José Edilberto Chi Nahuat
Expediente 1116/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 11 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1116/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 07/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- José Edilberto Chi Nahuat
- Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Segundo de Distrito del Estado de Yucatán, Mérida.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Mérida, Yucatán, siete de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio el acuerdo de catorce de febrero de dos mil diecinueve, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que el referido proveído, en el cual se decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo fuera de audiencia, ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Sin que sea óbice a lo anterior, el que aún no obren en autos las tarjetas de acuse de recibo relativas a los oficios con los que se notificó el acuerdo de que se trata a las autoridades responsables foráneas, ya que el mismo sólo podría causar perjuicio a la parte quejosa, toda vez que fue ésta quien promovió la demanda de amparo contra los actos que consideró violatorios de sus derechos fundamentales y hasta el día de hoy, como se dijo, no interpuso el recurso correspondiente que la Ley de Amparo prevé para revocar o modificar los actos dictados por las autoridades señaladas como responsables; y en relación a éstas, debe decirse que el artículo 87 de la Ley de Amparo, contempla que sólo podrán interponer recurso de revisión contra las resoluciones que afecten directamente el acto que se les haya reclamado, hipótesis que no se cumple en este asunto, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, por lo que no afecta el interés que en un momento determinado pudieran tener las responsables en que su acto subsista. Es aplicable al caso, por analogía, la tesis en Materia Común XI.3°.4 K, visible en la página 706, del Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito misma que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, ya que se decretó de oficio la suspensión de plano de los actos reclamados a que se refiere el artículo 22 de la Constitución General de la República, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, catorce de febrero de dos mil diecinueve. Agréguense a estos autos los oficios remitidos por el Presidente Municipal y Director de la Policía Municipal, ambos residentes en Chichimilá, Yucatán, y anexo que cada uno acompaña, mediante los cuales, dan cumplimiento al requerimiento realizado en proveído de diez de enero de dos mil diecinueve. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable el nueve de enero del año en curso, y las que en esta propia fecha se agregan, se advierte que el directo quejoso JOSÉ EDILBERTO CHI NAHUAT, fue detenido el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, por ocasionar daños en propiedad ajena; posteriormente, el veintinueve siguiente, llegó a un convenio con la parte afectada, por lo que el treinta del referido mes y año fue puesto en libertad. Documentales públicas que alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia del juicio en que se actúa, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado por los motivos que a continuación se exponen. En efecto, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Así, se estima actualizada la causa de improcedencia de mérito, pues de las constancias que se ordenaron agregar al presente juicio constitucional mediante proveído de diez de enero del año en curso, y las que en esta propia fecha se proveen, se desprende que el directo quejoso fue detenido el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, por ocasionar daños en propiedad ajena; posteriormente, el veintinueve siguiente, llegó a un acuerdo con la parte afectada, por lo que el treinta del referido mes y año, fue puesto en libertad a las seis horas. De lo anterior se advierte que indudablemente cesaron los efectos de los actos reclamados, pues como quedó asentado, la detención reclamada ya cesó, y por tanto, indudablemente se actualiza la causa de improcedencia citada. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo procedente es, como antes se dijo, sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63, de la citada ley. Es aplicable a la anterior consideración, la Jurisprudencia 2ª./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con diez minutos del veinte de febrero de dos mil diecinueve, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente.
- Principal
Mérida, Yucatán, quince de enero de dos mil diecinueve. Toda vez que aún no obran en autos las constancias certificadas que se les requirieron a las autoridades responsables Presidente Municipal y Director de la Policía Municipal, ambas con sede en Chichimilá, Yucatán, mediante auto de diez de enero del año en curso (foja 67), sin que tampoco obren las tarjetas de acuse de recibo correspondientes, se acuerda: Se difiere la audiencia constitucional que debería tener lugar este día, y se fijan LAS DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, como nuevas hora y fecha para su celebración. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, diez de enero de dos mil diecinueve. Agréguense a los autos los informes justificados de cuenta, rendidos por el Presidente Municipal y Director de Seguridad Pública y Tránsito, ambos del municipio de Chichimilá, Yucatán, así como los anexos que a los mismos acompañan, que remiten en atención al requerimiento que se le hizo en acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho (foja 51); por tanto, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las demás partes y relaciónense en la audiencia constitucional. Ahora bien, toda vez que el requerimiento de mérito versó en que remitieran copia certificada y legible de las constancias que apoyaran su informe de ley, específicamente las relativas a la detención del quejoso José Edilberto Chi Náhuat. Empero, las documentales que anexaron a los mismos y de los que se ha dado cuenta, no obra alguna concerniente a la detención del quejoso, tal como se les puntualizó en el citado acuerdo de cuatro de diciembre último, aunado a que la lista de control de visitas que adjuntan, la primera parte no señala el nombre del detenido, mientras que la parte restante se refiere al ingreso y salida de una persona de nombre Juan de la Cruz Tuz Puc. Por tanto, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiéraseles nuevamente para que dentro del plazo de tres días hábiles siguientes al en que queden notificados de este proveído, cumplan a cabalidad con lo anterior. Apercibidos que de no cumplir con lo anterior, dentro del plazo que para tal fin se le confiere, se les impondrá a cada uno multa por el equivalente al valor de ciento cincuenta unidades de Medida y Actualización, a que se refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, tal y como lo disponen los numerales 237, fracción I, 259 y 260, fracción II, de la Ley de la materia. Notifíquese y cúmplase.
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