Jose Eduardo Solorzano del Pozo
Expediente 663/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 663/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Jose Eduardo Solorzano del Pozo
Actuaciones
- Principal
MESA III "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de la secretaría, de la que se advierte que transcurrió el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto dictado el dieciocho de junio del año en curso, en el cual se desechó por un acto reclamado la demanda de amparo; con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21, b) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el presente asunto se desechó la demanda de amparo por un acto e incompetencia por otro acto, este expediente es destruible, después de tres años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15, del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el oficio del Magistrado del Segundo Tribunal Unitario del Decimotercer Circuito, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, por medio del cual acusa recibo del diverso 14617/2021 del índice de este juzgado, a través del cual se remitió la demanda de amparo 663/2021; e informa que acepta la competencia declinada y se avoca al conocimiento de la demanda de amparo que dio origen a este asunto, mismo que quedó registrado con el número 21/2021, de su estadística; de lo que se toma nota para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma electrónicamente la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, licenciada D. Guadalupe Reyes García, en funciones de juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veintiocho de enero de dos mil veinte, y comunicado mediante oficio CCJ/ST/326/2020 de la misma fecha; ante el licenciado Ramiro García Simón, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de junio de dos mil veintiuno. Con la demanda de amparo de cuenta promovida por JOSÉ EDUARDO SOLÓRZANO DEL POZO, contra actos del Juez de Control Víctor Hugo Cortes Sibaja, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado y del Magistrado Tereso Ramos Hernández, del Primer Tribunal Unitario del Décimo Tercer Circuito; de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 663/2021. Se instruye al secretario a cargo de este expediente para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. De la lectura integral de la demanda se advierte que se duele del Juez de Control Víctor Hugo Cortes Sibaja, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado la falta de congruencia momento de resolver la vinculación a proceso el tres de mayo del año dos mil veintiuno en los autos de la carpeta judicial 109/2021. Ahora, de la certificación de cuenta, se advierte que se encuentra radicado ante este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, el diverso juicio de amparo 661/2021 promovido por el mismo quejoso JOSÉ EDUARDO SOLÓRZANO DEL POZO, contra las mismas autoridades responsables y actos reclamados. En el entendido que se acude a dicho juicio, porque se trata de constancias que obran en poder de este juzgado, anexas a un expediente de amparo que se tramita en este órgano jurisdiccional; lo que constituye UN HECHO NOTORIO, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por reenvío de su numeral 2°. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN.- La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento." (Jurisprudencia XXII. J/12, de los Tribunales Colegiados de Circuito, página 295, Tomo V, Enero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 61 y 62 de la Ley de Amparo, se procede a examinar de oficio si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Se estima que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos". La causa de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Consecuentemente, si una de las finalidades de la causa de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas, a fin de que el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicio. En la especie, como se anotó la demanda constitucional que dio inicio al referido expediente de amparo 661/2021, según se advierte, fue promovida con anterioridad a la que dio inicio a este expediente y en el cual se reclamaron los mismos actos a las mismas autoridades responsables, expediente en el que con fecha dieciocho del presente mes, se desechó por extemporánea respecto del acto consistente en la falta de congruencia al momento de resolver la vinculación a proceso el tres de mayo del año dos mil veintiuno en los autos de la carpeta judicial 109/2021, que reclamó al Juez de Control Víctor Hugo Cortes Sibaja, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado; sin embargo, dicha determinación aún no ha quedado firme; luego, si el invocado juicio de amparo indirecto se encuentra pendiente de causar estado, es evidente que en el presente juicio constitucional se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X de la Ley de Amparo, en virtud de que el mencionado acto que aquí se reclama es materia de aquél juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 24/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 265, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, Materia Común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto: "LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS. La causal de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Consecuentemente, si una de las finalidades de la causal de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice dicha causal es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas; de ahí que esos juzgadores deben asegurarse de que, de actualizarse aquélla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Para este fin, la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 disponía, en su artículo 51, un procedimiento conforme al cual un solo Juez de Distrito debe conocer de los asuntos en cuestión, analizar y valorar con precisión en cuál de los dos expedientes idénticos deba sobreseerse por litispendencia, y a cuál le corresponde superar esta causal para pronunciarse sobre el fondo del asunto e incluso, llegado el caso, también sobreseerlo, pero por motivo legal distinto, así como decidir sobre la imposición de las sanciones que procedan a los responsables de la promoción injustificada de dos juicios, en los casos que así lo ameriten". En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, únicamente respecto