Jose Eduardo Gonzalez Barrera
Expediente 746/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 41 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 746/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 41
- Última actuación
- 20/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jose Eduardo Gonzalez Barrera
- Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención Y Readaptación Social
Actuaciones
Las 4 más recientes de 41.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinte de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales procedentes, el oficio signado por la Agente del Ministerio Público en términos del artículo 86, fracción III del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en representación del Fiscal General del Estado de Puebla; mediante el cual, en cumplimiento a lo ordenado el quince de junio de dos mil dieciocho, informa que giró instrucciones al Fiscal Especializado de Combate a la Corrupción, para que se imponga en relación a los posibles actos de tortura que aduce sufrió el quejoso José González Barrera; de lo que toma conocimiento esta autoridad, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, quince de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, mediante el cual, devuelve los autos del presente juicio de amparo 746/2017-E, y remite testimonio de la ejecutoria pronunciada por dicho Tribunal Colegiado, el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, en el amparo en revisión R-21/2018 de su índice, relativo al recurso de revisión interpuesto en el presente juicio de garantías, misma que en sus puntos resolutivos señala: "PRIMERO.- Se modifica la sentencia recurrida, excepto en su resolutivo segundo. SEGUNDO.- Se sobresee en el juicio de amparo promovido por José González Barrera, en contra de los actos y autoridades que se precisaron en el resultando primero y en términos de los considerandos sexto y séptimo de esta ejecutoria. TERCERO.- Se ordena dar vista al Fiscal General del Estado de Puebla, para que se investiguen los posibles hechos constitutivos del ilícito de tortura" En atención a lo anterior, y toda vez que el quejoso manifestó en su demanda de amparo haber sufrido tortura y malos tratos por parte de las autoridades del centro de reclusión en el que se encontraba recluido (Centro de Reinserción Social de Puebla); por lo que, podría estarse en presencia de la comisión de un ilícito. Las anteriores manifestaciones pueden constituir actos de tortura, por lo cual, dado que es obligación del Estado Mexicano proteger los Derechos Humanos de las personas, de acuerdo con el texto actual establecido en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, así como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanas o Degradantes, se deberá proceder a la investigación correspondiente. En efecto, el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala: "Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley". Mientras que la referida Convención en su artículo 5, establece: "Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal. 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. (.)". De los ordinales transcritos y por lo que al tema se refiere, emerge el derecho fundamental del ser humano consistente en la protección de su integridad física, psíquica o moral, al considerar que nadie debe sufrir tratos crueles, inhumanos o degradantes ni tortura. En síntesis, la autoridad debe garantizar a toda persona que denuncie haber sido sometida a tortura, dentro del ámbito de su jurisdicción, el derecho a que el caso sea examinado imparcialmente, procediendo debidamente y de inmediato a realizar una investigación acorde con los deseos de la presunta víctima de tortura, en cualquier momento en que lo alegue. Por tanto, de conformidad a lo ordenado por la superioridad, dese vista al Fiscal General del Estado de Puebla, para que, de inmediato, inicie una investigación de manera independiente, imparcial y meticulosa, para lo cual, envíesele copia de la demanda de amparo que dio origen al presente asunto. Debiéndose garantizar la independencia del personal médico encargado de examinar y prestar asistencia a los detenidos, de manera que pueda practicar libremente las evaluaciones necesarias, pues al no hacerlo así se trasgrede el contenido del artículo 1 de la Carta Magna. Es aplicable al respecto la tesis número P. XXI/2015 (10a.) del tenor siguiente: ACTOS DE TORTURA. OBLIGACIONES POSITIVAS ADJETIVAS QUE DEBE CUMPLIR EL ESTADO MEXICANO. Respecto del deber del Estado Mexicano de investigar posibles actos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, se desprenden las siguientes obligaciones: (I) la investigación de dichos actos debe llevarse a cabo de oficio y de forma inmediata; (II) la investigación además, debe ser imparcial, independiente y minuciosa, con el fin de determinar la naturaleza y origen de las lesiones advertidas; identificar a los responsables; e iniciar su procesamiento; (III) corresponde a las autoridades judiciales garantizar los derechos del ofendido, lo que implica obtener y asegurar toda prueba que pueda acreditar los actos de tortura alegados; (IV) el Estado debe garantizar la independencia del personal médico y de salud encargado de examinar y prestar asistencia a los ofendidos, de manera que puedan efectuar libremente las evaluaciones médicas necesarias, respetando las normas establecidas para la práctica de su profesión; (V) cuando una persona alega