José Eleazar Cocoba Rábago
Expediente 621/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 8 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 621/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 01/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- José Eleazar Cocoba Rábago
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Causa ejecutoria sentencia, se ordena archivo...
- Principal
Certificación. En Hermosillo, Sonora, el seis de abril de dos mil veintiuno, el secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, certifico que los autos del presente asunto se integran por lo siguiente: 1) Informe justificado de la responsable; 2) Emplazamiento de la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, 3) Prueba documental, presuncional e instrumental de actuaciones ofertada por la autoridad responsable al rendir su informe con justificación. Asimismo, hago constar que: 1) En el auto de radicación, este juzgado estimó que, dada la naturaleza del acto, no existe tercero interesado; y, 2) Ya transcurrió el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes se impusieran del contenido del informe rendido por la autoridad responsable. 3) Asimismo, el diverso de quince días para que la parte quejosa señalara como nueva autoridad al director general de la Unidad Médica de Alta Especialidad 02. Lo anterior, para los efectos legales correspondientes. Doy fe. Juan de Dios Velasco Romero. Secretaria del juzgadoAudiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a diez horas con un minuto del seis de abril de dos mil veintiuno, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, con las constancias de emplazamiento a juicio de las partes e informe justificado rendido por la responsable. A continuación, se declara abierto el periodo probatorio, y el secretario da cuenta con la documental, presuncional e instrumental de actuaciones ofrecidas por la autoridad responsable. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su especial naturaleza las aludidas probanzas. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, el secretario hace constar que las partes omitieron realizar manifestaciones. El juez acuerda: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes a formular alegatos, por lo que se declara cerrado dicho periodo. Acto seguido, se da por concluida esta etapa; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 621/2020; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el veintiocho de septiembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido ese día, por razón de turno, a este juzgado de distrito, José Eleazar Cocoba Rábago, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra el acto que reclamó del delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Sonora, residente en esta ciudad. El cinco de octubre siguiente, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad responsable informe justificado; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Ahora, toda vez que el diecisiete de marzo de dos mil veinte, con motivo de la epidemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID19), el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitió el Acuerdo General 4/2020, con el cual suspendió la actividad judicial en los órganos jurisdiccionales, a fin de contener la emergencia y atender asuntos urgentes; después, emitió los diversos 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020 que modificaron y adecuaron al que le antecedía. Posteriormente, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión extraordinaria de veinte de diciembre de dos mil veinte, determinó regresar al esquema de contingencia previsto por el Acuerdo General 13/2020, por el periodo del veintiuno de diciembre de dos mil veinte, al once de enero de dos mil veintiuno; así, atendiendo a las directrices marcadas por dicho Acuerdo General, mediante acuerdo de tres de marzo de dos mil veintiuno, se ordenó la continuación del procedimiento. Finalmente, previo diversos diferimientos, dio inicio la audiencia constitucional en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los siguientes: Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que cuando el acto reclamado carece de ejecución es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Precisión del acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado la omisión de dar respuesta al recurso de reclamación patrimonial del Estado presentado el seis de septiembre de dos mil dieciocho, ante la responsable. Existencia del acto reclamado Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Sonora, no obstante de haberlo negado. Se estima así, ya que de la documental allegada por la citada responsable para justificar su negativa, consistente en el oficio 2790001 051100/, de diez de octubre de dos mil dieciocho, se advierte que por razón de competencia, remitió el escrito de queja signado por la parte perjudicada, al director general de la Unidad Médica de Alta Especialidad 02; sin embargo, no se advierte documental que acredite que la responsable haya notificado esta situación a la parte quejosa, circunstancia que revela la existencia de la omisión combatida al momento en que se instó la presente controversia; probanza que tiene el valor probatorio pleno que les asignan los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral segundo. Cobra aplicación la jurisprudencia 226, cuyo rubro es del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Causa de improcedencia Conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En ese tenor, quien resuelve advierte que en relación con el acto reclamado consistente en la omisión de dar respuesta al recurso de reclamación patrimonial del Estado presentado el seis de septiembre de dos mil dieciocho, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. De la interpretación de la referida norma se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos del acto reclamado; es decir, que ha quedado insubsistente, ya sea que la autoridad responsable haya revocado el acto materia de la litis, cuando éste tenga el carácter de positivo, o bien, cuando realice la acción que se le reclama, en el caso de los de índole negativo, como si se hubiese otorgado el amparo, de tal forma que el acto ya no agravie a la parte quejosa. Lo anterior porque el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando su objetivo ha desaparecido, que en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, para el caso específico, es que la autoridad responsable respete el derecho fundamental violado. De esta forma, se destaca que la parte quejosa reclamó violación al artículo 8° Constitucional, en virtud de la omisión del delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Sonora, residente en esta ciudad, de contestarle la petición contenida en el escrito presentado el seis de septiembre de dos mil dieciocho, ante dicha dependencia. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, es el derecho humano consagrado en el artículo 8° constitucional, en función del cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad tiene derecho a recibir una respuesta. Su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta se caracterizan por los siguientes elementos: A. La petición: debe formularse por escrito, de manera pacífica y respetuosa, ser dirigida a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además, el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla; tendrá que ser congruente con la petición. Además, la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tal efecto; tampoco existe obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló a que provea necesariamente de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver acorde con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso. También es jurídicamente válido considerar que la notificación de la respuesta se tenga por hecha a partir de las notificaciones o de la vista que se practiquen con motivo del juicio de amparo, pues así se cumplen las dos obligaciones previstas en el artículo 8 constitucional, que toda autoridad a quien le fue formulada una petición debe cumplir, es decir, dar respuesta a lo solicitado y darlo a conocer al gobernado en breve término. Por tanto, en atención a lo dispuesto en el artículo 8° Constitucional, la autoridad mencionada adquirió la obligación de emitir un acuerdo en el que diera respuesta, en breve término, congruente con la petición contenida en el escrito citado y, además, notificarla personalmente a la parte quejosa en el domicilio que hubiese señalado para tal efecto. Así, en el caso a estudio, el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Sonora, residente en esta ciudad, al rendir informe justificado, remitió copia certificada del oficio 2790001 051100/, de diez de octubre de dos mil dieciocho, mediante el cual por razón de competencia, remitió el escrito de queja suscrito por la parte perjudicada, al director general de la Unidad Médica de Alta Especialidad 02. Asimismo, conviene resaltar que mediante acuerdos de dos de diciembre de dos mil veinte y tres de marzo de dos mil veintiuno, este juzgado dio vista a la parte quejosa con el contenido del informe justificado y del oficio citado en el párrafo anterior, para que manifestara lo que a su derecho conviniera; los cuales fueron notificados el tres de diciembre de dos mil veinte y nueve de marzo de dos mil veintiuno, respectivamente. Bajo estas condiciones, se concluye que la autoridad responsable determinó lo que en derecho correspondía respecto al escrito de petición aludido, como se advierte de la constancia remitida en apoyo a su informe, circunstancia que se hizo del conocimiento de la parte quejosa por este órgano jurisdiccional; por lo que se cumplen las dos obligaciones previstas en el artículo 8° constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J. 36/99 emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal con número de registro 194060, que a la letra dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA. Cuando se concede la protección federal por violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, determinándose que la autoridad responsable debe dictar el acuerdo que proceda y comunicarlo al interesado, ha de considerarse cumplida la ejecutoria si la autoridad contestó por escrito la petición que le formuló el quejoso e intentó notificarle sin éxito, o aun cuando éste haya tenido conocimiento del oficio en la etapa de ejecución del juicio de amparo por medio del Juez de Distrito, o bien, si la autoridad responsable acredita en forma directa ante la Suprema Corte de Justicia el acatamiento dado a la ejecutoria con la documentación oficial que así lo demuestre; consecuentemente debe declararse sin materia el incidente de inejecución sin prejuzgar sobre el debido cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías, encontrándose a salvo los derechos del quejoso para, en su caso, hacer valer los medios de defensa que tenga a su alcance. Sin que para ello sea obstáculo la circunstancia de que no obre en autos la constancia de notificación a la parte quejosa, de los oficios de las autoridades ni el acuerdo del Juez de Distrito en relación al cumplimento del amparo, toda vez que el quejoso tendrá conocimiento de su contenido al notificársele el fallo de la Suprema Corte, lo que le permite estar en aptitud de hacer valer los medios de defensa correspondientes." Así, tomando en consideración que la parte quejosa conoció el contenido de la respuesta recaída al escrito en fecha posterior a la presentación de la demanda de amparo, resulta inconcuso que el acto reclamado aunque resultó cierto, cesó en sus efectos; es decir, la omisión de la citada autoridad quedó insubsistente, ya que la parte quejosa se enteró del oficio que se generó en atención al escrito que presentó, de tal manera que el acto reclamado ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por la desatención delatada. Es aplicable la tesis P. CL/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." De igual forma, sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 6/2000, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto disponen: "PETICIÓN, DERECHO DE. CUÁNDO SE CUMPLE CON LA GARANTÍA CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 8o. DE LA CARTA MAGNA. Si la protección federal se otorgó por violación a la garantía de petición consagrada en el artículo 8o. constitucional, para que las autoridades responsables dieran contestación congruente por escrito y en breve término a la solicitud formulada por el quejoso, tal exigencia se cumple cuando una de las autoridades responsables, director general de Recursos Humanos de la Procuraduría General de la República, subordinada a otra autoridad responsable, oficial mayor de la misma dependencia, da contestación a la solicitud por instrucciones de éste, aunque esta última autoridad no haya dado contestación, en tanto que se trata de autoridades de una misma dependencia y fundamentalmente lo que pretende la garantía constitucional invocada es la exigencia de dar contestación a la petición, toda vez que el precepto constitucional únicamente establece que el derecho de petición se cumpla en los términos antes especificados, por lo que la autoridad, independientemente de su cargo o jerarquía, tiene la obligación de contestar al peticionario y no dejarlo sin acuerdo alguno." También, conviene citar la jurisprudencia 2a./J. 205/2008 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." En consecuencia, es inconcuso que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Decisión En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia analizada en el apartado V, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, es que debe sobreseerse en el juicio de amparo. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 73 al 76 y 217 de la Ley de Amparo, se: Resuelve Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por José Eleazar Cocoba Rábago, respecto del acto reclamado en el apartado III, de este fallo, por las razones expuestas en el considerando V, de la presente resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. etm
