José Eduardo Granados Colchado
Expediente 513/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 28 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 513/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 25/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- José Eduardo Granados Colchado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa para que hiciera manifestación en torno al cumplimiento dado por la autoridad responsable. Por tanto, en atención a los elementos que obran en el expediente y a los datos proporcionados por la autoridad responsable; de oficio se procede a determinar si se cumplió o no la resolución. En sentencia de catorce de mayo de dos mil veintiuno, se sobreseyó en el juicio y se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa *****, contra actos del gerente comercial de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (JUMAPAA), con residencia en Acámbaro, Guanajuato, para el efecto siguiente: "En virtud de lo expuesto, de conformidad con lo que dispone el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que la autoridad responsable gerente comercial de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (JUMAPAA), con residencia en Acámbaro, Guanajuato: En el plazo de tres días hábiles, de respuesta por escrito a la solicitud formulada por la parte quejosa el veinticuatro de septiembre de dos mil veinte. Notifique a la parte quejosa la respuesta dada a su solicitud, en caso de haber señalado domicilio para tal efecto." Dicha resolución causó ejecutoria en proveído de ocho de junio pasado. En el citado acuerdo, se proveyó el oficio registrado con número 4243, del gerente comercial de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (JUMAPAA), con residencia en Acámbaro, Guanajuato, mediante el cual remitió copia simple del oficio *********de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, dirigido al quejoso, donde le da respuesta a su solicitud, así como del acta de su notificación al directo quejoso practicada el treinta y uno de mayo de la presente anualidad. En consecuencia, si la protección federal se otorgó para ese preciso efecto, se concluye que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, sin excesos ni defectos, en términos del numeral 196 de la ley de la materia. Valoración del expediente. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, incisos a) y b), del acuerdo en cita, el presente expediente y el original del incidente de suspensión, son susceptibles de depuración en un plazo de tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó una resolución en la que se sobreseyó en el juicio, se concedió la protección de la justicia federal, y se concedió la suspensión provisional; debiéndose conservar, en su caso, la demanda, la sentencia que puso fin al juicio y la resolución que otorga la calidad de cosa juzgada; y por lo que hace al incidente de suspensión, la resolución relativa a su otorgamiento o violación, así como el presente proveído que ordena el archivo del asunto como concluido. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo en cita, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Devolución de documentos. Toda vez que en el presente expediente obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, de conformidad con el antepenúltimo párrafo del artículo 18 del aludido Acuerdo General, requiérasele para que, previa cita que obtenga, dentro del término de noventa días hábiles, ocurra a recogerlos, apercibida que en caso de no hacerlo los documentos podrán ser destruidos conjuntamente con el expediente.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos y en atención a que trascurrió el término legal a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la sentencia de catorce de mayo de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó y se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según el artículo 2°, se declara que dicha sentencia causó ejecutoria. Háganse las anotaciones de ley en el libro correspondiente. Ahora bien, el amparo se concedió para que la autoridad responsable gerente comercial de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (JUMAPAA), con residencia en Acámbaro, Guanajuato, realizara lo siguiente: "a) En el plazo de tres días hábiles, de respuesta por escrito a la solicitud formulada por la parte quejosa el veinticuatro de septiembre de dos mil veinte. b) Notifique a la parte quejosa la respuesta dada a su solicitud, en caso de haber señalado domicilio para tal efecto." Ahora bien, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, la responsable debe dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo en los citados términos; no obstante, no se realiza el requerimiento respectivo dado que la autoridad responsable mediante oficio registrado 4243, remitió copia simple del oficio ***** de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, dirigido al quejoso, donde le da respuesta a su solicitud, así como del acta de su notificación al directo quejoso de treinta y uno de mayo del presente año. En consecuencia, con las citadas documentales, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa para que dentro de los tres días siguientes al en que tenga conocimiento del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga y una vez transcurrido ese plazo este juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con la información que obre en autos.
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Agréguese a los autos para que obre como corresponde el oficio signado por el gerente Comercial de la Junta Municipal de Agua Potable, Alcantarillado de Acámbaro, Guanajuato, por medio del cual informa que ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y al efecto remite copia simple del oficio ****** de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, dirigido al quejoso, donde le da respuesta a su solicitud, así como del acta de su notificación al directo quejoso de treinta y uno de mayo del presente año; de lo que se toma nota y una vez que cause ejecutoria, se acordará lo que en derecho corresponda.
