Jose Felipe de Jesus Pinzon Echeverria

Expediente 633/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
633/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
04/05/2022

Partes del expediente

  • Jose Felipe de Jesus Pinzon Echeverria

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, cuatro de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada el doce de abril del presente año, le transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada ley, en relación con el 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, previas las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, doce de abril de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan estos autos, se acuerda: toda vez que hasta la presente fecha las autoridades responsables foráneas: 1. Titular de la Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos. 2. Titular de la Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud. 3. Titular de la Dirección General de Epidemiologia de la Secretaría de Salud. 4. Presidente Consejero del Consejo de Salubridad General. 5. Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA). 6. Director General de Epidemiología (DGE) Francisco P. Miranda. 7. Director del Sistema de Vigilancia Epidemiológica. 8. Secretario de la Secretaria del Bienestar Federal. Residentes en la Ciudad de México. No han rendido su correspondiente informe justificado en este asunto, ni obra en autos la tarjeta de acuse de recibo correspondiente a los oficios por los que se les solicitó a las señaladas en con los números 4 y 8. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan las DIEZ HORAS CON SEIS MINUTOS DEL DIECISEIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. Lo anterior, con apoyo en el artículo 17 constitucional, tomando en consideración que los domicilios de dichas autoridades se ubican fuera de la residencia de este juzgado; y a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos de diferimiento innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, cuatro de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio el acuerdo de quince de marzo de dos mil veintidós, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que el referido proveído, en el cual se decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes En su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Sin que sea óbice para esta autoridad juzgadora decretar que ha causado ejecutoria la resolución señalada en líneas que anteceden, el hecho de que aún no obren en autos los acuses de recibo relativos a los oficios por medio de los cuales se notificó el acuerdo de que se trata a las autoridades responsables foráneas, ya que la misma sólo podría causar perjuicio a la parte quejosa, toda vez que fue ésta quien directamente promovió la demanda de amparo contra el acto que consideró violatorio de sus derechos fundamentales, y hasta el día de hoy no interpuso el recurso pertinente que la Ley de Amparo prevé para revocar o modificar los actos dictados por las autoridades responsables. Y en relación a dichas autoridades, debe decirse que el artículo 87 de la Ley de Amparo, contempla que las responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de cada una de ellas se haya reclamado, hipótesis que no se cumple en el presente asunto, toda vez que es un fallo en el que se sobreseyó en el presente juicio, y que por tanto, no afecta el interés que en un momento determinado pudieran tener las autoridades en que sus actos subsistan. Es aplicable al caso, la Tesis Aislada en Materia Común XI.3°.4 K, visible en la página 706, del Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito misma que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. Por lo que hace al incidente de suspensión que deriva de este juicio, dese vista en el mismo con lo acordado en el presente a fin de proveer lo que corresponda. Hágase del conocimiento de las partes lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad. Notifíquese.

  4. Principal

    QUEJOSA POR LISTA Mérida, Yucatán, siete de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado actual que guarda el presente asunto, se advierte que en proveído de veintidós de febrero del año en curso, se dio vista a la parte quejosa con lo informado por la autoridad responsable en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho auto, se le apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. La notificación del citado acuerdo se realizó a la parte quejosa por lista de estrados el veintiocho de febrero siguiente, -atendiendo a lo ordenado en el diverso proveído de veinticinco del referido mes y año- sin que a la presente fecha realizara manifestación alguna al respecto. En consecuencia, al haber transcurrido el plazo otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver de 1Artículo 25. Digitalización de expedientes generados con la FIREL. Los expedientes digitalizados o electrónicos de los juicios de amparo generados con la FIREL serán administrados por la Dirección General de Archivo y Documentación a través del SISE, una vez que hayan sido transferidos y destruidos los expedientes físicos en términos de lo dispuesto en este Acuerdo. Previo a la transferencia de su documentación, con independencia de la materia del expediente, el órgano jurisdiccional dará fe de que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa. oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por las autoridades responsables, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Mediante sentencia de once de enero de dos mil veintidós, este Juzgado Federal concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa ROMINA MONSERRAT GONZÁLEZ MENDOZA, para el efecto de que el Secretario de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta capital, realizara lo siguiente: ". en un término no mayor a tres días, emita por escrito la contestación correspondiente a la petición que recibió el veintisiete de julio de dos mil veintiuno, y lo haga del conocimiento de la parte quejosa. En la inteligencia de que el amparo aquí concedido no la obliga a acordar de conformidad con lo solicitado, pues el derecho de petición consagrado en el artículo 8° constitucional, no implica que las autoridades emitan su resolución precisamente en el sentido expresado por los interesados, sino sólo las obliga a contestar oportunamente, en breve término, y por escrito, las promociones que se presenten". Luego, en auto de veintiocho de enero de dos mil veintidós, causó ejecutoria la referida sentencia protectora de derechos y se requirió su cumplimiento a las responsables. En acatamiento a la ejecutoria de amparo, el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, mediante oficio SSP/DJ/6501/2022, de dieciocho de febrero del año en curso, (promoción 3455), remitió copia certificada de la constancia con la que acredita que el nueve de febrero de dos mil veintidós, emitió por escrito la contestación correspondiente a la petición realizada por la aquí quejosa, lo que se hizo de su conocimiento el dieciséis siguiente. Asimismo, remitió copia certificada de la diligencia de la citada fecha, esto es, dieciséis de febrero del presente año, de la que se desprende que le fue devuelto el vehículo ahí señalado, objeto de la solicitud realizada. Jennifer Perez Gonzalez 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.32.13 01/10/23 18:36:19 3 Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo en términos del artículo 77, fracción I de la Ley de la materia, se advierte que la autoridad responsable se ajustó a los lineamientos fijados en la ejecutoria pronunciada, pues así se desprende de las constancias que remitió, ya que atendió cabalmente los puntos relativos a los efectos amparadores que le fueron señalados como directrices bajo las que debía ceñir su actuación, lo cual, se reitera, atendió en forma correcta. En ese sentido, se declara que LA SENTENCIA PROTECTORA HA QUEDADO CUMPLIDA. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, debiendo remitir por separado al archivo los cuadernos del incidente de suspensión derivados del presente juicio, agregando a los mismos copia autorizada del presente proveído. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el numeral 15 de citado Acuerdo General. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, es susceptible de destrucción, pues se negó la suspensión definitiva solicitada, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso c, del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del citado acuerdo, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del Jennifer Perez Gonzalez 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.32.13 01/10/23 18:36:19 cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Debiéndose hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Igualmente, en acatamiento al acuerdo general en cita y de conformidad con el numeral 352, se hace la indicación de que este expediente físico impreso coincide en su totalidad con el electrónico generado con la FIREL. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente y cúmplase. Así lo

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