Jose Enrique Paulino Sebastian
Expediente 463/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 24 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 463/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 21/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- C.E. P. F
- JOSE ENRIQUE PAULINO SEBASTIAN y Otros.
- Jose Enrique Paulino Sebastian
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
MESA II....San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; con fundamento en los preceptos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase lo anterior, del conocimiento de las partes, para los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 18 fracción I inciso B del citado Acuerdo General y atendiendo a que en el asunto se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, este expediente es depurable, después de tres años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15, del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
MESA II... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, con esta fecha causó ejecutoria la sentencia ahí dictada y se ordenó el archivo del expediente principal; con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos del capítulo 7 el Manual de Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, atendiendo a que se negó la suspensión provisional y la definitiva solicitada, el cuaderno incidental original es destruible dentro de tres años. En cambio, con apoyo en el artículo 20, fracción II, inciso a) del invocado Acuerdo General, su duplicado es susceptible de destrucción, dentro de los seis meses, como quedó precisado en el considerando último de la interlocutoria del presente cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA III "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ni en el expediente físico ni en electrónico se encuentra integrada la sentencia del presente juicio aprobada el veintinueve de octubre del año en curso, como tampoco obran las respectivas constancias de notificación a las partes; por tanto, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se ordena la regularización del procedimiento a fin de que se realice la debida integración de la sentencia al expediente físico y electrónico. Asimismo, túrnese el expediente a la sección de actuaría para que realice las notificaciones correspondientes de la resolución definitiva. NOTIFÍQUESE. (EL PRESENTE AUTO SE PUBLICA EL DIA DE HOY DEBIDO A QUE FUE AUTORIZADO EL VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO Y EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 24, 29 Y 31 DE LA LEY DE AMPARO.
- Principal
MESA III "... VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 463/2021; y, ... C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, ... SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado es: La resolución de siete de abril de dos mil veintiuno, dictada en el expediente familiar 13/2019 y su acumulado 17/2019, del índice del Juzgado Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtepec, Oaxaca. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, la secretaria de acuerdos del Juzgado Tercero de lo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tuxtepec, Oaxaca, autorizada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para dictar sentencias en términos del artículo 36, tercer párrafo de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, aceptó la existencia del acto reclamado (fojas 68 - 74). Lo anterior, se corrobora con las copias certificadas del expediente familiar 13/2019 y su acumulado 17/2019, las cuales adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2o., así como la jurisprudencia 226, Sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento cincuenta y tres, tomo VI, Quinta Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995. de rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". CUARTO. Improcedencia. ... QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Con la finalidad de tener una mejor comprensión respecto del acto reclamado, resulta necesario puntualizar algunos antecedentes del expediente familiar 13/2019 y su acumulado 17/2019, del índice de la autoridad responsable, a saber: Mediante escrito presentado el dieciséis de enero de dos mil diecinueve, ante la autoridad responsable, el quejoso JOSÉ ENRIQUE PAULINO SEBASTIAN, promovió la recuperación de su menor hijo de iniciales C.E.P.F., así como la guarda y custodia, contra Esmeralda Francisco Sedano. De igual forma, la aquí tercera interesada Esmeralda Francisco Sedano, en diverso escrito presentado en la misma fecha ante la autoridad responsable, promovió juicio de alimentos contra el referido quejoso. Por lo que, en atención a dichos escritos, el diecisiete de enero siguiente (fojas 191, vuelta a la 203 del tomo anexo), se radicó el juicio familiar 13/2019, y se acordó acumular el diverso 17/2019, respectivamente, y dada la naturaleza