Jose Eustaquio Felipe Ortiz Hernandez
Expediente 2179/2013 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 20 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 2179/2013
- Año
- 2013
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 11/01/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Jose Eustaquio Felipe Ortiz Hernandez
- FRANCISCA SILVIA AVILA RIVERO y Otros.
- CRISTOBAL HUMBERTO LICONA PAREDES y Otros.
- Alfonso Muro Hernandez
- Francisca Silvia Avila Rivero
- JOSE EUSTAQUIO FELIPE ORTIZ HERNANDEZ y Otros.
- Juan Fulgencio Aburto
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, once de enero de dos mil dieciséis. Vista la certificación secretarial con la que se da cuenta, de la que se advierte que el término de quince días a que alude el artículo 202, de la Ley de Amparo, ha transcurrido sin que la parte interesada hubiese manifestado inconformidad con la resolución que declaró cumplida la ejecución de la sentencia de amparo y solicitara la remisión de los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atento a lo dispuesto en el Acuerdo General 5/2013, del trece de mayo del año dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo del mismo año, para que la Superioridad se aboque al conocimiento del incumplimiento de la ejecutoria de amparo; en esas condiciones se declara firme el auto de catorce de diciembre de dos mil quince, que declaró cumplida la sentencia de amparo. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de garantías y la sentencia definitiva dictada en los presentes autos. Por otra parte, tomando en consideración que la Junta Especial número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, remitió copia certificada de los autos del expediente laboral 163/05 (dos anexos); en consecuencia, por así permitirlo el estado procesal que guardan los autos remítase la citada copia certificada a la autoridad responsable de referencia. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma el Licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, catorce de diciembre de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo de los que se advierte que por auto de tres de diciembre del año en curso (foja 871), se dio vista a las partes, con el oficio signado por el Presidente la Junta Especial número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera, en relación al cumplimiento del fallo protector y debidamente notificados, la parte quejosa desahogó la vista ordenada en autos. En consecuencia se procede a resolver si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla: Por sentencia de veinte de junio de dos mil catorce (fojas 198 a 216), dictada por el Juzgado Segundo de distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, determinó en el único punto resolutivo conceder el amparo y protección a José Eustaquio Felipe Ortiz Hernández, Cristóbal Humberto Licona Paredes, Francisca Silvia Ávila Rivero, Juan Fulgencio Aburto y Alfonso Muro Hernández, contra un acto de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, consistente en la interlocutoria de siete de noviembre de dos mil trece, que resuelve el incidente de liquidación de laudo, en el juicio laboral 163/2005. Inconforme con tal resolución, la parte quejosa por escrito recibido el dieciocho de julio de dos mil catorce (fojas 239 a 249), hizo valer el recurso de revisión, el cual, quedó radicado en el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, con el número de toca 278/2014 (foja 350). El tres de diciembre del dos mil catorce, se recibió el oficio 1443 signado por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, por el cual remitió los autos originales del juicio de amparo 2179/2013-II, así como del testimonio de ejecutoria emitida el doce de noviembre de dos mil catorce, en el amparo en revisión 278/2014 (fojas 354 a 369), a través de la cual, el Tribunal de Alzada resolvió en los siguientes términos: "PRIMERO. Se MODIFICA la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la unión AMPARA Y PROTEGE a, JOSÉ EUSTAQUIO FELIPE ORTIZ HERNÁNDEZ, CRISTÓBAL HUMBERTO LICONA PAREDES, FRANCISCA SILVIA ÁVILA RIVERO, JUAN FULGENCIO ABURTO y ALFONSO MURO HERNÁNDEZ, contra la resolución interlocutoria de siete de noviembre de dos mil trece, pronunciada por la Junta especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos en el expediente relativo al juicio 163/2005." El Tribunal de alzada, precisó los efectos siguientes: "No obstante los razonamientos vertidos, este tribunal estima prudente establecer ciertos lineamientos que la autoridad responsable debe seguir al ejercer su facultad decisoria, esto es, al emitir la resolución interlocutoria de que se trata. Al ponderar la eficacia de los dictámenes allegados con la finalidad de cuantificar el monto de la condena decretada en el laudo debe tomar en cuenta lo siguiente: a) Las asignaciones familiares y ayudas asistenciales, aun cuando no fueron materia de condena de manera expresa en el laudo, son susceptibles de tomarse en cuenta en la cuantificación de la pensión, con base en las consideraciones vertidas en esta ejecutoria. b) Los inconformes manifestaron