José del Ángel Bravo Roche
Expediente 661/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 661/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- José del Ángel Bravo Roche
Actuaciones
- Principal
III-Agréguese el oficio firmado por el secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, con el que informa, en lo que aquí interesa, que al no haber aceptado la competencia legal planteada por ese Juzgado Federal para seguir conocimiento del juicio de amparo 1018/2023, promovido por José del Ángel Bravo Roche, toda vez que una de las consideraciones fue porque el juzgado competente era un juez de Distrito en turno en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, dado que el Ejido materia de la litis se encuentra en el municipio de Puerto Morelos (antes Benito Juárez), en ese sentido, remitió dichos autos al juez homólogo en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. Circunstancia de la cual este órgano jurisdiccional toma debido conocimiento, para los efectos legales correspondientes. Finalmente, este órgano jurisdiccional, se reserva acordar lo conducente, con respecto al archivo de este expediente como asunto totalmente concluido, hasta en tanto se tenga noticia si el juzgado homologo con residencia en Cancún, aceptó la competencia declinada a su favor. Notifíquese por lista electrónica a las partes.
- Principal
Se tiene por recibido el oficio 22014/2023, firmado por la secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, con el que remite el juicio de amparo 1018/2023, promovido por ********************, de cuyo contenido se advierte que por acuerdo de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, declinó la competencia para conocer del presente asunto. Con fundamento en el artículo 48 párrafo segundo de la Ley de Amparo, se acusa recibo de estilo al juzgado oficiante, para los efectos legales a que haya lugar. Por tanto, realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Formación del expediente Se ordena formar el expediente con motivo de la demanda de amparo recibida, en el entendido que todas las constancias y documentos que en su caso se reciban físicamente, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico; en cambio, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán al expediente físico. Asimismo, se hace la precisión que los documentos presentados en formato físico con los que se formen cuadernos auxiliares y que no se agreguen al expediente principal físico, tampoco deberán integrarse al expediente electrónico. Anotaciones y registro en el libro electrónico En términos de los artículos 99, 99 bis, 104, 105 y 107, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena el registro en el Libro de Control Electrónico bajo el número 661/2023-V-A. Declinación de competencia del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida Por acuerdo de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo 1018/2023, el órgano jurisdiccional oficiante declaró carecer de competencia al sostener que la parte quejosa reclama los siguientes actos reclamados: "IV.- ACTOS RECLAMADOS De la Delegada Estatal del Registro Agrario Nacional en el Estado de Quintana Roo, del Director General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional y del Director en Jefe del Registro Agrario Nacional la abstención injustificada, en el ámbito de su competencia de concluir el trámite de la solicitud de ADOPCIÓN DE DOMICILIO PLENO, relativa a la cancelación de los certificados parcelarios y la expedición de mis títulos de propiedad de origen parcelario, relacionados con las parcelas ******************** ******************** ******************** y demás ASIGNADAS a mi favor por el Ejido PUERTO MORELOS, Municipio de Puerto Morelos (antes Benito Juárez) Estado de Quintana Roo, en asamblea del (25) veinticinco de septiembre de (2011) dos mil once debiendo concluir y entregar mis títulos. Al respecto, consideró que si bien los actos reclamados constituyen omisiones o abstenciones de las autoridades responsables, lo cierto era, que tales omisiones tienen efectos positivos que se materializan en la secuela del procedimiento relativo a la solicitud de adopción del quejoso. Además, estimó que de otorgarse el amparo solicitado, las consecuencias de la protección constitucional implicarían no solo realizar los trámites relativos a la liberación de las claves para la cancelación del certificado parcelario, sino también la expedición material del título de propiedad, su inscripción y entrega por parte de la delegada del Registro Agrario Nacional en el Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal, ante quien el quejoso formuló la solicitud relativa; además, respecto de un bien inmueble que se ubica en esta entidad federativa. Por lo que con base en la regla contenida en el párrafo primero del referido artículo 37 de la Ley de Amparo, estimó que la competencia para conocer del presente juicio de amparo se surte a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal, en turno, por ser el lugar en donde se verificaron y pueden materializarse los actos omisivos. Decisión sobre competencia Con absoluto respeto y consideración, este Juzgado de Distrito no comparte el criterio por el cual se declina competencia. La primera razón, pues en efecto, la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público y de estudio preferente, por esto, resulta imprescindible verificar este extremo. Así, la función de los jueces que tienen encomendada la administración de la justicia para conocer, resolver y, en su caso, ejecutar las controversias que se les presenten mediante la aplicación del derecho, tiene límites señalados en sus atribuciones, es decir, dicha jurisdicción la ejercer por cuestiones concretas de materia, cuantía, grado o territorio, según sea el caso, y en esto radica justamente su competencia. Por ende, si bien los órganos jurisdiccionales por el hecho de serlo son titulares de la función jurisdiccional, no pueden realizar ésta en cualquier tipo de acto reclamado, sino únicamente en aquellos para los que están facultados en la ley, es decir, en los que sean competentes. En ese contexto, debe indicarse que dentro de la normatividad que rige el juicio de amparo, la competencia para conocer de un asunto implica reconocer en éste la nota definitiva en el acto que se reclama, de si amerita o no ejecución material, así como distinguir los supuestos en que está se encuentre. El artículo 37, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 37.- Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". Del análisis de este precepto, se desprenden tres reglas fundamentales para determinar la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de los juicios de amparo, que son: a) En el primer párrafo, al determinar que es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclama deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) En el segundo párrafo, que determina que si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o a comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante que el que el que se presente la demanda. Sin perder de vista que el Juez ante quien se haya presentado la demanda, debe tener jurisdicción en alguno de los lugares donde pueda tener ejecución el acto o se haya ejecutado, porque tratándose de actos que tengan ejecución material, la competencia se fija por el lugar donde ésta pueda tener o tenga efectos. Este supuesto requiere que el acto de ejecución pueda realizarse en diversas circunscripciones territoriales o se haya materializado y producido efectos en dos distritos. c) Finalmente, en el último párrafo, se establece que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo anterior, se aprecia que la intención del legislador al fijar la competencia de los jueces de distrito en función de la ejecución material de los actos reclamados, fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al juez de distrito más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando, se haya ejecutado el acto reclamado, o bien, ante cualquiera de los jueces federales con competencia en los distritos, cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de uno de ellos o haya comenzado a ejecutarse en uno y siga ejecutándose en otro. Ello, pues sólo de esa manera puede obtener una inmediata defensa contra el acto de autoridad, deteniendo la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son suspendibles conforme a las prevenciones de la ley de la materia y a la jurisprudencia de los tribunales de la Unión; intención que queda de manifiesto con lo dispuesto en el último párrafo del precepto en cita, donde se establece que si el acto reclamado no requiere de ejecución material será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. De ello se sigue, que la norma de competencia en orden de importancia, toma en cuenta primordialmente la ejecución del acto reclamado para distinguir qué juez de distrito debe conocer de un juicio de amparo, pues así el quejoso puede contar con mejores medios y posibilidades de defensa, toda vez que si puede promover el juicio constitucional ante el órgano bajo cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando, o se haya ejecutado el acto reclamado, brindándole mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes, lo mismo que al juez de Distrito para recabarlas con la eficacia debida. De modo que, la competencia para conocer del amparo indirecto, contra actos de ejecución material, recae en los juzgados de distrito que ejercen jurisdicción sobre el sitio en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, el acto reclamado. Además, el legislador previó una salvedad a la hipótesis anterior la cual se actualiza cuando los actos reclamados: a) Puedan tener ejecución en más de un distrito; b) Se hayan comenzado a ejecutar en uno y se continúen ejecutando en otro; o c) Carezcan de ejecución material. En ese tipo de asuntos, se determinó que deberá conocer del asunto, el Juzgado de Distrito ante el que se haya presentado la demanda. Entonces, el elemento que resulta necesario considerar para determinar qué Juzgado de Distrito será el competente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo, es el relativo a si el acto reclamado requiere o no ejecución material, entendida en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven esa situación, es decir, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. Lo que necesariamente conduce a abordar la naturaleza jurídica del acto reclamado; por lo que para ello primero debe estudiarse la forma en la cual se dividen los actos de forma genérica de acuerdo a su naturaleza y consecuencias. Los actos positivos son aquellos que implican un hacer voluntario y efectivo de la autoridad responsable, es decir, consisten en una actividad que el gobernado estima violatoria de sus derechos fundamentales, por lo que se traducen en un hacer o un no hacer e implican una acción, una orden, una privación o una molestia. Por su parte, los actos negativos son aquellos en los que la autoridad se rehúsa a satisfacer la pretensión del gobernado. Esto es, la autoridad ha hecho manifestación de voluntad para no conceder al quejoso lo que a él presuntamente le corresponde. Dentro de los actos negativos, se manifiesta una conducta positiva de las autoridades que se traduce en un no querer o no aceptar lo solicitado por el gobernado. En esta clase de acto se manifiesta con la conducta de las autoridades, que niegan lo que los gobernados les solicitan. En ese sentido, los actos negativos se subdividen en: i) actos negativos simples; ii) actos negativos con efectos positivos; y, iii) actos negativos prohibitivos. Actos negativos simples, son aquellos en los que la autoridad