Jose Eduardo Hernandez Sosa
Expediente 2192/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2192/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Jose Eduardo Hernandez Sosa
Actuaciones
- Principal
...Visto el estado que guardan los autos, y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó la demanda promovida por la parte quejosa, sin que lo hiciera. En tal virtud, con fundamento en los artículos 2º, 97, fracción I, inciso a), 98, párrafo primero, y 99 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio en materia de amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, archívese este asunto como totalmente concluido, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, previas las anotaciones de rigor en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otro lado, toda vez que este asunto se ubica en la hipótesis a que se refiere el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; además, se considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el artículo 15 del mencionado Acuerdo, por tanto, este expediente es susceptible de destrucción, y una vez que transcurran más de tres años posteriores a la notificación de este proveído, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula de este asunto. Se destaca que en este expediente no se tramitó incidente de suspensión. Además, se hace constar que en el presente asunto no existen documentos originales importantes o de valor.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta; se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Martín Alvarado García, quien se ostenta como defensor particular de José Eduardo Hernández Sosa; regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado Federal y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 2192/2022-2, que por razón de turno le corresponde. Analizada en su integridad la demanda de amparo, se advierte que el promovente reclama la resolución emitida por el Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, en la audiencia inicial de veintiuno de agosto de dos mil veintidós, en la que se decretó de legal la detención del imputado José Eduardo Hernández Sosa, y se dictó en su contra auto de vinculación a proceso. En ese sentido, se estima que la demanda de cuenta es extemporánea, ya que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. ." De conformidad con el artículo transcrito, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, esto es, aquellos contra los que no se promueva la demanda dentro de los términos legalmente establecidos en el artículo 17 de la Ley de Amparo, cuyo plazo se computará acorde con lo dispuesto en el diverso numeral 18 del mismo ordenamiento. Por ello, es necesario transcribir el contenido del numeral 17 de la Ley de la Materia, que dice: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Como se observa, la regla general para presentar demanda de amparo es de quince días, y además, el caso que nos ocupa no se ubica en ninguna de las hipótesis de exclusión que prevé el citado numeral, ya que el acto reclamado aludido fue emitido dentro de un procedimiento penal. Asimismo, el artículo 18 de la Ley de Amparo, establece que los plazos a que se refiere el artículo 17 de la misma legislación, se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, se colige que los actos reclamados fueron emitidos en la audiencia inicial celebrada el veintiuno de agosto de dos mil veintidós, mismos que de conformidad en el artículo 63 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se notificaron al agraviado y a su respectivo defensor que le fue designado en la causa penal de origen, en la propia audiencia inicial. Ello es así, pues el citado numeral 63 de la legislación antes invocada, señala lo siguiente: "Artículo 63. Notificación en audiencia Las resoluciones del Órgano jurisdiccional serán dictadas en forma oral, con expresión de sus fundamentos y motivaciones, quedando los intervinientes en ellas y quienes estaban obligados a asistir formalmente notificados de su emisión, lo que constará en el registro correspondiente en los términos previstos en este Código." Por ende, esa notificación surtió efectos el mismo día, veintiuno de agosto de dos mil veintidós, como se deduce de la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/33 P (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 2651, del Libro 84, Marzo de 2021, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época (registro 2022905), que señala: "NOTIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS EN LAS AUDIENCIAS ORALES EN EL PROCESO PENAL DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL. DEBE TENERSE POR LEGALMENTE HECHA EN ESE MISMO ACTO A LAS PARTES QUE ASISTAN, SALVO LOS CASOS DE EXCEPCIÓN [ABANDONO DEL CRITERIO SOSTENIDO EN LA TESIS AISLADA XVII.1o.P.A.6 P (10a.)].- Si se trata de resoluciones emitidas en el proceso penal de corte acusatorio y oral, previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en atención a los principios que rigen a los juicios orales, particularmente los de inmediación, continuidad y concentración, las notificaciones a las partes que asisten a las audiencias orales deben tenerse por legalmente hechas en ese mismo acto, salvo los casos de excepción, toda vez que dichas resoluciones se entienden notificadas a las partes intervinientes y a quienes debieran asistir, inmediatamente en que se emitan, sin necesidad de formalidad alguna. Aunado a que el artículo 63 del Código Nacional mencionado establece que las resoluciones del órgano jurisdiccional serán dictadas en forma oral, con expresión de sus fundamentos y motivaciones, quedando los intervinientes en ellas y quienes estaban obligados a asistir, formalmente notificados de su emisión, por lo que no se justifica atender a una fecha posterior. Lo anterior lleva a este Tribunal Colegiado de Circuito a una nueva reflexión y a abandonar el criterio sostenido en la tesis aislada XVII.1o.P.A.6 P (10a.), de título y subtítulo: "CASACIÓN. EN EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA INTERPONER DICHO RECURSO CONTRA UNA SENTENCIA CONDENATORIA, LOS MAGISTRADOS DE LA SALA RESPECTIVA DEBEN INTERPRETAR SISTEMÁTICA Y ARMÓNICAMENTE LAS NORMAS PROCESALES APLICABLES, PONDERANDO LA NATURALEZA DE DICHA DETERMINACIÓN, SU NOTIFICACIÓN Y SI EL RECURRENTE CONOCIÓ SU CONTENIDO (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA)." Luego, conforme a los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, el primer día para interponer el juicio de amparo en contra de los actos que ahora se combaten, fue el veintidós de agosto de dos mil veintidós, y el último, el nueve de septiembre de este año, sin contar los sábados y domingos por ser días inhábiles. Entonces, si la demanda de amparo que nos ocupa, se presentó hasta el veintidós de septiembre de este año, es indudable que se hizo en forma extemporánea y ello actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, párrafo primero. Así se desprende de la tesis II.2o.P.98 P (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en la página 1252, Libro 82, Enero de 2021, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época (registro 2022588), del tenor: "ACTOS Y RESOLUCIONES EMITIDOS EN LA AUDIENCIA INICIAL EN PRESENCIA DEL QUEJOSO DENTRO DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA, DEBE INICIAR A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA CELEBRACIÓN DE AQUELLA DILIGENCIA [ACLARACIÓN DE LA TESIS II.2o.P.83 P (10a.)].