Jose Eduardo Hernandez Sosa
Expediente 2074/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2074/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Jose Eduardo Hernandez Sosa
Actuaciones
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, diez de octubre de dos mil veintidós. Vista la cuenta; agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio 4908/2022 signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en esta ciudad, a través del cual comunica que por proveído de tres de octubre del año en curso, se admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en los autos del juicio de amparo 2074/2022-2 del índice de este Juzgado, registrado ante ese Tribunal como recurso de queja número 175/2022. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Lilia Inés Beltrán Quiñones, Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, en funciones de Jueza, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio SEPLE./GEN./001/4194/2022, en sesión de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, con apoyo en el artículo 44, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Marco Antonio Montoya Ruiz, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
...Vista la cuenta; agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa Salvador Mompar Jiménez, mediante el cual interpone recurso de queja contra el proveído de uno de septiembre del año en curso, dictado en este juicio y expresa agravios. En atención a ello, con fundamento en los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y demás relativos a la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa interponiendo recurso de queja contra el proveído dictado el uno de septiembre del presente año. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase informe en los siguientes términos: Es cierto que este Juzgado de Distrito dictó el acuerdo de uno de septiembre de dos mil veintidós, por el que se desechó de plano la demanda de amparo presentada por la parte quejosa; sin embargo, se considera que dicho auto fue emitido conforme a derecho, según se advierte de su lectura y de las constancias que integran este expediente. Remítase al Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito en turno, con residencia en esta ciudad, el original del escrito de interposición del recurso de queja y expresión de agravios, así como copia fotostática certificada de las actuaciones relativas al recurso interpuesto para su substanciación.
- Principal
...Vista la cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Mayra Janeth Hernández Ramírez, en favor de José Eduardo Hernández Sosa; regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado Federal y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 2074/2022-2, que por razón de turno le corresponde, y fórmese expediente. Ahora bien, del análisis integral de la demanda, se advierte que Mayra Janeth Hernández Ramírez solicita el amparo y protección de la Justicia Federal en favor de su cónyuge José Eduardo Hernández Sosa, quien tiene el carácter de imputado en la causa penal de origen 186/2022, reclamando la resolución emitida en la audiencia inicial de veintiuno de agosto de dos mil veintidós, por el Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, que decretó legal la detención de dicho imputado, dictando auto de vinculación a proceso, así como la defensa inadecuada realizada por el defensor público que designó el Juez de Control responsable. En ese sentido, se estima que la demanda de mérito deviene improcedente en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5, fracción I y 6, todos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." . Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; . Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Dichos preceptos legales, prevén el principio de instancia de parte agraviada que rige el juicio de amparo, mismo que puede promoverse por el quejoso a quien afecte la norma general o el acto reclamado, bajo los siguientes supuestos: a) Por sí mismo. b) Por su representante legal o su apoderado. c) Por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley (por ejemplo, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). d) Por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos que la Ley de Amparo lo permita cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal. Cabe destacar que la capacidad debe entenderse como la aptitud de comparecer en juicio por sí mismo y distinguirse de la personalidad que, en relación con el proceso, se entiende como la aptitud legal que asiste a un sujeto de derechos y obligaciones para actuar válidamente como actor, demandado, tercero o representante. A su vez se distingue el término personería como la facultad conferida para actuar en juicio en representación de otra persona. En el caso que nos ocupa, se considera que la promovente Mayra Janeth Hernández Ramírez carece de legitimación para promover el presente juicio de amparo en nombre de su esposo José Eduardo Hernández Sosa, quien tiene el carácter de imputado en la causa penal de origen 186/2022, pues aun cuando justifica ese vínculo con el acta de matrimonio, ello no acredita encontrarse en alguno de los supuestos antes señalados. En efecto, conforme a los artículos 11 y 14 de la Ley de Amparo, el lazo matrimonial no puede equiparse a un defensor en la causa penal, como tampoco al apoderado o representante legal. Aunado a ello, los actos que se reclaman no se ubican en las hipótesis que establece el numeral 15 de la citada ley, pues la conducción de sujeto a proceso del marido de la