José Eduardo Muñoz Sibaja

Expediente 566/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
566/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
26/06/2023

Partes del expediente

  • José Eduardo Muñoz Sibaja

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Homólogo acepta competencia. Se agrega al cuaderno de antecedentes el oficio del Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. En éste, comunica el proveído de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, donde el titular de dicho juzgado radicó el juicio de amparo bajo el número 1128/2023 y aceptó la competencia declinada por esta autoridad. Además, acusa recibo del anexo remitido (original del presente asunto). De lo que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes. Vinculación de expediente electrónico. Toda vez que el homólogo federal asumió la competencia para continuar con la sustanciación del presente asunto, se instruye a la oficial judicial "A" adscrita a este órgano, para que haga disponible el expediente electrónico relativo a este juicio, a fin de que pueda ser vinculado al juzgado oficiante (con el juicio de amparo 1128/2023 de su índice) y de esta manera consiga visualizar las constancias que estime necesarias. Asunto concluido. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, trasferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 -en adelante sólo Acuerdo General-; el presente expediente constituye un asunto concluido. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, y 12, del Acuerdo General; se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del Acuerdo General. Además, en términos del ordinal 19, fracción I inciso b), del Acuerdo General; se determina que este sumario constitucional es susceptible de destrucción, una vez cumplidos seis meses de haberse dictado este acuerdo. Ello, porque se trata de un asunto donde se dictó una resolución de incompetencia. Resguardo del cuaderno de antecedentes en el archivo de trámite. En consecuencia, este cuaderno de antecedentes deberá resguardarse en el archivo de trámite de este juzgado, durante el lapso de seis meses. Una vez que transcurra el lapso de conservación, el juicio de amparo deberá destruirse. Devolución de documentos a las partes. Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes cuya devolución sea necesaria (originales irremplazables), se deja de proveer al respecto. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, motivo por el cual no ha lugar a proveer al respecto. Carátula del juicio de amparo. Se instruye a la secretaria encargada de la conclusión de este expediente que, a través de sus oficiales judiciales, realice las anotaciones correspondientes en la carátula del juicio de amparo; ello, conforme a los sellos autorizados para tal efecto. Anotaciones internas. Se instruye a la Oficial Judicial "A", realice las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de 1Publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Expedientes, respecto a la declaración de incompetencia, aceptación de competencia y al archivo del presente asunto como concluido. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la carátula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- coincidan con las anotaciones en el libro electrónico. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a la parte quejosa, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer. Aunado a que, si la parte quejosa deseará conocer el estado de este juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. Pese a lo anterior, se deja establecido que si alguna parte deseara conocer el estado procesal de este juicio, se le habrá de informar en caso de recibir oficio o escrito donde lo solicite. De ahí que este proveído se habrá de notificar a las partes por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, dieciséis de junio de dos mil veintitrés. Quejoso y defensor público desahogan prevención. Agréguese a los autos el ocurso de cuenta, firmado de manera conjunta por el quejoso * y el defensor público que lo asiste en esta instancia, por medio del cual desahogan el punto de la prevención que se formuló en proveído de seis de junio del año en curso y, al efecto, manifiestan lo siguiente:  Que desean señalar como acto reclamado el siguiente: la omisión de las autoridades responsables (Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Secuestro y Extorsión, de la Fiscalía General del Estado de Puebla; Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Sur con sede en Izúcar de Matamoros, Puebla; Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Sur con sede en Izúcar de Matamoros, Puebla; Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, de la Fiscalía General del Estado de Puebla), en remitir el informe que les solicitó el Primer Visitador de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Puebla dentro de la queja 4660/2021, consistente en un informe homologado en el que se detalle qué agentes de investigación participaron en la detención del quejoso el catorce de septiembre de dos mil