José Eduardo Gutiérrez Juárez

Expediente 1171/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1171/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • José Eduardo Gutiérrez Juárez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Juicio de amparo 1171/2023-I. En veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, el secretario da cuenta a la jueza con un oficio con anexo, registrado con el número de control interno 14744. Conste. Puebla, Puebla, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Exhorto diligenciado. Al expediente el oficio signado por la Jueza Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, por el cual devuelve diligenciado el despacho 292/2023 con número de orden 718/2023, a través del cual se solicitó emplazar al tercero interesado Víctor Manuel Hernández Juárez. En consecuencia, queda emplazado al presente juicio, desde el veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Se ordena dar de baja la citada comunicación oficial en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese

  2. Incidental

    ----Incidente de suspensión 1171/2023-I.. Puebla, Puebla, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Parte quejosa interpone recurso de queja. Se integra al expediente electrónico el escrito de cuenta, signado de manera electrónica (con evidencia criptográfica) por +++++++++++++, en su calidad de defensor particular del quejoso José Eduardo Gutiérrez Juárez, por el cual interpone recurso de queja y formula agravios en contra de la interlocutoria de veintitrés de noviembre de este año, en la cual, en una parte se negó la suspensión provisional respecto del acto reclamado consistente en la resolución por la cual el juez responsable prorrogó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y, en la otra, se concedió respecto del acto consistente en la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretada en contra del quejoso, que fue impuesta en la causa penal 299/2021/SANMARTÍN del índice del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial CentroPoniente, con sede en San Martin Texmelucan, Puebla, pero con efectos distintos de los solicitados en la demanda de amparo. Por tanto, como esta potestad federal se encuentra obligada a tramitar el medio de impugnación en los términos planteados en el escrito que se acuerda, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso b), 98, 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto dicho recurso. Luego, en términos del primer párrafo del artículo 101 antes invocado, dese a conocer a las demás partes la interposición del recurso para que se pronuncien como estimen conveniente (de estimarlo necesario). Por otra parte, con impresión del escrito de agravios se ordena notificar a las demás partes, pero de inmediato remítase una impresión del referido escrito (porque fue promovido vía electrónica) y un tanto más del mismo para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al tribunal colegiado, así como únicamente el oficio que derive de este auto (que contenga el informe de la queja) al Encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito, para que éste -a su vez- turne la queja al órgano jurisdiccional revisor que deba resolverla. En el entendido que en términos del artículo 101, primer párrafo, de la ley de la materia, resulta innecesario remitir copia certificada de todo lo actuado en este incidente, porque el recurso de queja fue interpuesto en la vía electrónica (con evidencia criptográfica), pues como se verá más adelante, se enviará el expediente electrónico. También, se deja establecido que no es necesario esperar a recabar las constancias de notificación a la autoridad responsable y demás partes, para enviar el citado medio de impugnación. Lo anterior, se orienta por analogía jurídica y en su parte conducente, en el criterio jurisprudencial aprobado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, de rubro siguiente: "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. LA OBLIGACIÓN QUE TIENE EL JUEZ DE DISTRITO DE REMITIR EL RECURSO CON LAS CONSTANCIAS DE NOTIFICACIÓN DEL AUTO QUE LO TUVO POR INTERPUESTO, NO PUEDE SER UN IMPEDIMENTO PARA SEGUIR SU TRÁMITE 04/01/24 09:16:29 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.ae.8c RICARDO AGUSTIN TORRES SALDAÑA ??????A???????? [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 26/2017 (10a.)]". Asimismo, desde este momento se rinde el informe sobre el recurso de queja en los términos siguientes: ES CIERTO EL ACTO MATERIA DE LA QUEJA, porque mediante resolución de veintitrés de noviembre del presente año, por una parte, se negó, y por la otra, se concedió la suspensión definitiva, para los efectos ahí precisados, como se muestra en la parte conducente de ese auto que se cita a continuación: "TERCERO. Negativa de la suspensión definitiva. La parte quejosa reclama la resolución por la cual el juez responsable prorrogó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. En ese sentido, con fundamento en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 138, 162, 163, 164 y 165 de la Ley de Amparo se niega la suspensión solicitada. En primer lugar porque el acto reclamado ya se encuentra consumado, pues constituye una determinación dictada de manera previa a la presentación de este juicio de amparo; de ahí que, resulte jurídicamente inviable ordenar en este incidente de suspensión que se deje sin efectos o se modifique la prisión preventiva que se impuso al quejoso, pues eso sólo se puede decretar en la sentencia con la que culmine el juicio de amparo del que emana esta incidencia. Lo expuesto, evidencia la imposibilidad de que en este incidente se ordenen el cese de la medida cautelar y, como consecuencia, la libertad del quejoso, dado que se estarían otorgando efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia que llegare a otorgar la protección de la justicia federal. Pues en el caso, de permitir que con motivo de la suspensión, el quejoso alcance transitoriamente un beneficio que al final del día, pueda confirmarse o revocarse a través de la sentencia dictada en el juicio de amparo, sin prejuzgar de lo ocurrido antes de éste, ni lo que ocurrirá después, para que dicha medida sea material y jurídicamente posible, se requiere que los efectos suspensorios puedan actualizarse de momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia concesoria del amparo. Pues una de las finalidades de la suspensión (además de que puede tener efectos restitutorios de manera provisional cuando jurídica y materialmente sea factible, conforme a lo previsto en el artículo 147, párrafo segundo de la ley de la materia) consiste en preservar la materia del juicio de amparo, lo cual no se lograría si se emite un pronunciamiento en el sentido de que la autoridad responsable dejé en libertad al quejoso e imponga una diversa medida cautelar a la de prisión preventiva, pues dejaría sin materia el juicio de amparo en lo principal, ya que el fin de este es, precisamente determinar, en el momento procesal oportuno, si la actuación de la responsable resultó o no violatoria de derechos fundamentales y por ende, determinar si es procedente la modificación o cese de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Así, en caso de otorgarse la suspensión definitiva para el efecto de que los quejosos fueren puestos en libertad, los efectos de dicha medida coincidirían exactamente con la materia del juicio de amparo, dejándolo sin materia. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia emitida por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Octava Época, Registro: 217665, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 60, Diciembre de 1992, Materia(s): Común, Tesis: II.3o. J/37, Página: 51, de rubro: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSION IMPROCEDENTE". Sobre el particular, tiene aplicación la jurisprudencia VI. 2o. J/75 sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Tomo V, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1990, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE". Determinación a la que se arriba sin soslayar las manifestaciones promovente en el sentido de solicitar la suspensión definitiva con efectos restitutorios, conforme a lo ordenado en la contradicción de criterios 40/2023, resuelta por el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro Norte, con residencia en la Ciudad de México, de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE RECLAMA LA IMPOSICIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA, LA PERSONA JUZGADORA NO DEBERÁ LIMITARSE A LOS EFECTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 166, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, SINO QUE DEBERÁ OTORGARLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS DE TUTELA ANTICIPADA, YA QUE LAS SENTENCIAS VINCULANTES EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, EN LOS CASOS TZOMPAXTLE TECPILE Y OTROS Y GARCÍA RODRÍGUEZ Y OTRO EN LAS QUE FUE DECLARADA INCONVENCIONAL ESA MEDIDA, CONSTITUYEN UN FACTOR DETERMINANTE PARA TENER POR DEMOSTRADA LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO", pues refiere cumple los requisitos para su exigencia. Los cuales, a su decir, se ven colmados con el hecho de que se esté restringiendo su libertad personal con motivo de la prisión preventiva impuesta, aun cuando en dicho criterio basado en el pronunciamiento hecho por la Corte Interamericana de Derecho Humanos, en las sentencias correspondientes a los casos "+++++++++++++++++++, se estableció que cuando se solicite la suspensión definitiva contra la prisión preventiva oficiosa, ésta deberá concederse con efecto de tutela anticipada, porque se actualiza de manera efectiva el principio de apariencia del buen derecho, ya que se presume la probabilidad de que el acto reclamado, en su momento, sea declarado inconstitucional. Aunado