acogerse a lo establecido la legislación en materia de seguridad social abrogada, conforme a lo dispuesto en el artículo tercero transitorio de la legislación de seguridad social vigente que es del tenor literal siguiente: TERCERO. Los asegurados inscritos con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de esta Ley, así como sus beneficiarios, al momento de cumplirse, en términos de la Ley que se deroga, los supuestos legales o el siniestro respectivo para el disfrute de cualquiera de las pensiones, podrán optar por acogerse al beneficio de dicha Ley o al esquema de pensiones establecido en el presente ordenamiento. De manera que, para efecto de los aspectos relacionados con dicho beneficio social, deberá ponderar ese aspecto, es decir, la manifestación de la voluntad de los promoventes en cuanto a elegir el esquema de pensiones regulado por la legislación abrogada. c) A efecto de determinar el monto promedio de cotización que servirá de base para el cálculo de las pensiones deberá tomar en cuenta que en el laudo de diecisiete de octubre de dos mil once se condenó al instituto de seguridad social demandado a efectuar el cobro de las cuotas obrero patronales en términos de los contratos de trabajo allegados a juicio, esto es, debe atender al monto de los salarios percibidos como trabajadores al servicio de las empresas codemandadas para determinar, en su caso, el promedio de las ultimas cincuenta y dos semanas de cotización en el supuesto de la incapacidad permanente parcial y las ultimas doscientas cincuenta semanas de cotización para efectos de la invalidez. d) Asimismo, deberá atender a los aspectos a que se hizo referencia en el inciso anterior para calcular, en caso de ser procedentes, los incrementos anuales a la pensión de invalidez. e) Finalmente tendrá que expresar de manera fundada y motivada las razones que la conduzcan a establecer el monto de la condena, así como las operaciones aritméticas efectuadas para tal cometido.." Por auto de cuatro de diciembre de dos mil catorce, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento del fallo protector (foja 370 y 371). En acatamiento a lo anterior, el Presidente de la Junta Especial número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante oficio recibido veintinueve de enero del año en curso, remitió copia certificada de la resolución del incidente de liquidación del dieciséis de diciembre de dos mil catorce, dictada en el expediente laboral 163/05 (fojas 384 a 400). Por auto de veintitrés de febrero de dos mil quince, se realizó el análisis de la resolución de dieciséis de diciembre de dos mil catorce, dictada en el expediente laboral163/05, de la que se advirtió que la junta responsable, había incurrido en defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, toda vez que no acataba los lineamientos de la ejecutoria de amparo por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, por lo que se requirió de nueva cuenta para que la Junta informara el cabal cumplimiento (fojas 419 a 423). El Presidente de la Junta Especial número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante oficio recibido el veintisiete de abril del año en curso, remitió copia certificada de la resolución del incidente de liquidación del veinticuatro de marzo de dos mil quince, dictada en el expediente laboral 163/05, así como las notificaciones realizadas a las partes contendientes del juicio laboral de origen (fojas 469 a 485). Por auto de trece de mayo de dos mil quince, se realizó el análisis de la resolución de veinticuatro de marzo de dos mil quince (fojas 491 a la 498), dictada en el expediente laboral 163/05, declarándose cumplida la ejecutoria de amparo toda vez que la Junta responsable acataba los lineamientos de la ejecutoria de amparo por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito. Inconforme con dicha resolución la parte quejosa por conducto del autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, interpuso recurso de inconformidad mediante escrito recibido el cuatro de junio de dos mil quince (fojas 505 a 524). Por oficio recibido dieciséis de junio del dos mil quince, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, admitió el recurso de inconformidad ordenando registrar con el número 18/2015. El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, por oficio recibido el nueve de octubre del año en curso, devolvió los autos relativos al juicio de amparo 2179/2013-II, promovido por JOSÉ EUSTAQUIO FELIPE ORTIZ HERNÁNDEZ y otros, dos anexos y testimonio de la ejecutoria emitida el uno de octubre del año en curso, en los autos de la inconformidad 18/2015 (fojas 817 a 828), a través de la cual, el Tribunal de Alzada resolvió en los siguientes términos: "ÚNICO. Se declara FUNDADO el recurso de inconformidad interpuesto por JOSÉ EUSTAQUIO FELIPE ORTIZ HERNÁNDEZ, CRISTÓBAL HUMBERTO LICONA PAREDES, FRANCISCA SILVIA ÁVILA RIVERO, JUAN FULGENCIO ABURTO y ALFONSO MURO HERNÁNDEZ". El Tribunal de alzada, precisó lo siguiente: ".Acorde con el fallo protector, la autoridad sólo quedó vinculada a tomar en cuenta las asignaciones familiares y ayudas