Jose Dolores Cruz Rodriguez
Expediente 211/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 211/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/04/2021
Partes del expediente
- Jose Dolores Cruz Rodriguez
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiuno de abril de dos mil veintiuno. Se hace efectivo apercibimiento. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado de autos, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de tres días que se otorgó al quejoso ******************** mediante proveído de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, para que nombrara un defensor que lo represente en este juicio; sin que lo hubiera hecho. Designación de defensor. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído en cita; por lo que a fin de salvaguardar los derechos del peticionario del amparo, y no dejarlo en estado de indefensión, en el artículo 20, fracciones I y V, de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Baja California, en relación con lo dispuesto en el diverso numeral 10, fracción VI, del Reglamento de la Ley de Defensoría de Oficio del Estado de Baja California, gírese oficio a la Coordinadora Área Penal Zona Costa de Defensoría Pública Estatal Tijuana-Tecate-Rosarito, anexando copia simple de la demanda, con la finalidad que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, asigne al quejoso ******************** un defensor público, a fin de que adquiera una representación jurídica capacitada para enfrentar las diversas situaciones que se les presenten en el juicio, en razón a las condiciones restrictivas de libertad en las que se encuentra. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J.43/2019 (con número de registro electrónico 2020495) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obra en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación a página 1301 del Libro 69, Agosto de 2019, Tomo II, de rubro siguiente: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO." Apercibimiento. Apercibido que de no dar cumplimiento a lo anterior, o no manifestar el impedimento legal que tengan para ello, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 237, fracción I, en relación con el 259 ambos de la Ley de Amparo se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización. Notifíquese; y personalmente al quejoso ********************.
- Principal
Tijuana, Baja California, veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. Recepción oficio. Téngase por recibidos los oficios provenientes del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, mediante el cual remite la demanda de amparo promovida por José Dolores Cruz Rodríguez, a través del cual informa que mediante auto de ocho de diciembre de dos mil veinte, dictado en el juicio de amparo 919/2020-8 de su índice, se declaró legalmente incompetente para conocer del presente asunto. Acepta competencia. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 1, fracción I, 33, 35, 37, 107, 108, 115, 116 y 117 y relativos de la Ley de Amparo, así como a los Acuerdos Generales 3/2013 y 38/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aplicables en el presente asunto; este órgano jurisdiccional acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del juicio de amparo de que se trata; acúsese recibo de estilo. Radicación. Vista la demanda de cuenta y anexos, fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 211/2021-I. Incidente de suspensión. Sin tramitarse el incidente de suspensión toda vez que respecto de los actos reclamados se decretó la suspensión de plano en ocho de diciembre de dos mil veinte. Prevención. Ahora, en atención al contenido del escrito de demanda, resulta pertinente destacar que es obligación de este órgano jurisdiccional examinarla en su integridad y si en la misma existiere alguna irregularidad o deficiencia, se mandará prevenir a quien promueve para que cumpla con los requisitos omitidos o haga las aclaraciones que corresponda, para que pueda subsanarlas en tiempo. Así, previamente a acordar lo relativo a su admisión o desechamiento, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracciones III y IV, así como el 114, fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente José Dolores Cruz Rodríguez, para que dentro del plazo de cinco días hábiles, contado a partir del día siguiente al en que le surta efectos la legal notificación que se le haga del presente proveído, bajo protesta de decir verdad, especifique lo siguiente: 1. El acto reclamado a las autoridades que señala en el inciso B) del escrito de demanda, es decir, Área de psiquiatría en turno y coordinadora del área médica. Lo anterior, toda vez que en la demanda de garantías en el apartado correspondiente al acto reclamado no especifica lo que reclama de dichas autoridades, como se advierte de la siguiente transcripción: "4.- Acto reclamado: [.]