Jóse Emmanuel Ramírez Olivas
Expediente 1452/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 24 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1452/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 11/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Jóse Emmanuel Ramírez Olivas
- Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Incidental
"San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que en el juicio principal de donde deriva este incidente de suspensión, el cinco de diciembre de dos mil veintidós se archivó el expediente, por las razones ahí expuestas. Por tanto, con fundamento en los artículos 18, 20 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General mencionado. Comuníquese a las partes que, en términos del artículo 18, fracción I, inciso a), del referido Acuerdo, por haberse concedido la suspensión definitiva, el original de este expediente será DEPURABLE, el cual conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, una vez fenecido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, será depurado; acontecido lo anterior, se transferirá a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. En tanto que, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), de ese Acuerdo General, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha de este auto, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente de suspensión. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese por lista electrónica."
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, firmado por el magistrado Presidente de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, autoridad responsable, por conducto del cual, manifiesta y acredita haber dado cumplimiento a la precisión que sobre su fallo se hizo en la sentencia dictada en este asunto, el quince de noviembre del año en curso. Lo anterior, para que surta los efectos legales a que haya lugar, sin necesidad de mayor pronunciamiento, toda vez que la sentencia aquí pronunciada negó el amparo solicitado y a pesar de la precisión realizada en el penúltimo considerando de la sentencia ello no implica un tratamiento procesal de cumplimiento, propiamente dicho, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista electrónica."
- Principal
° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86, párrafo primero de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión, contra la sentencia de quince de noviembre del año que transcurre, en que se negó el amparo en este juicio promovido por la parte quejosa (única parte a quien puede afectar dicha determinación), sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria, se declara que ha causado ejecutoria la referida determinación; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Devolución de cuaderno de pruebas. Visto que mediante auto de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, se tuvo a la autoridad responsable, Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, remitiendo el original del toca penal ********************, de su índice, y diez discos versátiles digitales certificados, en apoyo a su informe justificado, con el que se formó un cuaderno anexo; considerando que, dado el estado procesal de este asunto, carece de utilidad mantener la custodia de esas constancias en este Juzgado, mediante atento oficio, remítanse a la autoridad responsable, sin necesidad de que acuse de recibido, habida cuenta que resulta suficiente el acuse del oficio con el que se haga entrega de tales anexos. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales; no obstante, dése cumplimiento a lo establecido por los numerales 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el siete de febrero de dos mil diecisiete. Archivo del expediente. Ahora, toda vez que no existe asunto pendiente de diligenciar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Destino. Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su DEPURACIÓN, conforme el artículo 18, fracción I, inciso b), del referido acuerdo; el cual se conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, una vez fenecido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, será depurado; acontecido lo anterior, se transferirá a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Lo anterior, sin que al respecto queden documentos pendientes por devolver a las partes, como se advierte de la certificación de cuenta. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
..VISTOS los autos, para resolver en sentencia el juicio de amparo indirecto 1452/2021, promovido por ***, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de demanda de amparo ante Juzgado diverso. Mediante escrito presentado el diez de diciembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta localidad, y remitido día, por razón de turno, al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, José Emmanuel Ramírez Olivas, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto y autoridad siguientes: "III. Autoridad o autoridades responsables en su calidad de ordenadoras y ejecutoras. Tercera Sala Penal del Poder Judicial del Estado, Tribunal Superior de Justicia (.). IV. La Norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclama: La resolución de fecha 24 de noviembre del año 2021, emitida por la Tercera Sala Penal del Poder Judicial del Estado, Tribunal Superior de Justicia y notificada el 7 de diciembre del año 2021, derivada del toca penal número JOTPA/30/2021, precisamente el considerando tres en relación con el resolutivo primero. Narró los antecedentes del acto reclamado; invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Remisión de demanda por conocimiento previo. En acuerdo de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, radicó el asunto bajo el número 1384/2021; y, se