asistenciales; lo que de suyo implica, al no haber sido materia de condena de manera expresa en el laudo, que tenía que verificar si se colman los requisitos legales para su reconocimiento y eventual cuantificación. Por lo demás, la responsable quedó sujeta a determinar el monto promedio de cotización para el cálculo de las pensiones, atendiendo al monto de los salarios percibidos como trabajadores al servicio de las empresas codemandadas para determinar, en su caso, el promedio de las últimas cincuenta y dos semanas de cotización en el supuesto de la incapacidad permanente parcial y las últimas doscientas cincuenta semanas de cotización para efectos de la invalidez. Y atender a los mismos aspectos para calcular, en caso de ser procedentes, los incrementos anuales a la pensión de invalidez. Así mismo, a expresar de manera fundada y motivada las razones que la conduzcan a establecer el monto de la condena, así como las operaciones aritméticas efectuadas para ello. De manera que con las consideraciones, determinaciones y operaciones que se sintetizaron en el apartado precedente, resulta evidente que la Junta observó los lineamientos y deberes a que se ha hecho referencia; sin que pueda estimarse que al concretar su realización cometió algún defecto, en tanto que las decisiones que emitió fueron en ejercicio de su jurisdicción propia. En cambio, hay defecto en la actuación de la autoridad, porque siendo la premisa básica que orientó la concesión del amparo a los quejosos por parte de este Tribunal, al resolver el recurso de revisión 278/2014, la exigencia de ponderación o examen de la eficacia de los dictámenes allegados con la finalidad de cuantificar el monto de la condena decretada en el laudo, de la interlocutoria de liquidación se desprende que dicha ponderación recayó sobre los dictámenes periciales rendidos por la perito de los actores y el perito del Instituto Mexicano del Seguro Social, a los cuales negó valor por las razones que ahí explicó; pero omitió llevar a cabo su apreciación en torno al dictamen elaborado por la perito designada como tercero en discordia, no obstante que en la ejecutoria de amparo este Tribunal resaltó la importancia de que "en la resolución se expresen los motivos y fundamentos que llevaron a otorgarles valor probatorio a un determinado dictamen pericial y a desestimar los restantes".(Lo subrayado es propio de este Juzgado Federal) SEXTO. Decisión. En consecuencia, el recurso de inconformidad es fundado al haber quedado demostrado que la autoridad responsable no acata en forma completa la sentencia que concedió amparo a los quejosos. En tal virtud, es procedente devolver los autos al Juez de Distrito para que requiera a la responsable el cumplimiento del fallo protector, a efecto de que realice la ponderación o examen de los dictámenes periciales." (Lo subrayado es propio de este Juzgador) En cumplimiento a lo anterior, por auto de trece de octubre de dos mil quince (foja 830 a 831), se dejó sin efectos el auto de trece de mayo de dos mil quince, y se requirió de nueva cuenta a la autoridad responsable el cumplimiento de la sentencia de amparo acatando los lineamientos establecidos en la ejecutoria dictada en la inconformidad 18/2015. En acatamiento a lo anterior, el Presidente de la Junta Especial número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, por oficio recibido el dos de noviembre del año en curso (fojas 853 a 870), informó el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitiendo copia certificada de la resolución interlocutoria relativa al incidente de liquidación de laudo de treinta de octubre del año en curso, dentro del expediente laboral 163/2015. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2º. Ahora bien, del análisis de las citadas documentales, se advierte que el fallo protector se encuentra cumplido, por las siguientes razones jurídicas: La Junta responsable dictó resolución el treinta de octubre de dos mil quince, en el expediente laboral 163/05, dejando insubsistente el incidente de liquidación de veinticuatro de marzo de dos mil quince y en su lugar procedió resolver siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, en la inconformidad 18/2015. Precisando que la litis consiste en determinar si la parte actora tiene derecho al pago de las cantidades descritas en su planilla de liquidación; o bien, si como lo afirma el demandado, la cuantificación de la condena deberá efectuarse con base en su planilla. La junta admitió como pruebas a cargo de la parte actora: la pericial contable a cargo de la contadora publica Juana Jaimes Bringas, quien emitió su dictamen, probanza que le negó valor probatorio toda vez que describió con precisión cuál es el salario promedio que sirvió de base para realizar la cuantificación de las pensiones; incluye en forma automática, el concepto de "carga familiar" en el caso de ALFONSO MURO HERNÁNDEZ y FRANCISCA ÁVILA RIVERA, cuando en autos no acreditaron la existencia o inexistencia de esposa o concubina, hijos o ascendientes, y consideró porcentajes de incremento al salario mínimo, superiores a los reales, como por ejemplo, el 6.5% en