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SENTENCIA DEFINITIVA Vistos los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 513/2020-II, promovido por *****, en contra de actos del director de la Junta Municipal de Agua Potable en Acámbaro, Guanajuato y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito depositado en el buzón judicial el seis de octubre de dos mil veinte, recibido en la misma data por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Celaya, y turnado a este juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Celaya, promovido por *****, demandó el amparo y protección de la justicia federal en contra de actos del director general y gerente comercial ambos de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (JUMAPAA) ambas con sede en Acámbaro, y Ayuntamiento del municipio de Acámbaro, Guanajuato, que hizo consistir en: "IV. ACTOS RECLAMADOS. 1. Al Director y Gerente Comercial de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado. 1.1. La programación del corte del suministro de agua potable al domicilio que habito. 1.2. La falta de fundamentación en la notificación de la programación del corte del suministro de agua potable al domicilio que habito. 1.3. La omisión en garantizarme el suministro de agua equivalente al mínimo vital. 1.4. La omisión en dar respuesta a la solicitud hecha con fecha 24 de septiembre del presente año. 2. Al Ayuntamiento del municipio de Acámbaro, Guanajuato. 3.1. La omisión reformar el Reglamento del servicio de agua potable a efecto de reconocer como personas vulnerables para la aplicación de la tarifa especial proporcional a las personas incapacitadas físicamente, discapacitados, menores de edad y demás que por sus especiales características sean vulnerable social y económicamente, supuestos sociales regulados y reconocidos dentro de la observación general número 15 del Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Pacto del mismo nombre, así como la resolución A/RES/6492 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ambas vinculantes al estado mexicano. 3.2. La omisión reformar el Reglamento del servicio de agua potable que reconozcan el interés legítimo de las personas socialmente vulnerables del derecho humano al acceso y suministro de agua potable y así proteger y poder garantizar el mismo a través de las debidas garantías de audiencia y de las formalidades esenciales; evitar multas excesivas y desproporcionales." Por estimar dichos actos violatorios de los derechos humanos consagrados en el artículo 4º constitucional. SEGUNDO. Trámite del juicio. Mediante proveído de ocho de octubre de dos mil veinte, esta potestad registró la demanda con el número 513/2020-II, y requirió al promovente para que, indicara quienes habitan el inmueble donde se presta el servicio de agua, si alguna de ellas es mayor de edad, si trabaja o recibe alguna remuneración económica con la cual se pueda hacer cargo del pago del servicio de agua; aclare si el corte de agua le fue notificado, qué autoridad hizo la notificación y si lo señala como responsable; si también se duele de la falta de respuesta a las solicitudes dirigidas al Ayuntamiento del municipio de Acámbaro, para que modifique o reforme el Reglamento del Servicio de Agua Potable (fojas 40 a 42). Mediante escrito presentado el trece de octubre de dos mil veinte, registrado con número 5867, el aquí quejoso dio cumplimiento a las prevenciones formuladas, señalando que en la casa habitación donde se presta el servicio de agua potable, solo vive el accionante constitucional y que por cuestiones de salud no ha podido solventar los gastos básicos, entre ellos, el servicio de agua; que la autoridad que notificó el aviso de corte de agua fue el gerente Comercial de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Acámbaro, Guanajuato, a quien ya señaló como responsable y finalmente que no señala como acto reclamado la omisión de las responsables a darle respuesta a las solicitudes formuladas en torno a que se reforme el Reglamento del Servicio de Agua Potable (fojas 46 a 50). Por auto de quince de octubre de dos mil veinte, esta potestad admitió a trámite la demanda de amparo; solicitó el informe justificado a las responsables; dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación, quien no formuló pedimento. Mediante acuerdo de dieciocho de enero de dos mil veintiuno (foja 136), se reanudó el procedimiento del expediente en que se actúa, dado que se consideró un asunto de tramitación urgente, el cual se había suspendido en respuesta al brote del virus COVID-19 el Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, vigente en esa data de conformidad con las Circulares CAP/3/2020 y SECNO/1/2021 signadas respectivamente por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal y Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, ello, con la finalidad de evitar la concentración de personas y, la propagación del virus, suspendiendo las labores presenciales de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del veintiuno de diciembre de dos mil veinte, al once de enero de dos mil veintiuno y del doce al dieciocho del citado mes y año; y se señaló fecha para celebrar la audiencia constitucional. Finalmente, la audiencia constitucional dio inicio al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, es competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 Constitucionales; 1°, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; pues lo reclamado es un acto con efectos de ejecución en Acámbaro (inminente corte del suministro de agua), donde este juzgado ejerce jurisdicción, así como diversos actos omisivos, que carecen de ejecución, de ahí que este juzgador sea competente. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de método, se procede a la fijación del acto reclamado como está preceptuado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo que se resolverá, conforme al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, intitulada: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." 1 Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de 2004, página 255. Del análisis integral de la demanda de amparo, escrito aclaratorio y constancias que obran en autos, se tienen como actos reclamados los siguientes: 1. La programación del corte de suministro de agua potable en el domicilio que aduce habitar ubicado en la calle ******* número ***** zona Centro en Acámbaro, Guanajuato. 2. La falta de fundamentación en la notificación de la programación del corte de suministro de agua potable en el citado domicilio. 3. La omisión de garantizarle el suministro de agua equivalente al mínimo vital. 4. La omisión en dar respuesta al escrito presentado el veinticuatro de septiembre de dos mil veinte. Actos que atribuye al: a) Director de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (JUMAPAA), residente en Acámbaro, Guanajuato. b) Gerente comercial de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (JUMAPAA), con residencia en Acámbaro, Guanajuato. 