del asunto, se señalaron las trece horas del dieciocho de enero de dos mil diecinueve, para el desahogo de una audiencia de carácter familiar, para efectos de que las partes se pusieran de acuerdo sobre el derecho de visita y convivencia del menor C.E.P.F., con el progenitor que no tenga la guarda y custodia. El dieciocho de enero de dos mil diecinueve, en audiencia de carácter familiar celebrada en el expediente 13/2019, y su acumulado 17/2019, se decretó la guarda y custodia del citado menor, en forma provisional, a favor de su progenitora Esmeralda Francisco Sedano; de igual forma, se decretó el régimen de visitas y convivencias con el padre no custodio y se fijó como pensión alimenticia provisional a favor de dicho menor de edad, la cantidad de cien pesos, cero centavos, moneda nacional, que de manera quincenal debe exhibir el progenitor aquí quejoso JOSÉ ENRIQUE PAULINO SEBASTIAN, para ser entregado personalmente a la referida progenitora. El treinta y uno de enero de esa anualidad (2019), se llevó a cabo otra audiencia de carácter familiar, en la que se decretó una modificación del régimen de convivencias decretada en diligencia de dieciocho de ese mismo mes y año (enero de 2019), esto es, los referidos progenitor y menor de edad, convivirán los sábados y domingos en un horario de diez a doce horas en el parque del municipio de San Felipe de Díaz, Oaxaca. Mediante acuerdo de uno de abril de dos mil diecinueve, se tuvo a las partes aquí tercera interesada Esmeralda Francisco Sedano, y quejoso JOSÉ ENRIQUE PAULINO SEBASTIÁN, contestando sus respectivas demandas y por ofrecidas las pruebas que refirieron; de igual forma, se señalaron las catorce horas del veinte de mayo de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos. Previo diversos diferimientos de la audiencia de pruebas alegatos, por incomparecencia de la aquí tercera interesada Esmeralda Francisco Sedano, la autoridad responsable consideró necesario modificar la medida provisional decretada en dicho juicio familiar, y atendiendo a la urgencia, se señalaron las once horas del once de enero del año en curso, para la audiencia de carácter familiar con el objeto de exhortar a las referidas partes, para que cumplan con la medida provisional en cuanto a la convivencia del referido progenitor con su menor hijo. De igual forma, previo diferimientos de fechas once de enero y quince de febrero, ambos de dos mil veintiuno, por inasistencia de la referida progenitora; el cuatro de marzo de este año, se difirió dicha audiencia de pruebas y alegatos, también por la inasistencia de la referida tercera interesada; por lo que a petición del Ministerio Público, se turnaron los autos para que la titular del juzgado responsable determinara lo que en derecho corresponda, respecto al escrito presentado el ocho de octubre de dos mil veinte, por el citado quejoso, en el que solicitó de manera urgente el cambio de la medida provisional de guarda y custodia de su menor hijo, empero, dicho escrito fue acordado el trece de octubre de dos mil veinte, y se determinó el desahogo de una audiencia de carácter familiar a fin de conocer la verdad de lo expuesto por dicho quejoso y, en su caso, resolver lo que en derecho correspondiera. Previo diferimiento de la audiencia familiar señalada en el párrafo anterior, el veinticinco de noviembre de dos mil veinte, se acordó un escrito de la progenitora Esmeralda Francisco Sedano, en el que manifestó, fundamentalmente, que en ningún momento se ha opuesto a la convivencia de su menor hijo con su progenitor; sin embargo, dada la violencia que se vivía en Jalapa de Díaz, Oaxaca, y en razón de la pandemia, se obligó a permanecer en confinamiento, por ende, no se llevó a cabo dichas convivencias; también refirió que el progenitor no cumple con su obligación de suministrar alimentos para el infante, ante dicha situación y la falta de empleo en su población de origen, se fue a trabajar al Estado de México (sin precisar la ubicación del nuevo domicilio), con la finalidad de dar sustento y mejor nivel de vida a su menor hijo. De igual forma, atendiendo a dichas manifestaciones, la autoridad responsable señaló las once horas del día once de enero de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia de carácter familiar y atender en ella de manera más objetiva las manifestaciones vertidas por las citadas partes, conocer la verdad y determinar lo conducente. En seguida, el tres de diciembre de dos mil veinte, se acordó el escrito del aquí quejoso JOSÉ ENRIQUE PAULINO SEBASTIÁN, en el que manifestó, sustancialmente, que el régimen de convivencias con su menor hijo no puede quedarse al arbitrio o capricho de la aquí tercera interesada, como tampoco debió actuar por mutuo propio o capricho para cambiarlo de domicilio, pues existe una orden decretada y debe ser cumplida; en su atención, se tuvo por expuestas sus manifestaciones, que serían tomadas en