Jóse Emmanuel Ramírez Olivas

Expediente 1451/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1451/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
05/01/2022

Partes del expediente

  • Jóse Emmanuel Ramírez Olivas

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de enero de dos mil veintidós. I. Causa estado. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del auto de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por ********************, sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO EJECUTORIA LA REFERIDA DETERMINACIÓN; lo anterior, hágase del conocimiento de dicha parte quejosa. II. Archivo, relevancia documental y destino del expediente. Ahora bien, toda vez que en este expediente no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Destino. Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su destrucción, de conformidad con el inciso a), del artículo 21, del referido Acuerdo General y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Se hace constar que, como quedó asentado en la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos originales. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y la carátula. III. Notificación. Por último, dada la contingencia por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 y a fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, el presente acuerdo se ordena notificar por lista electrónica, a las diversas partes no ordenadas mediante oficio; máxime que el mismo no contiene alguna determinación que se califique como urgente. Notifíquese por lista electrónica.

  2. Principal

    (notificación a la parte quejosa) San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno. Registro de demanda. Agréguese a los autos el oficio 37188/2021 signado por la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta localidad, al que anexa el juicio de amparo 1391/2021, de su índice, promovido por ****, por propio derecho, contra actos de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado y otras autoridades; y hace del conocimiento que el titular del órgano jurisdiccional de su adscripción, declino competencia a favor de este órgano jurisdiccional por los motivos expuestos. En consecuencia; fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese su ingreso en el libro de gobierno, con el número 1451/2021. Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica y física, conforme a los lineamientos establecidos en el acuerdo en mención, por lo cual, deberán digitalizar, integrar y supervisar la captura electrónica de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en el mismo. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado. De igual manera, se hace del conocimiento a las partes que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. Se acepta competencia. Ahora, debido a que el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, declaró carecer de competencia legal por razón de turno, para conocer del juicio de amparo que promovió ****, por propio derecho, contra actos de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado; este Juzgador ACEPTA LA COMPETENCIA PLANTEADA. Por tanto, se ordena acusar el recibo correspondiente vía interconexión. Desechamiento. Antes de proveer respecto a la admisión de la demanda es necesario verificar que no exista motivo manifiesto e indudable que haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo. Dicho precepto, dispone que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia debe desecharla de plano; tomando como base, que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito inicial, y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto. De tal modo, que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia visible en la página ochocientos noventa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señaló como autoridad responsable a la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado; a la que reclamó lo siguiente: "La resolución de fecha 24 de noviembre del año 2021, emitido por la Tercera Sala Penal del Poder Judicial del Estado, Tribunal Superior de Justicia y notificada el 7 de diciembre de 2021, derivada del toca penal número ******, precisamente el considerando tres en relación con el resolutivo primero.". Asimismo, es pertinente precisar que la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, manifiesta que: "Con fecha 2 de agosto del año 2021, en las causas penales acumuladas ***** y *****, se me dictó sentencia condenatoria por un tribunal de juicio oral que depende del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. Que el trece de agosto siguiente, recurrió la sentencia condenatoria, por lo que se formó el toca penal *****, en el que la sala penal señalada como responsable, dejó insubsistente la sentencia combatida y ordenó la reposición del procedimiento." Por tanto, de un análisis integral de la demanda de amparo, este juzgador advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción V, del artículo 107, a contrario sensu, del mismo ordenamiento legal, en virtud que el acto reclamado no causa daños de imposible reparación al quejoso. Ante todo, debe precisarse el contenido del artículo 61, fracción XXIII, de la ley invocada que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." En tanto que el numeral 107, fracción V, del ordenamiento mencionado, dice: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." Ahora, por actos de imposible reparación debemos entender aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del juicio del que se derivan tales actos procesales, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera, esto en razón de los daños y perjuicios que puedan resentir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del