepto 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, con relación al precepto 107, fracción V, de la ley de la materia, este último aplicado a contrario sensu. Por tanto, con sustento en los artículos 112, párrafo primero, y 113 de la Ley de Amparo, al existir causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo. Información pública Con fundamento en los artículos 1 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación; hágase del conocimiento de las partes que en todo tratamiento de datos personales en el presente asunto deberá de ponderar la existencia o no del consentimiento inequívoco de su titular para su publicación, otorgado por escrito, en forma libre, expresa e informada, con las excepciones previstas en los numerales en cita, en el entendido que de no hacerlo, se publicará la resolución que se dicte con la supresión de datos conforme a los lineamientos mencionados. Consulta del expediente vía Internet Se hace saber a las partes que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, para lo cual únicamente necesitan un nombre de usuario y contraseña o contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación. Para obtener el nombre de usuario, deben registrarse en el sitio de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/, conforme a los pasos que ahí se precisan. Consulta de medios electrónicos Se faculta a las partes emplear para la consulta del expediente los medios electrónicos a que alude la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Domicilio procesal y personas autorizadas Con apoyo en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa y, en relación a los autorizados, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, dígase que éste se avala en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga, de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones de autos. Notificaciones Sin que haya lugar a notificar personalmente a la parte quejosa el presente auto, en virtud de que es obligación del promovente de amparo cerciorarse del auto de admisión; aunado a ello, el numeral 26 de la Ley de Amparo no establece la obligación de notificar personalmente a la parte quejosa el acuerdo de admisión de su demanda, habida cuenta de que este tipo de notificación se hace en el emplazamiento del tercero interesado -siempre que exista- y de la primera notificación que deba hacerse a personas distintas de las partes en el juicio, no así al impetrante de amparo. En otro orden de ideas, se instruye al actuario judicial para que los subsecuentes que se lleguen a presentar, cuya trascendencia no amerite notificar personalmente, se practiquen a las partes por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado, incluidas las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en la fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el Juez está obligado a comunicar por esa vía las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, a manera enunciativa, los diferimientos de la audiencia constitucional no fueron precisados como un caso de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29, de la legislación federal en consulta, al actualizarse el supuesto previsto por el diverso numeral 26, fracción III. Además, a fin de evitar dilaciones innecesarias en la substanciación de este juicio, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 21 de la Ley de Amparo, así como 282 y 313 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se habilitan en todo momento días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones encomendadas y se autoriza a los actuarios adscritos para que, en caso de enterarse de un domicilio diverso en donde puedan realizarlas, se constituyan en éste y las lleven a cabo, sin necesidad de nueva determinación judicial que lo ordene, para lo cual deberán indagar con los vecinos del lugar y asentar pormenorizadamente la razón correspondiente. Jurisprudencia Conviene indicar que las tesis se invocan en términos del artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo vigente, porque no contravienen lo dispuesto en ella. Digitalización. Ahora bien, en términos de lo establecido por el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la firma electrónica para el seguimiento de expedientes (FESE) y en el Acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el seguimiento de expedientes (FESE), procédase en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 6,755 expedientes
- Jose Enrique Bedolla Martínez382/2018
- José Enrique Hérnandez Mendez166/2020
- José Enrique Pérez Delgado1531/2023
- José Enriquez Ortega186/2019
- José Esmin Gonzalez Contreras397/2022
- José Espinoza Alvarez768/2020
- José Feliciano Zamarripa Hernández733/2021
- José Fernando Calderon Avila298/2023
- José Fernando Calderon Avila1925/2022
- JOSÉ FERNANDO CALDERON AVILA y Otros.1004/2023
- José Fidel Ayala Fonseca1233/2019
- José Francisco Plaza Miguel763/2019