veintiuno, el parte de novedades de cada agente, el estado de la fuerza del operativo, las armas que se utilizaron y, en concreto, dicho informe atienda los puntos que la mencionada comisión de derechos humanos les haya requerido en lo relativo al operativo en el que fue detenido el quejoso. En tales condiciones, se declara cumplida la prevención formulada en el proveído inicial. Incompetencia legal por razón de materia. De la lectura de la demanda de amparo, así como del escrito aclaratorio, se obtiene que el acto que reclama el quejoso consiste en: ? La omisión de las autoridades responsables, en remitir el informe que les solicitó el Primer Visitador de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Puebla dentro de la queja 4660/2021, consistente en un informe homologado en el que se detalle qué agentes de investigación participaron en la detención del quejoso el catorce de septiembre de dos mil veintiuno, el parte de novedades de cada agente, el estado de la fuerza del operativo, las armas que se utilizaron y, en concreto, dicho informe atienda los puntos que la mencionada comisión de derechos humanos les haya requerido en lo relativo al operativo en el que fue detenido el quejoso. Actos que atribuye a las autoridades siguientes: A. Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Secuestro y Extorsión, de la Fiscalía General del Estado de Puebla; B. Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Sur con sede en Izúcar de Matamoros, Puebla; C. Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Sur con sede en Izúcar de Matamoros, Puebla; y, D. Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Ahora, de la lectura íntegra del escrito de demanda si bien se advierte que las omisiones de las que se duele el quejoso consisten en que dichas autoridades señaladas como responsables, no han dado cumplimiento a un requerimiento consistente en rendir un informe homologado en el que detallen ciertos puntos relativos a la detención del aquí quejoso José Eduardo Muñoz Sibaja concernientes a la carpeta de investigación que originó la causa penal * del índice del Juzgado de Oralidad Penal de la Región Judicial Sur con sede en Izúcar de Matamoros, Puebla (tales como informar a detalle qué agentes de investigación participaron en la detención del quejoso el catorce de septiembre de dos mil veintiuno, el parte de novedades de cada agente, el estado de la fuerza del operativo, las armas que se utilizaron y, en concreto, dicho informe atienda los puntos que la mencionada comisión de derechos humanos les haya requerido en lo relativo al operativo en el que fue detenido el mencionado impetrante del amparo). Lo cierto es que dicho requerimiento se realizó dentro de la queja 4660/2021, que conoce la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Puebla; es decir, se emitió en un expediente intrínsecamente administrativo, que conoce una autoridad que también tiene esa naturaleza. Entonces, aunque la omisión reclamada de las autoridades mencionadas, concierne a un informe con relación a datos que obran en una causa penal y la carpeta de investigación que la originó; también es verdad que tal falta de actuación del juez de control y fiscales responsables, no corresponde propiamente a actos concreto que dicho juzgador debe llevar a cabo en su carácter jurisdiccional dentro de un proceso penal a su cargo, o bien, a actuaciones que los fiscales o agentes del ministerio público de mérito hubieran tenido que realizar dentro del marco de obligaciones y facultades jurídicas atinentes a la indagación y prosecución de los delitos dentro de una carpeta de investigación que conozcan. En efecto, aun cuando las autoridades que se señalaron como responsables tienen un rol de actuación legal dentro del ámbito penal (al ser quienes conocen de las causas penales e indagatorias que se siguen contra los particulares a fin de investigar hechos delictivos y sancionarlos, de ser el caso); lo cierto es que las omisiones de las que se duele el promovente, no tienen como fin que aquéllas realicen una acción dentro de una proceso penal o carpeta de investigación, sino que -por el contrario- dichas omisiones atienden únicamente a un requerimiento realizado por una autoridad meramente administrativa, como lo es la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Puebla, que consistente en rendir un informe con el fin de resolver una queja de carácter administrativa. De ahí que las omisiones reclamadas como actos tengan una naturaleza evidentemente administrativa, y no así penal. En ese sentido, esta juzgadora considera que los actos reclamados son de naturaleza administrativa, porque no derivan directamente de un proceso penal o carpeta de investigación o averiguación previa. Y si bien conciernen a un juez y representantes sociales (ministerio públicos y fiscales) que suelen actuar en procedimientos penales, lo cierto es que derivan de omisiones atribuidas a esas autoridades, cuya génesis tuvo lugar dentro de una queja, que se traduce en un expediente administrativo, seguido ante una autoridad también