declaró legalmente incompetente para conocer del asunto, toda vez que el acto reclamado en la demanda de amparo antes destacada y los impugnados en diverso ante este órgano jurisdiccional, derivan de las mismas causas penales acumuladas 3/2016 y 02/2017, del entonces Juzgado de Garantía en Materia Penal del Distrito Judicial de la Cañada; razón por la cual, remitió el asunto a este Juzgado de Distrito -por conocimiento previo-. TERCERO. Desechamiento. Con motivo de lo anterior, el veinte de diciembre de dos mil veintiuno, se recibió la demanda de amparo en este órgano jurisdiccional; se registró en el libro de gobierno con el número 1452/2021; se aceptó la competencia planteada; y, se desechó, al considerarse que el acto reclamado consistente en la determinación de segunda instancia que ordenó reponer el procedimiento a partir de la lectura de la sentencia en el juicio penal de origen, no causaba daños de imposible reparación al quejoso. CUARTO. Recurso de queja. Inconforme con dicha determinación, el quejoso interpuso recurso de queja, que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, bajo el número 14/2022; medio de impugnación que se resolvió en sesión ordinaria virtual de veintiocho de abril de dos mil veintidós, en el sentido de declarar fundado el recurso hecho valer. QUINTO. Admisión y trámite. Con base en lo resuelto por la superioridad, el diecisiete de mayo de dos mil veintidós, se admitió la demanda de amparo; se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se solicitó el informe justificado a la autoridad señalada como responsable; y, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. En proveídos de veintiséis de mayo, trece de junio y doce de septiembre, todos de dos mil veintidós, se ordenó emplazar al agente del Ministerio Público adscrito a la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior del Estado de Oaxaca y a los niños de iniciales ******., por conducto de su asesor jurídico, a quienes se les reconoció el carácter de terceros interesados, cuyo emplazamiento se realizó el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós y trece de septiembre de dos mil veintidós, respectivamente; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal; 35 y 37 de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como del Acuerdo General 59/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el similar 3/2013, por tratarse de un asunto de naturaleza penal, y el acto reclamado tiene ejecución en donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Oportunidad en la presentación de la demanda. El siete de diciembre de dos mil veintiuno, se notificó la resolución reclamada al quejoso ***, por conducto de su defensor particular; notificación que surtió efectos el ocho del citado mes y año, en términos del numeral 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En consecuencia, si la demanda de amparo se presentó el diez de diciembre de dos mil veintiuno, es evidente que es oportuna. TERCERO. Fijación del acto reclamado. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y con apoyo en la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se fijan de forma clara y precisa los actos reclamados, por lo que de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama: De la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca: La resolución de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, dictada en el toca penal JOTPA/30/2021, del índice de la mencionada Sala Penal. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Los magistrados integrantes de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, al rendir su informe justificado aceptaron la existencia del acto que les reclamó el quejoso (fojas 69 a 72 del juicio de amparo); lo que se corrobora con los discos versátiles digitales de la causa penal 03/2016 y su acumulada 02/2017, del índice del Juzgado de Control Región Cañada, sede Cuicatlán; así como con las constancias relativas al toca penal JOTPA/30/2022, de la estadística de la Sala responsable. Medios de prueba que merecen pleno valor probatorio al tenor de los ordinales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su normativo 2. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, página 153, Materias(s): Común, con registro digital 394182, que es del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Así como la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 703, con registro 2004362, de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". QUINTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de los aspectos de fondo vinculados con la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, deben analizarse las causas de improcedencia por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, ya sea de oficio o bien a petición de parte, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62, de la Ley de Amparo. En el caso, no se advierte de oficio la actualización de alguna causa de improcedencia, y toda vez que tampoco se hizo valer alguna de éstas por las partes, resulta procedente pronunciarse sobre el tema de fondo. SEXTO. Conceptos de violación La parte quejosa expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes, los cuales deben tenerse por reproducidos sin que sea necesaria su trascripción, dado que tal circunstancia no la deja en estado de indefensión, pues ello no incide en el cumplimiento de los principios de exhaustividad y congruencia en el dictado de las sentencias, aunado a que no existe disposición alguna en la Ley de Amparo que obligue a actuar en tal sentido. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 58/2010, sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, con registro digital 164618, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". SÉPTIMO. Antecedentes. De las constancias exhibidas por las partes y que obran en este juicio de amparo, permiten conocer los datos más relevantes del asunto: 1. Audiencia de debate en la causa penal 03/2016 y su acumulada 02/2017. Causas que se instruyeron en contra del quejoso, por su intervención en los hechos que la ley señala como delitos de pornografía infantil en agravio de las niñas de iniciales ****así como el delito de violación equiparada agravada, en agravio de las niñas de iniciales ****., en las que el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, se inició la audiencia de debate en el Tribunal de Enjuiciamiento en Materia Penal del Circuito Judicial de Valles Centrales (disco 1-10) y concluyó el dieciséis de julio de dos mil veintiuno (disco 8-10). 2. Audiencia de lectura de fallo e individualización de penas. Antes de declarar cerrada la audiencia de debate, el Tribunal de enjuiciamiento indicó que la audiencia de lectura de fallo se realizaría a las catorce horas del diecisiete de julio de dos mil veintiuno, por videoconferencia; por cuestiones de salud del imputado se reprogramó la audiencia para el veintiuno de julio de dos mil veintiuno (de manera presencial para las partes técnicas y jueces), destacando que era importante la presencia del imputado, una vez que se emitió el fallo (condenatorio), se programó fecha para el desahogo de la audiencia de individualización de sanciones, que se llevó a cabo el veintiséis de julio de dos mil veintiuno (disco 8-10). 3. Audiencia de lectura de sentencia. Se señalaron las nueve de la mañana del dos de agosto de dos mil veintiuno, para la lectura de la sentencia y su correspondiente explicación, que se llevaría a cabo por videoconferencia, salvo del imputado, que debería presentarse en el local del Tribunal; y ante la imposibilidad de realizar el traslado del imputado a la audiencia antes señalada, se fijó de nueva cuenta el tres de agosto de dos mil veintiuno para la lectura y explicación de la sentencia, también por videoconferencia (disco 9-10). En esta nueva fecha (tres de agosto de dos mil veintiuno), el defensor particular en uso de la palabra expuso que el imputado se sentía mal (posibles síntomas de COVID, pues dos personas con las que comparte celda, están contagiadas) y solicitó se suspendiera la audiencia para que únicamente se le notificara la sentencia, omitiendo su lectura; petición que reiteró el imputado y la defensora pública, esta última agregó que era para evitar el contagio tanto al defensor que se encontraba en la sala de audiencias y personal del Juzgado. Al no existir inconveniente por parte de la representación social y del asesor jurídico de las víctimas, el Tribunal de Enjuiciamiento determinó prescindir de la lectura de la sentencia (cuya duración estimada sería de diez a doce horas), optando por emitirla de manera escrita (fojas 40 a 112, del cuaderno de pruebas anexo al juicio de amparo), haciéndose la precisión que la sentencia tenía fecha dos de agosto de dos mil veintiuno, que es cuando se daría lectura a la sentencia (disco 9-10), la cual fue enviada por medios electrónicos a las partes. 4. Recurso de apelación. Inconforme con la sentencia de primera instancia, el aquí quejoso interpuso recurso de apelación, que correspondió conocer a la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, bajo el toca penal JOTPA/30/2021, el cual se resolvió el veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno (fojas 144 a 154 del anexo I al juicio de amparo), cuyos puntos resolutivos fueron del tenor siguiente: "PRIMERO. Se deja se deja INSUBSISTENTE la sentencia fechada el dos de agosto de dos mil veintiuno, se declara la NULIDAD de la audiencia de lectura de sentencia, y se ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO a partir de la audiencia de la lectura de sentencia, para el efecto de que, el mismo Tribunal de Juicio Oral que presenció el debate y emitió la sentencia apelada, señale nueva fecha para celebrar la audiencia de lectura de sentencia, y en ella dicte verbalmente o le dé lectura a la sentencia respectiva. SEGUNDO. Remítase testimonio autorizado de la presente resolución al Tribunal de origen y en su oportunidad archívese el presente toca como asunto concluido. (.)". Determinación que constituye el acto reclamado en este juicio de amparo. OCTAVO. Estudio de fondo. Los conceptos de violación hechos valer por José Emmanuel Ramírez Olivas, son infundados, su examen se realiza bajo la perspectiva de la suplencia de la deficiencia de la queja, en acatamiento de lo dispuesto en la fracción III, inciso a), del artículo 79 de la Ley de Amparo. Así es porque al derivar el acto reclamado de un juicio de orden acusatorio y oral, la sentencia recurrida debió emitirse en audiencia oral, acorde a la naturaleza del asunto; y el no efectuarse de esa forma, infringe las formalidades esenciales del procedimiento como lo indicó la Sala responsable. Es así, porque la reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho, tuvo como uno de sus principales objetivos incorporar en la Constitución las bases del debido proceso legal y el mandato para crear juicios orales en México, tanto en el ámbito Federal como local. Aunado a ello, la modificación al artículo 20 constitucional concretizó la citada reforma, pues en éste se establecieron las directrices del proceso penal en el sentido de que es de corte acusatorio, adversarial y oral, como sus principales características, con especial atención en que debe desarrollarse bajo los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, en aras de cumplir con su objeto, a saber, el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Cabe destacar que la oralidad estriba en emplear el método de la audiencia para que