responsable se rehúsa expresamente a acceder a la pretensión del gobernado. Para que se actualice la existencia de los actos negativos, debe existir una respuesta por parte de la autoridad donde se niegue la pretensión solicitada. Actos negativos con efectos positivos son aquellos que en apariencia son negativos, sin embargo, en realidad producen los efectos de un acto positivo, pues la autoridad no sólo exterioriza una negativa con relación a la pretensión del gobernado, sino que además impone cargas concretas fácilmente identificables. Así, se distinguen de los actos puramente negativos por sus efectos, los cuales, se traducen generalmente en la imposición de obligaciones a los gobernados. De tal manera, que como ya se encuentra establecido jurisprudencialmente, tal omisión no requiere de ejecución material, por lo que, se ubica en la última parte del artículo 37 de la Ley de Amparo, y es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia número 1a./J. 17/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en os artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo.". En efecto, al tenor de lo reseñado, si bien la ejecución material no mira sólo al contenido del acto reclamado en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico. Sin embargo, esos alcances -para efectos de determinar si el acto reclamado requiere o no ejecución- no pueden llegar al extremo de considerar las circunstancias intrínsecas del asunto, pues de estimarlo así, no se estarían analizando los alcances materiales del acto reclamado, que en el caso en particular se limitan a la abstención u omisión de atender una solicitud realizada por el quejoso, sino a las posibilidades futuras que deriven de dicha omisión, lo cual no constituye un criterio para determinar la competencia por razón de territorio de los Jueces de Distrito, pues se estaría atendiendo a los alcances derivados del acto reclamado. Una interpretación en contrario implicaría que todas las omisiones tendrían efectos positivos al suponer que en mayor o menor medida, derivan en una afectación en la esfera jurídica de la persona que resiente esa abstención; lo que se contrapone a la naturaleza de este tipo de actos. Por tanto, al tratarse hasta el momento de una omisión, de la que aún no obra una respuesta y que es atribuida a una autoridad administrativa, se estima que es competente para conocer del juicio, el juez de distrito que primeramente entró en el conocimiento de la demanda, pues fue ante él que se turnó la misma. El criterio que este órgano sostiene, coincide con el que resolvió el conflicto competencial 5/2022 del índice del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimocuarto Circuito con sede en Mérida, Yucatán. Respecto de lo cual, cabe apuntar, no constituye precedente obligatorio, horizontal ni vertical; pero sí es orientador en el aspecto donde apunta que: "[.] la hipótesis prevista en el citado artículo 37 de la Ley de Amparo vigente, respecto a que el acto reclamado que no requiere ejecución material es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda, debe aplicarse de manera literal. Máxime que no se puede perder de vista que el interés del legislador en la actualidad, al redactarlo de esa forma, tuvo su justificación en que se evite en gran medida la existencia de conflictos competenciales, lográndose de ese modo una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de acceso expedito a la administración de justicia y de audiencia, los cuales implican la posibilidad de que los justiciables puedan acudir a la tutela jurisdiccional con el mínimo de obstáculos para ser oídos en su defensa, cumpliendo siempre los requisitos constitucionales y legales de procedencia [.]". Mientras que los diversos precedentes, específicamente, el conflicto competencial número 8/2023 del índice del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito con sede en Mérida, Yucatán, y 13/2023 del índice del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, tampoco tienen la característica de vinculantes. Además, no se inobserva el criterio invocado por el órgano jurisdiccional oficiante para declinar la competencia, toda vez que se estima no es aplicable al caso que nos ocupa, pues se refiere a un supuesto diferente como el de la omisión de señalar fecha y hora para la reinstalación de un trabajador, cuyas consecuencias sí conllevan una ejecución porque implica que el trabajador no perciba su salario ni diversas prestaciones, situaciones que ya fueron dilucidadas. Lo que se considera que no acontece en el caso, porque las omisiones que reclama el quejoso se refieren a una solicitud que presentó ante una autoridad administrativa en relación a la cancelación de un certificado parcelario y con ello, la expedición de un título de propiedad; por lo que se trata de supuestos diferentes. La segunda razón, por la cual no se comparte el criterio del Juzgado declinante, refiere que la posible respuesta al trámite iniciado en la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Quintana Roo, tiene consecuencias legales sobre una parcela ubicada en la demarcación territorial en dónde este juzgado federal ejerce su jurisdicción; sin embargo, como se advierte de la lectura de la demanda de amparo, la referida parcela se encuentra ubicada en Puerto Morelos [antes Benito Juárez], Quintana Roo, Municipio que se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado de Distrito de conformidad con lo dispuesto en la fracción XXVII, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En efecto, la fracción en cita establece que los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Chetumal, ejercerá jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Othón P. Blanco y Bacalar. De tal manera, que las consecuencias legales que la autoridad oficiante dice que implican una modificación en un plano fáctico y jurídico sobre tal parcela del quejoso; en su caso, no se ubican en el ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce su jurisdicción, sino correspondería a los Juzgado de Distrito, con sede en Cancún. En las relatadas circunstancias, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 párrafos primer y tercero y 48, de la Ley de Amparo, es que no se acepta la competencia planteada, para conocer de la demanda de amparo promovida por ********************; por tanto, en obvio de mayores trámites, devuélvase este asunto, al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida con auto inserto de la presente determinación. Se apertura cuaderno de antecedentes Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Juicio en línea Se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, del Poder Judicial Federal. Ahora, para efectos de que las personas justiciables tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante "juicio en línea", se les hace del conocimiento a las partes que el manual de uso actualizado se encuentra disponible en la siguiente liga del Portal de Servicios en Línea Así, con fundamento en el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las partes deberán solicitar por sí, o por conducto de sus representantes, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, la cual requiere la autorización de este órgano jurisdiccional y la utilización de una firma electrónica vigente. Asimismo, quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y a la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. En términos del artículo 261, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace del conocimiento a las partes que de acudir a las instalaciones de este órgano jurisdiccional podrán hacer uso de los equipos de cómputo que se dispondrá para tal efecto, los cuales se destinarán a la consulta de expedientes electrónicos, a la actuación en el Portal de Servicios en Línea, o a la participación en videoconferencias con el personal del órgano cuyo equipo se esté utilizando. Asimismo, se colocará en el área de atención al público de las instalaciones del este órgano jurisdiccional un teléfono con la señalización de las extensiones del personal que acuda, a efecto de que cualquier persona pueda contactar al personal del órgano jurisdiccional para la atención correspondiente. Autorizados Se tiene como autorizados en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************y********************, toda vez que tienen sus cédulas registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Circuito. Autorización para consulta del expediente electrónico Por otra parte, previa búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, específicamente en el módulo de autorizados para consultar el expediente electrónico, se advirtió que los usuarios "********************" y "********************", se encuentran registrados; por tanto, con fundamento en los artículos 35, 36, 39, 55, 57 y 58 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza al citado usuario para consultar el presente expediente en línea. Por tanto, proceda el oficial judicial "A" adscrito a este Juzgado, en términos del citado acuerdo, a efectuar las gestiones pertinentes. Habilitación de días y horas inhábiles A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17, Constitucional, con fundamento en el arábigo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Transparencia y aviso de privacidad Hágase del conocimiento las partes que de conformidad con lo establecido en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, sito en ********************en esta ciudad de Chetumal, Quintana Roo, como responsable de los datos personales de las partes en el presente juicio de amparo, que éstos serán utilizados únicamente para la tramitación del presente asunto y su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes [SISE 2.0] con fines estadísticos. Asimismo, con fundamento en los artículos 43 a 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, quedan expeditos sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los cuales podrá ejercer directamente ante esta autoridad, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia. Además, se les informa que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los sujetos obligados en el ámbito federal deberán cumplir con las obligaciones de transparencia y poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, la información señalada en el Título Quinto de la ley general de la materia, entre ellas las sentencias ejecutorias de interés público. Asimismo, que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, por lo cual se les hace saber que pueden manifestar si están de acuerdo con que, en las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia que la falta de oposición expresa implicará un consentimiento tácito a que hace referencia el segundo y tercer párrafo, del artículo 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y, que en la versión pública correspondiente se suprimirán los datos sensibles que puedan contener de conformidad con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales. Finalmente, se les informa que el domicilio de la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia, se ubica en Carretera Picacho-Ajusco Número 170 Planta Baja, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, Código Postal 14210, Ciudad de México, cuyo correo electrónico es transparenciacjf@correo.cjf.gob.mx, y la sede regional de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal se localiza en avenida Andrés Quintana Roo, número doscientos cuarenta y cinco, supermanzana cincuenta, manzana cincuenta y siete, lote uno, torre A, planta baja, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Notifíquese y por oficio a la autoridad oficiante.
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