juicio de que se trate, puesto que la privación de esos derechos ya no se pueden reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad que las violaciones cometidas en el juicio queden reparadas en la sentencia que llegue a pronunciarse. Conforme a lo anterior, los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen; esto es, dichos actos solo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. En el caso, el quejoso señala como acto reclamado la resolución de fecha 24 de noviembre del año 2021, emitido por la Tercera Sala Penal del Poder Judicial del Estado, Tribunal Superior de Justicia y notificada el 7 de diciembre de 2021, derivada del toca penal número ****, precisamente el considerando tres en relación con el resolutivo primero resolución, mediante la cual dejó insubsistente la sentencia definitiva de dos de agosto de dos mil veintiuno, emitida por el Juez de Garantía en Materia Penal del Distrito Judicial de la Cañada, en las causas penales acumuladas ***** y ***** y ordenó la reposición del procedimiento. Como se ve, en el juicio de origen el dos de agosto de dos mil veintiuno, el juez de primera instancia dictó sentencia definitiva, en la que condenó al ahora quejoso a ciento noventa y ocho años de prisión y una multa equivalente a 1,175,031.00 moneda nacional, (un millón ciento setenta y cinco mil treinta y un pesos 00/100 moneda nacional); pero dicho fallo quedó insubsistente, merced a que el veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, la sala responsable al resolver el recurso de apelación interpuesto por el quejoso en su contra, y ordenó reponer el procedimiento A PARTIR DE LA LECTURA DE SENTENCIA, determinación que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Lo que pone de relieve, que el acto reclamado es un acto de aquellos que no tiene una ejecución de imposible reparación, es decir, no es un acto que de una manera inmediata, lesione el interés de una de las partes en el juicio que perdure cualquiera que sea el sentido de la sentencia final que se pronuncie en éste, o bien, haga imposible la prosecución del procedimiento, pues la consecuencia del acto reclamado, es dejar sin efectos la sentencia emitida por el Juez de Garantía en Materia Penal del Distrito Judicial de la Cañada, veinticuatro de noviembre pasado, y que reponga el procedimiento en las etapas procesales indicadas, hasta que se dicte nuevamente sentencia, en la que bien puede ocurrir que el quejoso obtenga sentido favorable a sus intereses, con lo que quedarían reparadas las violaciones y los posibles perjuicios que se le hubieran causado con la resolución que reclama, y de ser adversa a sus intereses, tendrá la posibilidad de combatirlos a través del recurso de apelación que promueva en contra de la sentencia que se dicte y posteriormente a través del juicio de amparo. Por lo antes expuesto, la resolución dictada al resolver el recurso de apelación que declaró insubsistente la sentencia de primera instancia, y ordenó al Juez de Garantía en Materia Penal del Distrito Judicial de la Cañada, reponer el procedimiento, no causa una situación de irreparabilidad para el aquí quejoso; atento a que la misma sólo produce efectos intraprocesales, que no pueden considerarse como de imposible reparación en tanto que sus consecuencias podrían no repercutir en el propio juicio, en el supuesto de que el aquí impetrante de amparo, demandado en el juicio natural, obtuviera una sentencia definitiva favorable en el mismo. En efecto, se tiene que la finalidad perseguida con el establecimiento de medios impugnativos de control (como es el recurso de apelación) sobre las actuaciones de un proceso jurisdiccional, consistente en garantizar que el concepto vinculado de los actos del procedimiento se encuentren apegados a los requisitos y formalidades esenciales fijados como elementos sine qua non, para el cumplimiento pleno del objeto principal del proceso, consistente en resolver el litigio planteado con apego a la totalidad de elementos que se puedan reunir para acercarse al máximo a la verdad objetiva de los hechos que le dieron origen y ajustado a las disposiciones aplicables al sistema legal que lo rige. Así, a través de estos medios impugnativos se depura el procedimiento, excluyendo, y en su caso sustituyendo, los que se encuentran afectados en sus elementos definitorios, por lo cual, el resultado de la ineficacia declarada debe alcanzar sólo a los actos que se vean perjudicados en lo esencial con los vicios encontrados al revisar los combatidos en el medio impugnativo correspondiente. Dicho en otras palabras, las consecuencias de tal sentencia reclamada, no producen afectación en los derechos sustantivos a la parte actora, en virtud que la insubsistencia del fallo de primer grado, y la reposición decretada, son actuaciones que deberán ser respuestas, lo que lleva a estimar que el fallo reclamado, sólo produce efectos intraprocesales, porque de modo alguno, establece que en determinado sentido de fondo deba pronunciarse el juez natural, sino como se ha dicho se va a allegar de medios probatorios y alegatos, originando por consecuencia una expectativa de derecho para las partes. Es aplicable la jurisprudencia 56, del Pleno del más alto tribunal del país, publicada en el apéndice de 1995, de la octava época, tomo VI, Suprema Corte de Justicia de la Nación, materia común, página 36, que dice: "AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICION, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACION. Para establecer si procede el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que deja insubsistente la de primera instancia y ordena la reposición del procedimiento por violaciones cometidas en éste, en