5. La omisión en reformar el Reglamento del Servicio de Agua Potable, que se ajusten a los derechos humanos, y se reconozca a las personas vulnerables para la aplicación de la tarifa especial proporcional a las personas incapacitadas físicamente, discapacitados, menores de edad y demás que por sus características sean vulnerables social y económicamente. 6. La omisión del Reglamento del Servicio de Agua Potable, que reconozca el interés legítimo de personas socialmente vulnerables y puedan acceder al suministro de agua potable. Actos reclamados a la autoridad responsable: c) Ayuntamiento del Municipio de Acámbaro, Guanajuato. TERCERO. Inexistencia de actos reclamados. Las autoridades responsables director general y gerente Comercial, ambos de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de siglas JUMAPAA, con residencia en Acámbaro, Guanajuato (fojas 74 y 88), al rendir su respectivo informe justificado negaron la existencia de los actos reclamados, en lo que en su ámbito de competencia corresponde, consistentes en: 1. La programación del corte de suministro de agua potable en el domicilio que aduce habitar ubicado en la calle ***** número ******, zona Centro en Acámbaro, Guanajuato. 2. La falta de fundamentación en la notificación de la programación del corte de suministro de agua potable en el citado domicilio. 3. La omisión de garantizarle el suministro de agua equivalente al mínimo vital. Lo anterior, sin que la parte quejosa los desvirtuara, con prueba en contrario. En efecto, las responsables en esencia, señalan que no existe la programación del corte de suministro de agua potable en el domicilio que aduce habitar ubicado en la calle *****, número ***** zona Centro en Acámbaro, Guanajuato; a partir del mes de abril de dos mil veinte, se han suspendido los cortes de suministro de agua, ello debido a la contingencia causada por el virus SAR-CoV-2 (COVID 19). De igual forma, refieren que si no existe la programación del corte de suministro de agua potable reclamado, menos puede existir la falta de fundamentación y motivación en la notificación del acto relativo a la programación del corte aludido, aunado a que niegan categóricamente la existencia de una notificación de esa naturaleza. En cuanto al acto reclamado precisado en el punto tres, manifiestan que no existe omisión de garantizar el suministro de agua potable equivalente al mínimo vital, ya que en el ámbito de sus atribuciones, se coordinan las actividades técnicas, administrativas y financieras para lograr la eficiencia en la prestación de los servicios, y se cuenta con la infraestructura necesaria para llevar a cabo el suministro de agua lo cual realizan a cabalidad. Aunado a que como lo establece la Observación General Número 15 adoptada en noviembre del año dos mil dos, por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre el derecho del agua, que lo define como el derecho de cada uno de disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico; en cuyo término accesible, señala que de conformidad con la OMS, la fuente de agua debe encontrarse a menos de 1.000 metros del hogar, y el tiempo de desplazamiento para la recogida no debe superar los treinta metros, y el pozo más cercano al domicilio que refiere habitar el aquí quejoso, se encuentra a 800 metros de su domicilio, con lo que se encuentra garantizado el mínimo vital. Lo que acreditan con la documental extraída de la página de internet https://www.google.com.mx/maps/preview, relativa a un mapa donde se observa marcada la calle ***** seguida de unas lineas punteadas para llegar a un punto denominado Pino 3, zona centro, ambos domicilios en Acámbaro, Guanajuato, y como resultado de la distancia entre ambos, 800 metros con tiempo aproximado de diez minutos. En esas condiciones se tiene como inexistente el referido acto reclamado. No se inadvierte que el quejoso exhibió el recibo con folio 2119310, respecto del servicio de agua potable en el domicilio ubicado en *****, en Acámbaro, Guanajuato, a nombre de *****, correpondiente a la cuenta ****** y periodo de consumo del once de septiembre del año dos mil dieciocho al trece de febrero de dos mil diecinueve, del que se desprende un sello con la anotación "programado para corte", puesto que tal anotación, no puede tenerse como un acto en el que se haya realizado tal programación, dado que carece de la fecha en que se realizó, así como de los datos relativos al día y hora en que se habría de llevar a cabo ese corte, y los datos inherentes a la autoridad que lo realizó, de ahí, esa sola circunstancia sea insuficiente para acreditar el acto de que se duele el quejoso, consistente en la programación del corte de suministro de agua potable en el domicilio que aduce habitar. Conclusión En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente asunto, por lo que respecta a los actos precisados en los puntos anteriores, atribuidos a las autoridades responsables antes indicadas. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. El director general de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de siglas JUMAPAA, con residencia en Acámbaro, Guanajuato (fojas 74 y 88), al rendir su informe justificado negó la existencia del acto consistente en: 1. La omisión en dar respuesta al escrito presentado el veinticuatro de septiembre de dos mil veinte. Sin embargo, su negativa se desvirtúa, dado que señala que dio respuesta a dicha petición mediante oficio JUMAPAA/DG/****/2020, de siete de octubre de dos mil veinte, el cual se notificó a la parte interesada, en la misma data; esto es, al día siguiente en que se presentó la demanda de amparo, lo que evidencia, la existencia de la omisión reclamada. Por su parte, el gerente Comercial de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de siglas JUMAPAA, con residencia en Acámbaro, Guanajuato, al rendir su informe justificado, omitió pronunciarse respecto del acto que se le atrribuyó, consistente en la omisión en dar respuesta al escrito presentado el veinticuatro de septiembre de dos mil veinte. Por tanto, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se le atribye. De igual forma, el Síndico Municipal y Represenante legal del Municipio de Acámbaro, Guanajuato, negó los actos que se le atribuyen, sin embargo, dicha negativa debe desvirtuarse. Es así, pues la autoridad al momento de