del acto consistente en la falta de congruencia al momento de resolver la vinculación a proceso el tres de mayo del año dos mil veintiuno en los autos de la carpeta judicial 109/2021, que se reclamó al Juez de Control Víctor Hugo Cortes Sibaja, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado, al advertirse una causa manifiesta e indudable de improcedencia. Ahora, respecto del acto reclamado al Magistrado Tereso Ramos Hernández, del Primer Tribunal Unitario del Décimo Tercer Circuito, consistente en la resolución de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno dictada en el toca penal 44/2021 del índice del Primer Tribunal Unitario del Décimo Tercer Circuito con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, con motivo del recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución emitida en la audiencia celebrada el tres de mayo de año dos mil veintiuno, en autos de la carpeta judicial 109/2021, del índice del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en la que CONFIRMÓ auto de vinculación a proceso dictado en su contra por el Juez de Control Víctor Hugo Cortes Sibaja; toda vez que la competencia legal es de orden público y, por tanto, no puede quedar sujeta a voluntad de las partes, se procede a analizar si en el caso se surte la competencia legal de este juzgado, para conocer de la demanda de amparo presentada por dicha parte quejosa. Es aplicable al caso la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el tomo XCVII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. Las cuestiones de competencia son de orden público, y el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público o al error que éste pueda cometer al admitir su competencia, para conocer del caso". Ahora, de la demanda de amparo se advierte que el promovente hace consistir el acto reclamado en la resolución de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno dictada en el toca penal 44/2021 del índice del Primer Tribunal Unitario del Décimo Tercer Circuito con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. De lo anteriormente transcrito, se advierte que este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, no es legalmente competente, por razón de la vía, para conocer de este juicio de amparo, instado en la indirecta, de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción XII, Constitucional y 36 de la Ley de Amparo, se concluye que los Tribunales Unitarios, son competentes para conocer, entre otras cuestiones, de los juicios de amparo promovidos contra actos de otros Tribunales Unitarios, que no constituyan sentencias definitivas. Es aplicable la jurisprudencia VIII.1o. J/5, aportada por el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, Novena Época, tomo IX, Enero de 1999, consultable a página 624 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER EN AMPARO INDIRECTO DE RESOLUCIONES DICTADAS POR UN TRIBUNAL UNITARIO DE CIRCUITO. CORRESPONDE A OTRO TRIBUNAL DE LA MISMA JERARQUÍA Y NO A UN JUEZ DE DISTRITO. Aun cuando existe discrepancia entre lo dispuesto por el artículo 42, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, y lo que establece el artículo 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, porque en el primero se previene que para conocer de los juicios de amparo que se promuevan contra actos de un Tribunal Unitario de Circuito, es competente el Juez de Distrito que, sin pertenecer a su jurisdicción, esté más próximo a la residencia de aquél, y en el segundo, que la competencia corresponde al Tribunal Unitario de Circuito más próximo al que emitió el acto reclamado; sin embargo, atendiendo al principio de la supremacía constitucional, contenido en el artículo 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la competencia debe recaer en el Tribunal Unitario de Circuito, porque el artículo 107, fracción XII, de la propia Constitución, expresamente dispone que la competencia para conocer de resoluciones dictadas por un Tribunal Unitario de Circuito, corresponde al Tribunal Unitario de Circuito más próximo; y por tanto debe prevalecer la disposición constitucional, y la acorde con ésta, que establece el artículo 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, porque dicho numeral tiene como base de sustentación, lo que expresamente dispone la Constitución." En esas condiciones, este Juzgado estima carecer de legal competencia para avocarse al conocimiento de la presente demanda de amparo; y, que el competente para conocer de ésta, es el Segundo Tribunal Unitario del Décimotercer Circuito, con sede en esta ciudad, conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XII, Constitucional y 36 de la Ley de Amparo, a quien deberá remitirse la demanda de amparo, para que en caso de considerarlo procedente, se avoque al conocimiento de ésta, únicamente respecto del acto consistente en la resolución de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno dictada en el toca penal 44/2021 del índice del Primer Tribunal Unitario del Décimo Tercer Circuito con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; solicitándole acuse el recibo correspondiente. Fórmese cuaderno de antecedentes. Se invoca en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 25/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, tomo VII, Abril de 1998, visible a página 17 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DE UN TRIBUNAL UNITARIO CUANDO EN SU CIRCUITO EXISTEN VARIOS. RECAE EN OTRO DEL MISMO CIRCUITO. Con motivo de las reformas al artículo 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en atención a lo dispuesto en el artículo 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a los Tribunales Unitarios de Circuito les compete conocer, entre otras cuestiones, de los juicios de amparo promovidos contra actos de otros Tribunales Unitarios, que no constituyan sentencias definitivas. De acuerdo a una correcta interpretación de lo previsto en la parte final de la fracción I del artículo 29 de la ley orgánica en mención, que textualmente dice: "... En estos casos, el Tribunal Unitario competente será el más próximo a la residencia de aquel que haya emitido el acto impugnado.", debe estimarse que la proximidad de la residencia a que se refiere el precepto en mención no excluye a un Tribunal Unitario del mismo circuito al que pertenece el señalado como autoridad responsable, lo que queda patente atendiendo