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, tres de marzo de dos mil veintiuno. Continuación del procedimiento. De la certificación que antecede se advierte que en cumplimiento a la Circular CAP/3/2020, emitida por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, se suspendieron los plazos y términos del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno; asimismo, el expediente en que se actúa se encontraba en trámite, sin que exista diversa razón para permanecer suspendido. Reanudación de términos. Se acota que dado a que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Hágase del conocimiento de las partes, que la reanudación de los plazos procesales suspendidos opera conforme a los lineamientos dados por el propio Consejo de la Judicatura Federal; y en su defecto hasta la notificación de este acuerdo. Se exhorta para tramitar juicio en línea. Se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, lo anterior, en cumplimiento al artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV2. Herramientas de comunicación. Se pone a disposición de los justiciables para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales -sólo se atenderán consultas relativas a organización, horarios, lineamientos de trabajo y temas análogos, esto es, no se brindará información sobre el estado procesal de los asuntos- con el órgano en el teléfono institucional 6621082100, extensión 1018. Audiencia constitucional. Se señalan las diez horas con un minuto del seis de abril de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional. Autos. De la certificación de cuenta se advierte que en el presente juicio existe el proveído de veintiocho de diciembre de la anualidad pasada; sin embargo, de la certificación secretarial se asentó que no pertenece a este juicio de amparo, el cual por un error quedó registrado; en se contexto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento, par hace del conocimiento a la parte quejosa que el referido proveído no forma parte del presente asunto. Estado de los autos. Visto el informe justificado rendido por la autoridad responsable, del cual se desprende que canalizó el escrito presentado por el aquí quejoso -acto reclamado- al Director General de la Unidad Médica de Alta Especialidad 02, con sede en Ciudad Obregón, Sonora, para que en el ámbito de su competencia resolviera conforme a derecho. En ese contexto, con fundamento en el artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, para que en el plazo de quince días, manifieste si es su interés señalar como nueva autoridad responsable al Director General de la Unidad Médica de Alta Especialidad 02, con sede en Ciudad Obregón, Sonora, en virtud de lo expuesto por la responsable, así como el acto que le reclame; en la inteligencia que de no dar cumplimiento a lo anterior, el presente juicio continuará únicamente por la autoridad responsable y el acto reclamado inicialmente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario de juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.Ismael
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintiocho de diciembre de dos mil veinte. Continuación del procedimiento. De la certificación que antecede se advierte que la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, determinó regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del citado Consejo, mediante el cual se decretó la suspensión de plazos y términos procesales; no obstante, también se determinó que los asuntos tramitados bajo el esquema de "juicio en línea" o aquellos catalogados como "urgentes", se continuaría con su tramitación. Ahora, atento a que el acto que se reclama en el presente asunto es de naturaleza urgente, o bien, éste se presentó en línea, con fundamento en los artículos artículo 2, fracciones I y II, en relación con el diverso 10 y 1, fracción III, en relación con el numeral 2, fracciones VI y IX, todos del referido Acuerdo General, se deberá de continuar con la tramitación del procedimiento. Por ello, deben practicarse las notificaciones que se encuentren pendientes, para lo cual se habilitan los días y horas que resulten necesarios para la actuación jurisdiccional del asunto, durante la vigencia de la circular invocada. Se exhorta para tramitar juicio en línea. En la inteligencia de que, si la demanda de amparo se tramitó en forma física y le reviste las particularidades de urgencia a que alude el numeral 4 del citado Acuerdo General 13/2020 referido, a fin de no retrasar la impartición de justicia y dejar en estado de indefensión, con fundamento en el artículo 17 Constitucional, así como lo señalado en los diversos 1, fracción I, párrafo tercero, y 2, fracción IV, del citado Acuerdo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea." En la inteligencia que para ello, deberán contar con "firma electrónica", esto es, "FIREL" (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación) o "e.firma" (antes conocida como "FIEL"). Herramientas de comunicación. Se pone a disposición de los justiciables para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales (sólo se atenderán consultas relativas a organización, horarios, lineamientos de trabajo y temas análogos, esto es, no se brindará información sobre el estado procesal de los asuntos) con el órgano en el teléfono de guardia (662) 3421855. Notifíquese. Así lo acordó y firma María Guadalupe Noriega Vega, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargada del despacho por vacaciones del titular, conforme al artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada en términos del oficio CCJ/ST/3278/2020, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Violeta Ybarra Escalante, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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