negar los actos que se les atribuyen manifestó, en esencia, que ha realizado acciones para llevar a cabo la modificación del Reglamento de Servicio de Agua Potable, lo cual requiere tiempo, aunado a que en el citado ordenamiento, sí se encuentran reglamentadas las situaciones relacionadas con las personas insolventes, cuando su cobro sea incosteable o existiera una causa justificada para ello. Tales argumentos únicamente constituyen alegatos por parte de las responsables, en los cuales pretenden sostener la constitucionalidad de su actuar; por tanto, en dicha manifestación se encuentra implícita la aceptación de la existencia de los actos que se le atribuyen. Consecuentemente, son ciertos los actos reclamados a dicha autoridad. QUINTO. Causal de improcedencia fundada respecto del acto consistente en la omisión en dar respuesta al escrito presentado el veinticuatro de septiembre de dos mil veinte. El director general de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de siglas JUMAPAA, con residencia en Acámbaro, Guanajuato, al rendir su informe justificado hace valer la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, señalando que el siete de octubre de dos mil veinte, dio respuesta a la petición formulada por el quejoso, la que fue notificada en la misma data a la parte interesada, con lo cual cesó la omisión reclamada. Es fundada la causal de improcedencia invocada. En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho fundamental exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así pues, la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. Sustenta el anterior criterio la jurisprudencia 2a./J. 59/992, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. 2 Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de 1999, materia común, página 38. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En el caso, el acto reclamado consiste en: La omisión del director general de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de siglas JUMAPAA, con residencia en Acámbaro, Guanajuato, en dar respuesta al escrito del quejoso *****, presentado el veinticuatro de septiembre de dos mil veinte. Para acreditar la solicitud en comento, el quejoso exhibió copia simple del escrito dirigido a la citada autoridad, con sello original de recibo, fechado el veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, el cual se inserta para mayor claridad: Petición a la que el citado director general, dio respuesta mediante oficio JUMAPAA/DG/065/2020, de siete de octubre de dos mil veinte (foja 81 de autos), en el sentido de informarle: Que derivado de la contingencia actual, relativa al virus denominado covid-19 desde el mes de marzo de dos mil veinte, ese organismo en apoyo a las dificultades que atraviesa la ciudadanía de Acámbaro no ha realizado cortes, suspensiones y/o restricciones, por lo que su domicilio guarda el estado en que se encontraba desde ese mes. Que en cuanto al estudio socioeconómico que refiere en su escrito, el veintinueve de septiembre de dos mil veinte, aproximadamente a las 9:00 de la mañana recibió una visita por parte del personal del área de Comunicación Social dependiente de la dirección que representa, para realizarle su estudio socioeconómico el cual califica para que le sea otorgada una nueva tarifa; por lo cual se aprovecha la oportunidad para informarle que una vez que el solicitante acuda a las oficinas de la referida dirección, con la documentación que se le requiere en el párrafo siguiente, contará entonces con una tarifa social la cual consiste en realizarle mes con mes un descuento del 40% sobre su facturación hasta por el consumo de 15 m3 (quince metros cúbicos) manifestándole que la tarifa mencionada es otorgada en atención a la situación en que el solicitante, actualmente se encuentra. Que de igual manera, se le hace saber que el peticionario no ha sido acreedor a ningún tipo de multa, por lo que, su adeudo únicamente corresponde a sus consumos. Que para darle una Información más amplia sobre la cuenta así como para poder celebrar un convenio de pago y en general poder brindarle la atención que se merece, se le invita a acudir a las oficinas de ese organismo, ubicadas en calle Madero, número 74, colonia centro de Acámbaro, Guanajuato, en un horario de 08:00 a 16:00 de lunes a viernes. Que para dar de alta su tarifa social, es necesario únicamente que se presente a la dirección ya señalada con su credencial para votar vigente en original. Oficio que le fue notificado el siete de octubre de dos mil veinte, como se desprende de la citada diligencia (foja 82 ídem). Documentales a las que se otorga eficacia probatoria plena, en términos de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo que precede pone de manifiesto que la responsable dio respuesta a la solicitud que le formuló en su escrito presentado el veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, determinación que le fue notificada a la parte interesada el siete de octubre de dos mil veinte, con lo cual cesaron los efectos de la omisión que se tildó de inconstitucional. Es decir, la omisión reclamada ha sido destruida en forma total e incondicional como si se hubiera concedido la protección constitucional; ya que desde el momento en que el director general responsable, dio respuesta a la petición que le formuló el accionante de la tutela federal, cesaron los efectos de tal omisión. Cobra aplicación la jurisprudencia 17473, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Conclusión Por ende, se concluye que el juicio resulta improcedente en términos del artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo; y, conforme a lo dispuesto por la fracción V, del 3 Novena Época, Apéndice 1917-septiembre 2011, al Semanario Judicial de la Federación, tomo II. Procesal Constitucional 1. COMÚN Segunda Parte -TCC, Segunda Sección-Improcedencia y sobreseimiento, Materia CoMÚN, página 2000. numeral 63 de la propia Ley, se decreta el sobreseimiento en el juicio, por lo que a tal acto y autoridad concierne. En la inteligencia de que el sobreseimiento decretado impide a este órgano jurisdiccional estudiar los conceptos de violación, según criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia 5094, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." SEXTO. Causal de improcedencia, respecto de los actos precisados en los puntos 5 y 6 del considerando segundo, consistentes en la omisión en reformar el Reglamento del Servicio de Agua Potable, que se