cuenta en el día y hora en que tendría lugar la audiencia de carácter familiar. Así también, se acordó el escrito de la progenitora Esmeralda Francisco Sedano, mediante el cual expuso las razones por las cuales no asistió a la diligencia de referencia. Posteriormente, la diligencia señalada para las diez horas del quince de febrero de dos mil veintiuno, no se llevó a cabo por la inasistencia de la referida progenitora, razón por la que se hizo efectivo el apercibimiento decretado el tres de diciembre de dos mil veinte, y se le dio vista al agente del Ministerio Público adscrito, para que en el ámbito de sus facultades ejercitara acción penal que en derecho corresponda. De igual manera, la diligencia señalada para las trece horas del día cuatro de marzo de dos mil veintiuno, no tuvo verificativo, por la inasistencia de la referida tercera interesada; sin embargo, se acordó otro escrito de la demandada Esmeralda Francisco Sedano, en el que explicó que jamás ha pretendido desobedecer las determinaciones del juzgado responsable; sin embargo, debido a las necesidades económicas ha buscado la forma de allegarse de lo necesario para solventar lo relativo a los alimentos de su menor hijo y de ella, ya que después de la audiencia de dieciocho de enero de dos mi diecinueve, el aquí quejoso no ha cumplido con su obligación de proporcionar alimentos; asimismo, se acordó el escrito del peticionario de amparo, y se ordenó dar vista al fiscal adscrito, y expuso que como la demandada no compareció a la diligencia de que se trata, como tampoco a las diversas de quince de febrero y once de enero de dos mil veintiuno, así como a las de tres y veinticinco de noviembre de dos mil veinte, y que consta ha cambiado de domicilio, sin saber su dirección actual y sin que lo haya autorizado la autoridad responsable, por lo que solicitó una modificación a la medida provisional de dieciocho de enero de dos mil diecinueve, modificada el treinta y uno de enero de esa anualidad y se decrete lo que se considere más conveniente al derecho del referido infante. En relación a lo expuesto por las partes, el siete de abril de dos mil veintiuno, la autoridad responsable resolvió la solicitud de cambio de medida provisional de guarda y custodia respecto del menor de edad de iniciales C.E.P.F. (de quien se omite su nombre y apellido completo, en atención al Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación), en la que declaró improcedente el cambio o modificación de dicha medida provisional que actualmente ejerce la progenitora Esmeralda Francisco Sedano; asimismo, se le requirió para que precise el domicilio particular en el que actualmente habita, proporcione su número telefónico, y se le previno no obstaculizar la convivencia del infante con su progenitor de manera injustificada. Resolución que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. SEXTO.- Estudio de constitucionalidad del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 74, fracción II, y 76 de la Ley de Amparo, el análisis sistemático y conjunto del concepto de violación expresado por la parte quejosa permiten arribar a la conclusión de que estos son infundados. ... En la resolución que origina esta instancia constitucional se involucra al menor de edad de iniciales C.E.P.F., quien a la fecha (29 de octubre de 2021) cuenta con cuatro años y tres meses de edad; por ende, conforme al apartado de "conceptos" del Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren a niñas, niños y adolescentes, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se trata de un niño (menor de 18 años de edad). ... ... Establecido lo anterior, el acto reclamado es constitucional porque cumple con los requisitos de la debida fundamentación y motivación como lo mandata el artículo 16 Constitucional, en virtud de que la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero Familiar del Distrito Judicial del Tuxtepec, Oaxaca, autorizada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para dictar sentencias en términos del artículo 36, tercer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, al declarar improcedente la petición planteada por el aquí quejoso JOSÉ ENRIQUE PAULINO SEBASTIÁN, respecto del cambio o modificación de la medida provisional de guarda y custodia del menor de edad de iniciales C.E.P.F. (de quien se omite su nombre y apellido completo, en atención al Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación), que actualmente ejerce su progenitora Esmeralda Francisca Sedano, se apoyó en el artículo 4º, noveno párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 9, 17 y 19 de la Convención Sobre los Derechos de los Niños, ratificada por el Estado Mexicano el veinte de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y uno, artículos 429 y 429, Bis A, del Código Civil para el Estado de Oaxaca, 962 y 963 del Código sustantivo de dicha materia, los cuales disponen: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo. 4 (.) En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. [.]". Convención Sobre los Derechos del Niño, adoptada por el Estado Mexicano. Artículo 1. Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad. Artículo 2.- 1. Los Estados partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales. 2. Los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares. Artículo 3. 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas". Artículo 4. Los Estados partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. Artículo 5. Los Estados partes respetaran las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención. "Artículo 9. 1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño. 2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de participar en él y de dar a conocer sus opiniones." Artículo 17. Protección a la Familia. 1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado. Artículo 19. Derechos del niño. Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia". Código Civil para el Estado de Oaxaca. "Artículo 429.- Si el padre y la madre se separan o viven separados decidirán, de común acuerdo, quién atenderá la guarda y la custodia de los hijos. En caso de desacuerdo, o de advertirlo necesario, el Juez, con base en el interés superior de la niñez, a la opinión del Ministerio Público, y al resultado de las pruebas periciales en materia de trabajo social y de psicología familiar que oficiosamente habrán de practicárseles a los progenitores, a sus parejas con las que éstos cohabiten y de la demás pruebas que estimen pertinentes, resolverá lo conducente a la designación de la persona que deba tener la guarda y la custodia del menor, teniendo como objetivo primordial, el cuidar, educar y respetar al niño, niña o adolescente, sin infringir actos de fuerza que atenten contra su integridad física o psíquica. Los hijos habitarán con el ascendiente al que se encargue la custodia. Por lo que el otro progenitor estará obligado a colaborar en su alimentación y conservará los derechos de visita y convivencia con el menor, conforme a las modalidades previstas en el convenio o resolución judicial. En todos los asuntos del orden familiar, los jueces y tribunales estarán facultados para recabar y desahogar de oficio las pruebas necesarias para preservar el interés superior de la niñez, otorgando al ministerio público la intervención que corresponda. Artículo 429 Bis A.- Quien ejerza la guardia y custodia de un niño, niña o adolescente debe procurar el respeto de los menores para ambos ascendientes; en consecuencia, cada uno de los ascendientes o progenitor deberá evitar cualquier acto encaminado a producir en el menor rechazo, rencor, odio, miedo o desprecio hacia el otro ascendiente o progenitor. Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca. "Artículo 962.- Todos los problemas inherentes a la familia se consideran de orden público, por constituir aquella base de la integración de la sociedad. En todo caso, el Juez oirá la solicitud y tomará las medidas urgentes que sean necesarias, para garantizar los alimentos o proteger la integridad personal de quien solicite su intervención. Cuando la solicitud se fundamenta en la existencia de violencia familiar, o para proteger a un menor sujeto a la patria potestad o tutela que reciba malos tratos o ejemplos perniciosos, o que se vea índucido a la vagancia, el alcoholismo, al consumo de drogas, inhalantes o cualquier otro producto tóxico, o que sea obligado a cometer actos reprobados por la Ley, el Juez está obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger a la persona solicitante y al menor afectado desde el momento en que se hizo el pedimento sin dilación alguna. (Contra las medidas provisionales y urgentes que tome el Juez en los casos anteriores, no se admite más recurso que el de responsabilidad. Artículo 963.- El Juez de lo Familiar estará facultado para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de menores, personas adultas mayores, personas con discapacidad, alimentos y de violencia familiar, decretando las medidas precautorias que tiendan a preservar la familia y proteger a sus miembros. Para estos casos el juez deberá decretar las providencias inmediatas y eficaces para que cese la situación irregular, el plazo máximo para dictarlos será de cinco días. En los mismos asuntos, con la salvedad de las prohibiciones legales relativas a alimentos, el Juez deberá exhortar a los interesados a lograr un avenimiento, resolviendo sus diferencias mediante convenio, con el que pueda evitarse la controversia o darse por terminado el procedimiento. En los procesos familiares donde participen niñas, niños y adolescentes la autoridad judicial deberá prohibir a las personas que presencien las audiencias que difundan los datos personales, audios, videos o imágenes referidas a los mismos. En caso de que las personas