cada caso concreto debe estudiarse y determinarse si las consecuencias producidas por la insubsistencia de la resolución de primera instancia y por la reposición ordenada, son o no de imposible reparación, y para ello debe acatarse el criterio sostenido en la Jurisprudencia 6/1991, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en Sesión Privada de 22 de enero de 1991, con el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCION QUE DESECHA LA EXCEPCION DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA". En efecto, si bien la mera reposición del procedimiento, por regla general, no produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, consagrado por las garantías individuales, cuyas consecuencias no sean reparables aun cuando quien las sufra obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, en algunos casos las consecuencias de dicha reposición del procedimiento pueden llegar a producir tales afectaciones, caso en el que procederá el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que decretó la reposición. Por el contrario, si las consecuencias de la insubsistencia del fallo o de la reposición del procedimiento no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por las garantías individuales, se estará frente a una violación del procedimiento reclamable en el amparo directo que llegare a intentarse contra la sentencia definitiva, pues tal caso es análogo, por su gravedad y efectos, a los previstos por el artículo 159 de la Ley de Amparo, y afecta las defensas de la parte agraviada pudiendo trascender al resultado del fallo." Lo anterior es así, dado que como se dijo, sólo se afecta a las partes cuando los actos reclamados afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la constitución y en los tratados internacionales en los que el estado mexicano sea parte. Ciertamente, los actos procesales que pueden reclamarse en amparo indirecto son aquéllos que traen consigo una ejecución de imposible reparación, es decir, que por regla general el amparo biinstancial es improcedente para reparar violaciones cometidas en la secuela procesal, por ser dichas violaciones propias de estudio y análisis en el amparo directo, siempre y cuando se cumpla con las hipótesis previstas en los artículos 171 y 172, de la ley de la materia, y que sólo en casos verdaderamente excepcionales en que efectivamente el acto procesal afecte de manera directa e inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado (lo que en el caso no acontece), procederá el amparo ante el juez de distrito. Por lo que tomando en cuenta lo anterior, la resolución de la sala responsable que declaró inválida la sentencia del juez, ordenando reponer el procedimiento, de ninguna manera afecta en forma directa e inmediata los derechos del aquí quejoso, por ser inconcuso que los efectos jurídicos producidos por el acto reclamado que deja insubsistente la sentencia de primera instancia y ordena reponer el procedimiento para los efectos precisados, son meramente intraprocesales, y por ende, no afectan ningún derecho sustantivo tutelado por la ley; pues incluso de obtener sentencia favorable la solicitante de amparo, desaparecería el supuesto agravio, y en caso contrario tiene expedito su derecho para alegarlo como violación procesal en la demanda de amparo que se promueva contra la sentencia definitiva. De ahí que como ya se dijo, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, como los inherentes a la reposición del procedimiento, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y desaparecen si la ahora quejosa obtiene sentencia favorable. En consecuencia, la resolución reclamada de ninguna manera es impugnable a través del amparo indirecto, pues no constituye un acto que sea de imposible reparación, ya que dicha resolución sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene sentencia favorable, máxime que los tribunales tienen la obligación de examinar la procedencia de la acción y de las excepciones opuestas, y determinar si se configuran o no sus elementos. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la décima época, libro 6, mayo de 2014, tomo III, materia común, página 1539, de rubro y texto siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." Asimismo, apoya a lo anterior, la tesis I.1o.A.E.30 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y Jurisdicción en toda la República, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 16, marzo de 2015, tomo III, materia común, página 2317, de contenido siguiente: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución." Asimismo, apoya a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia I.4o.C.1, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 829, del Semanario Judicial de la Federación, de la octava época, tomo I, segunda parte-2, enero-junio de 1988, materia civil, de rubro y texto siguiente: "EJECUCION IRREPARABLE, ACTOS DE (INTERPRETACION DEL ARTICULO 114, FRACCION IV, DE LA LEY DE AMPARO). Anteriormente al quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, en que entraron en vigor las últimas reformas al artículo 107 constitucional y a la Ley de Amparo, por actos de imposible reparación para determinar la procedencia del juicio de amparo judicial indirecto, se debía considerar aquéllos que tuvieran una ejecución de carácter material sobre las personas en sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se pudieran reparar en el curso del juicio de que dimanan tales actos procesales, aunque se obtuviera una sentencia definitiva favorable, entre los que podríamos citar, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, así como aquellos que tuvieran por efecto impedir el dictado de la sentencia definitiva que decida