haber sido víctima de un acto de tortura, el Estado debe verificar, en primer lugar, la veracidad de dicha denuncia a través de una investigación llevada a cabo con la debida diligencia; y, (VI) la carga de la prueba de este tipo de hechos recae en el Estado, por lo que no es válido que se argumente que el denunciante no probó plenamente su denuncia para descartarla. De igual forma, es aplicable la tesis P. XXII/2015 (10a.), que a la letra dice: ACTOS DE TORTURA. SU NATURALEZA JURÍDICA. De los criterios jurisdiccionales emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que se está frente a un caso de tortura cuando: (I) la naturaleza del acto consista en afectaciones físicas o mentales graves; (II) infligidas intencionalmente; y, (III) con un propósito determinado, ya sea para obtener una confesión o información, para castigar o intimidar, o para cualquier otro fin que tenga por objeto menoscabar la personalidad o la integridad física y mental de la persona. Al respecto, debe precisarse que la tortura es una práctica proscrita de forma absoluta en nuestro sistema normativo y constitucional, es decir, su prohibición es un derecho humano que no admite excepciones debido a su gravedad y la capacidad de reducir la autonomía de la persona y la dignidad humana a grados ignominiosos y, por ende, su vigencia no puede alterarse ni siquiera durante una emergencia que amenace la vida de la Nación. En ese contexto, si el derecho a la integridad personal comprende, necesariamente, el derecho fundamental e inderogable a no ser torturado -ni a ser sometido a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes-, es dable colegir que la tortura actualiza una categoría especial y de mayor gravedad que impone a los juzgadores hacer un análisis cuidadoso bajo estándares nacionales e internacionales, tanto en su impacto de violación de derechos humanos, como de delito. Por otra parte, acúsese el recibo de estilo correspondiente a la superioridad, glósese el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la remisión de los autos originales al tribunal de revisión, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como concluido. En otro orden, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto el cual se sobreseyó no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento. Finalmente, ya que el quejoso se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, hágase de su conocimiento el contenido del presente proveído; por lo que, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 298, 300 y 314 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su artículo 2, gírese atento despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, instruya al diligenciario o diligenciaria de su adscripción, a efecto de que notifique al quejoso el presente acuerdo, para lo cual deberá ceñirse a las formalidades establecidas en el artículo 27, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, esto es, única y exclusivamente, deberá realizar lo siguiente: a) Se constituya en las instalaciones del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla; b) Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, al aquí quejoso José Eduardo González Barrera, y se cerciore de su identidad; c) Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla-, así como el número de expediente - juicio de amparo 746/2017-E; d) Notifique a la parte quejosa el presente proveído; e) Le corra traslado con copia autorizada del citado acuerdo; y, f) Asiente razón en el sentido de si el quejoso quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. Asimismo, dígasele al Juez auxiliante que deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, copia certificada de las constancias que acrediten que se practicó la notificación de mérito. Con el apercibimiento, que de no cumplir con lo anterior, de conformidad con los artículos 237 fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá, multa de cincuenta días, calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), según decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en vigor al día siguiente de su publicación.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de marzo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio 745 del Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla y anexo que acompaña, por medio del cual, devuelve debidamente diligenciado el despacho 148/2018 (orden 168/2018) del índice de este juzgado, en el que se le encomendó que, en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, notificara al quejoso JOSÉ EDUARDO GONZÁLEZ BARRERA, en el lugar de su reclusión (Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla), la resolución interlocutoria de diecinueve de febrero del actual. Dése de baja el despacho de mérito en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
PRIMERO. Es improcedente el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano propuesto por el quejoso José Eduardo González Barrera, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta interlocutoria. SEGUNDO. Es procedente pero infundado el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano propuesto por José Eduardo González Barrera por las razones expuestas en el considerando quinto de esta determinación. TERCERO. Notifíquese al quejoso José Eduardo González Barrera vía despacho, en su lugar de reclusión, de conformidad con el considerando sexto de la presente resolución.
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