incumplan con lo antes señalado, se aplicarán las sanciones de conformidad con la normatividad aplicable." De las citadas disposiciones se desprende, en lo que interesa, que en todas las medidas que dicten los tribunales concernientes a los niños, se debe considerar, de manera primordial, el interés superior de los menores y se tiene que tomar en cuenta los derechos y deberes de sus padres y tutores. De esta manera, se debe velar para que los niños no sean separados de sus padres contra la voluntad de éstos, con algunas excepciones, como en los casos en que los progenitores vivan separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño, caso en el que se dará a todas las partes interesadas la oportunidad de participar en el procedimiento correspondiente y externar sus opiniones. También, atendiendo a las circunstancias especiales de cada caso, se debe garantizar al niño el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afectan, por lo que se tiene que tomar en cuenta su opinión en función de su edad y madurez. De lo anterior, se confirma que el acto reclamado está debidamente fundado y motivado, pues los preceptos jurídicos en que apoyó su actuación la autoridad responsable, son exactamente aplicables al asunto, al tratarse de una modificación o cambio de la medida provisional de guarda y custodia de un menor de edad, respecto de la cual los progenitores no han logrado convenir; razón por la que dicha responsable, después de realizar un análisis de los elementos personales, familiares, materiales, sociales y culturales, para el desarrollo integral del infante; así como su personalidad, su formación psíquica y física, sopesando las necesidades de atención, de cariño, de alimentación, de educación y de desahogo material, las pautas de conducta de su entorno y sus progenitores, el ambiente social y familiar que éstos pueden ofrecerle, sus afectos con ellos, en especial si existe un rechazo o una especial identificación, la edad y capacidad de autoabastecerse del menor, entre otros elementos; tomó la determinación de que, por el momento, no es dable cambiar la guarda y custodia del menor. Así también, hizo la precisión que si bien el quejoso no promovió un incidente respecto de la modificación de la medida provisional concedida a la progenitora, esto no era impedimento para atender dicha solicitud, pues se encontraba de por medio el interés superior del menor. Contrario a lo que afirma la parte quejosa, la autoridad responsable como rector del procedimiento en el que se ve involucrado el derecho de un menor a convivir con su progenitor, debe inclusive de oficio dictar los acuerdos o adoptar las medidas procesales necesarias que impulsen el eficaz cumplimiento de su determinación, a fin de que se lleve a cabo la convivencia entre el quejoso JOSÉ ENRIQUE PAULINO SEBASTIAN y su menor hijo. Por ello, es correcto que la autoridad responsable tomó las medidas para lograr que se lleve a cabo la convivencia decretada en el juicio en términos del artículo 79 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca y por ende el señalamiento de una audiencia de carácter familiar para establecer el régimen de convivencias, ya que no debe quedar a la potestad de quien ostenta la guarda y custodia, porque por encima de su oposición a que ello acontezca debe prevalecer el interés superior del menor. También puntualizó que, para el caso de que la tercera interesada Esmeralda Francisco Sedano, no permita la convivencia aludida, puede y debe adoptar diversas medidas legales en aras de permitir un adecuado y sano desarrollo emocional del menor para convivir con su progenitor. Por su sentido orientador, sirve de apoyo la tesis I.4o.C.322 C, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Civil del Primer Circuito, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, febrero de 2011, página 2349, que dice: "MEDIDAS PRECAUTORIAS PARA TUTELAR EL INTERÉS SUPERIOR DE LOS NIÑOS. LOS TRIBUNALES FAMILIARES DEBEN ACTUAR CON CELERIDAD Y CREATIVIDAD. En conformidad con lo dispuesto en el artículo 941 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, los tribunales de lo familiar están facultados para intervenir, de oficio, en los asuntos que afecten a la familia, en el ámbito de sus competencias, especialmente tratándose de menores, y en ejercicio de esa facultad deben decretar las medidas precautorias que tiendan a preservar a la familia y proteger a sus miembros. Esto implica que deben estar sensibles, prestos y expeditos para decretar las providencias inmediatas y eficaces para que cese ipso facto cualquier situación irregular que esté ocurriendo con perjuicio de los intereses de los niños, y no mantenerse en una actitud pasiva o ceñida a la inercia, mediante la toma de decisiones ordinarias a pesar de encontrarse frente a situaciones extraordinarias, como sucede cuando a pesar de haberse dispuesto la aplicación de los medios de