el juez decida sobre la situación jurídica del imputado o acusado en un proceso penal, lo que constituye una de las características del nuevo proceso penal, ya que el juzgador deberá emitir de forma oral su determinación en la propia audiencia, a fin de transparentar el proceso y garantizar los principios del nuevo sistema, particularmente el de inmediación. La oralidad es la herramienta a través de la cual debe desarrollarse el proceso, la que cobra actualización tanto en las audiencias preliminares como en las de juicio; para efectos del proceso penal, estriba en que las partes, de viva voz expongan al juzgador sus pretensiones, argumentaciones y pruebas en el desarrollo del proceso. Luego, la referida reforma constitucional regula, bajo la nueva lógica del proceso penal acusatorio y oral, el dictado de las resoluciones del juicio. Así, la sentencia es la determinación mediante la cual el tribunal de enjuiciamiento establece en la audiencia de juicio si hay o no méritos para condenar al acusado, definiendo el hecho o hechos delictivos por los que se le sancionará o absolverá. Ahora bien, tradicionalmente un acto de molestia ha sido considerado como una afectación en la esfera jurídica del gobernado por algún acto de autoridad, y el artículo 16 constitucional al respecto ha dispuesto que para que pueda molestarse a una persona, debe existir un mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, y es que el derecho de fundamentación consagrado en el artículo 16 constitucional, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad para emitir el acto de molestia de que se trate, dando así certeza y seguridad jurídica al particular frente a dichos actos. Luego, eximir a la autoridad de fundar y motivar su acto, privaría al afectado de la posibilidad de impugnarlo adecuadamente. Por tanto, si los actos de molestia deben estar fundados y motivados, con mayor razón lo deben estar los actos privativos, como lo son las sentencias que se dictan en los juicios penales de corte acusatorio y oral. Aunado a lo anterior, como ya se adelantó, la oralidad como herramienta a través de la cual debe desarrollarse el proceso penal, cobra actualización tanto en las audiencias preliminares como en las de juicio; por tanto, bajo ese modelo de juicio el juzgador debe emitir de forma oral sus determinaciones en la audiencia, a fin de transparentar el proceso y garantizar sus principios, como lo son la publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, derivado de que dichos principios están íntimamente relacionados, pues la oralidad del nuevo proceso penal acusatorio es el instrumento para su desarrollo bajo el método de la audiencia para decidir la culpabilidad o inocencia del acusado; amén de que el sistema de audiencias introduce elementos de transparencia y rapidez en la toma de decisiones, impidiendo que el juzgador resuelva algo claramente contrario a lo que el público ve y entiende. En ese contexto, el juez o tribunal de enjuiciamiento debe emitir en la audiencia de juicio la sentencia respectiva, pues en ella expresará el fundamento legal y las razones por las que condenó o absolvió al imputado, lo que no sólo implica expresar los preceptos legales aplicables al caso, así como las razones, motivos y circunstancias que permitieron emitir la decisión, sino también efectuar la relatoría de las pruebas y su valoración para arribar a la conclusión de que se ha cometido un delito y que el imputado lo cometió o participó en su comisión, pues sólo así se generara certeza y seguridad jurídica al imputado, de que conozca plenamente el fundamento legal y las razones por las que el juzgador decidió condenarlo o absolverlo. Por tanto, es en la audiencia en que se emite la resolución respectiva donde debe cumplirse con la fundamentación y motivación, al margen de que ello se plasme también por escrito; en oposición a lo que aduce el quejoso en su segundo concepto de violación. Ya que lo relevante es que la fundamentación y motivación se precise cuando de forma oral el juez o tribunal emite la resolución respectiva, pues es en ese momento en el que se debe salvaguardar el principio de legalidad previsto en el artículo 16 constitucional, para que el gobernado conozca las razones y el fundamento legal por el que se le condenó o absolvió, generándosele seguridad jurídica, esto es, conocimiento libre de dudas acerca del contenido de las normas jurídicas y de su validez para, en su caso, combatir la arbitrariedad o ilegalidad de la actuación de cualquier autoridad. Ahora, en el caso de los nuevos juicios de corte acusatorio, en la videograbación consta de manera íntegra y fidedigna el desarrollo de la audiencia de juicio, en la que debe dictarse la sentencia, pues es una herramienta que ofrecen las nuevas tecnologías, desde los sistemas de grabación audiovisual, para la más fiel documentación de los actos orales, hasta los modernos procedimientos de comunicación, incluida la videoconferencia e inclusive, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 455/2012, analizó -entre otros aspectos- las videograbaciones de las audiencias celebradas en el proceso penal de corte acusatorio y oral, contenidas en archivos informáticos almacenados en un disco versátil digital (DVD), destacando que en acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Federal, en el proceso penal es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, cuya naturaleza jurídica es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio. Así, las audiencias videograbadas en formatos digitales (DVD), deben considerarse como las constancias audiovisuales del desahogo de las diligencias inherentes a un proceso penal de corte acusatorio, en estricto cumplimiento a los principios de oralidad y de publicidad que