. B) Del C. Médico psiquiatra adscrito al Cereso Hongo 1 actualmente sin presentarse ni dar nombre se reclama la negativa a seguir dando proporcionando recetas para que la familia pueda proporcionar el medicamento que el doctor psiquiatra Gurrola Flores prescribió al quejoso, así como su obligación de velar por el bienestar de quien suscribe coaligándose con la anterior autoridad señalados como responsable, afectando la salud del quejoso, Por lo que el actuar de esta autoridad señalada como responsable, lesiona flagrantemente los derechos constitucionales del quejoso establecidos en los artículos 4 y 16 constitucionales, así como los relativos a la salud de tratados internacionales de los que el estado de Mexicano forma parte, motivo por el cual se acciona la presente promoción constitucional de amparo indirecto, solicito el amparo y protección de la justicia federal." 2. Asimismo, si es su deseo señalar como autoridad responsables al "Médico Psiquiatra adscrito al Cereso Hongo 1", toda vez que, en el apartado de autoridades responsables no lo señala, pero en la parte relativa a actos reclamados, si especifica actos que le atribuye a dicha autoridad. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada XXVII.1º.3 K, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO SÓLO PUEDE PREVENIR AL QUEJOSO POR LOS MOTIVOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 114, EN RELACIÓN CON EL 108, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO PUES, DE LO CONTRARIO, VIOLENTA LAS FORMALIDADES DEL PROCEDIMIENTO. El artículo 114 de la Ley de Amparo establece la facultad del Juez para mandar aclarar la demanda de amparo, cuando advierta deficiencias, irregularidades u omisiones que deben corregirse, y precisa las hipótesis en que ello procede. En tanto que el artículo 108 de la propia ley señala los requisitos que debe contener la demanda. Por tanto, si el juzgador previene al quejoso por un motivo no previsto en los preceptos citados, violenta las formalidades del procedimiento, por ejemplo, cuando para proveer sobre la admisión de la demanda, requiere a la autoridad responsable para que informe o remita los autos o constancias, incluso del acto reclamado, para acordar lo procedente, lo que en todo caso sería materia del informe justificado; a más de que con ese proceder, se presume que la pretensión es evitar la admisión de la demanda, indagando sobre una causa de improcedencia, lo cual contraviene el derecho humano a una tutela judicial efectiva, pues solamente en aquellos casos en que la causa de improcedencia es manifiesta e indudable, procede el desechamiento de plano de la demanda, en términos del artículo 113 de la ley invocada, sin que la ley autorice esa investigación, antes de admitirse la demanda." Sustenta a lo anterior, la tesis I.4o.C. 26 K, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO. Si bien es cierto que el artículo 146 de la Ley de Amparo obliga y faculta al juzgador a prevenir a un peticionario de garantías a efecto de que realice cualquiera de las siguientes actividades: a) aclare su demanda, en la hipótesis de que exista alguna irregularidad en ésta o no se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; b) complete los requisitos del artículo 116 de la Ley de Amparo, en caso de que hubiere omitido alguno; c) exhiba las copias de la demanda de garantías que sean necesarias en términos del artículo 120 de la propia ley, también lo es que si del análisis de la demanda de amparo y sus anexos correspondientes, no se advierte que exista alguna deficiencia de las apuntadas, es evidente que no se debe hacer requerimiento o prevención alguna". En la inteligencia que el requerimiento antes señalado deberá ser desahogado directamente por el promovente y no por conducto de interpósita persona, ya que los hechos que le incumben son de carácter personal y que sólo a ella le corresponde. Apercibimiento. Asimismo, de no dar cumplimiento a lo anterior en el término y condiciones antes apuntadas, se tendrá por no presentada la demanda de amparo de que se trata, conforme a lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Requerimiento. De la demanda de amparo se advierte que el quejoso José Dolores Cruz Rodríguez no cuenta con un defensor que lo patrocine en el presente juicio; en consecuencia, se previene al quejoso para que al momento de la notificación o dentro de los tres días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, nombre un defensor que los represente, bajo el apercibimiento de que, en caso de que no quiera o no puedan nombrarlo, este órgano jurisdiccional les nombrará uno de oficio. Lo anterior con apoyo en el criterio jurisprudencial 1a./J. 43/2019 (10a.), sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc. -, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja." Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además, en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no lo integrarán las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponden a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; tampoco las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitro de esta juzgadora, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones. Notifíquese; y personalmente al quejoso José Dolores Cruz Rodríguez.
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