José Eduardo Mandujano Cuevas
Expediente 758/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 758/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 05/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- José Eduardo Mandujano Cuevas
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que trascurrió el término de que dispuso la parte quejosa para interponer recurso de queja en contra de la determinación en la que se desechó la demanda que motivó el presente cuaderno, sin que se haya hecho. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara firme. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21 inciso b) del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de esta fecha en que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido y no existen documentos originales por devolver.
- Principal
Recepción de la demanda de amparo. Vista la demanda de amparo a nombre de ********** en calidad de quejoso; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 758/2022-III. Desechamiento de la demanda. Ahora bien, tal como lo dispone el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de nuestra Carta Magna, debe examinarse la demanda a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que lleve a su desechamiento de plano, lo que en el caso acontece, como se desprenderá de las consideraciones que enseguida se realizan. En efecto, quien resuelve estima que del análisis del libelo constitucional de cuenta, se advierte de forma manifiesta e indudable la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 6º, ambos de la Ley de Amparo, y la fracción I del artículo 107 Constitucional. Los artículos invocados, en las fracciones especificadas, disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6°.- El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 107 (Constitución General de la República).- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo 112 individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa". Reproducción de la que se sigue que el juicio de amparo se rige por principios fundamentales que lo estructuran, entre los que se encuentra el de "iniciativa o instancia de parte agraviada" conforme al cual el juicio únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la Ley que se reclame. Engarzado a lo anterior, es menester señalar que la parte agraviada exterioriza su voluntad a través de la firma estampada en la demanda de amparo, formalidad indispensable tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales; por tanto, si la demanda de amparo no se suscribe por quien aparece como promovente en su texto, debe entenderse que conforme a las disposiciones invocadas, propiamente no existe agraviado y la demanda resulta improcedente, por no satisfacerse el principio de iniciativa o instancia de parte agraviada en alusión. Robustece lo expuesto, la jurisprudencia emitida por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, 181-186 Quinta Parte, página 71, bajo el rubro y texto siguiente: "DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO.- Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I, del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio." Ahora bien, de la certificación de cuenta, así como de la razón asentada por la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad, se aprecia que la demanda y sus copias carecen de firma autógrafa de quien dice comparecer, a saber, José Eduardo Mandujano Cuevas, por lo que no es posible tener por colmado el principio de instancia de parte agraviada. Sin que en la especie se surta el supuesto de prevención a que se contrae el ordinal 114 de la Ley de Amparo, ya que la falta de firma del escrito accionario no se encuentra dentro de las hipótesis a que se refiere el numeral en cita, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. En esas condiciones, es dable concluir que en la especie no se cumple con el principio de instancia de parte agraviada que rige al juicio de amparo, por lo que se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 6°, ambos de la Ley de Amparo, en concordancia con la fracción I del artículo 107 Constitucional; de modo que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, lo que se impone es desechar de plano la demanda, ante su notoria e indudable improcedencia. Sirve de apoyo a lo anterior, por las consideraciones que expone, la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, décima época, con número de registro 2009142, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 18, mayo de 2015, tomo III, página 2154, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN LOS BUZONES JUDICIALES DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO DE PLANO SI CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 32/2011 (10a.)]. En el caso específico del depósito de documentos en los Buzones Judiciales de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, para la recepción de asuntos nuevos y promociones de término que no tengan el carácter de urgentes en horario nocturno, es inconcuso que, al operar fuera del horario de oficina, no obra intervención alguna por el personal adscrito para poder revisar y denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, o bien, para asentar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente, conforme al Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el 17 de mayo de 2011 en el Diario Oficial de la Federación. Por esta razón, la obligación de verificar que los asuntos y promociones depositados estén debidamente firmados, integrados y dirigidos a los Tribunales de Circuito o Juzgados de Distrito a los que presta servicio la Oficina de Correspondencia Común de que se trate, recae en los usuarios de dichos buzones. En consecuencia, si el Juez de Distrito que recibe la demanda de amparo presentada en los Buzones Judiciales advierte que carece de firma autógrafa, requisito sine qua non que manifiesta la voluntad de quien suscribe el documento y que no es susceptible de ser sobrentendida ni inferirse a través de la búsqueda o deducción de la presentación de la demanda, debe desecharla de plano, por existir una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, en esta hipótesis es inaplicable la jurisprudencia 2a./J. 32/2011 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro IV, Tomo 4, enero de 2012, página 3632, de rubro: "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA." Aunado a lo anterior, según se aprecia de la certificación de cuenta, tanto la Oficina de Correspondencia Común como la Oficialía de Partes de este juzgado asentaron que el escrito no contenía firma autógrafa. De ahí que no se puede presumir que el escrito fue presentado en original con firma autógrafa, tal como lo prevé la jurisprudencia 2ª/J. 32/2011 (10ª) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA." En las relatadas condiciones, al estar plenamente demostrada la actualización de la causa de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el 6º de la Ley de Amparo, con apoyo en el precepto 113 del mismo ordenamiento se desecha la demanda por notoriamente improcedente. Domicilio y autorizados Debido a lo que antecede, esta juzgadora está imposibilitada para pronunciarse sobre el domicilio y autorizados señalados en la demanda de amparo. Lo anterior, pues el desechamiento de la solicitud descansa en la ausencia de expresión de voluntad indubitable por la parte promovente; ello tiene como consecuencia que no se le tenga formulando petición alguna, lo que se hace extensivo al señalamiento del domicilio y autorizados. No obstante, para el único efecto de notificar el desechamiento, practíquese por medio de lista. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
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