son propios de dicho sistema de enjuiciamiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL", que fue citada en el considerando cuarto de esta sentencia. Las anteriores consideraciones permiten advertir que en el caso del proceso penal acusatorio, en el que las actuaciones procesales se desarrollan en la audiencia -como uno de los ejes rectores del sistema- el dictado de la sentencia debe realizarse precisamente en la audiencia respectiva. Es así, porque aunado a lo ya expuesto respecto a los artículos 16 y 20 constitucionales, en lo atinente a los principios de legalidad y de oralidad e inmediación que rigen el juicio penal de corte adversarial, de diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, aplicado en el juicio de origen, así se advierte. En efecto, los numerales 348, 396, 400, 401, 404, 411 y 482, del citado ordenamiento legal, disponen: "Artículo 348. Juicio El juicio es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso. Se realizará sobre la base de la acusación en el que se deberá asegurar la efectiva vigencia de los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad, contradicción y continuidad. Artículo 396. Oralidad en la audiencia de juicio La audiencia de juicio será oral en todo momento. Artículo 397. Decisiones en la audiencia Las determinaciones del Tribunal de enjuiciamiento serán emitidas oralmente. En las audiencias se presume la actuación legal de las partes y del Órgano jurisdiccional, por lo que no es necesario invocar los preceptos legales en que se fundamenten, salvo los casos en que durante las audiencias alguna de las partes solicite la fundamentación expresa de la parte contraria o de la autoridad judicial porque exista duda sobre ello. En las resoluciones escritas se deberán invocar los preceptos en que se fundamentan. Artículo 400. Deliberación Inmediatamente después de concluido el debate, el Tribunal de enjuiciamiento ordenará un receso para deliberar en forma privada, continua y aislada, hasta emitir el fallo correspondiente. La deliberación no podrá exceder de veinticuatro horas ni suspenderse, salvo en caso de enfermedad grave del Juez o miembro del Tribunal. En este caso, la suspensión de la deliberación no podrá ampliarse por más de diez días hábiles, luego de los cuales se deberá reemplazar al Juez o integrantes del Tribunal y realizar el juicio nuevamente. Artículo 401. Emisión de fallo Una vez concluida la deliberación, el Tribunal de enjuiciamiento se constituirá nuevamente en la sala de audiencias, después de ser convocadas oralmente o por cualquier medio todas las partes, con el propósito de que el Juez relator comunique el fallo respectivo. El fallo deberá señalar: I. La decisión de absolución o de condena; II. Si la decisión se tomó por unanimidad o por mayoría de miembros del Tribunal, y III. La relación sucinta de los fundamentos y motivos que lo sustentan. En caso de condena, en la misma audiencia de comunicación del fallo se señalará la fecha en que se celebrará la audiencia de individualización de las sanciones y reparación del daño, dentro de un plazo que no podrá exceder de cinco días. En caso de absolución, el Tribunal de enjuiciamiento podrá aplazar la redacción de la sentencia hasta por un plazo de cinco días, la que será comunicada a las partes. Comunicada a las partes la decisión absolutoria, el Tribunal de enjuiciamiento dispondrá en forma inmediata el levantamiento de las medidas cautelares que se hubieren decretado en contra del imputado y ordenará se tome nota de ese levantamiento en todo índice o registro público y policial en el que figuren, así como su inmediata libertad sin que puedan mantenerse dichas medidas para la realización de trámites administrativos. También se ordenará la cancelación de las garantías de comparecencia y reparación del daño que se hayan otorgado. El Tribunal de enjuiciamiento dará lectura y explicará la sentencia en audiencia pública. En caso de que en la fecha y hora fijadas para la celebración de dicha audiencia no asistiere persona alguna, se dispensará de la lectura y la explicación y se tendrá por notificadas a todas las partes. Artículo 404. Redacción de la sentencia Si el Órgano jurisdiccional es colegiado, una vez emitida y expuesta, la sentencia será redactada por uno de sus integrantes. Los jueces resolverán por unanimidad o por mayoría de votos, pudiendo fundar separadamente sus conclusiones o en forma conjunta si estuvieren de acuerdo. El voto disidente será redactado por su autor. La sentencia señalará el nombre de su redactor. La sentencia producirá sus efectos desde el momento de su explicación y no desde su formulación escrita. Artículo 411. Emisión y exposición de las sentencias El Tribunal de enjuiciamiento deberá explicar toda sentencia de absolución o condena. TRÁMITE DE APELACIÓN (.) Artículo 482. Causas de reposición Habrá lugar a la reposición del procedimiento por alguna de las causas siguientes: I. Cuando en la tramitación de la audiencia de juicio oral o en el dictado de la sentencia se hubieren infringido derechos fundamentales asegurados por la Constitución, las leyes que de ella emanen y los Tratados; (.)". Ahora bien, cabe recordar que el procedimiento penal comprende la etapa preliminar (que abarca la investigación inicial y comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación; y la investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación); la intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y la de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. Luego, en los dispositivos legales transcritos se alude a algunos de los principios fundamentales del sistema penal de corte acusatorio; asimismo, que la oralidad rige en la audiencia de juicio; que las determinaciones del Tribunal de enjuiciamiento