a que, según dicho criterio, el peligro de la demora es patente, pues el tiempo que pase el quejoso bajo los efectos de una prisión preventiva automática, no se lo podrá reparar aunque obtenga una sentencia favorable. Sin embargo, esta juzgadora considera que en la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso García Rodríguez y otro vs México, donde se analizaron las figuras del arraigo y la prisión preventiva de carácter oficiosa a partir de los hechos relacionados con la detención de e Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, si bien se estableció que, cuando esa medida cautelar se impone de forma automática, se quebrantan los artículos 7.3, 7.5, 8.2 y 24 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, sólo se condenó al Estado Mexicano, en lo concerniente a la prisión preventiva oficiosa a: 1) concluir los procedimientos penales en curso en los plazos más breves en estricto apego a las garantías del debido proceso; 2) revisar la pertinencia de mantener las medidas cautelares; y, 3) adecuar su ordenamiento jurídico interno sobre prisión preventiva oficiosa. Lo anterior, evidencia que, para esta en aptitud de desatender la obligación que a la suscrita juzgadora impone el artículo 19 constitucional y la tesis de jurisprudencia 2a./J. 119/2014 (10a.), es necesario que el Estado Mexicano lleve a cabo el procedimiento legislativo correspondiente para adecuar el ordenamiento jurídico sobre la prisión preventiva oficiosa, en cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso García Rodríguez y otro vs México; por ende, hasta que eso no suceda, esta potestad federal se encuentra constreñida a actuar en la forma que se establece las normas legales y constitucionales vigentes, y con base en los criterios jurisprudenciales de acatamiento obligatorio. Asimismo, es conviene destacar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Amparo, las tesos o precedentes citados por el quejoso, no son vinculantes para este órgano jurisdiccional, pues como el propio quejoso lo refiere, dicho criterio fue resuelto por un Pleno Regional de la Ciudad de México y emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. Al mismo tiempo, es viable hacer notar al quejoso que esta juzgadora debe acatar el orden normativo vigente, y hasta la fecha, no existe algún pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya sea en pleno o en salas, que determine la inconvencionalidad del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, es cierto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho que en la reforma constitucional en materia de amparo de dos mil once, se dotó a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad es conservar la materia de la controversia y evitar que los particulares sufran afectaciones a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto. También es verdad que el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Sobre la apariencia del buen derecho, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho que consiste en analizar en el incidente de suspensión, anticipadamente, que es factible que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Ello se sostuvo en la jurisprudencia 204/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.", sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida. (Con registro digital 165659, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, Diciembre de 2009, página 315.) No obstante, en el caso, con la información que se tiene con la sola presentación de la demanda, no es posible anticipar, bajo la apariencia del buen derecho y en un cálculo de probabilidades, que en la sentencia de amparo se decretará la inconstitucionalidad de la resolución que prorroga la prisión preventiva oficiosa al quejoso. Y si bien es verdad que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 128 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso; también lo es que, para emitir un pronunciamiento de la apariencia del buen derecho, es indispensable conocer las razones y motivos que condujeron al juez de control a decidir en el sentido que lo hizo; es decir, imponer la prisión preventiva oficiosa. De manera que, al menos hasta este momento, no se tienen condiciones jurídicas y materiales necesarias para adelantar que el acto reclamado sea inconstitucional o inconvencional. Sobre todo, porque no es factible considerar que en el incidente de suspensión se pueda determinar la apariencia del buen derecho (en este caso en específico), esto es, que a través de una interpretación y argumentación constitucional robusta se vaya a declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad en la sentencia del juicio de amparo de la resolución que impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, porque con la información con que se cuenta con la sola presentación de la demanda, cuyo contenido es insuficiente para establecer en un cálculo de probabilidades, si será