administrativa (Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Puebla). En ese sentido, es dable concluir que la solicitud de dicha comisión no fue emitida con sustento en una legislación penal, porque no es la normativa que la rige, sino que (en su caso) encuentra su fundamento en la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla; habida cuenta que -como se dijo- las omisiones reclamadas, encuentran su génesis en una petición administrativa (expediente de queja 4660/2021), y no así en algún procedimiento en materia penal. Al respecto, conviene citar, en su parte conducente, los artículos 34, 35 y 39 de dicha Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, a saber: * De dichos normativos se observa que cuando se reciba una queja por parte de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Puebla, esa instancia debe requerir los informes conducentes a las autoridades que el promovente señale como responsables, y tiene la facultad de requerirles toda clase de documentos e informes que estime necesarios para la solución del asunto. Además, en el diverso ordinal 66 de la citada Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, se establece que cuando las autoridades o servidores públicos que deban intervenir o colaborar en las investigaciones que realiza la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Puebla, incurran en omisiones, podrán ser responsables penal y administrativamente, y el diverso 68 establece el procedimiento a seguir para aquellos casos en que tales omisiones persistan; mismos que se citan enseguida: * De ahí que se estima que, atendiendo a la naturaleza jurídica de los actos omisivos reclamados en la demanda de amparo, ésta (su naturaleza jurídica) es intrínsecamente administrativa, porque las omisiones señaladas atienden a un requerimiento cuyo origen derivó de una queja (seguida en un expediente y ante una autoridad administrativas), fundamentada (en su caso) en la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. Por otra parte, cabe resaltar que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado por el referido artículo 48 de la Ley de Amparo y, 56 en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en ese sentido, conviene decir que, en el particular, no se colman a cabalidad los presupuestos exigidos en el segundo de los numerales invocados, que regula la competencia de los juzgados que conozcan del amparo en materia penal * De lo anterior, se obtiene que los asuntos de competencia de los juzgados que conozcan del amparo en materia penal, en específico y conforme a lo estatuido en la fracción I, son: a) resoluciones judiciales del orden penal; b) actos de autoridad que afecten la libertad personal, con excepción de correcciones disciplinarias o medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal y, c) actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro, o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. En los cuales no encuadran los actos que reclama el quejoso en el presente controvertido constitucional, porque como se vio, éstos tienen una naturaleza administrativa. Por lo que, en virtud de lo hasta aquí expuesto y considerado, la Titular de este Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con fundamento en el artículo 48, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se declara que no es competente legalmente en razón de materia para conocer de la demanda de cuenta. * En consecuencia, se ordena girar oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, acompañándole el original del presente juicio de amparo, a efecto de que lo turne al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de 1 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Marzo de 2009, página 412, Novena Época, con registro digital 167761. Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en turno, al que corresponda, por los motivos expuestos. Se solicita de manera atenta y respetuosa al Juez de Distrito al que le turnen el presente asunto, se sirva acusar recibo por interconexión y, en su caso, comunicar si acepta la competencia declinada. Cuaderno de antecedentes. Previa copia que se obtenga de las constancias, fórmese el expedientillo de antecedentes correspondiente, dado que el original del presente juicio habrá de remitirse por la declaración de incompetencia legal. Anotaciones internas. Se ordena a la oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), realice las anotaciones correspondientes a la declinación de competencia legal por materia. Además, se hace notar que la declaración de incompetencia legal representa un egreso, motivo por el cual deberá realizarse la baja del asunto en la estadística; y en su oportunidad deberá archivarse este juicio como definitivamente concluido -si se acepta la competencia legal declinada-. Acceso al expediente electrónico por el defensor del quejoso. Por último, tal como se señaló por auto de doce de junio del año en curso, se autoriza a la parte quejosa el acceso al expediente electrónico, para lo cual indica el usuario "defensoriapuebla".

  3. Principal

    Puebla, Puebla, doce de junio de dos mil veintitrés. Directora General del Instituto de la Defensoría Pública cumple el requerimiento. Se agrega al expediente el oficio signado por la Directora de Asuntos Penales del Instituto de la Defensoría Pública del Poder Judicial del Estado de Puebla, mediante el cual cumple con el requerimiento formulado en el acuerdo de seis de junio de dos mil veintitrés y designa al licenciado * como defensor público del quejoso *. Además, proporciona el número telefónico y correo electrónico del citado defensor. Por tanto, se tiene cumplido el requerimiento formulado a la citada autoridad -en proveído de seis de junio de dos mil veintitrés- motivo por el cual queda sin efectos el apercibimiento de multa decretado al respecto. Escrito del defensor público designado. En otro orden de ideas, se recibe el escrito de Julio Arturo Gómez Peña, defensor público designado por la Directora General del Instituto de la Defensoría Pública, del Poder Judicial del Estado de Puebla, donde exhibe impresión de su cédula profesional (electrónica) relativa a la licenciatura en Derecho, así como copia de su identificación (pasaporte). Lo anterior, se considerará al momento de la diligencia de aceptación y protesta de cargo de dicho defensor como representante del quejoso -lo que se provee en líneas posteriores-. De igual forma, se le tiene solicitando el acceso al expediente electrónico, una vez que proteste el cargo conferido, para lo cual indica el usuario "defensoriapuebla". Se tiene por realizada la indicada manifestación para ser acordada en el momento conducente, esto es, una vez efectuada la diligencia de protesta de cargo respectiva. Requerimiento al defensor público para aceptación de cargo. En consecuencia, dada la designación realizada, cítese al defensor público Julio Arturo Gómez Peña para que acuda a las instalaciones de este juzgado de distrito, dentro del plazo de tres días, el cual será computado a partir del día siguiente a que surta efectos su notificación de este acuerdo, en un horario de 10:00 a 13:00 horas para aceptar y protestar el cargo de defensor público del quejoso *. Para ello, bajo protesta de decir verdad, deberá presentar su cédula profesional en original en esa diligencia, para corroborar su identidad, personalidad y capacidad procesal -conforme a lo previsto en la ley reglamentaria-. Por último, se apercibe a dicho defensor que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización (a razón de su valor diario), de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Puebla, Puebla, seis de junio de dos mil veintitrés. Radicación. Se recibe la demanda de amparo promovida por *, por propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Sur con sede en Izúcar de Matamoros, Puebla (en su denominación correcta) y otras autoridades responsables. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Digitalización de la demanda. Debido a que la demanda de amparo fue recibida de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico, a través del uso de la firma electrónica. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constarán únicamente en el expediente electrónico, pues una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Toda vez que, el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de manera física, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, transiten hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica-. Prevención de la demanda. Ahora, la lectura integral1 de la demanda de amparo, llevó a encontrar irregularidades respecto de los actos reclamados y las autoridades responsables. Para explicar lo anterior, en primer lugar pudiera advertirse que a las autoridades que el quejoso intenta señalar como responsables son: 1) "Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Secuestro y Extorsión de Puebla". 2) "Ministerio Público adscrito al Juzgado de Oralidad Penal de la Región Judicial Sur con sede en Izúcar de Matamoros, Puebla". 3) "Juzgado de Oralidad Penal de la Región Judicial Sur con sede en Izúcar de Matamoros, Puebla". 4) "Fiscal y Fiscalía Especializada en Derechos Humanos en el Estado de Puebla". Lo anterior porque aunque la demanda contiene un apartado titulado "autoridades responsables", en la que el 1 La lectura integral encuentra fundamento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, consultable en la página 32, de rubro: quejoso citó a tres, lo cierto es que la totalidad del escrito de cuenta permitió advertir que son las cuatro autoridades antes destacadas, a quienes el quejoso refiere a lo largo de su ocurso. Precisado lo anterior, debe indicarse que la parte promovente no precisó con claridad los actos que de cada autoridad atribuye, esto porque, de la segunda de ellas -"Ministerio Público adscrito al Juzgado de Oralidad Penal de la Región Judicial Sur con sede en Izúcar de Matamoros, Puebla"-, pudiera deducirse que le reclama el haber recibido y admitido a trámite en "la fase de investigación" -sin precisar si inicial o complementaria-, una carpeta (hoy causa penal *) que no contiene la información total y necesaria de las personas que participaron en el operativo en el que se logró su detención. Así como, el introducir a juicio una documental o instrumento público parcialmente mutilado que obstruye la justicia para el quejoso, esto es, consignar una carpeta de investigación que manifiesta está incompleta; lo que deriva que no se cuente con la evidencia necesaria para demostrar su inocencia, lo que afecta su libertad. Por cuanto a la segunda -"Juzgado de Oralidad Penal de la Región Judicial Sur con sede en Izúcar de Matamoros, Puebla"-, pareciera que le reclama el que haya admitido una documental o información "mutilada" que no contiene en su totalidad la información necesaria (lo que provoca que se afecte su libertad), al no contener los informes homologados de los oficiales estatales de investigación adscritos al móvil *", que participaron en su detención; lo que refiere que lo deja en estado de indefensión, puesto que la falta de esa información es responsabilidad de dicho juzgador. Para esto, sus manifestaciones pudieran llevar a concluir que la documental o información "mutilada" de la que habla, es la totalidad de la carpeta de investigación que originó la causa penal *. En tanto que, respecto del "Fiscal y Fiscalía Especializada en Derechos Humanos en el Estado de Puebla", hace alusión a que mediante diversos oficios, la "Comisión de Derechos Humanos y del presidente y primer visitador de dicha comisión", les ha requerido informes en el que indiquen si hubo participación de otros elementos estatales de investigación -ya sea estatales o federales- y de ser así se emita toda la información al respecto (informes homologados, partes de novedades, estado de la fuerza del operativo, número de elementos, armas que se utilizaron); pero no dice en concreto si el acto reclamado de ésta se trata de una determinación o de una omisión, derivada de tal requerimiento. A lo que se suma que de la primera autoridad que se citó, es decir, de la "Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Secuestro y Extorsión de Puebla", no manifiesta el acto que le pretende reclamar, que afecta sus derechos fundamentales. Luego también, del apartado que tituló "Obstrucción de la Justicia por lo siguiente", podría advertirse que pretende reclamar 1) el informe homologado de cinco agentes de investigación más, que participaron en el operativo en donde lo detuvieron, que resultan necesarias para esclarecer los hechos por los que se le instruye un proceso penal; pero para esto cabe destacar que aunque menciona que dicho informe homologado es por cinco agentes, únicamente indicó el nombre de cuatro, adscritos al móvil B-170. Así también, 2) que se oculte información relativa al parte de novedades de la totalidad de agentes de investigación que viajaron a cargo del móvil B-170 el catorce de septiembre de dos mil veintiuno, fecha en que se llevó a cabo la detención del quejoso. Todo lo que se destaca, pudiera parecer que se trata de los actos que de forma destacada pretender reclamar el peticionario del amparo. No obstante, en el apartado de hechos, bajo protesta de decir verdad, su narrativa la orienta a destacar la existencia de dos oficios (V1/012349 y V1/003809), uno de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno y el otro de trece de abril de dos mil veintitrés, en los que (aparentemente) el primer visitador de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado, pidió un informe homologado -no expresa a quién- en el que se indique qué agentes de investigación participaron en la detención del quejoso el catorce de septiembre de dos mil veintiuno (concretamente el informe homologado de los agentes de investigación * y dos más adscritos al móvil B-170); información que todas las autoridades que señala como responsables no han remitido a dicha comisión, y que resulta necesaria para resolver la queja *-por tortura-, que además, refiere, no se encuentra contenida en la causa penal *. Lo que implica que no se respete el derecho a una justicia pronta, expedita e imparcial que las leyes consagran en su favor. Por lo que de la concatenación de lo anterior, esta juzgadora podría inferir que de lo que realmente se duele el quejoso, respecto de todas las autoridades que señaló como responsables, es lo siguiente: - La omisión de la "Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Secuestro y Extorsión de Puebla", del "Ministerio Público adscrito al Juzgado de Oralidad Penal de la Región Judicial Sur con sede en Izúcar de Matamoros, Puebla", del "Juzgado de Oralidad Penal de la Región Judicial Sur con sede en Izúcar de Matamoros, Puebla" y del "Fiscal y Fiscalía Especializada en Derechos Humanos en el Estado de Puebla"), de no rendir el informe que les solicitó el Primer Visitador de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Puebla dentro de la queja *, consistente en un informe homologado en el que se detalle qué agentes de investigación participaron en la detención del quejoso el catorce de septiembre de dos mil veintiuno, el parte de novedades de cada agente, el estado de la fuerza del operativo, las armas que se utilizaron; en concreto, informe que atienda los puntos que dicha comisión haya precisado, referente al operativo en el que fue detenido el quejoso. En tales condiciones, en atención a que esta juzgadora no puede sustituirse en favor del promovente en el sentido que de mutuo proprio fije los actos reclamados cuando, como se advierte de lo dicho en párrafos anteriores, resulta evidente que ellos no son claros; por tanto, en términos del artículo 114, fracción IV, resulta necesario prevenir al quejoso para que exprese con claridad y precisión los actos reclamados, a fin de integrar debidamente la litis en el juicio de amparo, pues sólo así se podrá fijar correctamente la misma, analizar la procedencia del juicio y eventualmente la constitucionalidad de los actos. Lo anterior, porque la correcta fijación de la litis constituye la base que posibilita la emisión de una determinación congruente. De ahí que no resulte factible establecer los actos reclamados tal cual los planteó el impetrante. Bajo este contexto, con fundamento en los artículos 108, fracción IV, así como 114, fracciones I, II y IV, de la ley de la materia, se requiere al quejoso para que en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente a la aceptación de cargo del defensor que le designe la Directora General del Instituto de Defensoría Pública, del Poder Judicial del Estado de Puebla -de lo que más adelante se provee-, efectúe las aclaraciones siguientes:  Puntualice si desea limitar únicamente como acto reclamado el siguiente: la omisión de las autoridades responsables (Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Secuestro y Extorsión, de la Fiscalía General del Estado de Puebla; Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Sur con sede en Izúcar de Matamoros, Puebla; Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Sur con sede en Izúcar de Matamoros, Puebla; Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, de la Fiscalía General del Estado de Puebla), en remitir el informe que les solicitó el Primer Visitador de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Puebla dentro de la queja *, consistente en un informe homologado en el que se detalle qué agentes de investigación participaron en la detención del quejoso el catorce de septiembre de dos mil veintiuno, el parte de novedades de cada agente, el estado de la fuerza del operativo, las armas que se utilizaron y, en concreto, dicho informe atienda los puntos que la mencionada comisión de derechos humanos les haya requerido en lo relativo al operativo en el que fue detenido el quejoso. Se informa a la parte quejosa que al desahogar el requerimiento formulado a manera de prevención, deberá exhibir copias del escrito aclaratorio para distribuirlas de la forma siguiente: una para la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, una para cada autoridad responsable y una para cada tercero interesado que exista en términos del artículo 5º, fracción III, de la ley de la materia. Además, se formula al promovente de la demanda el apercibimiento siguiente: en caso de no cumplir con el requerimiento anterior, en el plazo otorgado para tal efecto (por las irregularidades antes mencionadas), se tendrá por no presentada la demanda, como lo ordena el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Domicilio procesal de la parte quejosa. Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el Centro de Reinserción Social "San Miguel", ubicado en la Ciudad de Puebla. Se requiere designación de un defensor público. Esta operadora jurídica detectó que el quejoso se encuentra privado de su libertad en un centro penitenciario - según lo manifestado en el escrito de demanda-; y, además, no designó profesionistas para que lo asistan en el trámite de este juicio, ni tampoco nombró personas para recibir notificaciones. Por tanto, se ordena girar oficio a la Directora General del Instituto de Defensoría Pública, del Poder Judicial del Estado de Puebla, para que en el plazo de tres días hábiles siguientes a aquél en que tenga conocimiento de este proveído, designe un defensor público que asista al quejoso de este juicio. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia de rubro siguiente: *. Bajo ese contexto, se requiere a la titular de dicho órgano que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente a la notificación del oficio derivado del presente proveído, instruya a la persona designada para representar al quejoso en este juicio, presente escrito en el que se apersone a este juzgado federal, con cédula profesional que lo ampare como licenciado en derecho e identificación oficial con fotografía. Se apercibe a la mencionada directora que, en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, en el plazo otorgado para tal fin, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización (a razón de su valor diario), de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías de las actuaciones de este juicio, la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Registro de partes en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes. Se instruye al personal que corresponda que se realicen las anotaciones correspondientes a las denominaciones de las autoridades responsables y partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos subidos al sistema estén correctos y completos. Ello, a fin de evitar que pueda generarse algún oficio con una denominación incorrecta que sea motivo de rechazo por la autoridad a la que va dirigido o que no se libre algún oficio necesario para la tramitación y resolución del presente asunto. Lo anterior, en aras de la impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional (pronta, oportuna y expedita)

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