Jose Eduardo Rocha Gonzalez

Expediente 898/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
898/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
16/08/2023

Partes del expediente

  • Jose Eduardo Rocha Gonzalez

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Se agrega oficio. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, a través del cual informa que acepta la competencia declinada y se avoca a conocer del juicio de amparo promovido por José Eduardo Rocha González; además comunica que se formó el expediente 1033/2023. Certificación. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte que se ha incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace constar que se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Archivo. Por lo que, al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo aplicado en sentido contrario, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Cuaderno de antecedentes. En cumplimiento al artículo 19, fracción I, inciso a) del citado acuerdo, se establece que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, por haberse remitido en incompetencia; en el entendido que deberá archivarse en el lugar que corresponda hasta que transcurra el término de seis meses establecido en citado precepto. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, dos de agosto de dos mil veintitrés. Radicación. Vista la demanda, fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes como juicio de amparo 898/2023-I. Incompetencia. Ahora, es oportuno señalar que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad a efecto de determinar con exactitud la pretensión de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Por tanto, una vez analizada la demanda, se estima que este juzgado carece de competencia legal, por razón de territorio, para conocer de la misma, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, por las razones que enseguida se expondrán. De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: De las autoridades señaladas como responsables en carácter de ordenadora le reclamo la ilegal orden de desalojo y/o juicio dictado en mi contra fuera de todo procedimiento. De las autoridades señaladas como ejecutoras, se reclama la ejecución material y jurídica que se le pretenda dar a una posible y/o dictada ilegal orden de desalojo que me duelo, sin ser oído ni vencido en juicio, sin precisar el juzgado por desconocimiento reclamo la ejecución de la orden de desalojo. Asimismo, del escrito de demanda se advierte que el domicilio del que se duele el quejoso puede ser desposeído o desalojado se encuentra ubicado en calle Cerrada de la Herradura, número 1892, fraccionamiento Misión de San Carlos Residencial, en Mexicali, Baja California. Para justificarlo debe destacarse que los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo establecen lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda" "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva." La primera de las porciones normativas anteriormente reproducidas, establece, como elemento central en la determinación de la competencia de los Jueces de Distrito por razón de territorio, la ejecución del acto reclamado, sobre el que establece tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponde, que son a saber, las siguientes: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto se haya comenzado a ejecutar en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3. Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora, a fin de establecer la competencia de un Juez de Distrito por razón de territorio, es preciso, en primer término, acudir al examen del tipo de acto reclamado; en segundo lugar, analizar si dicho acto es o no de carácter ejecutivo; y, finalmente, determinar, a partir de esas bases, cuál de los criterios contenidos en el precepto legal invocado resulta aplicable para resolver ese tipo de tema de índole competencial. Así, al estudiar en qué consiste el acto materia de reclamo, se advierte que lo es en forma substancial: La ilegal orden de desalojo dictada en mi contra fuera de todo procedimiento. b) La ejecución material y jurídica que se le pretenda dar a una posible orden de desalojo, sin ser oído ni vencido en juicio. Por lo tanto, toda vez que de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado consiste en ilegal orden de desalojo dictada fuera de todo procedimiento, del domicilio ubicado en calle Cerrada de la Herradura, número 1892, fraccionamiento Misión de San Carlos Residencial, en Mexicali, Baja California, resulta dable colegir que tiene su ejecución en Mexicali, Baja California, y por tanto, resulta competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde tendrá ejecución el acto reclamado materia de la litis. De lo anterior, se hace concluir que el acto reclamado tiene su ejecución en la ciudad de Mexicali, Baja California, esto es, fuera de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito; por tanto en términos del artículo 37, primer párrafo de la Ley de la Materia, es competente el Juez de Distrito, en cuya jurisdicción donde deba ejecutarse, se está ejecutando o se ejecutarán los actos reclamados, que en el caso, lo es en la ciudad de Mexicali, lugar donde se encuentra ubicado el inmueble que defiende la parte quejosa, pues es en aquel municipio, donde en su caso tendrán ejecución los actos que en su libelo de amparo reclama el quejoso. De lo anterior se sigue, que conforme a la primera regla para fijar la competencia antes citada, el acto materia de reclamo tendrá su ejecución en el lugar donde ubica el inmueble respecto del cual el quejoso reclama su lanzamiento, de ahí que la competencia para conocer de la demanda de que se trata, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubica el domicilio del inmueble; circunscripción territorial que le corresponde al Juez de Distrito en Turno en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali; del conformidad con lo dispuesto en el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis III.2o.P.194 P, de los Tribunales Colegiados de Circuito, pagina 1060, tomo XXIII, Abril de dos mil seis 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 175281 que a la letra expresa: "ORDEN DE DESPOSEIMIENTO DE INMUEBLE. RESULTA COMPETENTE PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS PROMOVIDA EN SU CONTRA, EL JUEZ DE DISTRITO QUE TIENE JURISDICCIÓN EN LA ENTIDAD FEDERATIVA EN QUE SE ENCUENTRA EL BIEN, AUNQUE LAS AUTORIDADES EJECUTORAS RESIDAN EN SITIO DISTINTO. La ejecución de una orden de desposeimiento de inmueble es instantánea, toda vez que se consuma en el momento en que la autoridad materialmente limita su posesión a favor del tenedor; luego, si ésta se verifica en el lugar en que se encuentra el inmueble, se surte la competencia legal en favor del Juez de Distrito que tiene jurisdicción en la entidad federativa en que se ubica dicho bien, de conformidad con el primer supuesto a que alude el artículo 36 de la Ley de Amparo, en virtud de que al encontrarse la finca fija en un sitio, ineludiblemente es en éste en donde se ejecuta, sin importar que las autoridades ejecutoras tengan su residencia en distinto Estado de la República, toda vez que su traslado hacia el bien, aunque representa un papel destacado para llevar a cabo el desposeimiento, no implica que con esa actuación comience a ejecutarse, pues sólo constituye un hecho que sucede en una fase previa a los actos propiamente de ejecución, la que se materializa de manera instantánea precisamente cuando se realiza el desposeimiento que se impugna, aparte de que el numeral invocado, para fijar la competencia del juicio constitucional, atiende al lugar de ejecución del acto y no al que pertenezcan las responsables encargadas de llevarlo a cabo." En consecuencia, con fundamento en el artículo 37, primer párrafo de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por José Eduardo Rocha González, contra actos del Juez Primero Civil del partido Judicial de Tijuana y otras autoridades; por tanto, remítase el escrito original de demanda, al Juez de Distrito en Turno en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, por ser el órgano competente, a fin de que provea y comunique lo conducente en relación a la competencia declinada por este Tribunal, en términos del artículo 48 de la Ley de Amparo; asimismo, solicítese al Juez que por razón de turno le corresponda conocer de la demanda de amparo de que se trata, el acuse de recibo correspondiente; por tanto, fórmese cuaderno de antecedentes correspondiente. Autorizados. Asimismo, se tiene por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia a Edwin Adalberto Ramos Cosío y César Ernesto Pardo Heraldez, dado que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que cuentan con el registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no así Luis Raymundo Canseco Ríos, por no contar con dicho registro; y únicamente para oír y recibir notificaciones a Jocelyn Citlalli Cisneros Beltrán, por así haberlo solicitado. Consulta electrónica. Por otro lado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en vigor a partir del seis de mayo de dos mil veinte, se autoriza a la parte quejosa el acceso al presente asunto en su modalidad de expediente electrónico, para consulta y envío de promociones por tal medio, así como para recibir notificaciones. Ahora, dado que la parte quejosa, autoriza expresamente la vía electrónica para recibir notificaciones personales; en tal sentido; con fundamento en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo y 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se le tiene por señalada la vía electrónica para que las notificaciones personales generadas en el presente asunto se le hagan a la parte quejosa de esa manera; por tanto, se instruye a los actuarios adscritos a este juzgado para que las notificaciones de carácter personal se le practiquen a la parte quejosa por ese medio. En el entendido de que las mismas se sujetarán a los términos establecidos en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo. Por tanto, se comisiona a la Oficial Judicial A, realice la autorización respectiva para la consulta del presente juicio a través de la vía electrónica, por conducto del usuario "cesarpardo". Datos de contacto. Téngasele señalando el correo electrónico y teléfono que indica única y exclusivamente para entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Notifíquese personalmente.

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