promovente, no son actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. No se soslaya que si bien el párrafo segundo del artículo 6 de la Ley de Amparo, establece que cuando los actos reclamados deriven de un procedimiento penal, el quejoso podrá promover el juicio de amparo por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos que la citada ley lo permita; sin embargo, en el caso, la promovente Mayra Janeth Hernández Ramírez no comparece como defensora de José Eduardo Hernández Sosa, sino con el carácter de cónyuge, lo cual no se encuentra previsto en ninguno de los casos que la Ley de Amparo lo permite (como por ejemplo, en las hipótesis que señala el numeral 15 de la Ley de Amparo, o en los casos que el quejoso sea menor de edad). Entonces, acorde a la naturaleza de los actos reclamados, la promovente carece de facultades para ejercer la acción constitucional en favor de su cónyuge José Eduardo Hernández Sosa. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1991, página 272, registro 223900, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO EN MATERIA PENAL POR FALTA DE LEGITIMACION PROCESAL ACTIVA PARA PROMOVERLO. Uno de los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo, lo es el de la iniciativa o instancia de parte agraviada previsto por la fracción I del artículo 107 de la Constitución General de la República, en relación con el 4o. de la Ley de Amparo, establece que el juicio de garantías únicamente puede promoverse por el gobernado a quien perjudique el acto que se le reclama, sin que pueda hacerlo persona distinta a él; sin embargo, en materia penal existen tres disyuntivas por virtud de las cuales se puede promover ese juicio, a nombre del quejoso: a) cuando el representante acredite debidamente esa calidad, en términos del artículo 12 de la Ley de la Materia; b) por los defensores, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento judicial (artículo 16 de la Ley de Amparo), y c) por cualquier persona, si se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los prohibidos, por el artículo 22 constitucional, siempre y cuando "el agraviado se encuentre imposibilitado para" promoverlo según el artículo 17 de la ley reglamentaria. En estas condiciones, si en el caso concreto, el promovente hizo valer el juicio constitucional en favor de un hermano, sin que se encuentre en alguno de los supuestos referidos, puesto que reclama la orden de aprehensión emitida por autoridad judicial y no demostró ser el mandatario exhibiendo el documento respectivo, ni tampoco defensor del indicado, ni se está en los supuestos del artículo 17 del ordenamiento invocado, debe considerarse que el solicitante carece de legitimación procesal activa para intentar la acción constitucional, por actualizarse la causa de improcedencia que prevé la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 4o., de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales." En esas condiciones, al no colmarse el principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia en estudio; por tanto, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Mayra Janeth Hernández Ramírez en favor de José Eduardo Hernández Sosa. Apoya tal determinación la jurisprudencia I.1o.A. J/4 (9a.), sustentada por los el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, (registro 196196), visible en la página 899, Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro se lee "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Como lo solicita la promovente, se tiene como domicilio y correo electrónicos para oír y recibir notificaciones, así como autorizados en términos del numeral 12 de la Ley de Amparo, los citados en la demanda. En otro aspecto, a fin de evitar dilaciones procesales innecesarias, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilita a los Actuarios adscritos a este órgano de control constitucional para que procedan a practicar las diligencias encomendadas en este juicio de amparo en horas y días inhábiles si ello fuere necesario, circunstancia que inclusive guarda congruencia con el principio de pronta administración de justicia consagrada en el artículo 17 Constitucional. Finalmente, en cumplimiento del Reglamento para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aprobado en sesión conjunta por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga los Acuerdos Generales 9/2003 y 30/2003, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos, indíquese a las partes que aun cuando no hayan ejercido la oposición a que se publiquen sus datos personales, la sentencia ejecutoriada y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente expediente que, por disposición legal o por su naturaleza, puedan afectar la dignidad personal o causar un daño irreparable, los documentos que obren en este expediente y no sean reservados o confidenciales se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se suprimirán los datos personales, siempre y cuando no impidan conocer el criterio sustentado por este Juzgado de Distrito. En la inteligencia de que no se considerará confidencial la información que se encuentre en fuentes de acceso público, ya que constituye un principio procesal que en las notificaciones por lista, por estrados, por rotulón o por boletín judicial, debe señalarse el nombre de las personas, ya sea la parte quejosa, recurrente, o cualquier otra que sea la determinación procesal, pues sólo de esa manera, ésta puede tener conocimiento de la determinación respectiva. Notifíquese personalmente.
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