Jose Federico Lujan Arjona

Expediente 56/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
56/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
24/03/2021

Partes del expediente

  • Jose Federico Lujan Arjona

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, debiendo remitir por separado al archivo los cuadernos del incidente de suspensión, agregando a los mismos copia autorizada del presente proveído. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó la suspensión definitiva solicitada, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso c, del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del citado acuerdo, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Debiéndose hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    ANTECEDENTES PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el trece de enero de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad y turnado el quince de enero siguiente, a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció JOSÉ FEDERICO LUJÁN ARJONA, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que reclama de los Jueces Primero, Segundo, Tercero y Cuarto de lo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en su carácter de ordenadoras; y como ejecutoras, de los actuarios de su adscripción, y Secretario de Seguridad Pública del Estado, todos residentes en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de dieciocho de enero de dos mil veintiuno, se registró la demanda de que se trata con el número 56/2021-VI-A, y se admitió a trámite la misma; se solicitó su respectivo informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, finalmente, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERACIONES PRIMERA. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDA. Fijación de la litis constitucional. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, procede precisar los actos reclamados que constituyen la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento, además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda, se desprende que la parte quejosa hace consistir los actos reclamados en: La orden de desalojo que se hubiese dictado respecto el predio ubicado en el Lote Tres, Manzana Cinco, del ex plantel conocido como El Tamarindo, del Ejido de Chuburná, de esta ciudad, del que aduce ser posesionario, y su correspondiente ejecución. TERCERA. Certeza del acto reclamado. No son ciertos los actos reclamados a los Jueces Primero, Segundo y Cuarto de lo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, y actuarios de su adscripción, así como al Secretario de Seguridad Pública del Estado, todos residentes en esta ciudad, toda vez que así lo manifestaron al rendir sus correspondientes informes justificados, sin que la parte quejosa aportara prueba alguna para desvirtuar dicha negativa. Sin que obste a lo anterior que la Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, hubiere señalado en su respectivo informe justificado la existencia de dos procedimientos existentes en el índice del Juzgado a su cargo, pues del informe en cita se advierte, en primer término, que versan sobre predios diversos al señalado por el aquí quejoso, así como que no se ha dictado orden de desalojo alguna en los juicios a los que hizo referencia. De igual forma, se niega la existencia de los actos reclamados a la Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, y actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, toda vez que aunque los admitieron al rendir sus respectivos informes justificados, de las constancias que adjuntó la primera de las citadas autoridades al mismo, se desprende lo contrario; es decir, se desvirtúa tal aseveración respecto de la certeza de dichos actos, como se expondrá seguidamente. Apoya lo anterior la tesis siguiente: "SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE AUN CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ADMITA LA VERACIDAD DEL MISMO AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La circunstancia de que la autoridad responsable, al rendir su informe con justificación, manifieste que es cierto el acto que se reclama, no impide decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, si de las constancias procesales se desprende lo contrario, es decir, que se desvirtúa la aseveración de la autoridad designada como responsable, respecto de la certeza del acto que se le atribuye. En consecuencia, de acuerdo con la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio en tal hipótesis." (Época: Novena Época, Registro: 198320, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Julio de 1997, Materia(s): Común, Tesis: VII.1o.C.4 K, Página: 433) En efecto, si bien es cierto que la citada Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, refirió que en el índice del órgano jurisdiccional a su cargo existe el juicio ordinario civil de prescripción positiva número 191/2019 promovido por Tomasa Raz Santos, en contra del aquí impetrante del amparo. También lo es, que señaló que el predio motivo del controvertido en cita, lo es el marcado con el número doscientos cinco (205), de la calle Veintisiete (27), del fraccionamiento Limones, de esta ciudad de Mérida, Yucatán, es decir, se trata de un predio distinto al que por esta vía defiende el quejoso. Similar pronunciamiento cabe hacer en cuanto a los actos de ejecución que se le atribuyen al actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, pues no obstante que aceptó la existencia de los mismos, específicamente manifestó: ".en lo que a mí respecta, como actuario adscrito al Juzgado Tercero Civil, sí es cierto el acto reclamado.". En ese sentido, atendiendo a los argumentos vertidos respecto a la citada Juez Tercero responsable en párrafos precedentes, en el sentido de que no es cierto el acto que se le reclama, debe negarse también la existencia del acto de ejecución reclamado al actuario de su adscripción. En consecuencia, lo que procede es sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y la tesis jurisprudencial número 284, visible en la página 236, del Tomo VI, referente a la Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, visible con el número de registro 917818, mismo Apéndice, bajo el rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES." CUARTA. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establece el artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con los artículos 18 de la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. QUINTA. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis", captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SEXTA. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 73 al 77, 124 y 217 de Ley de Amparo; se: RESUELVE PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por JOSÉ FEDERICO LUJÁN ARJONA, contra los actos de los Jueces Primero, Segundo, Tercero y Cuarto de lo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en su carácter de ordenadoras; y como ejecutoras, actuarios de su adscripción, y Secretario de Seguridad Pública del Estado, todos residentes en esta ciudad, por los motivos expuestos en la tercera de las consideraciones de la misma. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la cuarta de las consideraciones de esta resolución, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración quinta de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en la última consideración, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y cúmplase.

