José Eustaquio Felipe Ortiz Hernández
Expediente 2309/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 17 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 2309/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 26/07/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- JOSÉ EUSTAQUIO FELIPE ORTIZ HERNÁNDEZ y Otros.
- Juan Fulgencio Aburto
- José Eustaquio Felipe Ortiz Hernández
- Alfonso Muro Hernández
- JUAN FULGENCIO ABURTO y Otros.
- Francisca Silvia Ávila Rivero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiséis de julio de dos mil dieciséis. Vista la certificación secretarial con la que se da cuenta, de la que se advierte que el término de quince días a que alude el artículo 202, de la Ley de Amparo, ha transcurrido sin que la parte interesada hubiese manifestado inconformidad con la resolución que declaró cumplida la ejecución de la sentencia de amparo y solicitara la remisión de los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atento a lo dispuesto en el Acuerdo General 5/2013, del trece de mayo del año dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo del mismo año, para que la Superioridad se aboque al conocimiento del incumplimiento de la ejecutoria de amparo; en esas condiciones se declara firme el auto de veintisiete de junio de dos mil dieciséis, mediante el cual se declaró cumplida la sentencia de amparo. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de garantías y la sentencia definitiva dictada en los presentes autos. Por otra parte, toda vez que la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, remitió diversas constancias debiendo formarse el anexo I; en esas condiciones, remítase a la autoridad responsable el anexos de referencia, para los efectos legales a que haya lugar, solicitando de la manera más atenta se sirva acusar de recibo correspondiente Finalmente, se instruye al fedatario de la adscripción para que en caso de que la autoridad a la que se libre oficio en vía de notificación se encuentren gozando de su periodo vacacional, una vez que ésta reanude labores, proceda a notificar el oficio correspondiente, así como las demás notificaciones que se ordenen durante su periodo vacacional. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el licenciado Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte quejosa, el auto de veintisiete de junio del dos mil dieciséis, que en lo conducente establece: ...Cuernavaca, Morelos, veintisiete de junio de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo de los que se advierte que por auto de trece de junio del año en curso, se dio vista a las partes, con el oficio signado por el Presidente la Junta Especial número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera, en relación al cumplimiento del fallo protector y debidamente notificados, la parte quejosa desahogó la vista ordenada en autos. En consecuencia se procede a resolver si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla: Por sentencia de veinticinco de abril del dos mil dieciséis, dictada por el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, determinó conceder el amparo y protección a José Eustaquio Felipe Ortiz Hernández, Cristóbal Humberto Licona Paredes, Francisca Silvia Ávila Rivero, Juan Fulgencio Aburto y Alfonso Muro Hernández, contra actos de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, precisando los efectos siguientes: "..En las anotadas condiciones de las que se pone de manifestó lo parcialmente fundado de los conceptos de violación vertidos por los quejosos, se impone conceder la protección de la Justicia Federal solicitada, para los efectos siguientes: Que la Junta responsable deje insubsistente la resolución reclamada del treinta de octubre de dos mil quince, dictada en el expediente laboral 163/2005; En su lugar, emita otra en la que, por una parte, reitere las consideraciones que no son parte de los efectos de la presente resolución, incluso aquellas respecto de las cuales que se declararon infundados los argumentos tendentes a controvertirlas. Por otra parte, realice una nueva cuantificación respecto de la pensiones de incapacidad permanente parcial, con base en los incrementos anuales señalados en apartado relativo; asimismo, realice la cuantificación de las pensiones de invalidez con base en los montos y factores señalados en el apartado relativo, además de aplicar los incrementos al salario mínimo que también se plasmaron, y con tales factores también deberá cuantificar las asignaciones familiares correspondientes. En la inteligencia que respecto de la pensión de invalidez, deberá tomar en cuenta que después de realizar tales cuantificaciones, de obtener un monto de pensión inferior al salario mínimo vigente, deberá observar lo dispuesto en el artículo 168 de la Ley del Seguro Social derogada, que prevé la asignación de la pensión por un salario mínimo; y por otra parte, para el caso de que la suma de ambas pensiones exceda del cien por ciento del salario promedio mayor, de los que sirvieron de base para determinar la cuantía de las pensiones concedidas, deberá ajustarla a dicho monto, de conformidad con lo previsto en el artículo 125 de la legislación aplicable. Por auto de veintiséis de mayo del dos mil dieciséis, causó ejecutoria la sentencia de amparo, requiriendo a la autoridad responsable el cumplimiento del fallo protector. En acatamiento a lo anterior, el Presidente de la Junta Especial número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante oficio recibido diez de junio del año en curso, remitió copia certificada de la resolución del incidente de liquidación del ocho de junio del año actual, dictada en el expediente laboral 163/05. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2º. Ahora bien, del análisis de las citadas documentales, se advierte que el fallo protector se encuentra cumplido, por las siguientes razones jurídicas: La Junta responsable dictó resolución el ocho de junio del dos mil dieciséis, en el expediente laboral 163/05, dejando insubsistente el incidente de liquidación de treinta de octubre de dos mil quince, y en su lugar procedió resolver siguiendo los lineamientos establecidos en la sentencia de amparo. Precisó que la litis consistía en determinar si la parte actora tiene derecho al pago de las cantidades descritas en su planilla de liquidación; o bien, si como lo afirma el demandado, la cuantificación de la condena deberá efectuarse con base en su planilla. Determinó el monto promedio de cotización que sirvió como base para el cálculo de las pensiones, precisando que el tópico del salario es relevante porque en el laudo se condenó a CONFITALIA, S.A. DE C.V. y CASIMIRES RIVETEX. S.A. DE C.V. a inscribir a los actores al régimen obligatorio de la seguridad social y enterar las cuotas obrero patronales respectivas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, por el tiempo que duró la relación de trabajo, en términos de los contratos por tiempo determinado, en esa virtud, citó los salarios de cada uno de los trabajadores siguientes: José Eustaquio Ortiz Hernández, la Junta determinó que para obtener el salario promedio de las últimas 52 semanas, sumó los seis salarios plasmados en los últimos seis contratos [$125.00 +$125.00+ $221.54 + $270.80 + $270.80 +$270.80] que equivalen a las últimas 52 semanas y dividirlos entre 6, lo que arrojó un salario promedio de las últimas 52 semanas que asciende a $213.99, este dato es necesario para cuantificar la pensión de incapacidad permanente parcial, en términos del artículo 65, fracción II, de la Ley del Seguro Social derogada. Asimismo, para obtener el salario promedio de las últimas 250 semanas, consideró el promedio salarial de todos los contratos exhibidos, que asciende a $184.46, que corresponde a 686 días, es decir 98 semanas, por lo que el salario de las 152 semanas restantes, corresponderá al que tenía registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, es decir $74.53, lo que equivale a un salario promedio de las últimas 250 semanas, que asciende a $129.49, este dato es necesario para cuantificar la pensión de invalidez, en términos del artículo 167 de la Ley de Seguro Social derogada, lo anterior en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, asimismo, precisó que para obtener el número de semanas reconocidas o cotizadas, deberán añadirse 98 semanas que son producto de la condena para inscribir ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, de acuerdo a los contratos individuales, que reconoce el instituto, resultando 1311 semanas reconocidas. Cristóbal Humberto Licona Paredes, detallo que para obtener el salario promedio de las últimas 52 semanas sumó los seis salarios plasmados en los últimos seis contratos [$145.90 + $120.00 + $216.81 + $270.81 + $270.81 + $270.81] que equivalen a las últimas 52 semanas, y dividirlos entre 6, arrojó un salario promedio de las últimas 52 semanas que equivale a $215.85. Precisando que para obtener el salario promedio de los nueve contratos [125 + 145.90 + 145.90 + 145.90 + 120 + 216.81 + 270.81 + 270.81 + 270.81 = 1711.94 entre (/) 9 = 190.21] que asciende a $190.21, que comprende 686 días, es decir 98 semanas, y para las 152 semanas restantes tomó en consideración el salario promedio que tenía registrado ante el Instituto demandado, equivalente a $76.35, por lo que el salario promedio obtenido de las últimas 250 semanas asciende a $133.28. Asimismo, para obtener el número de semanas reconocidas o cotizadas, se añadieron 98 semanas que son producto de la condena para inscribir ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, de acuerdo a los contratos individuales que reconoce el instituto, resultando 1379 semanas reconocidas. Juan Fulgencio Aburto, especificó que para obtener el salario promedio de las últimas 52 semanas sumó los seis salarios plasmados en los contratos [$138.50 + $158.70 + $110.00 + $195.70 + $215.35 + $215.35] que equivalen a las últimas 52 semanas, y dividirlos entre 6, arrojó un salario promedio de las últimas 52 semanas que equivale a $172.26. Dichas cantidades se obtuvieron de las documentales que exhibió la parte actora en el incidente de liquidación. Para obtener el salario promedio de las últimas 250 semanas, consideró el promedio salarial de todos los contratos exhibidos, que asciende a $172.26 y corresponde a 686 días, es decir 98 semanas, por lo que el salario de las 152 semanas restantes, corresponderá al que tenía registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, es decir $12.60, lo que equivale a un salario promedio de las últimas 250 semanas, que asciende a $75.18, además, para obtener el número de semanas reconocidas o cotizadas, añadió 98 semanas que son producto de la condena para inscribir ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, de acuerdo a los contratos individuales que reconoció el Instituto, resultando 582 semanas reconocidas. Alfonso Muro Hernández, precisó que para obtener el salario promedio de las últimas 52 semanas sumó los seis salarios plasmados en los seis contratos [$110.00 + $192.55 + $238.60 + $238.60 + $256.70 + $ 256.70] que equivalen a las últimas 52 semanas, y dividirlos entre 6, arrojó un salario promedio de las últimas 52 semanas que equivale a $215.52. Precisando que para obtener el salario promedio de las últimas 250 semanas, consideró el promedio salarial de todos los contratos exhibidos que asciende a $192.98 y corresponde a 686 días, es decir 98 semanas, por lo que el salario de las 152 semanas restantes, corresponderá al que tenía registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, es decir, $8.96, lo que equivale a un salario promedio de las últimas 250 semanas, que asciende a $81.09. Asimismo, para obtener el número de semanas reconocidas o cotizadas, añadió 98 semanas que son producto de la condena para inscribir ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, de acuerdo a los contratos individuales que reconoce el instituto, resultando 147 semanas