el año dos mil seis, cuando, el porcentaje real se incrementó un 4%; asimismo, admitió las actas de matrimonio de José Eustaquio, Juan Fulgencio y Cristóbal Humberto, actas certificadas de DIANA LICONA PÉREZ, presuncional legal y humana, instrumental de actuaciones y copias de los diversos contratos temporales del actor. Asimismo, el Instituto Mexicano del Seguro Social ofreció la presuncional legal y humana e instrumental pública de actuaciones, así como la pericial contable a cargo de José Luis Vilchis Bustos, quien rindió su dictamen, probanza a la cual negó valor probatorio, toda vez que aplicó los incrementos de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor, cuando en términos de la Ley de 1973 (mil novecientos setenta y tres), los incrementos se cuantificaban conforme al salario mínimo para el Distrito Federal; asimismo, cuantificó las pensiones sobre la base de un salario promedio distinto al que evidencian los contratos, y ponderó un número de semanas diferentes a las reconocidas en el laudo. En cumplimiento a la inconformidad 18/2015, llevó a cabo la apreciación en torno al dictamen elaborado por la perito designada como tercero en discordia, señaló que la estimación en torno al salario promedio de los actores para realizar el cálculo de las pensiones es desacertada por las siguientes razones: Para cuantificar la pensión de incapacidad permanente parcial de Fulgencio Aburto Juan, la perito consideró un salario promedio de $176.20 (ciento setenta y seis pesos 20/10 moneda nacional), como resultando de las cincuenta y dos semanas de cotización; sin embargo, esa cuantificación no es acorde a los salarios descritos en los contratos que exhibió la parte actora, toda vez que para obtener el salario promedio de las cincuenta y dos semanas sumó los seis salarios plasmados en los diversos contratos $138.50 + $158.70 + $110.00 + $195.70 + $215.35 + $215.35 que equivalen a las últimas cincuenta y dos semanas y al dividirlos, arrojó un salario promedio que asciende a la cantidad de $172.26 (ciento setenta y dos pesos 26/100 moneda nacional), por lo tanto, se advierte que no corresponde al que obtuvo la perito tercero en discordia. Lo mismo aconteció con el actor Alfonso Muro Hernández a quien la perito consideró un salario promedio de $218.76 (doscientos dieciocho pesos 76/100 moneda nacional) como resultado de las últimas cincuenta y dos semanas de cotización; sin embargo, esa cuantificación no es acorde a los salarios descritos en los contratos que exhibió la parte actora, toda vez que para obtener el salario promedio de las cincuenta y dos semanas sumó los seis salarios plasmados en los seis diversos contratos $110.00 + $192.55 + $238.60 + $238.60 + $256.70 + $256.70 y al dividirlos entre seis, arrojó un salario promedio que asciende a la cantidad de $215.52 (doscientos quince pesos 52/100 moneda nacional), por lo tanto, se advierte que no corresponde al que obtuvo la perito tercero en discordia. Con relación al actor José Eustaquio Ortiz Hernández a quien la perito consideró un salario promedio de $220.33 (doscientos veinte pesos 33/100 moneda nacional); sin embargo, esa cuantificación no es acorde a los salarios descritos en los contratos que exhibió la parte actora, toda vez que para obtener el salario promedio de las cincuenta y dos semanas sumó los seis salarios plasmados en los últimos seis contratos y al dividirlos, arrojó un salario promedio que asciende a la cantidad de $213.99 (doscientos trece pesos 99/100 moneda nacional), por lo tanto, se advierte que no corresponde al que obtuvo la perito tercero en discordia. De la actora Francisca Silvia Ávila Rivera a quien la perito consideró un salario promedio de $140.65 (ciento cuarenta pesos 65/100 moneda nacional); sin embargo, esa cuantificación no es acorde a los salarios descritos en los contratos que exhibió la parte actora, toda vez que para obtener el salario promedio de las cincuenta y dos semanas sumó los cinco salarios plasmados en los últimos cinco contratos y al dividirlos entre cinco, arrojó un salario promedio que asciende a la cantidad de $151.52 (ciento cincuenta y un pesos 52/100 moneda nacional), por lo tanto, se advierte que no corresponde al que obtuvo la perito tercero en discordia. Precisó que otro factor que oriento a desestimar el valor del peritaje tercero en discordia, es el cálculo del salario promedio para cuantificar las PENSIONES DE INVALIDEZ, cuyos montos no son acordes a los salarios asentados en los diversos contratos que exhibió la parte actora, por lo siguiente: FULGENCIO ABURTO JUAN, la perito estimó un salario promedio (250 semanas) de $78.24 (setenta y ocho pesos 24/100 moneda nacional), cuando lo acreditado en autos es de $75.18 (setenta y cinco pesos 18/100 moneda nacional) de acuerdo a los contratos por tiempo determinado y al que tenía registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. ALFONSO MURO HERNÁNDEZ, la perito estimó un salario promedio (250 semanas) de $95.52 (noventa y cinco pesos 52/100 moneda nacional), cuando lo acreditado en autos es de $81.09 (ochenta y un pesos 09/100 moneda nacional) de acuerdo a los