José Eduardo Unzón Fausto

Expediente 984/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
984/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
18/01/2023

Partes del expediente

  • José Eduardo Unzón Fausto

Actuaciones

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, dieciocho de enero de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos el oficio y anexos de cuenta suscrito por la secretaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con sede en esta ciudad, por medio del cual remite testimonio de la ejecutoria pronunciada el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, en el recurso de queja 330/2022, interpuesto por la parte quejosa, contra el auto dictado el veintiséis de julio de dos mil veintidós, en el presente juicio de amparo, en el cual se resolvió: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja." Acúsese recibo de lo anterior al tribunal revisor. Glósense las constancias originales que formen parte del cuadernillo de antecedentes formado con motivo de la remisión del presente expediente a la superioridad. Háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracciones VII, XV y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Notifíquese. Así lo acordó y firma Violeta Ybarra Escalante, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, autorizada en términos del oficio CCJ/ST/128/2023, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Admisión de recurso. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, suscrito por el actuario adscrito al tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con sede en esta ciudad, por medio del cual informa que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto en contra del auto de veintiséis de julio de dos mil veintidós, dictada en este biinstancial, el cual se radicó como recurso de queja 330/2022. Por otro lado, tal como lo solicita, se comisiona a la oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de este juzgado, a fin de que efectúe la revisión correspondiente en el sistema electrónico y, en caso de que no se encuentre vinculado el presente asunto con el toca del tribunal de alzada, efectúe el trámite respectivo en el expediente electrónico, para los efectos legales del caso. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Interpone recurso queja. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que, mediante diligencia de notificación de doce de agosto de la presente anualidad, efectuada por el fedatario judicial adscrito la parte promovente manifestó que es su deseo interponer recurso de queja; en atención a su contenido, téngase por interpuesto el medio de impugnación que hace valer el promovente en contra del auto de veintiséis de julio de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja en contra del auto dictado por este juzgado; en tal virtud, en su oportunidad remítanse al Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, el escrito del recurso y copia certificada de las actuaciones que integran el presente asunto, para la resolución de dicho medio defensivo, rindiendo desde este momento el informe en relación a la materia de la queja, en el sentido de que sí es cierto el acto impugnado. Notifíquese personalmente al quejoso. . Así lo acordó y firma Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, autorizada en términos del oficio CCJ/ST/3437/2022, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Mario Alberto Huerta López, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintiséis de julio de dos mil veintidós. 1. Radicación. Fórmese el expediente respectivo, regístrese en el libro uno de Juzgado, correspondiente al registro de juicios de amparo con el número que le corresponda; y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 2. Desechamiento de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por José Eduardo Unzón Fausto y/o Pablo Alejandro Salas Chávez, contra un acto de la autoridad responsable Juez de Distrito Judicial de Primera Instancia del Sistema Oral, Especializada en Ejecución de Penas en el Estado de Baja California Sur, se desprende que reclama resolución de uno de junio de dos mil veintidós, emitida dentro de la carpeta de ejecución 128/2021. Ahora, del estudio integral de la demanda de derechos, se advierte, que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, por lo que procede el desechamiento de la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que del estudio integral de la demanda y bajo protesta de decir verdad, la parte quejosa refiere que la resolución impugnada le fue notificada el seis de junio de dos mil veintidós. Como se adelantó, se actualiza de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que el escrito de demanda fue presentado de manera extemporánea, al haber transcurrido el plazo de quince días, que al efecto señala el diverso numeral 17 del citado ordenamiento legal, para la presentación de la demanda de amparo. En efecto, la mencionada fracción XIV del artículo 61, de la Ley de Amparo, textualmente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.". Por su parte el artículo 17 de la ley de la materia literalmente dispone: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". En el caso, cabe precisar, que la demanda de amparo debió promoverse dentro de los quince días siguientes a aquel en que surtió efectos, conforme a la ley del acto en reclamo, la notificación de éste a la parte promovente, siendo pertinente destacar que el conocimiento del acto reclamado, para iniciar el cómputo del plazo antes referido, debe acreditarse fehacientemente por cualquiera de los medios de prueba previstos por la ley y no inferirse a base de presunciones. Por lo tanto, habrá de convenirse que si la parte promovente tuvo conocimiento del acto que reclama, el seis de junio de dos mil veintidós, en términos del artículo 18 de la Ley de Amparo, el plazo se computa a partir del día siguiente al en que surte efectos la notificación (siete de junio de dos mil veintidós) por lo que el plazo inició el ocho de junio del año en curso y feneció el veintiocho del mismo mes y año, con descuento del once, doce, dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis del referido mes y año, por ser inhábiles de conformidad con lo estipulado por el artículo 19 de la ley de la materia. Por ello, si hasta el veinte de julio de dos mil veintidós, presentó la demanda de amparo, es inconcuso que su promoción para instar al Juzgado Federal es por demás extemporánea, al rebasar el término a que alude el citado artículo 17, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esa virtud, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 61, fracción XIV, en relación con el 17, además, en el diverso 113 de la Ley de Amparo, resulta procedente desechar la presente demanda de amparo. Es aplicable al caso la jurisprudencia