serán emitidas oralmente; quien dará lectura a la sentencia y la explicará en audiencia pública, la cual se dispensará en caso de que no asistiere persona alguna a su celebración; sentencia que producirá efectos desde el momento de su explicación y no desde su formulación escrita. En ese contexto, se advierte que, en el caso la sentencia que se dice dictada por el tribunal de enjuiciamiento en el juicio oral de origen, materia de estudio por la Sala responsable, no se pronunció en audiencia pública; ya que tal como se consideró en el acto reclamado, de los registros de audio y video remitidos por el Tribunal de Enjuiciamiento, sólo existe la audiencia de debate en la que, en esencia, se escucharon los alegatos de apertura, se desahogaron pruebas, se expresaron alegatos de clausura y se citó a las pates para la audiencia de lectura de fallo deliberatorio, en la que sólo se hizo la síntesis de lo que habría de concluir la sentencia, y se precisó que en la audiencia de lectura de sentencia se detallarían las razones por las cuales el fallo resultó condenatorio. Luego, se citó a una audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño, en la que una vez que se escuchó la petición del Ministerio Público, asesor jurídico, defensa privada y pública, se señaló fecha y hora para la lectura de sentencia, en la cual se justificaría la conclusión alcanzada. Al no poderse llevar a cabo la audiencia en la fecha señalada, se fijó nueva data (al día siguiente); sin embargo, el defensor particular en uso de la palabra expuso que el imputado se sentía mal (posibles síntomas de COVID, pues dos personas con las que comparte celda, están contagiadas) y solicitó se suspendiera la audiencia para que únicamente se le notificara la sentencia, omitiendo su lectura; petición que reiteró el imputado y la defensora pública, esta última agregó que era para evitar el contagio tanto al defensor que se encontraba en la sala de audiencias y personal del Juzgado. Y al no existir inconveniente por parte de la representación social y del asesor jurídico de las víctimas, el Tribunal de Enjuiciamiento determinó prescindir de la lectura de la sentencia (cuya duración estimada sería de diez a doce horas), optando por emitirla de manera escrita, haciéndose la precisión que la sentencia tenía fecha dos de agosto de dos mil veintiuno, que es cuando se daría lectura a la sentencia (disco 9-10), la cual fue enviada por medios electrónicos a las partes. La reseña anterior pone de manifiesto que se desacató lo dispuesto por los artículos 396, 397, 401, 404 y 411 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con transgresión a los derechos fundamentales de seguridad jurídica, legalidad y adecuada defensa, a que se refieren los artículos 14 y 16 Constitucionales, porque se realizó una actuación en forma diversa a la prevista en la ley, actualizando con ello la causa prevista en el artículo 482, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto último como lo indicó la Sala responsable. Por tanto, en oposición a lo mencionado por la parte quejosa, aunque obre un documento escrito que se dice corresponde a la sentencia dictada por el tribunal de enjuiciamiento, lo cierto es que de las videograbaciones enviadas en apoyo al informe con justificación que se envió a este Juzgado, no se advierte se hubiera pronunciado con cabal respeto al principio de oralidad, que es el instrumento que rige el sistema de enjuiciamiento penal, y que la ley secundaria, como ya se vio, constriñe a que el juzgador dicte sus decisiones en audiencia, al margen de que pueda redactarla por escrito, darle lectura e inclusive entregar copia de ella a las partes, pues esto no basta para excluir la obligación legal del juzgador de la causa de observar un principio legal y constitucional rector del proceso de origen, como lo es la oralidad. Además, cabe mencionar que el hecho de que no conste en la videograbación el dictado en forma oral de la sentencia respectiva, aunque sí obre por escrito, genera inseguridad jurídica al gobernado para preparar su estrategia defensiva o para interponer algún medio de impugnación en contra de dicha determinación, inclusive el juicio de amparo, ya que ni él ni la instancia revisora pueden tener la certeza de que lo plasmado por escrito es exactamente lo que se decidió en audiencia, aun cuando se haya dado lectura al fallo, pues dicha actuación no constituye propiamente la sentencia. En efecto, si bien los vocablos fallo y sentencia confluyen en su carácter procesal e inclusive se refieren a la etapa final o de decisión del juicio, no son lo mismo: el primero alude a la parte de la sentencia que contiene la decisión que se adopta, después del análisis de los hechos y explicación jurídica de derecho que se aplica (es la parte resolutiva o conclusiva de la sentencia); en tanto que la sentencia es la resolución que redacta el órgano sentenciador poniendo fin al juicio, bien sea un juez único o un tribunal. Luego, tanto la audiencia de lectura del fallo como de explicación de la sentencia, se reducen a la exposición de la parte conclusiva de la sentencia, como así se advierte en el caso, pues de las videograbaciones relativas a las citadas audiencias, se ve que el tribunal de enjuiciamiento se concretó a hacer una síntesis o reseña de la parte conclusiva de lo que, en el documento que se exhibió como sentencia, se decidió (disco 8-10), pero no implican el dictado verbal de ésta. Por tanto, se insiste, se estima que es la exposición oral, plasmada en la videograbación, la que dota al imputado del conocimiento completo de los fundamentos y motivos de su emisión, es decir, libre de dudas para que esté en aptitud de combatirlo; pero sobre todo, le da certeza, lo mismo que al tribunal de enjuiciamiento y de amparo, de que lo impreso en el documento al que se denomina sentencia, realmente corresponde a lo que el tribunal de enjuiciamiento decidió. Actuar en contrario (no emitir la sentencia en audiencia y de manera oral) originaría diversas problemáticas que entorpecerían el funcionamiento del sistema penal, pues no se tendría la seguridad de que lo plasmado por escrito es lo que se dijo oralmente en la audiencia. En lo conducente y por identidad jurídica sustancial, sirve de apoyo a lo anterior, el criterio que informa la jurisprudencia por contradicción de tesis 34/2017 (10a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de cinco de abril de dos mil diecisiete (pendiente de publicación), cuyo tenor es el siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA VIDEOGRABACIÓN DE LA AUDIENCIA EN SOPORTE MATERIAL EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL EMITIÓ TAL RESOLUCIÓN DEBE CONSIDERARSE COMO LA CONSTANCIA QUE EXIGE EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL PARA QUE EL IMPUTADO CONOZCA LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO DE MOLESTIA QUE RESTRINGE SU LIBERTAD PERSONAL, A EFECTO DE QUE PUEDA COMBATIRLO O EMPRENDER SU ESTRATEGIA DEFENSIVA EN EL PROCESO PENAL (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, NUEVO LEÓN Y ZACATECAS). El artículo 19 constitucional prevé el auto de vinculación a proceso como la determinación mediante la cual el juzgador establece en la audiencia inicial si hay méritos para iniciar un proceso penal en contra de imputado; asimismo, se define el hecho o hechos delictivos por los que se seguirá forzosamente el proceso y la investigación correspondiente. Razón por la cual, se trata de un acto de molestia emitido por el juez de control que al restringir la libertad personal, debe estar fundado y motivado como lo dispone el artículo 16 constitucional. En ese tenor, el referido principio de legalidad se cumple cuando en la audiencia se emite la resolución respectiva, sin que sea necesario que esa determinación también se haga constar por escrito, ya que en el caso del nuevo proceso penal acusatorio y oral que se rige por el artículo 20 constitucional, puede considerarse válidamente que la constancia que dota de seguridad jurídica al imputado para conocer el fundamento legal y las razones que tomó en cuenta el juzgador para vincularlo a proceso en términos del precepto 19 de la Ley Fundamental, es la videograbación en soporte material en la que consta de manera íntegra y fidedigna el desarrollo de la audiencia inicial en la que se dictó el auto de mérito, pues el hecho de que los actos de molestia deban constar por "escrito" en términos del numeral 16 en comento, lejos de ser incompatible con el contenido de los diversos preceptos 19 y 20, están perfectamente armonizados, toda vez que la oralidad es el instrumento y método de audiencias que rige el sistema de enjuiciamiento penal, y existe la videograbación de las audiencias como una herramienta tecnológica que permite constatar el acto de molestia en todas sus dimensiones, particularmente la fundamentación y motivación que debe contener, lo que hace innecesario que se emita una diversa resolución por escrito. Además, el imputado puede solicitar copia del audio y video de la audiencia, la cual al ser expedida por el juez de control en un disco versátil digital (por sus siglas DVD), adquiere la calidad de una prueba documental pública con la que robustecerá el conocimiento de la decisión que emitió el juzgador para vincularlo a proceso y estará en aptitud de ejercer su derecho de defensa en las etapas subsecuentes del proceso penal o interponer algún medio de defensa en contra de esa determinación, inclusive el juicio de amparo indirecto". Asimismo, es aplicable al caso la jurisprudencia XIII.P.A. J/3 (10a.), emitida por el entonces Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 54, Mayo de 2018, Tomo III, página 2348, Materias(s): Penal, con registro digital 2016886, que es del tenor siguiente: "SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO DE CORTE ACUSATORIO. SI AL REVISAR LA QUE FUE MATERIA DE ESTUDIO POR LA SALA DE CASACIÓN, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ADVIERTE QUE NO SE EMITIÓ ORALMENTE EN LA AUDIENCIA CORRESPONDIENTE, SINO SÓLO POR ESCRITO, ELLO ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ABROGADA). El artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como principales características del proceso penal que es de corte acusatorio, adversarial y oral. La oralidad permite a las partes exponer verbalmente sus pretensiones, argumentaciones y pruebas, y al juzgador emitir sus determinaciones en la propia audiencia, a fin de transparentar el proceso y garantizar los principios del nuevo sistema, particularmente el de inmediación. Por tanto, el Juez o tribunal de enjuiciamiento debe emitir en la audiencia de juicio la sentencia respectiva, expresando el fundamento legal y las razones por las que condenó o absolvió al acusado, lo que no sólo implica citar los preceptos legales aplicables sino, además, las razones, motivos y circunstancias suficientes que permitieron emitir la decisión, y también efectuar la relatoría de las pruebas y su valoración para llegar a concluir que se ha cometido un delito y que el acusado lo cometió o participó en su comisión, pues sólo así se le generará certeza y seguridad jurídica. Lo anterior, porque si los actos de molestia, en términos del artículo 16 de la Constitución Federal, deben estar fundados y motivados, con mayor razón lo deben estar los actos privativos, como lo son las sentencias. Lo cual es congruente con los artículos 314, 317, 323, 325, 389, 397 Bis B y 439 del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca (abrogado), que aluden a los principios de inmediación, continuidad y oralidad en el juicio acusatorio penal. En ese contexto, si se advierte que no existe constancia de que la sentencia dictada en el juicio oral de origen y que debió ser materia de estudio por la Sala de Casación para la emisión del acto reclamado en el juicio de amparo, se haya pronunciado en audiencia pública, sino que sólo obra por escrito, es claro que se realizó una actuación en forma diversa a la prevista en la ley, al inobservar un principio legal y constitucional rector del proceso de origen, como lo es la oralidad, lo que provoca indefensión al quejoso por generarle inseguridad jurídica, ya que ni él ni la instancia revisora tendrán la certeza de que lo plasmado por escrito es exactamente lo que se decidió en audiencia, y la explicación del fallo o sentencia, no constituye propiamente el dictado de ésta; además, podría considerarse que la constancia escrita se emitió en alcance a lo determinado por el tribunal de enjuiciamiento de manera oral, con la posibilidad de que fuera más allá de lo expresado en la audiencia; asimismo, se podrá generar incertidumbre jurídica respecto al momento a partir del cual transcurrirá el plazo para controvertir la sentencia, es decir, derivado de la emisión oral de la sentencia o cuando le sea entregada materialmente la resolución pronunciada por escrito; por tanto, ello actualiza el supuesto del artículo 173, apartado B, fracciones I y XII, de la Ley de Amparo, lo que amerita otorgar al quejoso la protección constitucional solicitada a fin de ordenar la reposición del procedimiento para que en audiencia se dicte o dé lectura a la sentencia respectiva". Por tanto, es acertado que la Sala responsable ordenara la reposición del procedimiento, a partir de la audiencia de la lectura de sentencia, para el efecto de que, el mismo Tribunal de Juicio Oral que presenció el debate y emitió la sentencia apelada, señale nueva fecha para celebrar la audiencia de lectura de sentencia, con la precisión siguiente: "en ella dicte verbalmente la sentencia respectiva y la explique", no como está redactada: ".señale nueva fecha para celebrar la audiencia de lectura de sentencia, y en ella dicte verbalmente o le dé lectura a la sentencia respectiva", pues como se ha explicado, lo verdaderamente relevante es la emisión de la sentencia en forma oral. Lo anterior, no es un simple formalismo sin sentido como lo menciona el quejoso, porque como se ha visto, la ley que rige el acto (Código Nacional de Procedimientos Penales), establece de manera expresa que en el caso del proceso penal acusatorio, en el que las actuaciones procesales se desarrollan en la audiencia -como uno de los ejes rectores del sistema- el dictado de la sentencia debe realizarse precisamente en la audiencia respectiva, con independencia de que se redacte de manera escrita. Sin que pueda considerarse, como pretende el quejoso, que no se apliquen los artículos 401 y 411 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque dice, que su redacción coincidía con lo establecido en el artículo 16 Constitucional antes de la reforma del quince de septiembre de dos mil diecisiete. Pues si bien mediante decreto publicado el quince de septiembre de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación se adicionó al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la parte conducente que establece "...En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio...", de ello no se obtiene que la sentencia que se deba emitir de manera oral en audiencia, quede relevada por su redacción únicamente en forma escrita. En esa tesitura, al resultar infundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, y al no advertirse violación a los derechos fundamentales del quejoso ****, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; sin embargo, se precisa a la autoridad responsable, que deberá ordenar al Tribunal de Enjuiciamiento, que en la fecha señalada para la audiencia de lectura de sentencia, dictará verbalmente la sentencia respectiva y la explicará. NOVENO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, de conformidad con los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; dése cumplimiento a lo establecido por los numerales 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil diecisiete. DÉCIMO. Anotaciones y firma de oficios. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Asimismo, se faculta a la actuaria adscrita para que firme y envíe los oficios que deriven de esta determinación. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ***, contra el acto atribuido a la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, consistente en la resolución de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, en el toca penal JOTPA/30/2021, de su índice, por las razones expuestas en el considerando octavo de este fallo. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento a los considerandos noveno y décimo de esta decisión, en los términos ahí precisados. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, tercera interesada y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y por oficio a las autoridades correspondientes y diverso tercero interesado.
Quedan 20 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · 12,117 expedientes
- José Eduardo Ramírez Antonio1058/2021
- José Eduardo Sabino García y Otros.1002/2022
- José Eduardo Sánchez Martínez853/2023
- José Eduardo Sandria Figueroa165/2019
- José Eduardo Varajas Vallejo1712/2016
- José Emanuel Ruiz López87/2018
- José Emmanuel Ramírez Olivas1205/2017
- Jóse Emmanuel Ramírez Olivas1451/2021
- José Emmanuel Ramírez Olivas1005/2016
- José Emmanuel Ruíz López739/2019
- José Enrique Aguilar Ortega1760/2016
- José Enrique Guzman Vargas341/2017