Jose Domingo Mendez Ortega
Expediente 432/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 432/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 09/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Jose Domingo Mendez Ortega
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
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MESA "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado de autos, se advierte que en este juicio de amparo con fecha trece de julio de dos mil veintiuno, se ordenó el archivo definitivo de este juicio de amparo y se determinó que era DESTRUIBLE. Asimismo, en proveído de veinticuatro de abril de dos mil veintiuno, este juzgado decretó la suspensión de plano y de oficio respecto de los actos reclamados consistentes en la omisión del Director y el Jefe o encargado de los custodios del Centro de Readaptación Social Varonil de Tanivet, para proveer las medidas necesarias que salvaguarden la integridad física del quejoso respecto de los actos de agresión y amenazas por parte de otro interno de nombre Israel Maldonado Maldonado. Por tanto, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento. Ahora, dado que, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; y atendiendo a que en el presente asunto se sobreseyó el juicio, este expediente sería destruible, después de tres años. Sin embargo, en términos de lo dispuesto en el capítulo del Manual para la Organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, específicamente en el punto 7.4 "Tratamiento de los expedientes con suspensión de plano" atendiendo a que en el presente asunto se concedió la suspensión de plano, este expediente ES DEPURABLE, después de tres años. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.
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MESA III "-.. VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 432/2021; y, R E S U L T A N D O : (.) C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, en atención a lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107 constitucionales; 37 y 107, de la Ley de Amparo; 48 y 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; conforme al punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General Número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Certeza de los actos reclamados. Al rendir sus informes justificados, el Director del Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, Oaxaca y el Custodio Penitenciario encargado del Primer Turno de Seguridad y Custodia del Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, Oaxaca, negaron la existencia de los actos reclamados, porque el quejoso privado de su libertad en ningún momento les hizo de su conocimiento por escrito o verbal de lo sucedido; pero que se tomaron las medidas pertinentes para salvaguardar la integridad física y sobre todo preservar la vida del interno y que en ningún momento se le ha negado el derecho a la salud. Las autoridades responsables, adjuntaron a sus informes un memorándum, de veinticinco de abril de dos mil veintiuno, dirigido al Comandante Raymundo José Mariano Encargado del Primer Grupo de Seguridad y Custodia Penitenciaria del Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, Oaxaca, en el que el Director del citado centro, ordenó la reubicación del quejoso de la estancia 14, cama 06, del módulo 02, a la cama 02 de la estancia 22, del módulo 11, así como un certificado médico de veinticinco de abril de dos mil veintiuno, expedido a favor del quejoso, del que no se aprecian antecedentes de enfermedades crónico degenerativas, sin alteraciones físicas, neurológicas o enfermedades infectocontagiosas. De lo anterior, se advierte que la demanda de amparo fue presentada el veintitrés de abril de dos mil veintiuno; y las autoridades responsables tomaron sus medidas preventivas de cambiar al quejoso de celda y lo revisara un médico, hasta el veinticinco de abril de dos mil veintiuno, entonces los actos reclamados si existían a la presentación de la misma, por ello, se desvirtúan sus negativas y se tienen por ciertos los actos reclamados consistentes en la omisión de tomar y realizar las medidas para salvaguardar la integridad, salud y vida del quejoso. Constancias que, por su carácter de documentales públicas, adquieren valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su numeral 2°. TERCERO. Improcedencia del juicio de amparo. En el presente caso, respecto de la omisión de tomar y realizar las medidas para salvaguardar la integridad, salud y vida del quejoso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;...". De la apreciación del numeral que antecede se obtiene que deberá observarse el principio de definitividad, esto es, que el juicio de amparo en materia administrativa será improcedente cuando contra el acto de autoridad proceda algún recurso, juicio o medio de defensa legal susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, siempre que la ley que lo establezca o lo rija no exija mayores requisitos que los previstos en la ley reglamentaria para la suspensión definitiva. En síntesis, el amparo es improcedente en términos de la aludida fracción del precepto reglamentario cuando se dan los siguientes supuestos: (.) Por ello, cuando una persona privada de su libertad reclame omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar el mecanismo de control establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Se afirma lo anterior, porque ese mecanismo contiene dentro de su procedimiento la posibilidad de formular peticiones administrativas que cumplen con todas las características de un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, a través del cual, los internos se encuentran facultados para reclamar sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento. El citado mecanismo de control ofrece una asistencia