contratos por tiempo determinado y al que tenía registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. CRISTÓBAL HUMBERTO LICONA PAREDES, la perito estimó un salario promedio (250 semanas) de $139.55 (ciento treinta y nueve pesos 55/100 moneda nacional), cuando lo acreditado en autos es de $76.29 (setenta y seis pesos 29/100 moneda nacional) de acuerdo a los contratos por tiempo determinado y al que tenía registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. JOSÉ EUSTAQUIO ORTIZ HERNÁNDEZ, la perito estimó un salario promedio (250 semanas) de $211.57 (doscientos once pesos 57/100 moneda nacional), cuando lo acreditado en autos es de $117.62 (ciento diecisiete pesos 62/100 moneda nacional) de acuerdo a los contratos por tiempo determinado y al que tenía registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. FRANCISCA SILVIA ÁVILA RIVERA, la perito estimó un salario promedio (250 semanas) de $74.88 (setenta y cuatro pesos 88/100 moneda nacional), cuando lo acreditado en autos es de $76.33 (setenta y seis pesos 33/100 moneda nacional) de acuerdo a los contratos por tiempo determinado y al que tenía registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Precisando que al advertir que las bases salariales que empleó la perito para realizar el cálculo de las pensiones de incapacidad permanente parcial y de invalides, son distintas a las evidencias que obran en los autos del expediente laboral, por lo tanto, el resultado de las pensiones, se encuentra alterado; así, la estimación desacertada que se plasmó en el dictamen pericial tercero en discordia, contraviene lo dispuesto en el artículo 65, fracción II de la Ley de Seguro Social derogada, el cual establece que, en el caso de enfermedades de trabajo, se tomará el promedio de las cincuenta y dos semanas de cotización; así como el artículo 167 de la Ley citada, el cual alude a que para los efectos de determinar la cuantía básica anual de la pensión, se considera como salario diario el promedio correspondiente a las últimas doscientas cincuenta semanas de cotización, por lo anterior, determinó no conferirle valor a la prueba pericial tercera en discordia. En atención a lo anterior, las pruebas aportadas, los puntos resolutivos del laudo de diecisiete de octubre de dos mil once, y su aclaración, procedió a dar cumplimiento a cada uno de los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo emitida el doce de noviembre de dos mil catorce, por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, en el toca 278/2014. Finalmente, determinó condenar al Instituto Mexicano del Seguro Social a pagar a los actores las cantidades siguientes: Consecuentemente, resulta valido afirmar que la sentencia de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. Hágase del conocimiento de la parte quejosa este proveído, para los efectos precisados en el tercer párrafo del artículo 201 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma el Licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, tres de diciembre de dos mil quince. Se tiene por recibido el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual, en atención al requerimiento de veintisiete de noviembre del año en curso, informa el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitiendo copia certificada de la resolución interlocutoria relativa al incidente de liquidación de laudo de treinta de octubre del año en curso, en el expediente laboral 163/05; en consecuencia, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Ahora bien, con el contenido del oficio de referencia, dése vista a las partes para los efectos precisados en el artículo 196 de la Ley de Amparo, por el término de tres días, que les serán contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que realicen las manifestaciones que estimen oportunas. Apercíbase a la parte quejosa en el sentido de que de no desahogar la vista aquí ordenada, este juzgador dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma el Licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintisiete de noviembre de dos mil quince. Se tiene por recibido el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, en atención al requerimiento de diecisiete de noviembre de dos mil quince, remite copia certificada de las constancias de notificación realizadas a las partes relativas del incidente de liquidación dentro del expediente laboral 163/05; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Ahora bien, toda vez que la Junta responsable a la fecha no ha remitido la resolución relativa al incidente de liquidación, en esas condiciones, es procedente requerir a la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, para que dentro del término de tres días contados a partir de la notificación del presente acuerdo, remita copia certificada de la resolución del incidente de liquidación de laudo que haya emitido en el expediente laboral 163/05. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, en términos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma el licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.
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