ajusten a los derechos humanos y la omisión del Reglamento del Servicio de Agua Potable, que reconozca el interés legítimo de personas socialmente vulnerables y puedan acceder al suministro de agua potable. Previo al estudio de fondo del asunto, procede examinar la causa de improcedencia que se hace valer de oficio, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo5. En el caso, el quejoso reclama al Ayuntamiento del Municipio de Acámbaro, Guanajuato, en forma destacada los siguientes actos: - La omisión en reformar el Reglamento del Servicio de Agua Potable, que se ajusten a los derechos humanos, y se reconozca a las personas vulnerables para la aplicación de la tarifa especial proporcional a las personas incapacitadas físicamente, discapacitados, menores de edad y demás que por sus características sean vulnerables social y económicamente. - La omisión del Reglamento del Servicio de Agua Potable, que reconozca el interés legítimo de personas socialmente vulnerables y puedan acceder al suministro de agua potable. Al respecto se estima actualizada la causal de improcedencia que se encuentra prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)". Lo anterior, dado que el quejoso no cuenta con interés legítimo para reclamar la omisión de reformar el Reglamento del Servicio de Agua Potable, para que se ajuste a los derechos humanos y que se reconozca el interés legítimo de personas socialmente vulnerables y puedan acceder al suministro de agua potable. Al respecto, el artículo 4º, sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala lo siguiente: "Artículo 4o. [.] Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. [.]". En ese sentido, debe destacarse que la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada; y, que tendrá tal carácter quien aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo, individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución Federal y, con ello, se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Esto es, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa..." Luego, del precepto constitucional aludido se aprecian los siguientes aspectos: 1. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. 2. Tendrá ese carácter: a) quien aduzca ser titular de un derecho, o b) de un interés legítimo individual o colectivo. 3. En la impugnación, el quejoso tendrá que alegar que el acto reclamado es violatorio de sus derechos constitucionales y, con ello, se afecta su esfera jurídica, ya sea: a) de manera directa, o b) en virtud de su especial situación frente al ordenamiento jurídico. En la norma constitucional de referencia se establece, como presupuesto procesal de la acción de amparo, que el quejoso sea titular de un derecho o interés jurídico, o bien, un interés legítimo, el cual se vincula con la exigencia de alegar una violación a un derecho constitucional y resentir una afectación en su esfera jurídica, por la especial situación que ocupa frente al ordenamiento jurídico. Ahora, también es importante conocer las nociones de interés legítimo e interés simple, que ha emitido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 366/2012, en el que estableció: I. Con la reforma constitucional en materia judicial, se dotó al justiciable de mayores posibilidades para acudir al juicio de amparo, al quedar proscritas exigencias tales como la acreditación, a cargo del quejoso, de la existencia de un derecho subjetivo conferido por las normas del ordenamiento jurídico. Empero, la reforma constitucional no puede ser traducida en una apertura absoluta para que cualquier persona, por cualquier motivo que estime, acuda al juicio de amparo. II. El órgano reformador introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple; es decir, reiteró la prohibición de que tan solo con este tipo de interés pudiera acudirse al juicio de amparo. III. Definió las nociones de interés legítimo y de interés simple de la forma siguiente: a. Interés legítimo. Es aquel interés personal - individual o colectivo-, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso. Dicho interés deberá estar garantizado por un derecho objetivo, sin que dé lugar a un derecho subjetivo; debe haber una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. b. Interés simple, es aquél que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traduce en ningún tipo de beneficio personal o diferenciado para el interesado. Por la misma razón, el interés simple no supone afectación alguna a la esfera jurídica del quejoso en ningún sentido. De la ejecutoria mencionada, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó el criterio contenido en la jurisprudencia 1a./J 38/2016 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 33, Agosto 2016, Tomo II, página 690, registro 2012364, que establece: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Por su parte, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 111/2013, entre las sustentadas por la Primera y Segunda Salas de ese Alto Tribunal, en sesión de cinco de junio de dos mil catorce, estableció: 1. De acuerdo con la interpretación que debe darse al párrafo primero de la fracción I del artículo 107 constitucional, en tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: a) Ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o, b) En caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución Federal ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. 2. El interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico; esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro, pero cierto. 3. Para que exista un interés legítimo, se requiere la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no solamente como una simple posibilidad; esto es, debe existir relación en el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. 4. El interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico o derecho subjetivo, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad, como ocurre con el interés simple; esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. 5. Mediante el interés legítimo, el quejoso se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica, con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible, pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación que no pueda ser compartida con un grupo no definido pero determinable, y que redunde en perjuicio de una persona que no sea identificada como perteneciente a una determinada colectividad. 6. La afectación puede redundar de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas y no incidir en algún colectivo; de ahí que, debido a la configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los juzgadores de amparo al aplicar esa figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por la Suprema Corte, por lo que deberá interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, los Jueces deberán buscar la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas. De la ejecutoria mencionada, derivó la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, Tomo I, noviembre 2014, página 60, registro 2007921 de rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas". En el caso, conforme a las consideraciones antes descritas, el quejoso no se encuentra en una situación en la cual la omisión que reclama permita ubicarlo como "parte agraviada", en los términos que establece el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal. Es así, ya que el inconforme hace depender su interés, por el simple hecho de que el Estado debe garantizarle el suministro de agua, por ser un derecho fundamental de primer nivel y refiere que cuenta con un interés legítimo para controvertir la omisión en que ha incurrido la autoridad responsable para reformar el Reglamento del Servicio de Agua Potable a fin de que se reconozcan los derechos humanos de las personas vulnerables para la aplicación de la tarifa especial proporcional a las personas incapacitadas físicamente, discapacitados, menores de edad y demás que por sus características sean vulnerables social y económicamente; así como la omisión de incluir en el Reglamento el reconocimiento del interés legítimo de las personas socialmente vulnerables del derecho humano al acceso y suministro de agua potable, y así proteger las garantías de audiencia, así como las formalidades esenciales del procedimiento y evitar multas excesivas y desproporcionales. Sin embargo, como se dejó precisado en párrafos precedentes, a partir de la interpretación sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación del interés legítimo, este juzgador considera que esa circunstancia no es suficiente para que el quejoso acredite contar con dicho interés para controvertir la omisión reclamada, ya que no demostró que tal omisión lesione su esfera jurídica de manera directa y actual. En efecto, no existe ningún indicio de que el quejoso haya contratado el servicio de agua potable a fin de que se le aplique una tarifa acorde a una incapacidad física que aduce tener para trabajar, por el contrario refiere que el servicio lo contrató su padre, de quien también aduce falleció -sin acreditarlo-, para lo cual exhibe el recibo con folio *****, respecto del servicio de agua potable en el domicilio ubicado en ****, en Acámbaro, Guanajuato, a nombre de *****, correpondiente a la cuenta *****. Aunado a ello, tampoco demostró tener la posesión del inmueble donde se presta ese servicio de suministro de agua potable, para así exigir las modificaciones que pretende en el el Reglamento del Servicio de Agua Potable, y menos que se le hayan aplicado multas, recargos o corte, con motivo de incumplir con el pago del aludido servicio, que le cause una afectación directa y actual. Por tanto, este juzgado no se encuentra en la posibilidad de evaluar que quien aspira a obtener la protección constitucional, pudiera encontrarse dentro de la categoría jurídica de parte agraviada; pues el quejoso no demostró de manera concreta -como debe acreditarse en tratándose del interés legítimo- que su esfera jurídica hubiera sido afectada con motivo de la omisión de modificar la legislación secundaria a que alude. Es así, pues no basta que el quejoso aduzca que sí cuenta con interés legítimo derivado de que el Estado le debe garantizar el suministro de agua en el domicilio que aduce habitar, toda vez que esa circunstancia, por sí sola, no supone la actualización de un supuesto normativo ni fáctico con relevancia legal que ingrese en su esfera jurídica, de tal manera que lo legitime para acudir al juicio de amparo, es decir, contrario a lo que afirma, no logra otorgar la certeza de la existencia de una afectación real y directa, a alguno de sus derechos fundamentales. Lo anterior, pues con ello no se logra identificar un vínculo concreto entre el derecho fundamental de suministro de agua potable que el Estado está obligado a garantizar y la omisión de modificar el Reglamento de Agua Potable de incluir en una mejor tarifa a personas vulnerables o de aquellas que se encuentren incapacitadas, sino por el contrario, el quejoso alude a un derecho de manera genérica, tal y como lo tendría cualquier ciudadano con su misma condición; pero no de manera específica respecto a que no se le permite acceder a una tarifa especial, o bien que la falta de cita de la norma le haya ocasionado algún perjuicio real, verdadero y relevante, al momento de proporcionarle el suministro de agua potable. En ese sentido, una eventual concesión del amparo no generaría un beneficio en su esfera jurídica respecto de la posición que aduce, porque aún no la tiene (por no demostrarlo), por lo que no puede considerarse que cuente con un interés cualificado, sino uno de carácter genérico. Es decir, el recurrente basa su pretensión en un interés simple derivado de su condición de persona con cierta incapacidad para trabajar y pagar el servicio de suministro de agua potable -lo que además no acreditó-; esto es, refiere un interés igual al de la generalidad de los gobernados que tienen derecho a que les sea suministrado el servicio del agua; pero no refiere las características especiales que guarda su situación personal frente al orden jurídico, que lo coloque en un punto diferenciado de la situación general y lo legitime para promover el juicio; de ahí que no acredite su interés legítimo. Así, toda vez que el quejoso no demostró contar con un interés legítimo para acudir al juicio de amparo, esto es, no acreditó resentir, respecto de los actos reclamados, un agravio actual, real y jurídicamente relevante, se estima actualizada la causal de improcedencia en estudio. Conclusión En esas condiciones, se concluye que el juicio resulta improcedente en términos del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, Constitucional y, conforme a lo dispuesto por la fracción V, del numeral 63 de la propia Ley, se decreta el sobreseimiento en el juicio, por lo que toca a la autoridad y actos aquí destacados. SÉPTIMO. Causales de improcedencia infundadas. La