José Dolores Cetina Robles
Expediente 1128/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 1 actuación registrada, la última del 6 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1128/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 06/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- José Dolores Cetina Robles
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, seis de diciembre de dos mil veintidós. Fórmese expediente con el oficio 6/2022 [con anexo] signado por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en este edificio sede, con el cual remite escrito turnado como demanda de amparo indirecto promovida por ********************, por la Encargada de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, en esta ciudad. Regístrese con el número 1128/2022-VIII, en el libro de gobierno respectivo. Háganse las anotaciones correspondientes. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). -INCOMPETENCIA- De la demanda se destaca la parte quejosa atribuye el acto reclamado a las autoridades responsables: 1) Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 14 "CPS DURANGO". 2) Titular de Administración de Servicios Médicos. Área Médica del Centro Federal de Readaptación Social Número 14 "CPS DURANGO". 3) ********************especialista dentro del Área Médica del Centro Federal de Readaptación Social Número 14 "CPS DURANGO". 4) Titular del Área de Bancos del Centro Federal de Readaptación Social Número 14 "CPS DURANGO". Todas con sede en Gómez Palacio, Durango. Lugar donde se encuentra recluido. Refiere incluso acudió a la controversia judicial que se radicó ante el Juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en Coahuila de Zaragoza, quien la concedió para que se le suministre el medicamento controlado que solicita. En ese sentido, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece las reglas a que ha de sujetarse la competencia de un Juez de Distrito para conocer de una demanda de amparo, el cual a la letra dice: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. [.] Del precepto legal transcrito se advierte que el criterio para establecer la competencia de un juicio, se determina en relación con la ejecución de los actos reclamados. De modo que, si el acto requiere ejecución material, será competente el Juez que ejerza jurisdicción donde deba tener ejecución. En el presente asunto, la parte quejosa se duele de la omisión de proporcionarle el medicamente adecuado, en forma gratuita, para sus padecimientos patológicos "Trastorno de ansiedad, estrés postraumático, insomnio, ataques de ira, cambios de humor espontáneamente y problemas de concentración". Asimismo, bajo protesta de decir verdad, refiere como antecedentes: - Realizó petición administrativa con folio 7601, dirigido a la Dirección General para hablar con el Titular del Centro Federal C.P.S Número 14 y no ha tenido respuesta. - Presentó diversa solicitud con folio 14627, dirigido al área médica del Centro Federal C.P.S Número 14, a efecto que se le suministrará el medicamento que el directo quejoso señala estar pagando y una interconsulta con el especialista en psiquiatría. - En el mes de julio, sin señalar año, mandó otra petición al área médica para que se le descontaran dieciocho cajas de clonazepam del dinero con que cuenta en sus gastos médicos, así también se le suministrara la quetapina 100 mg y la amitriptilina 25mg. - En quince de septiembre del presente año formuló diverso escrito para renovación del medicamento controlado clonazepam (2mg), así como la valoración de un optometrista, sin que haya tenido respuesta. - Indica además haber planteado controversia judicial ante el Juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en Torreón, Coahuila de Zaragoza, registrada con el número 363/2022, lo cual ya fue exhortado al Centro Federal y ha hecho caso omiso a los mandatos judiciales. Refiere agotó todos los recursos, peticiones administrativas, controversia judicial y hasta la fecha de presentación de la demanda, no se le ha proporcionado el medicamento adecuado. De ahí que para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de amparo, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado. Así, debe decirse, que la entrega de medicamentos y todo lo relacionado con sus condiciones de internamiento [peticiones realizadas al personal de ese centro penitenciario e incluso la controversia judicial interpuesta] íntimamente vinculadas con la omisión que se reclama debe tener ejecución en el Centro Federal de Readaptación Social Número 14 "CPS DURANGO", con sede en Gómez Palacio, Durango. En apoyo de lo anterior, se cita la jurisprudencia PC.XVI.P. J/3 P (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Penal del Decimosexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro digital: 2019492, de rubro y texto: COMPETENCIA TERRITORIAL PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE RECLAME LA OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A LOS INTERNOS EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. RECAE EN EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR AL QUE CORRESPONDA EL DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO, AL SER UN ACTO NEGATIVO CON EFECTOS POSITIVOS. De lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. XVII/2018 (10a.), de título: "CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD.", se advierte que para que la inactividad de la autoridad constituya, en el ámbito jurídico, una omisión, es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. Por otra parte, los artículos 34 y 72 a 80 de la Ley Nacional de Ejecución Penal imponen a las autoridades penitenciarias la obligación de garantizar atención médica a los internos bajo su resguardo, en tutela al derecho humano a la salud. Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que la ejecución material de un acto reclamado no atiende solamente a su contenido -en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o la prohibición de llevar a cabo algo-, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. Así, la omisión de las autoridades penitenciarias de brindar atención médica a los internos bajo su resguardo constituye un acto negativo con efectos positivos, pues produce una afectación que trasciende a la materialidad, ante la alteración o agravamiento de su estado de salud, por lo que posee el atributo de ser ejecutable materialmente. Con base en lo anterior, se concluye que la regla de competencia por territorio a la que hay que acudir, es la prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que finca los atributos para conocer de la demanda relativa, a favor del Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en el que deba, trate, se esté o se haya ejecutado el acto reclamado, es decir, en el domicilio del establecimiento penitenciario. Establecido lo anterior, como ya se anticipó esta autoridad declara carecer legalmente de competencia para conocer de la demanda de amparo. Corresponde a un Juez de Distrito en La Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila, conforme el Punto Cuarto, fracción VIII del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Máxime