P./J. 27/96 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del rubro y texto que se transcriben a continuación: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cobra aplicación por analogía, la tesis de la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, del Tomo 27, Quinta Parte, visible a página 13, cuyo rubro y contenido son del tenor literal siguiente: "AMPARO IMPROCEDENTE POR SER PRESENTADO FUERA DE TÉRMINO. Cuando una demanda de amparo es presentada fuera del término a que se refiere el artículo 21 de la Ley de Amparo, debe reputarse que el actor consintió tácitamente el acto reclamado, por lo que, en términos de la fracción XII del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, el juicio de amparo es improcedente, y cuando esta circunstancia es advertida por la Sala que conoce del propio juicio, debe sobreseerlo". Por lo expuesto, y al existir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con apoyo legal en lo establecido en los artículos 113 y 61, fracción XIV, en relación con el diverso 17, de la Ley de Amparo, como se determinó, se desecha de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente. 3. Domicilio. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta. 4. Autorizados. Del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa no tiene designado asesor jurídico o defensor en el presente asunto. En consecuencia, a fin de garantizar efectivamente la igualdad de acceso a la justicia, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, requiérase a la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública, residente en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, designe un profesionista de esa dirección que funja como autorizado (defensor o asesor) para que lo asesore en el trámite del presente juicio, promovido por José Eduardo Unzón Fausto y/o Pablo Alejandro Salas Chávez, contra un acto de la autoridad responsable Juez de Distrito Judicial de Primera Instancia del Sistema Oral, Especializada en Ejecución de Penas en el Estado de Baja California Sur, que consideró violatorios de sus derechos humanos, lo cual constituye la litis en este juicio de amparo, que constitucionalmente es un derecho de índole federal, mediante la cual el gobernado busca proteger sus derechos fundamentales. En el entendido de que la petición que se realiza al instituto de defensa pública, deriva también de la obligación que tiene este juzgador como garante de los derechos de acceso a la justicia y defensa adecuada del peticionario de amparo, por ser una persona privada de su libertad. Es de invocarse en apoyo a lo acordado, la jurisprudencia V.3o.P.A. J/1, registro 2016971, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 2171, Libro 54, Mayo de 2018, Tomo III, Décima Época, Materia Constitucional del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo tenor literal, respectivamente, es como sigue: "ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA Y DEFENSA ADECUADA. PARA GARANTIZAR ESTOS DERECHOS HUMANOS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR UN QUEJOSO RECLUIDO EN UN CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL QUE RECLAMA ACTOS RELATIVOS A LAS CONDICIONES DE SU INTERNAMIENTO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DISPONER LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE SEA DEBIDAMENTE REPRESENTADO Y ASESORADO POR UN PROFESIONAL DEL DERECHO, INCLUSO CON LA DESIGNACIÓN DE UN ASESOR JURÍDICO. Mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, se modificó el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, rediseñándose la forma en la que los órganos del sistema jurisdiccional deben ejercer el control de constitucionalidad; por ello, se estableció que todas las autoridades tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte, lo que también comprende el control de convencionalidad. Por su parte, el artículo 18 constitucional, en la parte que se refiere al régimen penitenciario, establece que el sistema de ejecución de penas tiene como fin lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir. Asimismo, que la organización del sistema penitenciario se apoyará, entre otros, en el respeto a los derechos humanos; de ahí que sea indispensable dar contenido a los derechos que tienen los reos, entre los que se encuentran, la oportunidad a una debida defensa y asesoría legal en las situaciones que se les presenten en su condición de internos, la que, por sí misma, y por obvias razones, les impiden como a cualquier otra persona no privada de su libertad, buscar orientación legal adecuada. Por tanto, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclamen actos que no derivan de un procedimiento judicial, pero que se encuentran relacionados directamente con las condiciones de internamiento del quejoso en un centro de reclusión, como lo pudiera ser la falta de atención médica, malos tratos o azotes, ser aislado o segregado del resto de los internos, o interno en condiciones que transgredan el respeto a su dignidad, el Juez de Distrito, para garantizar los derechos de acceso a la justicia y defensa adecuada, debe disponer las medidas necesarias para que el quejoso sea debidamente representado y asesorado por un profesional del derecho, incluso con la designación de un asesor jurídico, quien tiene, dentro de sus funciones, brindar esos servicios jurídicos profesionales a los sectores de la población destacados de manera enunciativa, pero no limitativa, en el artículo 15 de la Ley Federal de Defensoría Pública. En consecuencia, puede deducirse que por razones análogas, también los núcleos de la población penitenciaria tienen una condición escasa de oportunidades para encontrar un apoyo legal digno, a fin de adquirir una representación jurídica capacitada para enfrentar las diversas situaciones que se les presenten bajo las condiciones restrictivas en que se encuentran; de ahí que los asesores jurídicos pueden ser designados por el juzgador de amparo para intervenir como autorizados de los quejosos en dichos juicios". 5. Información de contacto. En apego al artículo 23, fracción I y III, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazo y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se requiere a las partes para que proporcionen una dirección de correo electrónico y número telefónico. 6. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 7. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 8. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. Notifíquese personalmente al promovente y mediante oficio a la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública, residente en esta ciudad. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Violeta Ybarra Escalante, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · 9,432 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano