José Edgardo Gaytan Chacón
Expediente 1544/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1544/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- José Edgardo Gaytan Chacón
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que hasta la presente fecha la autoridad responsable foránea Director del Catastro del Municipio de Dzemul, Yucatán, con sede en dicha localidad, no ha rendido su informe justificado, ni obra en autos la tarjeta de acuse de recibo correspondiente al oficio por el que se le solicitó. Por tal motivo, a fin de dar oportunidad a lo anterior, se difiere la referida audiencia y se señalan las DIEZ HORAS CON SEIS MINUTOS DEL SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, como nuevas fecha y hora para su celebración. Lo anterior, con apoyo en el artículo 17 constitucional, tomando en consideración que el domicilio de dicha autoridad se ubica fuera de la residencia de este juzgado; y a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos de diferimiento innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con la Licenciada Jennifer Pérez González, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, diez de octubre de dos mil veintitrés. CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN Vista la cuenta que antecede, agréguese a los presentes autos el ocurso presentado por el quejoso +++, mediante el cual, da cumplimiento a la prevención realizada en auto de cuatro de octubre del año en curso. En virtud de lo anterior, con la demanda de amparo de cuenta y escrito aclaratorio, se tiene a +++++, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto que reclama del Director del Catastro del Municipio de Dzemul, Yucatán, con sede en dicha localidad, que hace consistir en: ACTO RECLAMADO Según se desprende de la lectura integral de la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 74, fracción I de la Ley de Amparo, como facultad exclusiva del juzgador federal, reclama esencialmente lo siguiente: La omisión de dar contestación a la solicitud presentada el cuatro de marzo de dos mil veintitrés, reiterada mediante diversos ocursos presentados el veinticuatro de mayo y veintisiete de julio del año en curso. ADMISIÓN DE LA DEMANDA Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 5, 35, 37, 107, 108, 115, 116, 117 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de referencia como en derecho procede. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN No se tramita el incidente de suspensión, por no haberlo solicitado la parte quejosa, ni la naturaleza del acto reclamado, amerita su tramitación oficiosa, conforme al artículo 127 de la Ley de Amparo. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las DIEZ HORAS CON SEIS MINUTOS DEL DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. En la cual, en términos de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la parte quejosa sólo podrá alegar verbalmente cuando se trate de actos previstos en el citado numeral de la referida legislación. Sin menoscabo que, de considerarlo necesario, las partes puedan hacer valer sus alegatos por escrito o vía electrónica. Y de ser necesario el desahogo de pruebas que requieran la presencia de las partes en el órgano jurisdiccional, atendiendo al esquema de trabajo señalado en la sección tercera, artículos 251, fracciones c), f) y g), 254 y 257, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se procurará hacerlo mediante el uso de herramientas tecnológicas como la videoconferencia, sin perjuicio, que de ser estrictamente necesario se podrán llevar a cabo en el recinto judicial siguiendo los lineamientos que al efecto prevé el citado Acuerdo General. INFORME JUSTIFICADO Con fundamento en los artículos 116 y 117 de la citada Ley de Amparo, pídase informe justificado a la autoridad responsable que deberá rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio en que se le solicita, en el que se expresarán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, al que se acompañará, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, como se establece en el invocado artículo 117 de la referida ley. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización, que refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, en relación con lo que disponen los numerales 238 y 260, fracción II, de la ley de la materia; equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, con cero centavos, moneda nacional). Mandamiento que deberá cumplir la autoridad responsable: De ser CIERTO el acto.- A través de la vía ordinaria, entregando su informe ante la oficina de correspondencia respectiva, adjuntando, en su caso, las constancias con las que apoyen el sentido de su informe. Únicamente de ser NEGATIVO el acto.- Podrá enviarse vía electrónica a través del correo institucional de este órgano jurisdiccional 2jdo14cto@correo.cjf.gob.mx o bien, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (con su firma electrónica FIREL); y, En caso de existir convenio celebrado con el Consejo de la Judicatura Federal, podrán remitirlo vía interconexión. INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Dese la intervención que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a quien se hará entrega de una copia de la demanda. CONOCIMIENTO DE CAUSA DE IMPROCEDENCIA Hágase saber a las partes, que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten, lo anterior, con fundamento en el numeral 64 de la citada Ley de Amparo. Bajo el apercibimiento que, en caso de incumplimiento, se les impondrá una multa por el valor de treinta unidades de Medida y Actualización, equivalente a $3,112.20 (tres mil cientos doce pesos 20/100 moneda nacional), conforme a lo dispuesto en el artículo 251 de la ley de la materia y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal. PRUEBAS. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas como pruebas de la parte quejosa, las documentales públicas que adjuntó a su escrito de demanda, las cuales se reservan para ser relacionadas y tomadas en consideración al celebrarse la audiencia constitucional. Ahora bien, por lo que respecta a la prueba marcada con el número 5, relativa a la testimonial a cargo del perito Julio Salazar Ortega, con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se desecha dicha probanza, toda vez que la parte amparista no anexó el interrogatorio al tenor del cual sería examinado el testigo que propone, y del cual debe correrse traslado a las demás partes, ni tampoco, en su caso, transcribió en su demanda de amparo dicho interrogatorio; y por otro lado, el extremo que el oferente pretende acreditar con la misma, no guarda relación alguna con el acto reclamado. En efecto, conforme al artículo 119 de la Ley de Amparo, así como los diversos 79, 81, 93 y 94 del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos de aplicación supletoria a la ley de la materia, en el juicio de amparo son admisibles toda clase de pruebas reconocidas por la ley, excepto la de posiciones y las que fueren contra la moral o contra derecho. El artículo 119 de la Ley de Amparo, establece que cuando las partes tengan que rendir prueba testimonial, pericial o de inspección judicial para acreditar algún hecho, deberán anunciarla cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia, exhibiendo copia de los interrogatorios al tenor de los cuales deban ser examinados los testigos, o el cuestionario para los peritos de los puntos a inspeccionar. Dicho precepto, dispone además que el Juez ordenará se entregue una copia a cada una de las partes, para que puedan formular por escrito o hacer verbalmente repreguntas, al verificarse la audiencia; que no se admitirán más de tres testigos por cada hecho y que la prueba de inspección judicial deberá ofrecerse con igual oportunidad que la testimonial y la pericial. Por ende, conforme al artículo 119 de la Ley de Amparo, previo a la admisión y tramitación de las pruebas testimonial, pericial y de inspección, se requiere que las partes reúnan elementos formales y materiales, y la carencia de alguno de ellos generará procesalmente el desechamiento de tales probanzas. Los elementos de valoración formales para tener por anunciadas las pruebas de que se trata consisten en que: a) Se realice dentro del término de cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia; b) Se exhiban los interrogatorios al tenor de los cuales deban ser examinados los testigos; del cuestionario para los peritos; o indiquen los puntos a desahogar en la inspección; c) Se exhiban las copias respectivas para correr traslado a las partes; y d) Tratándose de la prueba testimonial, únicamente se aceptarán tres testigos por cada hecho. De ahí que se reitera, la prueba testimonial no cumple con los mencionados requisitos formales, específicamente el consistente en exhibir el cuestionario al tenor del cual debía ser interrogado el testigo respecto de la prueba testimonial, o bien, haber transcrito en su demanda de amparo dicho interrogatorio. Por su parte, el elemento material consiste en la idoneidad del medio probatorio ofrecido, esto es, que se trate de pruebas aceptadas por la Ley de Amparo y que se refieran a los hechos controvertidos, en términos de lo dispuesto por los artículos 79, 81, 85 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. El cual, tampoco satisface la prueba testimonial de que se trata, puesto que la misma resulta inconducente para los fines del proceso de este juicio de amparo. En efecto, del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa ofrece dicha prueba con el fin de acreditar que se realizó ".el levantamiento correspondiente de los predios ya mencionados para la elaboración de los referidos planos.". Con ello, se evidencia que la prueba testimonial mencionada, en los términos que fue ofrecida, no es un medio conducente para resolver la litis en el presente asunto, ya que el acto reclamado no lo fue la omisión de llevar a cabo el levantamiento al que hace referencia el promovente. Si no la omisión de dar contestación a los escritos en los que solicitó que se expidieran a su favor los planos de los predios que aduce, son de su propiedad. JUSTIFICACIÓN DE DIFERIMIENTOS SIN NECESIDAD DE GIRAR OFICIO Sin que posteriormente haya necesidad de emitir oficios a las autoridades responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la parte quejosa, agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo de cuenta, se tiene a JOSÉ EDGARDO GAYTAN CHACON, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto que reclama del Director del Catastro del Municipio de Dzemul, Yucatán, residente en dicha localidad, que hace consistir en: ACTO RECLAMADO Según se desprende de la lectura integral de la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 74, fracción I de la Ley de Amparo, como facultad exclusiva del juzgador federal, reclama esencialmente lo siguiente: La omisión de dar contestación a la solicitud presentada el cuatro de marzo de dos mil veintitrés, reiterada mediante diversos ocursos presentados el veinticuatro de mayo y veintisiete de julio del año en curso. FORMACIÓN EXPEDIENTE Y REGISTRO Al efecto, se acuerda: fórmese expediente, regístrese con el número 1544/2023-VI-A, y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. PREVENCIÓN Ahora bien, a fin de que este órgano jurisdiccional se encuentre en aptitud de proveer en relación a la demanda de que se trata, con fundamento en el artículo 114 fracción V, en relación con los diversos 108, 110 y 112 de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, legalmente computados, por escrito aclare su demanda en los siguientes términos: PRECISIÓN DE COPIAS DEL ESCRITO DE DEMANDA Proporcione una copia más de su escrito de demanda y anexos, toda vez que únicamente exhibió una copia (como puede corroborarse con la boleta de turno), siendo que son necesarias para la correcta tramitación del presente juicio dos, las cuales se distribuirán de la siguiente manera: una para la autoridad responsable, y una más para la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 36/2001 y la tesis VII/2001, por analogía, aprobadas por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visibles con los números de registro 189977 y 189978, publicadas en las páginas 79 y 325, del Tomo XIII, abril de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que respectivamente establecen: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NUMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues éste último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." y "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. FINALIDAD DE LOS REQUISITOS QUE DEBE CONTENER EL ESCRITO RELATIVO Y DE LAS COPIAS QUE DEBEN EXHIBIRSE. El artículo 116 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala los requisitos que debe cumplir la demanda de amparo indirecto y el diverso artículo 120 de la propia ley dispone que deberán exhibirse con ésta copias suficientes para cada una de las autoridades responsables; para el tercero perjudicado, si lo hubiere; para el Ministerio Público y dos para el incidente de suspensión, en caso de solicitarse tal medida cautelar. Ahora bien, los requisitos a que aluden dichos preceptos, no constituyen formalismos sin sentido, sino que, como todas las formalidades procesales, tienen como propósito que el juzgador de amparo se encuentre en la posibilidad de cumplir con sus atribuciones dentro del juicio de garantías, como son, el pedir los informes justificados a las autoridades responsables, emplazar al tercero perjudicado, dar la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público y de integrar los cuadernos relativos al incidente de suspensión si ésta fue solicitada, y además de proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para preparar su defensa." Y la tesis jurisprudencial 1a./J. 106/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 170, del Tomo XXII, Octubre de 2005, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con números de registro 177046, en el IUS Intranet, que dice: "COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS. La sanción procesal impuesta a las partes por no exhibir las copias para el trámite del juicio de amparo consiste en tener por no interpuesta la demanda de garantías y sólo procede cuando el promovente ya fue requerido por el órgano jurisdiccional correspondiente para que exhiba las copias omitidas. Ahora bien, así como la garantía de acceso a la justicia o a la tutela jurisdiccional engendra un deber negativo para que los órganos del Estado no obstaculicen a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas, dicha garantía también implica un deber positivo consistente en facilitarles el acceso a la justicia. En ese tenor, aunque pudiera pensarse que la Ley de Amparo establece claramente cuántas copias debe exhibir el promovente del juicio de garantías y, por ende, que el uso de expresiones como "las copias omitidas", "las copias de ley" u otras similares es suficiente para considerar correcto el requerimiento del juzgador, resulta evidente que para facilitar el acceso a la justicia y dar mayor seguridad jurídica a los gobernados, al realizar el requerimiento respectivo, el órgano jurisdiccional debe precisar el número exacto de copias o tantos que deben exhibirse para el trámite del juicio de amparo, ya sea del escrito de demanda, del que desahoga la prevención, o de ambos, pues no debe soslayarse el hecho de que quien lo promueve no siempre es abogado o está correctamente asesorado por un especialista en la materia jurídica, por lo que podría suceder que, a pesar de haber sido requerido, el promovente cometiera el error de no acompañar las copias suficientes, lo que traería como consecuencia que se tuviera por no interpuesta la demanda de amparo, con la consecuente imposibilidad de acceder a la justicia constitucional." APERCIBIMIENTO A LA PARTE QUEJOSA. Se apercibe a la parte promovente que de no cumplir con el requerimiento efectuado, dentro del plazo otorgado (cinco días), SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO, como lo dispone el penúltimo párrafo del invocado numeral 114, de la Ley de la materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala para tal fin en su demanda de amparo y como su autorizado a ******************** en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, hasta que no acredite ante este Juzgado encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de abogado o licenciado en derecho Debiendo no solamente proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se le otorgue dicha autorización, sino proceder a su registro en los términos establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, que establece el sistema computarizado para el registro único de profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. COMUNICACIONES NO PROCESALES Asimismo, se tiene por proporcionado el número telefónico que indica la parte promovente en su escrito de demanda, a efecto de establecer comunicaciones no procesales, de resultar necesario, por esa vía. EXHORTACIÓN A LAS PARTES PARA LA ACTUACIÓN A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA Además, en atención a lo indicado en el artículo 263, fracción II, párrafo último, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de catorce de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes, a que con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. DERECHO A LA OPOSICIÓN DE LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES (PRIVACIDAD E INTIMIDAD DE LAS PARTES). En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De acuerdo con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la citada Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales de este Juzgado realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conlleven al retraso de las actuaciones judiciales. REPRODUCCIÓN DOCUMENTAL De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. SOLICITUD DE COPIAS Por otra parte, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar las constancias conducentes que integran el presente juicio, en el entendido que las constancias que cuenten con su respectiva evidencia criptográfica, harán las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. DISPOSICIÓN RESPECTO A LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO VÍA ELECTRÓNICA Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la parte quejosa, y cúmplase. Así lo acordó y firma el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con la Licenciada Jennifer Pérez González, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe.
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