a que con los preceptos antes señalados quedó superado lo estatuido en el artículo 42, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, referente a que es competente el Juez de Distrito que, sin pertenecer a su jurisdicción, esté más próximo a su residencia, pues dicha regla implicaba que el Juez de Distrito perteneciera a un distinto circuito al del Tribunal Unitario, para salvaguardar la independencia de aquél; pero ahora, como los actos de un Unitario son del conocimiento de otro tribunal igual en jerarquía y grado y ya no de un inferior, ninguna razón legal ni práctica subsiste para que, habiendo en el mismo circuito dos o más Tribunales Unitarios, queden mutuamente excluidos para conocer en amparo de sus actos; lo que queda patente atendiendo a la unidad lógica que se desprende del sistema de competencias establecido en la propia Ley de Amparo, ya que si el párrafo primero de su artículo 42 establece que un Juez de Distrito conoce en amparo de los actos de otro de su misma jurisdicción, por igualdad de razón un Tribunal Unitario puede conocer de los de otro Unitario de su misma circunscripción, a más de que, por identidad procesal sustancial, también se estima aplicable, para fincar la competencia del Tribunal Unitario del mismo circuito del responsable, la regla competencial del artículo 36 de la ley de la materia, consistente en que es competente para conocer del amparo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto que se reclama." No obsta a lo anterior, que el artículo 48, último párrafo, de la Ley de Amparo, establece que en los casos de notoria incompetencia del juzgado ante quien se presentó la demanda de amparo, el juez debe proveer respecto de la suspensión provisional o de oficio solicitada cuando se trate de los actos mencionados en el artículo de ordenamiento legal en cita, puesto que en el presente caso, de la literalidad de la demanda de amparo no se advierte que el acto destacado se encuentre en los supuestos que establece el referido artículo 15, esto es, no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación o destierro, o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal. Toda vez que no señaló domicilio convencional y autorizados para oír y recibir notificaciones, notifíquesele el presente auto y los subsecuentes en los estrados de este juzgado. Por otra parte, con apoyo en el artículo 5, fracción I, y 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se le tiene señalando el correo electrónico que menciona, únicamente para establecer comunicaciones no procesales, en su caso, cuyos registros se conservarán y certificarán para incorporarlos al expediente. Asimismo, para que se establezca el contacto respectivo cuando sea necesario llevar a cabo notificaciones personales, a fin de lograr el éxito de la diligencia y para seguridad de quienes intervengan en la misma, en cumplimiento a las medidas de aislamiento social y sana distancia. Lo anterior, dado que para recibir notificaciones electrónicas, debe contar con el nombre de usuario o contraseña que se crea al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o su firma electrónica (FIREL), en términos de los artículo 55 y 60 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Como medida preventiva respecto a la epidemia generada por el virus SARS-CovV2 (COVID-19), a efecto de aminorar el riesgo de contagio con motivo de la práctica de diligencias en el presente juicio de amparo, adoptar medidas estrictas de distanciamiento social y de esquemas para salvaguardar la salud de nuestra comunidad, se hace del conocimiento de las partes que tratándose de la práctica de diligencias, y demás comparecencias que suelan requerir la presencia física de las partes o de otros intervinientes, se puedan practicar mediante el uso de herramientas tecnológicas como las videoconferencias, cuando resulte necesaria su intervención, circunstancia que será aplicable incluso cuando la tramitación de un expediente se realice bajo el esquema tradicional y no mediante el modelo de juicio en línea. En otro aspecto, hágase de su conocimiento que, con fundamento en el artículo 6 del acuerdo antes mencionado, el modelo de atención presencial será basado en citas, que se generarán desde la modalidad del programa "Agenda OJ", con la que se realizará dicha funcionalidad, siguiendo y acatando los supuestos y las reglas señaladas en los incisos a, b, c, d, e y f del citado artículo 6. Con fundamento en el artículo 7 de Acuerdo General 21/2020, respecto a las medidas sanitarias para el acceso a los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, los que acudan a este órgano judicial deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Cuando tengan una cita programada las personas justiciables deberán acudir puntualmente a la misma y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia. El incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. En otro aspecto, se exhorta a la parte promovente a que, de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; por tal motivo, se hace del conocimiento que podrán presentar promociones y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección web https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. Se hace del conocimiento de la parte promovente, que esta determinación y las subsecuentes se firmarán de manera electrónica y que, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, tienen validez legal suficiente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregada al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ella su evidencia criptográfica. Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de la parte promovente, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. Por último, se autoriza a la Secretario encargado del trámite del presente expediente para que firmen los oficios que deriven de este asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Lo provee y firma electrónicamente, la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, licenciada D. Guadalupe Reyes García, en funciones de juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veintiocho de enero de dos mil veinte, y comunicado mediante oficio CCJ/ST/326/2020 de la misma fecha, signado por el Secretario Técnico de la Comisión citada; ante el licenciado Ramiro García Simón, Secretario que autoriza y da fe.
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