autoridad responsable gerente comercial de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (JUMAPAA), con residencia en Acámbaro, Guanajuato, al rendir su informe justificado manifestó que se actualizan las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XII y XX de la Ley de Amparo, sin exponer argumento alguno por el cual las considera actualizadas. Son infundadas las causales de improcedencia invocadas, por lo siguiente. Es así, porque, si la autoridad responsable aludida propone el sobreseimiento en el presente asunto, sin manifestar argumento ni fundamento alguno que justifique su petición, este juzgado se encuentra imposibilitado para analizar dicha solicitud, pues para el estudio del sobreseimiento invocado, se requiere del desarrollo de razonamientos que vayan encaminados a justificar su procedencia y fundamentos jurídicos en los que apoye sus manifestaciones. En esas condiciones, tales causales se desestiman al no observar este juzgado que se actualicen. Es aplicable en el caso por identidad de razón, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 365, Novena Época, Tomo XXIV, Octubre del 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló para fundar la declaración de improcedencia del juicio". OCTAVO. Estudio. Procede ahora analizar el acto reclamado precisado en el punto en el punto 4, del considerando segundo, consistente en la omisión en dar respuesta al escrito presentado el veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, atribuido al gerente comercial de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (JUMAPAA), con residencia en Acámbaro, Guanajuato. En el cuarto concepto de violación se aduce, en esencia, que la falta de respuesta por escrito a la petición que formuló la parte quejosa a la aludida autoridad responsable, el veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, viola el derecho fundamental reconocido en el artículo 8º constitucional. El argumento es fundado, conforme a las siguientes consideraciones. El denominado "derecho de petición" reconocido en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos6, consiste en que cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir, en breve término, una respuesta por escrito y congruente con su petición. El ejercicio del derecho de petición por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos siguientes: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por este el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición y la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos; sin que exista obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea de conformidad lo solicitado por el promovente, y la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicada precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por otra diversa. 6 "Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Apoya lo expuesto la jurisprudencia XXI.1o.P.A. J/277, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigesimoprimer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Así, su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos siguientes: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición y la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos, sin que exista obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables al caso, y la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicada precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por otra diversa." Además debe precisarse que el derecho de petición, que es una prerrogativa gestada y promovida en el seno del Estado democrático, se respeta solo si la autoridad proporciona en su respuesta a la solicitud del particular la suficiente información para que este pueda conocer plenamente su sentido y alcance, así como para manifestar su conformidad o inconformidad con ella y, en su caso, impugnarla. 7 Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, página 2167. Por ende, si la información no existe o es insuficiente, el derecho de petición se quebranta, porque de nada sirve al particular que su planteamiento sea contestado, aun con pulcritud lógica, es decir, respondiendo con la debida congruencia formal a lo solicitado, pero sin proporcionarle la información que le permita conocer cabalmente el acto, decisión o resolución de la autoridad. Lo anterior, en virtud de que la congruencia formal de la respuesta a una petición no es suficiente para ser acorde con el actual sistema jurídico mexicano, porque no satisface las exigencias previstas en el artículo 8º, en relación con el numeral 1º en sus primeros tres párrafos, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en aras de una justicia pronta y completa, pues el citado derecho pretende evitar prácticas dilatorias, como son la omisión de respuesta, lo incongruente, falso, equívoco o carente de fundamentos y motivos de esta o su incorrección en cuanto al fondo, para lo cual proporciona herramientas que efectivizan el respeto a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva, para hacer posible que esos vicios se reparen en un mismo juicio. Sirve de apoyo la jurisprudencia XVI.1o.A. J/38 (10a.)8, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, del rubro siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. EL EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO EN UN JUICIO EN EL QUE SE EXAMINÓ SU VIOLACIÓN, NO PUEDE QUEDAR EN LA SIMPLE EXIGENCIA DE UNA RESPUESTA, SINO QUE REQUIERE QUE ÉSTA SEA CONGRUENTE, COMPLETA, RÁPIDA Y, SOBRE TODO, FUNDADA Y MOTIVADA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El derecho de petición, que es una prerrogativa gestada y promovida en el 8 Jurisprudencia publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 46, Septiembre de dos mil diecisiete, Tomo III, registro 2015181, página mil setecientos treinta y ocho. seno del Estado democrático -en el cual es concebible la posibilidad de participación activa de las personas en la vida pública-, se respeta sólo si la autoridad proporciona en su respuesta a la solicitud del particular la suficiente información para que éste pueda conocer plenamente su sentido y alcance, así como para manifestar su conformidad o inconformidad con ella y, en su caso, impugnarla. Por ende, si la información no existe o es insuficiente, el derecho de petición se quebranta, porque de nada sirve al particular que su planteamiento sea contestado, aun con pulcritud lógica, es decir, respondiendo con la debida congruencia formal a lo solicitado, pero sin proporcionarle la información que le permita conocer cabalmente el acto, decisión o resolución de la autoridad. Lo anterior, en virtud de que la congruencia formal de la respuesta a una petición no es suficiente para ser acorde con el actual sistema jurídico mexicano, porque no satisface las exigencias previstas en el artículo 8o., en relación con el numeral 1o., en sus primeros tres párrafos, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que manda el respeto del ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica, respetuosa y conforme al principio de progresividad, que evoca la necesidad de avance en la defensa de los derechos humanos en general. Por otra parte, la entrada en vigor de la Ley de Amparo, el 3 de abril de 2013, en aras de una justicia pronta y completa, tratándose de este derecho, pretende evitar prácticas dilatorias, como son la omisión de respuesta, lo incongruente, falso, equívoco o carente de fundamentos y motivos de ésta o su incorrección en cuanto al fondo, para lo cual proporciona herramientas que efectivizan el respeto a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva, para hacer posible que esos vicios se reparen en un mismo juicio; tal es el caso de la oportunidad de ampliar la demanda a que se refiere el numeral 111 del citado ordenamiento y de la exigencia para la responsable, tratándose de actos materialmente administrativos, de complementar en su informe justificado la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación del acto reclamado cuando se aduzca en la demanda, contenida en el artículo 117, último párrafo, de la propia ley. Por tanto, el efecto de la concesión del amparo en un juicio en el que se examinó la transgresión al artículo 8o. constitucional no puede quedar en la simple exigencia de respuesta, sino que debe buscar que ésta sea congruente, completa, rápida y, sobre todo, fundada y motivada; de otro modo, no obstante el nuevo sistema jurídico, el juzgador obligaría al gobernado a una nueva instancia para obtener una solución de fondo, con el consiguiente retraso en la satisfacción de la reparación del derecho violado". En el caso, la parte quejosa formuló una petición por escrito de manera pacífica y respetuosa ante el gerente comercial de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (JUMAPAA), con residencia en Acámbaro, Guanajuato, como se advierte del sello de recepción correspondiente que obra en el acuse de recibo exhibido con la demanda de amparo (fojas 33 de autos), cuya imagen se inserta para mayor claridad: Por su parte, la aludida autoridad responsable al rendir su informe justificado, omitió hacer pronunciamiento en torno a dicha solicitud, ni acreditó haber dado respuesta. Lo anterior evidencia la falta de respuesta a la solicitud presentada por el accionante de la tutela federal, así como de su notificación, por lo que se concluye que si el artículo 8° constitucional, constriñe a las autoridades, a que si la petición se formula por escrito, de manera respetuosa y pacífica, los funcionarios y empleados públicos tienen la obligación de emitir una respuesta por escrito a dicha petición y dársela a conocer. Por tanto, si la autoridad responsable no acreditó haber dado respuesta por escrito a la solicitud del quejoso ni habérsela notificado, resulta inconcuso que transgrede con su actuar el artículo 8º constitucional. En virtud de lo expuesto, de conformidad con lo que dispone el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que la autoridad responsable gerente comercial de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (JUMAPAA), con residencia en Acámbaro, Guanajuato: a) En el plazo de tres días hábiles, de respuesta por escrito a la solicitud formulada por la parte quejosa el veinticuatro de septiembre de dos mil veinte. b) Notifique a la parte quejosa la respuesta dada a su solicitud, en caso de haber señalado domicilio para tal efecto. Cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 98/20049, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expresa: "DERECHO DE PETICIÓN. PARA EXIGIR A LA AUTORIDAD QUE DÉ A CONOCER SU RESOLUCIÓN AL PETICIONARIO EN BREVE TÉRMINO, ES NECESARIO QUE ÉSTE SEÑALE DOMICILIO PARA TAL EFECTO. Conforme al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo gobernado tiene la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad, formulando una solicitud escrita que puede tener el carácter de simple petición administrativa, acción, recurso o cualquier otro, y ante ella las autoridades están obligadas a dictar un acuerdo escrito que sea congruente con dicha solicitud, independientemente del sentido y términos en que esté concebido. Ahora bien, además de dictar el acuerdo correspondiente a toda petición, el referido precepto constitucional impone a la autoridad el deber de dar a conocer su resolución en breve término al peticionario; para cumplir con esta obligación se requiere el señalamiento de domicilio donde la autoridad pueda notificarla al gobernado, de ahí que cuando se omite señalar dicho domicilio podrá alegarse que el órgano del Estado no dictó el acuerdo correspondiente, mas no que incumplió con la obligación de comunicarle su resolución 9 Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, julio de 2004, Materia: Común, página 248. en breve término, pues si bien la falta de señalamiento de domicilio no implica que la autoridad pueda abstenerse de emitir el acuerdo correspondiente, estando obligada a comprobar lo contrario ante las instancias que se lo requieran, así como la imposibilidad de notificar su resolución al promovente, tampoco significa que deba investigar el lugar donde pueda notificar la resolución, ya que el derecho del particular de que la autoridad le haga conocer en breve término el acuerdo que recaiga a su petición, lleva implícita su obligación de señalar un domicilio donde esa notificación pueda realizarse." Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por *****, en contra de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, por los motivos expuestos en los considerandos tercero, quinto y sexto de este fallo. SEGUNDO. La justicia federal ampara y protege a *****, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable gerente comercial de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (JUMAPAA), con residencia en Acámbaro, Guanajuato, para los efectos indicados en el considerando último de este fallo.
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