José Eduardo Ramírez Ramos
Expediente 6/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 6/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- José Eduardo Ramírez Ramos
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veinte de enero de dos mil veintitrés. Vistas las constancias que integran este expediente y la certificación de cuenta, se declara que el auto por el cual se desechó la demanda de amparo ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Archívese como asunto concluido. Hágase la anotación de rigor en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESTINO. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN -una vez transcurran tres años- al haberse desechado la demanda de amparo y carecer de relevancia documental. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, cinco de enero de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por José Eduardo Ramírez Ramos, contra actos del 1. Presidente de la Junta Especial Número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y otra autoridad. Fórmese expediente. Regístrese con el número 06/2023-VI en el libro de gobierno respectivo. Háganse las anotaciones correspondientes. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). -DESECHAMIENTODe conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda. De encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Cabe señalar que el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. El diverso 107, fracciones IV y V, de la Ley de la materia, prevé que el juicio de amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Conforme a la fracción IV, el juicio de amparo procede contra actos: a) ejecutados después de concluido el juicio; b) de ejecución de sentencia, y c) tratándose de remates. En relación con la fracción V, el amparo procede cuando los actos dictados dentro del juicio natural tienen sobre las personas o las cosas, una ejecución que sea de imposible reparación. Tienen esa afectación los actos si sus consecuencias son susceptibles de trasgredir inmediatamente alguno de los derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, la posesión, etcétera. Esta afectación o sus efectos no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga un fallo favorable a sus pretensiones en el juicio. Los actos de ejecución reparables no tocan por sí tales valores, sino sólo la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida que influyen para que la sentencia sea adversa a los intereses del agraviado. Ahora, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la amplitud de la norma contenida en la fracción V (imposible reparación), sintetizada en el párrafo que antecede, da pauta para interpretar la fracción IV (ejecución) en el sentido que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente, por analogía, la fracción V para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. El criterio citado encuentra sustento en la Jurisprudencia 608 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Apéndice 1917- Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Quinta Sección - Procedencia del amparo indirecto, Materia Común, página 674, Novena Época, registro 1002674, siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte esencialmente el reclamo versa en: - La omisión y/o abstención en no emitir acuerdo respecto de la promoción presentada el día trece de diciembre del dos mil veintidós, dentro de los autos del juicio laboral 456/2017 del índice de la Junta Especial Número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Boca del Río, Veracruz, señalada como responsable. Del capítulo de conceptos de violación se obtiene el impetrante manifestó bajo protesta de decir verdad, el trece de diciembre de dos mil veintidós, presentó escrito ante la Junta responsable, sin que a la fecha haya proveído al respecto dentro del juicio laboral 456/2017. En efecto, se considera que el acto combatido tiene el carácter de una violación procesal que no tiene el carácter de imposible reparación, al versar sobre aspectos relativos a la omisión de acordar un escrito presentado por la parte quejosa el día trece de diciembre de dos mil veintidós, mediante la cual solicitó la ampliación del embargo, respecto de los bienes de la parte demandada. De ahí que el juicio de amparo sea improcedente. Conforme a ello, es importante precisar que, como se dijo, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales y administrativos, siempre que los mismos tengan el carácter de "imposible reparación", o el quejoso hubiese quedado sin defensa legal alguna y, en el caso concreto, no se actualiza alguno de esos supuestos, ya que se trata de un reclamo meramente procedimental relativo a la omisión de proveer un escrito. Asimismo, dicho acto reclamado no puede verse de forma autónoma, porque se trata de una violación adjetiva, conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación correspondiente. Como apoyo a lo anterior es aplicable, por su contenido, la tesis jurisprudencial 8/2015, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió la contradicción de tesis 130/2014, visible a foja 478, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2008883, de rubro y contenido siguientes: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA). De acuerdo con lo establecido en el artículo 114, fracciones II, III y IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, se desprende que en contra de actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales, como dentro de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional cuando los actos tengan el carácter de 'imposible reparación'; o cuando el quejoso hubiese quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada" Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto en la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable, cuenta habida que, en opinión de quien esto resuelve, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes, dados los lineamientos del Alto Tribunal. Sin embargo, dado el criterio contenido en la jurisprudencia 1a./J.8/2015, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es necesario que la violación reclamada se traduzca en una violación directa e inmediata a un derecho sustantivo, que impida en forma actual, el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva. Asimismo, el Máximo Tribunal del país estableció que cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, si el reclamo se da dentro de un procedimiento, no se cumpliría con el requisito de procedencia del amparo indirecto consistente en la transgresión a un derecho sustantivo o que el acto hubiese dejado sin defensa al quejoso. Lo anterior, pues no se trata de una afectación autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da en dicho contexto, por lo que tiene un carácter adjetivo y tiene que atender a las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada. Sin que en el caso particular pueda considerarse que de la fecha de la presentación de la petición formulada por el quejoso a la autoridad responsable (trece de diciembre de dos mil veintidós) a la presentación de la demanda (tres de enero de dos mil veintitrés), exista una abierta dilación del procedimiento o su total paralización. Se tiene como hecho notorio la autoridad responsable Junta Especial Número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Boca del Río, Veracruz, se encuentra gozando de su periodo vacacional de invierno el cual inició el diecinueve de diciembre de dos mil veintidós y culmina el seis de enero de dos mil veintitrés. Por tal motivo, se tiene que solo pasaron tres días hábiles, a partir de la presentación de su solicitud. Por lo que, es inconcuso que se encuentra transcurriendo el término de cuarenta y cinco días con que cuenta la autoridad para que pudiera evidenciarse existe violación a un derecho sustantivo al configurar una dilación excesiva. Corrobora lo anterior el criterio jurisprudencial 2a./J. 33/2019 (10a.), con registro 2019400, emitida en esta Décima Época por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, Materias: Común y Laboral, página: 1643, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio - por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." Por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracciones IV y V, aplicados a contrario sensu, en relación con la fracción XXIII del artículo 61, ambos de la Ley de Amparo, el juicio promovido resulta improcedente y, por tanto, con apoyo en el artículo 113 del ordenamiento legal en cita, se desecha la demanda de amparo, al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sin que obste, el impetrante se encuentre mencionando también como autoridad responsable al Secretario del Trabajo, Previsión Social y Productividad del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa. Señalándole como reclamo la omisión en la vigilancia del cumplimiento de los términos por parte de la Junta señalada como responsable. Al efecto, se estima dicha actuación deriva como consecuencia del primer reclamo. Siendo trascendente el impetrante realmente pretende sea subsanada la omisión atribuida a la Junta Especial Número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Boca del Río, Veracruz dentro del expediente 456/2017 de su índice. Máxime, que no obra referencia al hecho de haber presentado solicitud específica alguna ante la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, respecto del actuar de la Junta de referencia. De ahí que tampoco se advierta un interés jurídico [en caso de valorar de forma independiente dicho acto reclamado] por parte del quejoso, en términos del numeral 61, fracción XII de la Ley de Amparo. Lo cual conlleva igualmente al desechamiento de esta demanda.
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