constitucional o inconstitucional esa resolución, ya que ello será materia del fondo del asunto cuando se dicte la sentencia en el juicio de amparo y tampoco puede sostenerse que resulte constitucional aquélla porque la prisión preventiva oficiosa es una restricción establecida en una norma constitucional, ya que la apariencia del buen derecho no puede invocarse para negar la suspensión. En otros términos, para concluir que la resolución reclamada es inconstitucional o inconvencional con motivo de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya citadas, se requiere hacer consideraciones que atañen al estudio de fondo del asunto para determinar si las razones que invocó el juez de control responsable para llegar a dicha determinación, tuvo como sustento el delito por el cual se le sigue el proceso, lo cual únicamente puede establecerse en la sentencia que llegue a dictarse en el juicio de amparo, donde tengan que hacerse consideraciones acerca si fue legal o no dicha resolución, lo cual, se insiste, atañe al fondo del asunto, siendo que de llegar a una conclusión contraria, empleando para tal efecto la apariencia del buen derecho, ésta no puede invocarse para negar la suspensión, dado que la Ley de Amparo no lo prevé así. Se invoca en apoyo, la jurisprudencia número 5/2022 (11a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN EN AMPARO INDIRECTO. LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO NO PUEDE INVOCARSE PARA NEGARLA (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a posturas contradictorias al resolver recursos interpuestos contra determinaciones vinculadas con la suspensión derivada de juicios de amparo indirecto, pues mientras uno de ellos sostuvo que el criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 10/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consistente en que la apariencia del buen derecho no puede invocarse para negar la suspensión, dejó de ser aplicable con motivo de la expedición de la Ley de Amparo vigente y no ajustó su resolución a esa tesis, por su parte, el otro Tribunal Colegiado de Circuito concluyó que dicho criterio continúa en vigor y ajustó su decisión a dicha jurisprudencia. Criterio jurídico: Conforme a la Ley de Amparo en vigor, el análisis ponderado de la apariencia del buen derecho no puede realizarse para negar la suspensión de los actos reclamados en los juicios de amparo indirecto. Justificación: La Ley de Amparo vigente no contiene disposición alguna que ordene ponderar la apariencia del buen derecho para negar o conceder la suspensión de los actos reclamados en los juicios de amparo indirecto, pues la única referencia a ella se encuentra en el artículo 138, y la recta interpretación de este precepto lleva a entender que su primer párrafo simplemente describe los mismos requisitos que se prevén en el diverso 128 para concederla, mientras que la fracción I del propio artículo 138 sólo tiene por finalidad clarificar lo que debe proveer el órgano jurisdiccional en caso de que decida otorgarla, así como la libertad de la autoridad para ejecutar el acto reclamado si la niega. Lo anterior es congruente con la naturaleza de la apariencia del buen derecho como presupuesto de las medidas cautelares, pues está concebida para favorecer al solicitante siempre que esté evidenciada la verosimilitud de su derecho, como consecuencia del estudio preliminar que el órgano jurisdiccional debe realizar sobre la inconstitucionalidad del acto reclamado, de manera simultánea con la inexistencia de afectación al interés social y contravención a disposiciones de orden público (registro digital 2025294, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 17, Septiembre de 2022, Tomo I, página 9)." Cuarto. Concesión de la suspensión definitiva. Ahora, como el quejoso se encuentra privado de la libertad con motivo de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que les fue impuesta en la causa penal 299/2021/SANMARTÍN, se considera que la suspensión del acto reclamado resulta procedente para efectos y consecuencias distintos. Resulta aplicable la tesis P./J. 4/2019 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro, texto y datos de localización siguientes: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo." (Registro digital: 2019200, Instancia: Pleno, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Tesis: P./J. 4/2019 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, página 14, Tipo: Jurisprudencia). En mérito de lo anterior, con fundamento en los artículos 125, 128 y 163 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva, para el único efecto de que el aquí quejoso quede a disposición de este juzgado de Distrito por cuanto hace a su libertad personal, pero internos en el centro penitenciario donde se encuentran; sin embargo, continuarán a disposición del juez de la causa para el trámite del proceso que se les instruye. Se hace notar que la suspensión nunca