- Hechos: En el marco de un proceso penal acusatorio, el quejoso combatió, vía amparo indirecto, la calificación de la detención emitida en la audiencia inicial; el Juez de Distrito estimó que la demanda de amparo no se presentó dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la ley de la materia, por lo que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, del ordenamiento citado, relativa a el consentimiento tácito del acto reclamado. Criterio jurídico: En una nueva reflexión sobre el tema abordado en la tesis aislada II.2o.P.83 P (10a.), este tribunal estima pertinente aclarar su contenido respecto de las notificaciones, a fin de evitar posibles confusiones de interpretación futura, para puntualizar que la existencia de actos y resoluciones emitidos en la audiencia (en presencia del quejoso) dentro del proceso penal acusatorio, se conocen en ese propio acto, por lo que el cómputo del plazo para la presentación de la demanda de amparo en su contra, debe iniciar a partir del día siguiente al en que el quejoso tuvo conocimiento del acto (al siguiente de su celebración), que fue el día de la propia audiencia y no de aquella en que se obtiene copia autorizada de esa diligencia o la emisión de su versión escrita. Justificación: En el sistema penal de corte acusatorio, conforme a los principios de publicidad e inmediación, la audiencia, en sí misma, implica una participación real en el acto jurídico con el involucramiento de las partes en el desarrollo de las diligencias que conforman el proceso penal. De manera que conforme al artículo 63 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el conocimiento de los actos se produce en esa misma fecha, aunado a que la notificación de las resoluciones dictadas en forma oral, tanto a los intervinientes en aquélla, como a quienes se encontraban obligados a asistir, quedan formalmente realizadas. Por tanto, para la presentación de la demanda de amparo, respecto de los actos emitidos y presenciados, debe partirse de esa fecha en función de su innegable conocimiento en la misma audiencia, ya que se reconoce el efecto contundente de que el interesado participa en ella; por ello, no puede alegarse que no tuvo conocimiento de la emisión del acto, cuando éste se realizó en su presencia material y formalizada. Ello, con independencia de la fecha formal en que surta efectos la notificación respecto de actos diversos, o bien, tratándose de personas que no estuvieron presentes en la audiencia, conforme al artículo 82 del propio código, pues es evidente que se actualizan supuestos distintos." En esas condiciones, se concluye que este asunto es improcedente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, de la Ley de Amparo; por tanto, con apoyo en el diverso 113 de la Ley de la Materia, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de derechos fundamentales promovida por Martín Alvarado García, en su carácter de defensor particular de José Eduardo Hernández Sosa. Apoya tal determinación la jurisprudencia I.1o.A. J/4 (9a.), sustentada por los el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, (registro 196196), visible en la página 899, Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro se lee "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Como lo solicita la promovente, se tiene como domicilio y correo electrónicos para oír y recibir notificaciones, así como autorizados en términos del numeral 12 de la Ley de Amparo, los citados en la demanda. De conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que debe guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. Así como con la Circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, que determinó que no existe inconveniente en que se permita a las partes y personas autorizadas el uso de aparatos electrónicos, como son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos. En otro aspecto, en obvio de dilaciones procesales innecesarias, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los Actuarios adscritos a este órgano de control constitucional para que procedan a practicar las diligencias encomendadas en este juicio de amparo en horas y días inhábiles si ello fuere necesario, circunstancia que inclusive guarda congruencia con el principio de pronta administración de justicia consagrada en el artículo 17 Constitucional. Finalmente, en cumplimiento del Reglamento para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aprobado en sesión conjunta por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga los Acuerdos Generales 9/2003 y 30/2003, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos, indíquese a las partes que aun cuando no hayan ejercido la oposición a que se publiquen sus datos personales, la sentencia ejecutoriada y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente expediente que, por disposición legal o por su naturaleza, puedan afectar la dignidad personal o causar un daño irreparable, los documentos que obren en este expediente y no sean reservados o confidenciales se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se suprimirán los datos personales, siempre y cuando no impidan conocer el criterio sustentado por este órgano jurisdiccional. En la inteligencia de que no se considerará confidencial la información que se encuentre en fuentes de acceso público, ya que constituye un principio procesal que en las notificaciones por lista, por estrados, por rotulón o por boletín judicial, debe señalarse el nombre de las personas, ya sea la quejosa, recurrente, o cualquier otra que sea la determinación procesal, pues sólo de esa manera, ésta puede tener conocimiento de la determinación respectiva. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Lilia Inés Beltrán Quiñones, Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, en funciones de Jueza, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio SEPLE./GEN./001/4194/2022, en sesión de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, con apoyo en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Marco Antonio Montoya Ruiz, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
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