Jose Eduardo Gonzalez Barrera

Expediente 747/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
747/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
30/06/2017

Partes del expediente

  • Jose Eduardo Gonzalez Barrera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de junio de dos mil diecisiete. V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 747/2017-A, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por José Eduardo González Barrera, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Demanda y trámite del incidente de suspensión. Mediante proveído de veintitrés de junio de dos mil diecisiete, en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal, se tramitó el incidente de suspensión propuesto por José Eduardo González Barrera, se requirió el informe previo a las autoridades responsables, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el mismo, aunado a que la ejecución de los actos reclamados son atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 146, fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, su escrito aclaratorio, así como de la naturaleza de las autoridades señaladas como responsables ordenadoras, los actos reclamados en el presente asunto son: La orden de traslado del Centro de Reinserción Social de Puebla, en el que se encuentra recluido a diversos centros penitenciarios; La falta de substanciación de un procedimiento sumario en términos del artículo 39 del Reglamento de los Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla; Tratos indignos y ataques a la libertad fuera de procedimiento Y, solicitó la suspensión únicamente respecto de los actos precisados en el inciso a) y respecto al indicado en el inciso c) (acto contemplado en el artículo 15 de la Ley de Amparo) se proveyó la suspensión de plano en el juicio de amparo principal. TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en la interlocutoria de la suspensión de los actos reclamados, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, analizar si resulta procedente conceder a la parte quejosa la medida cautelar solicitada. Ahora bien, la parte quejosa atribuye los actos reclamados - que quedaron precisados en el considerando que antecede - a las autoridades responsables siguientes: No. Orden AUTORIDAD RESPOSABLE SENTIDO DEL INFORME PREVIO Foja 1 Jueza de Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial de Puebla. Negó 19 2 Juez de Ejecución de Sentencias Itinerante del Estado de Puebla. Negó 20 3 Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla. Negó 21 4 Subsecretario Jurídico de la Secretaría General de Gobierno, en representación del Secretario General de Gobierno. Negó 22-25 5 Director General de Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla. Negó 26-27 6 Director General de Asuntos Jurídicos y Representante Legal del Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla Negó 33 7 Director del Centro de Reinserción Social de Puebla Negó 35-36 De lo anterior se advierte que las autoridades responsables enlistadas, al rendir sus respectivos informes previos negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar tales negativas. En tales condiciones, ante la inexistencia de los aludidos actos reclamados a las mencionadas autoridades responsables, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada. Al respecto, el artículo 139 de la Ley de Amparo vigente, señala que la suspensión se decretará cuando sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. De lo anterior se sigue que, al no existir los actos reclamados, no pueden existir daños o perjuicios de difícil reparación para la parte quejosa; por consiguiente, al no encontrarse satisfecho el requisito a que se refiere el artículo antes citado, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada ante la inexistencia de los actos reclamados a las referidas autoridades. Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por José Eduardo González Barrera, en términos y por las autoridades indicadas en el considerando tercero de esta interlocutoria.