podrán utilizarla para solicitar el cambio de la medida cautelar impuesta en la causa penal, pues la modificación de esas medida corresponde en forma exclusiva a la autoridad judicial que la impuso. Tampoco podrá utilizarse la suspensión de este incidente, respecto de actos emitidos en una causa penal diferente a la precisada en la demanda de amparo. Se descarta fijar medidas de aseguramiento para mantener la suspensión definitiva, ya que los efectos dados implican que el quejoso continúe privado de la libertad en el centro penitenciario donde ya se encuentra." Por consiguiente, se instruye al actuario encargado de este incidente, remita inmediatamente por interconexión el oficio correspondiente (con sus anexos) al Encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito, para que éste a su vez lo turne al órgano que deba resolver. Además, se solicita de manera muy atenta y respetuosa al tribunal que conozca del medio de impugnación en mención, acuse el recibo de estilo. Vinculación del incidente electrónico. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 101 de la Ley de Amparo, se instruye a la Oficial Judicialencargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que, desde este momento, ponga a disposición el acceso al expediente electrónico del que deriva esta incidencia, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el apartado "Relacionar con Expediente de Origen" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Además, se instruye a la Oficial Judicial "A" encargada del sistema de marras, que verifique la habilitación correspondiente en este asunto. Notificación a la parte quejosa. Se deja establecido que es innecesario notificar personalmente a la parte quejosa el contenido de este acuerdo, porque el sentido del mismo implica que se tuvo interpuesto el recurso de queja interpuesto por su defensor. Notifíquese; de manera personal a la agente del Ministerio Público Federal adscrita, a la parte tercera interesada (en su domicilio procesal) y a la autoridad y fiscal que interviene en la causa penal de origen, por oficio

  3. Incidental

    Incidente de suspensión 1171/2023-I. . Puebla, Puebla, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Al expediente el escrito signado por Víctor Hugo Zaca Téllez defensor particular del quejoso ++++++++++++++++++++++++++, por el cual solicita se gire oficio recordatorio a la autoridad responsable a fin de que rinda su informe previo y apercibirla en caso de que sea necesario, al respecto, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad su solicitud, en virtud de que mediante resolución de veintitrés de noviembre del actual, se emitió la interlocutoria correspondiente y se acordó lo conducente a ello. Por otra parte se agrega al incidente sólo para que obre como corresponda el oficio del Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial CentroPoniente, con sede en san Martín Texmelucan, Puebla, a través del cual rinde su informe previo, toda vez que se recibió con posterioridad a la celebración de la audiencia incidental. Notifíquese

  4. Principal

    Juicio de amparo 1171/2023-I. Puebla, Puebla, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Al expediente el escrito signado por + por el que pide se gire oficio recordatorio a la autoridad que aux++++++++++++++++++++ilia a efecto de remitir las constancias en las que acrediten que se practicó la diligencia respecto al emplazamiento de la parte tercera interesada, dígasele que no ha lugar de acordar de conformidad su petición, en virtud de que se encuentra trascurriendo el plazo concedido a dicha autoridad para cumplir con lo requerido. Por otra parte, téngase el oficio signado por el Coordinador General de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, en representación del Fiscal General del Estado de Puebla, por el que cumple el requerimiento que se le formuló en acuerdo de dieciséis de noviembre del año en curso, ya que remite, entre otras constancias, la notificación del oficio 26603/2023, practicada el veinte de noviembre de este año, a través del cual se emplazó a la Titular de la Unidad de la Fiscalía de Investigación Metropolitana, Comisionada en la Coordinación General Especializada en Investigación de Homicidios Dolosos, María Luisa Castelán Monroy, quien en su momento conocía de la carpeta de investigación +++++++++++++++ misma que dio origen a la causa penal +++++++++++++++++++++. Sin embargo, se ordena agregar solo para que obre como corresponda, en virtud de que en auto de veintidós de noviembre del año en curso, la citada titular informó ya no conocer de la carpeta de investigación aludida, en virtud de que declinó competencia para conocer de la misma al Fiscal de Investigación Metropolitana de la Fiscalía General del Estado, +, y de quien en el prove++++++++++++++++++++++++ído de marras se ordenó su emplazamiento. Notifíquese

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