que es la competencia una cuestión de orden público que no debe quedar al arbitrio de las partes, sino condicionada a las circunstancias y naturaleza del acto reclamado. De ahí que deban remitirse los autos originales que conforman este sumario, a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en La Laguna en turno, con residencia en Torreón, Coahuila que brinda servicio a dichos Juzgados, de inmediato y en aras de una justicia pronta y expedita que tutela el artículo 17 constitucional. En esa medida, se solicita atentamente al Juez declinado acuse recibo, precisando si acepta o no la competencia planteada, conforme al artículo 48 de la Ley de Amparo. Con copia del escrito de demanda relativo y este acuerdo, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. SUSPENSIÓN DE PLANO. De la lectura integral de la demanda se aprecia la parte aquí quejosa reclama como acto destacado la negligencia, omisión y la negativa de proporcionarle el medicamente adecuado, en forma gratuita, para sus padecimientos patológicos "Trastorno de ansiedad, estrés postraumático, insomnio, ataques de ira, cambios de humor espontáneamente y problemas de concentración. Prescribiéndole 3 Clonazepam (2mg), 1 Quetapina (100mg) por la noche y 1 Amitriptilina (25mg)". Refiere ha interpuesto controversia judicial donde ya se concedió -sin precisar claramente sus alcances-, pero aún no se cumple con la misma. Solicita la suspensión de plano para que se suministren los medicamentos, ya que las omisiones reclamadas afectan gravemente a la dignidad humana e integridad personal, física y mental patológico. Al respecto, con fundamento en los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DE PLANO solicitada. El planteamiento de la medida cautelar no puede soslayar que quien pide el amparo tiene ya en trámite una controversia judicial otorgada para brindarle la atención. Además, si bien el quejoso refiere haber agotado las instancias ordinarias, dar ese alcance a la suspensión implicaría desconocer que es potestad justamente del Juez de Control velar por la salvaguarda del derecho aducido. Órgano que no es señalado como responsable. Porque el amparo se pide contra las autoridades carcelarias. Además, el quejoso no realiza la solicitud respectiva a fin de continuar la instancia -controversia ya planteada- sino que decide obviarla y acudir ante diverso Juez de Distrito [no puede olvidarse que el escrito de demanda está dirigido al Juez que conoce de uno de sus procesos penales] para que sea en esta vía donde se ordene el suministro. No pudiendo olvidar que incluso, si el reclamo fuera contra el Juez de Control (de ejecución) del Centro de Justicia, la dolencia sería su inacción para ejecutar su resolución no así directamente la omisión de dar el apoyo médico. Incluso en ese aspecto alude a que debería multar a las responsables. Lo que en todo caso tiene que decidir esa potestad. Y visto de esa manera la suspensión habría de analizarse en la vía provisional y definitiva. Pero esa decisión corresponde al Juez competente. No en este caso a quien estima existe ese presupuesto procesal que impide conocer de la problemática procesal que se plantea. DOMICILIO. Puesto que el quejoso se encuentra recluido, se tiene como domicilio para oír y recibir notificación el Centro Federal de Readaptación Social Número 14 "CPS DURANGO". LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio -con fundamento en los artículos 1 a 16, 66, fracción II, 68, 71 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal)- constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción V del artículo 110 de la ley federal citada; en la inteligencia que de existir alguna oposición en términos del artículo 117 de dicha ley y 8 del reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con base en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que no existe inconveniente para que se utilice algún medio mecánico, digital, electrónico o fotográfico [scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir] para la toma de los acuerdos respectivos, siempre previa constancia que se deje en autos, con apersonamiento ante el personal encargado, para que precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado. Sin que ello comprometa a este órgano jurisdiccional respecto de la posterior reproducción, edición o uso que haga de ellos la parte interesada, quien estará obligada a actuar con la debida lealtad procesal. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los arábigos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna. DÍAS Y HORAS HABILITADOS. Con apoyo en el precepto 21, último párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN. La referencia al salario mínimo como unidad de cuenta a que se haga referencia en el presente sumario, estará sujeta al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el sentido que éste debe entenderse como Unidad de Medida y Actualización cuyo cálculo se encuentra regulado de acuerdo al procedimiento previsto en los numerales 3, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y su valor vigente fue establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de conformidad al numeral 23 fracción XX Bis de su Reglamento Interior, publicado el diez de enero de dos mil veintidós en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor a partir del uno de febrero siguiente. DE LA UTILIZACIÓN PREFERENTE DE MEDIOS TECNOLÓGICOS Y SOLUCIONES DIGITALES EN EL TRABAJO. En términos del Título séptimo del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas Disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, especialmente el numeral 263, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al cual se puede ingresar desde la liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/. En el cual, conforme al diverso artículo 41 bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, es necesario que, por sí o a través de sus representantes o autorizados con facultades expresas para hacerlo, soliciten mediante promoción física o electrónica desde el propio Portal, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. En el entendido que quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar al de juicio en línea. La actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Además, se les invita propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea (p. ej. la aplicación WhatsApp), tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Para tal efecto deberán seguirse la directrices marcadas en el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas Disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo. Notifíquese personalmente al solicitante de derechos humanos quien se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 14 "CPS DURANGO", esto es, fuera del lugar donde este Juzgado ejerce jurisdicción, con fundamento en lo previsto por los dispositivos 27, fracción II y 116, segundo párrafo de la Ley de la materia, mediante exhorto que al efecto se libre -vía interconexión- al Juez de Distrito en La Laguna en turno, con residencia en Torreón, Coahuila.
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