apremio y haber dado vista al Ministerio Público, no se logra vencer la resistencia del custodio, con el daño indiscutible que pueden resentir los menores con el alejamiento innecesario e ilegal de su padre o madre, de modo que sin apartarse el Juez de la ley, debe hacer uso de su creatividad para superar al punto esa situación, requiriendo, por ejemplo, al custodio para que en la fecha inmediata de las establecidas para el efecto, presente al menor al Centro de Convivencia Familiar Supervisada, con el apercibimiento, para el caso de persistir en su negativa posición, de suspenderlo de inmediato en el ejercicio de la custodia, para poner al menor bajo el cuidado de otras personas previstas por la ley, que faciliten la convivencia del niño con ambos padres, hasta que se resuelva la controversia incidental en definitiva, siguiendo al efecto las exigencias de audiencia y contradicción, pero con la celeridad que impone el caso, y que les permiten los artículos 942 y siguientes del código adjetivo invocado." Por lo tanto, el derecho del menor a la convivencia con su progenitor, es acorde con el artículo 4° Constitucional de garantizar y proteger su desarrollo y pleno ejercicio de ese derecho; tal omisión se traduciría en un obstáculo para su correcto desarrollo emocional y una convivencia en un sano ambiente. Es aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/49, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, página 1289, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Septiembre de 2005, Materia Civil, Novena Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "MENORES DE EDAD. EL DERECHO DE VISITA Y CONVIVENCIA CON SUS PROGENITORES ES DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL Y, EN CASO DE OPOSICIÓN, EL JUZGADOR RESOLVERÁ LO CONDUCENTE EN ATENCIÓN AL INTERÉS SUPERIOR DE AQUÉLLOS. De una sana interpretación del artículo 417 del Código Civil para el Distrito Federal, se aprecia que la eficacia del derecho de visita y convivencia contenido en ese numeral, que tiene por objeto lograr la protección, estabilidad personal y emocional del menor dándole afecto, calor humano, presencia personal, respaldo espiritual y respeto a su persona e intimidad, es una cuestión de orden público e interés social, dado que en su observancia está interesada la sociedad y el Estado, porque de su efectivo cumplimiento, depende el desarrollo armónico e integral del menor que, en ocasiones, por causas ajenas a su voluntad, vive separado de uno o ambos progenitores. Es por eso que el propio numeral contiene normas tendentes a lograr dicha función, ya que el goce y disfrute de esos derechos, no podrá impedirse sin justa causa, pero en caso de oposición de uno de los padres, la autoridad jurisdiccional determinará lo que más convenga al interés preponderante del menor que sólo podrá suspenderse, limitarse o perderse por resolución judicial expresa y cuando se haya perdido la patria potestad. Como se advierte, la teleología del artículo 417, en comento, se encamina a la conservación de un entorno familiar saludable y favorable para el pleno desarrollo personal y emocional de los menores que, se reitera, por causas ajenas a ellos, viven separados de alguno de sus padres o de ambos, estableciendo que aun cuando no se encuentren bajo su custodia, si ejercen la patria potestad, tendrán derecho a convivir y disfrutar de momentos en común, en aras de tutelar el interés preponderante del menor, teniendo sólo como limitante para que se suspenda el ejercicio del derecho de visita y convivencia, que exista peligro para el menor, caso en que el juzgador podrá aplicar las medidas correspondientes a fin de salvaguardar el interés superior del menor, contra alguno de los progenitores". Así también, la autoridad responsable ponderó que ante el incumplimiento o cumplimiento parcial del progenitor quejoso, de contribuir con los alimentos de su menor hijo, la aquí tercera interesada se vio en la necesidad de emigrar al Estado de México, donde con la ayuda de sus hermanas, obtuvo trabajo con el que otorga un mejor nivel de salud y vida a su menor hijo. De igual forma, dicha autoridad tomó en consideración que la progenitora tiene a su cuidado y custodia a su menor hijo con una edad actual de cuatro años, tres meses, con un padecimiento de neumonía, razón por la que también era necesario tener un confinamiento para proteger su salud, y al no contar con recursos económicos y servicios de salud, el sistema inmune del citado menor se desajustó al grado de ser hospitalizado, por ende, fue ella quien estuvo a su cuidado y responsabilidad de velar por la recuperación del infante, circunstancias que también contribuyeron para emigrar al Estado de México, en el que tiene un empleo y mayores probabilidades de trabajo distinto al entorno en el que venía ejerciendo dicha guarda y custodia, esto es, en Jalapa de Díaz, Tuxtepec, Oaxaca. Sin que dicha responsable haya pasado por alto, el hecho de que la progenitora fue omisa en hacer del conocimiento de esa autoridad, de manera oportuna, el cambio de domicilio para atender inmediatamente lo atinente a la modificación del régimen de convivencia, pues en las constancias de autos no está acreditado que la progenitora no ejerza con responsabilidad la custodia del infante o que éste sufra actos de violencia o cualquier otra situación que ponga en riesgo su vida e integridad física, psicológica o emocional, por el contrario, guarda mayor grado de identidad con su progenitora. No debe perderse de vista, que la resolutora del juicio natural en términos de los artículos 962, 963 y 965 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, 429 y 429 Bis A, del Código Civil del Estado, determinó que, ante la omisión de la progenitora de señalar o indicar el domicilio que actualmente habita, así como el derecho y la edad del menor (actualmente de 4 años, tres meses), era necesario modificar el régimen de visitas y convivencias ordenadas en la diligencia de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, por ende, estableció, que dados los medios tecnológicos de comunicación existentes, la convivencia del menor y su progenitor se efectuarán mediante llamadas o video llamadas, que podrán realizar a través de las aplicaciones denominadas whattsapp, zoom, o cualquier otra al alcance de ambos progenitores, en un horario de trece a catorce horas, los días martes, jueves y viernes, y para el caso, de que estuvieran de acuerdo en que las videollamadas se efectúen a través de una aplicación diversa, deberán comunicarlo anticipadamente a dicha autoridad, a fin de que se ordene al secretario llevador del juicio natural funja como invitado, únicamente para dar fe del inicio y conclusión de la dicha convivencia. Así también, requirió a los referidos progenitores para que proporcionaran su número telefónico fijo o móvil, para que el padre no custodio pueda estar en condiciones de entablar comunicación con su menor hijo, y cumplir con la convivencia en los términos determinados en la citada resolución. De igual forma, requirió a la progenitora Esmeralda Francisco Sedano, para que, sin dilación alguna, señalara y precisara el domicilio particular en el que actualmente habita, esto con la finalidad de que, atendiendo a la distancia, dicha convivencia pueda llevarse a cabo en manera personal al menos una vez al mes en las instalaciones del DIF Municipal del lugar o Delegación al que pertenezca dicho domicilio, lo anterior, hasta en tanto cambien o mejoren las circunstancias de salud en nuestro país. Asimismo, previno a dicha progenitora que de no proporcionar su número telefónico, los datos de su actual domicilio y no permitir u obstaculizar, de manera injustificada, la convivencia del menor con su progenitor, sin mayores pruebas, se modificará la guarda y custodia a favor del aquí quejoso. Con lo que se demuestra que no asiste la razón al promovente del amparo, porque la resolutora del juicio natural adoptó de oficio las determinaciones respectivas para que el progenitor JOSÉ ENRIQUE PAULINO SEBASTIAN, pueda convivir con su menor hijo, desde luego, el hecho de haber emigrado a buscar mejores condiciones de vida, no implica que debe ser obstáculo o impedimento para la sana convivencia de que se trata, ya que es un derecho del menor, no así del progenitor. ... En las relatadas consideraciones, al resultar infundados los conceptos de violación de que aduce la parte quejosa y toda vez que el acto reclamado no vulnera los derechos fundamentales del quejoso JOSÉ ENRIQUE PAULINO SEBSTIÁN, por su propio derecho, procede negarle el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita respecto a este acto reclamado. OCTAVO. En virtud de que, conforme a la certificación secretarial realizada en la audiencia constitucional que antecede, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE al quejoso (...) contra el acto reclamado al Juzgado Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtepec, Oaxaca, en el expediente familiar 13/2019 y su acumulado 19/2019, consistente en la resolución de siete de abril de dos mil veintiuno. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. LA PRESENTE RESOLUCION SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, PREVIO AVISE EN TERMINOS DE LA LEY DE AMMPARO
Quedan 20 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · 7,460 expedientes
- Jose Eduardo Solorzano del Pozo661/2021
- Jose Eduardo Solorzano del Pozo663/2021
- Jose Eduardo Solorzano del Pozo662/2021
- Jose Elias Lopez Jimenez199/2019
- Jose Enrique Aguilar Ortega869/2017
- José Enrique Cruz Azamar47/2021
- Jose Enrique Sabas Cazares Y Avila1118/2018
- Jose Espejel Hernandez155/2022
- Jose Eugenio Sauceda Muñoz395/2017
- Jose Felipe Castillo González296/2008
- José Fidel López Méndez1338/2017
- Jose Fidel Lopez Mendez O Fidel Lopez Mendez302/2018