  3. Incidental

    VISTO para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 56/2021-VI-A, promovido por JOSÉ FEDERICO LUJÁN ARJONA, contra los actos que reclama del Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, y otras; y, ANTECEDENTES PRIMERO. En la correspondiente demanda de amparo, JOSÉ FEDERICO LUJÁN ARJONA, solicitó la suspensión definitiva contra los actos que reclama de los Jueces Primero, Segundo, Tercero y Cuarto de lo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en su carácter de ordenadoras; y como ejecutoras, de los actuarios de su adscripción, y Secretario de Seguridad Pública del Estado, todos residentes en esta ciudad. SEGUNDO. Por acuerdo dictado el dieciocho de enero de dos mil veintiuno, emitido en el juicio principal, se admitió la demanda de amparo, se ordenó tramitar por separado y duplicado el incidente de suspensión, en cumplimiento a ello, se abrieron los presentes autos, se solicitó a las autoridades responsables sus correspondientes informes previos, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual, se llevó a cabo conforme al acta que antecede. CONSIDERACIONES PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 146 de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa el acto reclamado por la parte quejosa, el cual hizo consistir en: La orden de desalojo que se hubiese dictado respecto el predio ubicado en el Lote Tres, Manzana Cinco, del ex plantel conocido como El Tamarindo, del Ejido de Chuburná, de esta ciudad, del que aduce ser posesionario, y su correspondiente ejecución. SEGUNDA. No son ciertos los actos reclamados a los Jueces Primero, Segundo y Cuarto de lo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, y actuarios de su adscripción, así como al Secretario de Seguridad Pública del Estado, todos residentes en esta ciudad, toda vez que así lo manifestaron al rendir sus correspondientes informes previos, sin que la parte quejosa aportara prueba alguna para desvirtuar dicha negativa. Sin que obste a lo anterior que la Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, hubiere señalado en su respectivo informe previo la existencia de dos procedimientos existentes en el índice del Juzgado a su cargo, pues del informe en cita se advierte, en primer término, que versan sobre predios diversos al señalado por el aquí quejoso, así como que no se ha dictado orden de desalojo alguna en los juicios a los que hizo referencia. De igual forma, se niega la existencia de los actos reclamados a la Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, a pesar de que, al rendir su informe previo, lo admitió. Ello, pues si bien es cierto que refirió que en el índice del órgano jurisdiccional a su cargo existe el juicio ordinario civil de prescripción positiva número 191/2019 promovido por Tomasa Raz Santos, en contra del aquí impetrante del amparo; también lo es, que señaló que el predio motivo del controvertido en cita, lo es el marcado con el número doscientos cinco (205), de la calle Veintisiete (27), del fraccionamiento Limones, de esta ciudad de Mérida, Yucatán, es decir, se trata de un predio distinto al que por esta vía defiende el quejoso. En esas condiciones, procede NEGAR LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA de tales actos, por falta de materia sobre la cual pueda decretarse dicha medida suspensional. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado en la tesis jurisprudencial número 286, publicada en la página 237 del tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con número de registro 917,820 en Ius Intranet, que dice: "INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." Similar pronunciamiento cabe hacer en cuanto a los actos de ejecución que se le atribuyen al actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, pues no obstante que aceptó la existencia de los mismos, específicamente manifestó: ".en lo que a mí respecta, como actuario adscrito al Juzgado Tercero Civil, sí es cierto el acto reclamado."; en ese sentido, atendiendo a los argumentos vertidos respecto a la citada Juez Tercero responsable en párrafos precedentes, en el sentido de que no es cierto el acto que se le reclama, debe negarse también la suspensión definitiva respecto al actuario de su adscripción. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 138 y 217 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: ÚNICO. Se NIEGA al quejoso JOSÉ FEDERICO LUJÁN ARJONA, la suspensión definitiva contra los actos que reclama de los Jueces Primero, Segundo, Tercero y Cuarto de lo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en su carácter de ordenadoras; y como ejecutoras, actuarios de su adscripción, y Secretario de Seguridad Pública del Estado, todos residentes en esta ciudad, por los motivos expuestos en la consideración segunda de esta interlocutoria. Notifíquese y regístrese.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiséis de enero de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, agréguense a estos autos para los efectos legales correspondientes, los informes justificados rendidos las Jueces Segundo y Tercero Civil; actuarios adscritos a los Juzgados Primero, Segundo y Cuarto de lo Civil; y, actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares, todos del Primer Departamento Judicial del Estado, residentes en esta ciudad. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónense en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.

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