  2. Principal

    Vista la constancia de notificación practicada al quejoso José Eduardo González Barrera el veinticuatro de junio del actual, en el lugar de su reclusión (Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla), en la que se aprecia que el Actuario judicial asentó que el quejoso José Eduardo González Barrera indicó: "No ratifica la demanda de garantías, pues me informa que solo firmó una demanda de garantías" Ahora bien, es un hecho notorio que el día veintitrés de junio de dos mil diecisiete se admitió la demanda suscrita por José Eduardo González Barrera, registrada en este juzgado con el número 746/2017 en la que reclamó también la orden de traslado atribuida a 4. Secretario General de Gobierno del Estado de Puebla, 5. Director General de Centros de Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla, 6. Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla y 7. Director del Centro de Reinserción Social del Estado de Puebla, y en la diligencia de notificación practicada en ese expediente por el Actuario, al quejoso no hizo manifestación similar como la que ahora se provee, además la firma plasmada por el peticionario del amparo tanto en esa demanda y en su diligencia de notificación, es igual a la estampada en el acta de notificación relativa a este expediente; de lo que es factible colegir que se trata del mismo quejoso. Atento a lo anterior, se concluye que la manifestación del quejoso, en este expediente, en el sentido de "no ratificar la demanda", en virtud que "solo firmó una demanda de garantías" (esto es, la que dio origen al juicio 746/2017); se traduce en la falta de voluntad de la parte quejosa de proseguir con esta instancia, de ahí que se actualice la causa de sobreseimiento prevista en la fracción I del artículo 63 de la Ley de Amparo, lo que conduce a decretar el sobreseimiento en el presente juicio de derechos fundamentales fuera de la audiencia constitucional. Tiene aplicación a lo anterior, por las razones que la informan, las jurisprudencias sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto, se citan a continuación: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando "se tenga por desistido al agraviado en términos de ley", para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio." "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia." En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, es decir, las diez horas con veinte minutos del veinticuatro de julio de dos mil diecisiete. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así mismo, con lo anterior dese vista en el incidente de suspensión derivado del presente controvertido constitucional, para los efectos legales a que haya lugar. En diverso aspecto, agréguense a los presentes autos únicamente para que obren como corresponda, los informes justificados de las autoridades responsables 1. Jueza de Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial de Puebla, Puebla (en su denominación correcta) y 3. Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla, en atención a lo acordado en supralíneas. Por otro lado, glósense a las presentes actuaciones para que surtan sus efectos legales, los oficios signados, respectivamente, por la Jueza de Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial de Puebla, Puebla; por el Director General de Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla (en su denominación correcta) -recibido en dos ocasiones-; por el Asesor Jurídico de Guardia del Centro de Reinserción Social de Puebla; y por el Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla, a través de su representante legal, y en atención a su contenido, téngase a las citadas autoridades dando cumplimiento al requerimiento formulado por diverso auto de veintitrés de junio pasado, pues al efecto informan que acatan la suspensión de plano de los actos reclamados en la presente instancia constitucional. Así mismo, con fundamento en el artículo 9 del precitado ordenamiento legal, téngase a la autoridad responsable 3. Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla, señalando como delegados a los profesionistas que cita y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su informe. Por otro lado, intégrense a sus autos las razones asentadas por el Actuario Judicial de la adscripción, en las que manifiesta la imposibilidad que tuvo para entregar los oficios 378-1, 378-2 y 378-3, dirigidos a las autoridades responsables Juez de Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial de Puebla, al Juez Itinerante de Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial de Puebla y al Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla, pues refiere que dichas dependencias se encontraban cerradas en la fecha y hora en que se constituyó; sin que haya lugar a realizar mayor proveído al respecto, pues de autos aparece que dichos comunicados ya fueron debidamente entregados. Finalmente, dada la manifestación del quejoso en el sentido de que sólo firmó una demanda de amparo, y tomando en cuenta que la firma plasmada en la diligencia de notificación de fecha veinticuatro de junio de la presente anualidad, difiere notoriamente, a simple vista, de la que calza la demanda de amparo; dese vista al Agente del Ministerio Público adscrito, a fin de que, si lo considera procedente, en uso de sus atribuciones se avoque a la investigación de la posible actualización de un hecho con apariencia de delito.

  3. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de junio de dos mil diecisiete. Agréguense a los autos para que surtan los efectos legales procedentes los informes previos de las autoridades responsables 1. Jueza de Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial de Puebla, 2. Juez de Ejecución de Sentencias Itinerante del Estado de Puebla, 3. Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla, 4. Subsecretario Jurídico de la Secretaría General de Gobierno, en representación del Secretario General de Gobierno, 5. Director General de Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla, 6. Director General de Asuntos Jurídicos y Representante Legal del Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla y 7. Director del Centro de Reinserción Social de Puebla; en consecuencia, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos dichos informes sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia incidental. Por otro lado, téngase a las autoridades responsables identificadas con los números de control cuatro y seis, designando como delegados, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a las personas que mencionan. En diverso aspecto, agréguese el pedimento del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, donde solicita: 1. Que se le tenga formulando alegatos; 2. Se niegue la suspensión definitiva; y, 3. Se le expida copia de la interlocutoria. En consecuencia, con fundamento en los artículos 144 de la Ley de Amparo; y, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a dicha ley; ténganse por hechas las manifestaciones vertidas en vía de alegatos; solicitando que se niegue la suspensión definitiva; y, en su momento, expídasele a su costa copia simple de la interlocutoria que se dicte en el momento procesal oportuno.