reconocidas. Francisca Silvia Ávila Rivera, precisó que para obtener el salario promedio de las últimas 52 semanas sumó los cinco salarios plasmados en los cinco contratos [$138.45 + $110.00 + $158.70 + $158.70 + 192.45] que equivalen a las últimas 52 semanas, y dividirlos entre 5, arrojó un salario promedio de las últimas 52 semanas que equivale a $151.66. Precisando que para obtener el salario promedio de las últimas 250 semanas, consideró el promedio salarial de todos los contratos exhibidos que asciende a $137.13 y corresponde a 748 días, es decir 107 semanas, por lo que el salario de las 143 semanas restantes, corresponderá al que tenía registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, es decir, $30.85, lo que equivale a un salario promedio de las últimas 250 semanas, que asciende a $84.00. Asimismo, para obtener el número de semanas reconocidas o cotizadas, añadió 98 semanas que son producto de la condena para inscribir ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, de acuerdo a los contratos individuales que reconoce el instituto, resultando 449 semanas reconocidas. Precisó que la pensión de incapacidad permanente parcial, se incrementará anualmente, con el mismo porcentual que corresponda al salario mínimo general del Distrito Federal, como describió a detalle en la tabla que contiene la cuantificación, previo a realizar la aplicación de los incrementos, atendió a la obtención del salario promedio de las últimas 52 semanas de cotización para los efectos de la incapacidad permanente parcial. Asimismo, la Junta responsable precisó que en lo tocante a la incapacidad permanente parcial, corrigió los factores utilizados para la cuantificación de los incrementos anuales de las pensiones, relativos al salario mínimo vigente en el entonces Distrito Federal, específicamente, modificó el porcentaje del 4.10% que se empleó en la resolución incidental anterior, por el 4.20% en el año 2012; asimismo, cambio el porcentaje del 3.80% por el correcto 3.90% en el año 2013, dejando intocados los demás porcentajes empleados en la resolución reclamada, relaticos a los años 2011, 2014 y 2015; asimismo, indicó que el porcentaje empleado en el año 2016, será el de 4.2% por ser aplicable en todo el país, toda vez que permanece vigente en el área geográfica única integrada por todos los municipios del país y demarcaciones territoriales del Distrito Federal. Respecto a la pensión de invalidez se realizaron las modificaciones que se ordenaron en la ejecutoria, las cuales indicó en las tablas correspondientes: Además, se modificó los incrementos al salario mínimo, siendo los siguientes: La Junta determinó que para conocer si es necesaria la aplicación del artículo 125 de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, es decir, para saber si la suma de la cuantía de ambas pensiones excede del cien por ciento del salario promedio del grupo mayor, se toma el salario más alto que sirvió de base para el cálculo de ambas pensiones, se multiplica por 365 días del año, y se divide entre 12 meses, dando como resultado la cuantía tope del artículo 125, de modo que juntas (ambas pensiones) no deben de rebasar este tope, lo anterior lo plasmó en las tablas relativas a la pensión de incapacidad parcial permanente de cada uno de los trabajadores. Finalmente, determinó condenar al Instituto Mexicano del Seguro Social a pagar a los actores las cantidades siguientes: Consecuentemente, resulta valido afirmar que la sentencia de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. Hágase del conocimiento de la parte quejosa este proveído, para los efectos precisados en el tercer párrafo del artículo 201 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, trece de junio de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el oficio signado por la Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por medio del cual, informa sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitiendo copia certificada de las constancias para acreditar lo anterior; agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes. Atento a lo anterior, con el oficio de cuenta, desé vista tanto a la parte quejosa como al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, para los efectos precisados en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por el término de tres días, que les serán contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, a fin de que realicen las manifestaciones que estimen oportunas. Apercíbase a la parte quejosa en el sentido de que de no desahogar la vista aquí ordenada, este Juzgado procederá a resolver sobre el cumplimiento de la sentencia con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las partes. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.
- Principal
PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del trece de junio de dos mil dieciséis, que en lo conducente dice: Cuernavaca, Morelos, trece de junio de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el oficio signado por la Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por medio del cual, informa sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitiendo copia certificada de las constancias para acreditar lo anterior; agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes. Atento a lo anterior, con el oficio de cuenta, desé vista tanto a la parte quejosa como al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, para los efectos precisados en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por el término de tres días, que les serán contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, a fin de que realicen las manifestaciones que estimen oportunas. Apercíbase a la parte quejosa en el sentido de que de no desahogar la vista aquí ordenada, este Juzgado procederá a resolver sobre el cumplimiento de la sentencia con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las partes. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.
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