continúa y personalizada al interno, pues en ciertos supuestos podrá acudir de manera directa a la autoridad penitenciaria a explicarle la misma, la razón de ésta y podrá presentar las pruebas que estime conducentes para apoyarla. De hecho, la autoridad penitenciaria, con la finalidad de proteger los derechos del interno, deberá allegarse oficiosamente de las pruebas necesarias para responder de manera óptima la petición. El mecanismo también ofrece la posibilidad de que la omisión reclamada sea reparada por la autoridad penitenciaria y que el interno impugne la respuesta, si estima que ésta es contraria a sus intereses, ante el Juez de Ejecución o Control, según corresponda. Asimismo, establece que, contra dicha resolución, es decir, la del Juez, la persona privada de su libertad o la parte promovente, puede interponer recurso de apelación ante la alzada, en caso de que considere que la decisión adoptada por el Juez vulnera sus derechos, medio de impugnación que tiene por objeto modificar, revocar o confirmar la determinación impugnada. De igual forma, cuando el acto omisivo constituya un caso urgente, la Ley Nacional de Ejecución Penal concede al interno la posibilidad de acudir directamente ante el Juez correspondiente, quien previamente a resolver, en definitiva, suspenderá de oficio y de inmediato el acto de ser positivo, o bien, si es omisivo ordenará a la autoridad penitenciaria, también de oficio y de inmediato, que realice las acciones correspondientes. Asimismo, establece que, contra la respuesta del Juez, el interno podrá interponer recurso de apelación. Finalmente, el mecanismo de control otorga la facultad a la parte legitimada para que sea ella quien decida optar por la petición administrativa no urgente, o bien, la petición administrativa por caso urgente, así como la posibilidad real y efectiva de que el acto omisivo de ser procedente sea suspendido, e incluso, que las autoridades administrativas realicen las acciones positivas necesarias, a fin de que la omisión reclamada para que el mismo cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, establece la posibilidad de que la respuesta a la petición sea impugnada a través de los recursos correspondientes, en caso de que considere que vulnera sus derechos; de ahí que se estime que el mismo debe ser agotado previamente a acudir al juicio de amparo indirecto. En esas condiciones, como en el presente caso, se reclamaron omisiones inherentes a las condiciones de internamiento ante la naturaleza de los actos que reclama el promovente, previo a la promoción del juicio de amparo, debió agotar el recurso ordinario procedente, para cumplir con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo; al no haberlo hecho, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor; por lo que se procede sobreseer el presente juicio de amparo. Ante el sobreseimiento decretado, este juzgado se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados en la demanda de amparo, pues la simple actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio constitucional, impide al juzgador pronunciarse sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. CUARTO. Transparencia. Dado que las partes no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. QUINTO. Captura del fallo en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Captúrese la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con apoyo en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, en vigor a partir del día siguiente y agréguese a los autos la constancia respectiva. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por (..) contra los actos y por las autoridades responsables, por los motivos expuestos en los considerandos segundo y tercero de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dese cumplimiento a los dos últimos considerandos de esta determinación, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE.
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San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. Diferimiento de la audiencia constitucional. Visto el estado de los autos, se advierte que en proveído de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno se dio vista a las partes, con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, mismos que se notificaron por lista a las partes el dieciocho del mismo mes y año; lo que denota no ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 117, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar, se fijan las NUEVE HORAS CON DIECISÉIS MINUTOS DEL DIECIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración. NOTIFÍQUESE. Lo provee y firma electrónicamente, la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, licenciada D. Guadalupe Reyes García, en funciones de juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veintiocho de enero de dos mil veinte, y comunicado mediante oficio CCJ/ST/326/2020 de la misma fecha, signado por el Secretario Técnico de la Comisión citada; con el Secretario licenciado Porfirio Santos Matías, quien autoriza y da fe.
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MESA III "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos los informes justificados del 1) Director del Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, Oaxaca y 2) el Custodio Penitenciario encargado del Primer Turno de Seguridad y Custodia del Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, Oaxaca, con los cuales de conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por un término continuo y genérico de ocho días, a efecto de que se impongan de su contenido. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las documentales exhibidas por las mencionadas responsables, las cuales se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE.
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