  4. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de junio de dos mil diecisiete. Visto, en cumplimiento a lo ordenado por auto de esta fecha y con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo en vigor, con dos copias simples de la demanda de amparo, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 747/2017-C, promovido por José Eduardo González Barrera, por su propio derecho, únicamente contra los actos de las autoridades jurisdiccionales denominadas 1. Juez de Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial de Puebla, 2. Juez Itinerante de Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial de Puebla y 3. Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla, como ordenadoras. Y como ejecutoras a las autoridades administrativas 4. Secretario General de Gobierno del Estado de Puebla, 5. Director General de Centros de Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla, 6. Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla y 7. Director del Centro de Reinserción Social del Estado de Puebla. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 138, fracción III y 140 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables sus respectivos informes previos que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de la notificación de este auto, en el cual se concretarán a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuyen, podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberán proporcionar los datos que tengan a su alcance que permitan a este órgano jurisdiccional establecer el monto de las garantías correspondientes, para lo cual se les envía copia autorizada de la demanda de amparo. Con el apercibimiento que de no hacerlo se les impondrá una corrección disciplinaria por la cantidad de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; y con el artículo 260, fracción I de la Ley de Amparo vigente. Así mismo, con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo vigente, requiérase a las autoridades responsables para que, en el término de cuarenta y ocho horas contado a partir de que surta efectos la notificación del presente auto (al momento de rendir su informe previo), informen a este juzgado si ya se resolvió sobre la suspensión de los actos reclamados en otro juicio de amparo por lo que hace al aquí quejoso o por otra persona, en su nombre y representación, y, de ser así, remitan copia certificada de las resoluciones correspondientes. Con el apercibimiento que de no hacerlo se les impondrá una corrección disciplinaria por la cantidad de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; y con artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo en vigor. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que podrán remitir su informe a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx, y a efecto de confirmar su envío se proporciona el número de teléfono de este Juzgado (222) 303 7276, al cual también, en su caso, puede mandar su informe vía fax. Con fundamento en el artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo en vigor, se señalan las diez horas con cinco minutos del treinta de junio de dos mil diecisiete, para que se lleve a cabo el desahogo de la audiencia incidental correspondiente. Ahora bien, de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa reclama como actos reclamados los siguientes: a) La orden de traslado del Centro de Reinserción Social de Puebla, en el que se encuentra recluido, a diversos centros penitenciarios; b) Falta de substanciación de un procedimiento sumario en términos del artículo 39 del Reglamento de los Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla; c) Tratos indignos y ataques a la libertad fuera de procedimiento. Y, solicita la suspensión únicamente respecto de los actos precisados en el inciso a) y respecto al indicado en el inciso c) (acto contemplado en el artículo 15 de la Ley de Amparo) ya se proveyó la suspensión de plano en el juicio de amparo del que deriva la presente incidencia. Por lo que procede a proveer sobre la medida cautelar solicitada en los siguientes términos, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor, en aplicación de la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyos datos de localización, rubro y texto son: SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS. De la interpretación armónica de la fracción I del artículo 124, en relación con el artículo 131, ambos de la Ley de Amparo, se advierte que para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión definitiva del acto reclamado, es requisito que el agraviado la haya solicitado expresamente. Ahora bien, cuando el quejoso solamente solicita la suspensión respecto de las consecuencias del acto reclamado, el Juez Federal debe resolver si concede o niega la suspensión definitiva, única y exclusivamente respecto de ellas, y cerciorarse previamente de la existencia de los actos reclamados a los que se les atribuyen, a fin de que el pronunciamiento que realice sobre la medida cautelar se sustente sobre actos ciertos. (Novena Época, Registro: 182529, Instancia: Segunda Sala, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVIII, Diciembre de 2003, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 111/2003, Página: 98). Con fundamento en los artículos 128 y 161 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional a la parte quejosa, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, esto es, para que José Eduardo González Barrera no sea