Jose de Jesus Lopez Figueros
Expediente 429/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 429/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 16/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Jose de Jesus Lopez Figueros
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que sobreseyó el presente juicio de amparo, por tanto, con fundamento en los preceptos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso a) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el presente asunto se sobreseyó el juicio, este expediente es destruible, después de tres años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15, del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA I "... VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 429/2021; y, (...) C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, en atención a lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107 constitucionales; 37 y 107, de la Ley de Amparo; 48 y 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; conforme al punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General Número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. La Directora de Área del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, en representación del Comisionado de Prevención y Readaptación Social y del Coordinador General de Centros Federales, con residencia en la Ciudad de México, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado, consistente en la tortura del quejoso. Negativa que se corrobora con las documentales recabadas de oficio por parte de este juzgado y que exhibió el Director Jurídico en ausencia del Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-OAXACA", de las que se advierte lo siguiente: El dieciocho de agosto de dos mil veinte, en el aeropuerto de la Ciudad de Oaxaca, se constituyeron el Comandante del Sector Penitenciario "C", el Oficial en Penitenciaría y el Abogado Penitenciario, primero como actuante y los segundos como testigos de asistencia, ante quienes comparecieron autoridades penitenciarias del Estado de Guanajuato, para hacer entrega de la persona privada de la libertad JESUS LÓPEZ FIGUEROA para ser ingresado al Centro Federal de Readaptación Social 13 "CPS Oaxaca" en cumplimiento al oficio de autorización SSPC/PRS/10165/2020, signado por el Coordinador General de Centros Federales en ausencia del Comisionado de Prevención y Readaptación Social. Que del estudio sicofísico que se le practicó al quejoso cuando ingreso al Centro Federal donde se encuentra no presentó lesiones traumáticas externas. El quejoso ha recibido atención médica en cuatro ocasiones desde que llegó a ese centro de reclusión, sin que en ninguna de ellas haya manifestado que sintiera dolores en su cuerpo como lo refiere en su demanda de amparo. La Primer consulta la tuvo el diecinueve de noviembre de dos mil veinte; donde se le diagnosticó Candiasis bucal/hiertrigliceridemia, para lo cual se le prescribió tratamiento farmacológico. La segunda fue el veinticinco de diciembre de dos mil veinte; se diagnosticó enfermedad ácido péptica/hipertrigliceridemia, se le prescribió tratamiento farmacológico. La Tercera el treinta de enero de dos mil veintiuno se diagnosticó ácido péptica, para lo cual se le prescribió tratamiento formacológico. La última 25 de febrero de dos mil veintiuno; se le diagnosticó probable mucocele a nivel de lengua, para lo cual se le prescribió tratamiento formacológico. Como se ve, en ninguna de las citas médicas asentadas el quejoso manifestó que tenía dolores internos en el cuerpo. Por lo tanto, se tiene como inexistente el acto de tortura reclamado por el quejoso; máxime que no aportó medio de prueba o indicio tendiente a demostrar dicho actos, pues solo contamos con su dicho bajo protesta de decir verdad, plasmado en la demanda de amparo, sin que dé elementos para en su caso investigar dicha tortura pues no menciona en qué partes del cuerpo fue golpeado para considerar que fue torturado, tampoco refiere en que momento sucedieron los hechos, solo menciona la tortura de que fui objeto en mi traslado. Pues en la demanda se advierte lo siguiente: "...nunca tuve correctivos disciplinarios por parte de seguridad, participé en actividades deportivas, educativas, culturales y laborales, y por ende ninguna prestación ante basado su criterio para tal determinación y de esta manera aumentar mi estado de nivel de peligrosidad de este modo menciona que se me ocasiona agravio y del cual me adolesco además fue torturado física y sicológicamente por parte de los oficiales sin razón y sin motivo alguno perjudicando mi salud pues hasta el momento tengo dolores internos en mi cuerpo a causa de la tortura física que recibí por parte de los oficiales el día de mi traslado. Además que me mantienen a muchos miles de kilómetros de mi lugar de origen más que nada alejado de mi familia ya que tengo más de 8 meses sin poder ver a mis seres queridos casi por decirlo así incomunicado pues solo se me permite hablar por teléfono cada 4 días y solo por escasos diez minutos". De la transcripción se advierte que más que otra cosa, se duele del traslado del cual fue objeto porque se encuentra lejos de su familia y se siente practicamente incomunicado porque tiene ocho meses que no los ha visto y solo habla con ellos diez minutos cada cuatro días. De lo anterior, no se advierte evidencia razonable para tener por acreditada la tortura de la que se duele el impetrante y si bien es cierto el hecho de que esta autoridad está obligada a indagar respecto a los actos de tortura alegados; sin embargo, ello procede siempre y cuando existan elementos que denoten, aunque sea vagamente, que pudieren haber acontecido, es decir, que se vislumbre algún dato que haga presumir su práctica, lo cual en el caso no se deduce así, al contrario, se desprende que la tortura alegada la hizo derivar del hecho de que con su traslado no ve a su familia y se siente incomunicado; sin embargo, el mismo refiere que habla por teléfono por diez minutos cada cuatro días con su familia. En tal virtud, es evidente que de las manifestaciones en su demanda de amparo ni de las constancias de autos, se aprecia