las pretensiones de las partes en última instancia, como sería el desechamiento de la demanda, la declaración de caducidad de la instancia, el acuerdo que tiene por desistido al actor de la acción o la instancia, el que declara desierto el recurso de apelación contra la sentencia que decidió el negocio en primera instancia, etcétera, esto, en razón de los daños o perjuicios que pueden resentir los particulares con esa clase de actos, ya que no se les puede resarcir en ninguna actuación posterior dentro del juicio de que se trata, pues la privación de derechos a usar los bienes embargados, que prevalece durante el tiempo que dura el secuestro, ya no se puede reparar posteriormente; el menoscabo sufrido y los perjuicios resentidos al hacerse efectiva la multa tampoco son restituibles en el procedimiento, y los alimentos pagados tienen las mismas consecuencias; los efectos de la caducidad de la instancia, del acuerdo que tiene por desistido al actor, del que declara desierto el recurso aludido, llevan a la imposibilidad jurídica de que pueda dictarse sentencia definitiva en el juicio, con lo que impiden que las violaciones cometidas en tales procedimientos, sean reparadas material o jurídicamente con una sentencia favorable al afectado con las violaciones procesales. En el sistema constitucional y legal vigente subsiste dicha situación, excepto respecto de los actos procesales que ponen fin al juicio, que son actos reclamables en el juicio de amparo directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito." Así, al haberse determinado que el acto reclamado no se encuentra dentro de los supuestos de excepción previstos en la fracción V, del artículo 107, de la ley de la materia, es dable colegir que el presente juicio de amparo es improcedente, porque la consecuencia de la reposición del procedimiento es que se tramite nuevamente el juicio en sus etapas procesales, de tal manera que no afecta derechos sustantivos de imposible reparación susceptibles de analizarse a través de la vía constitucional. En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, aplicada a contrario sensu, se DESECHA DE PLANO la demanda que promovió ***** contra actos de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado y otras autoridades, en términos de lo que dispone el artículo 113 de la citada legislación. Es aplicable, la Jurisprudencia del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631 del Tomo XX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Septiembre de 2004, Materia Común, Novena Época, cuyo contenido es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y por autorizado para dichos efectos a la persona que menciona, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del diverso 24 de la ley en comento, por no encontrarse registro de su cédula profesional en el "sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los tribunales de circuito y juzgado de distrito";. Es aplicable al respecto, la Tesis XXI.1o.P.A.50K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 1384, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 173706, cuyo rubro dice: "PROFESIONALES DEL DERECHO. PARA TENERLOS COMO AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, BASTA QUE HAYAN REGISTRADO DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE GARANTÍAS, LA CÉDULA CORRESPONDIENTE EN EL SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO, ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O JUZGADOS DE DISTRITO". Finalmente, se toma nota del correo electrónico que menciona, para que sirva como medio de comunicación alternativa con dicha parte; precisándole que esto será con el único propósito de que este juzgado pueda brindarles atención mediante esas herramientas tecnológicas; y, sólo de estimarse necesario, este órgano conservará los registros de las comunicaciones y las certificará para incorporarlas al expediente respectivo, sin que ello constituya la realización de una notificación. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo invocada se HABILITA, desde ahora, AL ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO, PARA QUE, EN SU CASO, EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, realice las notificaciones personales que se ordenen, para el adecuado despacho de los asuntos Uso de medios electrónicos, gratuidad y accesibilidad. Por otra parte, de acuerdo a la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de medios electrónicos a las partes que intervendrán en este asunto. Sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que haga la parte quejosa, quien estará obligada a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, en virtud del contenido de datos personales relativos a las partes. Ilustra a lo anterior, la tesis siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Asimismo, se hace de su conocimiento que los servicios que presta este Juzgado son gratuitos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional; y que, la expedición de copias simples o certificadas, previa solicitud y autorización por acuerdo, se hará en cualquier hora dentro del horario de atención al público. Protección de datos personales. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desean que sean divulgados, se requiere su consentimiento. VIII. Compensación. En otra tesitura, envíese atento oficio a la encargada de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en este municipio, para que, este asunto sea contabilizado y realice la compensación correspondiente, por el sistema computarizado de tal oficina; lo anterior, a fin de compensar la carga de trabajo de cada órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente.

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