trasladado del Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla a distintos Centros de Reinserción Social, o a diversa área del Centro de Reinserción Social donde indica se encuentra recluido, y las autoridades ejecutoras se abstengan de realizar dicho traslado, hasta que las responsables ordenadoras reciban notificación de la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, lo anterior es así ya que con la concesión del beneficio suspensional se preserva la materia del juicio de garantías, en acatamiento de lo dispuesto por el artículo 127, fracción II, de la Ley de Amparo, pues si llegare a ejecutarse la orden de traslado haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho reclamado. No se fija garantía para la concesión de la medida cautelar solicitada en razón de que el inconforme guarda prisión preventiva en el Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla. Ahora bien, la media cautelar concedida no surtirá efectos en los casos siguientes: 1. Si la orden de traslado fue dictada en términos de los artículos 51 y 52 de la Ley Nacional de Ejecución y del artículo 18 de la Constitucional, es decir: a) En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; b) En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, c) En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. Porque de concederse soslayando tales aspectos, se causaría un perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, en términos del artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo. En este supuesto, el juez penal responsable deberá remitir copia certificada de la determinación que ordenó el traslado. 2. Si la orden de traslado fue dictada por una autoridad judicial distinta a las aquí señaladas como responsables. 3. Si la suspensión de la orden de traslado que se reclama es materia de una medida cautelar dictada dentro de un diverso juicio de amparo o en su incidente de suspensión. 4. Si la orden de traslado ya fue ejecutada. Sustenta lo antes expuesto, el siguiente criterio: ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. DEBE RESTRINGIRSE LA CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, SI AQUÉLLA ESTÁ RELACIONADA CON EL DELITO DE DELINCUENCIA ORGANIZADA O SI EL QUEJOSO REQUIERE MEDIDAS ESPECIALES DE SEGURIDAD, SIEMPRE QUE SE EMITA POR AUTORIDAD JUDICIAL. La citada medida cautelar contra la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, debe restringirse en cuanto a su concesión, si dicha orden se encuentra relacionada con el delito de delincuencia organizada o si el quejoso requiere medidas especiales de seguridad, siempre que se emita por autoridad judicial, porque vulnera el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que el diverso 128, fracción II, de la Ley de Amparo, así lo condiciona, en el sentido de que esa medida no surtirá efectos si contraviene disposiciones de orden público. En efecto, el precepto citado de la Carta Magna establece que para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada se destinarán centros especiales, y los que revisten este carácter son los centros de reclusión de máxima seguridad, por contar con las medidas de seguridad e instalaciones necesarias para la protección integral de los procesados o sentenciados y la disminución de riesgo de fuga. Incluso, dispone que podrán imponerse medidas de vigilancia especial de seguridad a otros internos que requieran medidas especiales de seguridad, en términos de la ley. Lo que se traduce en que ningún derecho fundamental es absoluto y, en esa medida, todos admiten restricciones, con la salvedad de que no se realicen a costa de una afectación innecesaria o desmedida a otros derechos constitucionalmente protegidos. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el lugar en donde se encuentra recluido, esto es en el Centro de Reinserción Social del Estado de Puebla; y, como autorizado a Luis Fernando Lagunes de Gante en términos restringidos previstos en el artículo 12 de la Ley de Amparo, ya que esta autoridad carece de los elementos necesarios para corroborar que cuenta con su cédula de licenciado en Derecho registrada ante la Secretaría de Educación Pública y en el Sistema Computarizado para Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales; pues el solo hecho de indicar su nombre, no es suficiente, en virtud de los homónimos que pudieran existir respecto de ésta. Sin perjuicio de que si en el futuro llegase a acreditar la situación anterior, la parte quejosa podrá autorizarla en los términos que pretende. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Con fundamento en los artículos 3, 8, 9, 67, fracción II. 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Por otra parte, se hace del conocimiento de las autoridades responsables y a aquéllas que tengan el carácter de terceras interesadas, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por sus respectivos delegados. A lo anterior es aplicable la Jurisprudencia 176/2012 por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Finalmente, como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en supletoriedad de la Ley de Amparo vigente, expídasele copia certificada del presente proveído, previa toma de razón que por su recibo obre en autos, quien deberá comparecer con identificación oficial y vigente, en el horario comprendido de las diez a las doce horas, en días hábiles, ya que así lo permiten la labores de este órgano jurisdiccional.

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