algún indicio razonable que imponga a la suscrita ordenar la investigación correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a. LIV/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, febrero de 2015, Tomo II, Materias Constitucional y Penal, Página 1424, con registro digital 2008502, de epígrafe y contenido siguientes: "TORTURA. LA AUTORIDAD TIENE LA OBLIGACIÓN DE INVESTIGARLA EN CASO DE EXISTIR EVIDENCIA RAZONABLE. Atendiendo a la obligación del Estado de investigar actos de tortura, corresponde al juzgador, en caso de existir evidencia razonable y dependiendo del tipo de maltrato alegado, ordenar la investigación al Ministerio Público y, a su vez, actuar en el proceso, de forma efectiva e imparcial, para garantizar que se realicen los estudios relativos pertinentes; de ahí que no siempre es el certificado médico de lesiones el que ha de valorarse para determinar si debe o no darse valor probatorio a la confesión rendida al dictarse la sentencia definitiva". Así como la tesis, 1a. CCCXXVI/2018 (10a.) también de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Materia Común, Página 256, con registro digital 2018533, que dice: "ACTOS DE TORTURA RECLAMADOS DE MANERA AUTÓNOMA. OBLIGACIONES DE LOS JUECES DE AMPARO. Si bien el desarrollo de los precedentes legales sobre tortura de esta Primera Sala se han circunscrito de manera preponderante en el marco de los procesos penales y el impacto de la tortura en las confesiones o elementos autoincriminatorios; lo cierto es que la propia Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura entiende que la finalidad de la tortura no es sólo con propósitos de investigación criminal, sino como medio intimidatorio, castigo personal y medida preventiva, entre otros. Así, al tener como acto reclamado de manera autónoma los actos de tortura, los jueces de amparo se encuentran obligados a investigar dichas alegaciones allegándose de todos los elementos necesarios para poder determinar si se tiene por acreditada la misma. Primeramente, deberá solicitar la ampliación de los informes justificados de las autoridades responsables a las que se les haya atribuido el acto reclamado consistente en violencia física o moral y tortura, cuando las autoridades hayan negado los actos reclamados de manera genérica sin hacer pronunciamiento específico en cuanto al acto materia de análisis. Lo anterior tiene la finalidad de no dejar en estado de indefensión a la solicitante del amparo y crear certeza jurídica. Enseguida, tomando en consideración lo que señalen las autoridades responsables en sus informes con justificación, el juez deberá allegarse de todos los elementos -bitácoras, exámenes médicos y psicológicos con base en el Protocolo de Estambul, copia de la averiguación previa, entre otros- para analizar el alegato de tortura como acto reclamado, sin que sea suficiente la simple negativa de las autoridades, el cual debe ser analizado tomando en especial consideración la entidad de la tortura y en su caso con un enfoque diferenciado y con perspectiva de género. En este sentido, se deberán revisar las constancias y determinar si existe base razonable para tener por acreditada la tortura. Para ello se deberá tomar en consideración la inversión de la carga de la prueba y el estándar atenuado para acreditarse como violación a la integridad personal, según el cual bastarán indicios que permitan sostener razonablemente que la hubo, aun cuando no se sepa la identidad del o los torturadores." Luego, al no tener más datos que los narrados por el quejoso en su demanda, se concluye que no existió ningún acto de tortura; por lo que se actualiza el supuesto establecido en el precepto 63, fracción IV, de la Ley de Amparo ante la inexistencia de los actos reprochados a las referidas entidades públicas. (.) "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." También resulta aplicable a lo expuesto la tesis aislada VI.2o.A.4 K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que informa: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean 'necesarias para apoyar dicho informe', en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." (visible en la página 903, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Novena Época, Tomo XV, Novena Época, Materia Común). TERCERO.- En virtud de que, conforme a la certificación secretarial realizada en la audiencia constitucional que antecede, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124, de la Ley de Amparo, Se Resuelve: PRIMERO. Se sobresee el presente juicio de amparo promovido por . SEGUNDO. En su oportunidad, dese cumplimiento al considerando último de esta resolución. Notifíquese y regístrese.
- Principal
MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado que rinde la Directora de Área del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, en representación del Comisionado de Prevención y Readaptación Social con residencia en la Ciudad de México, para que surta sus efectos legales correspondientes. Dése vista a las partes por el término genérico de ocho días. Por otra parte, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, téngasele designado como delegados a las personas que señala y precisando el domicilio de su oficina principal. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA I ". San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes el oficio número DOAX-2009/2021, signado por la Titular de la Delegación del Instituto Federal de la Defensoría Pública, Delegación Oaxaca, residente en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, por medio del cual informa que designa al licenciado Gabriel Jiménez Martínez, como asesor jurídico del quejoso******************** Por otra parte, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes, la copia simple del oficio número DOAX-2010/2021, por medio del cual la Titular de la Delegación del Instituto Federal de la Defensoría Pública, Delegación Oaxaca, residente en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, hace del conocimiento al licenciado Gabriel Jiménez Martínez, que fungirá como asesor del aquí quejoso. NOTIFÍQUESE.
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