José del Angel Bravo Roche

Expediente 659/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
659/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
06/09/2023

Partes del expediente

  • José del Angel Bravo Roche

Actuaciones

  1. Principal

    II- Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio de cuenta remitido por el secretario de acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito con residencia en Mérida, Yucatán, mediante el cual remite testimonio de la resolución emitida en sesión celebrada, el treinta de agosto de dos mil veintitrés, en el conflicto competencial administrativo 19/2023 de su estadística, en la que se determinó lo siguiente: "PRIMERO. Existe el conflicto competencial planteado. SEGUNDO.- Es competente el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, para conocer del presente asunto.". En esas condiciones se toma conocimiento de la resolución remitida, para todos los efectos legales a que haya lugar y acúsese el recibo de estilo correspondiente. Por otra parte, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 7 de junio de 2023, se determina que el presente asunto, se encuentra en la hipótesis a que se refieren los artículos 14 fracción llI y 19, fracción I, inciso b) del Capítulo Sexo del Acuerdo referido, -destruible-, por lo que deberá ser destruido una vez que se cumplan seis meses del presente auto de archivo. Asimismo, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de valor jurídico o histórico y al no considerarse de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 15 del Capítulo Cuarto, del citado acuerdo. Por otra parte, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente y realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Del mismo modo, de la certificación de cuenta se advierte que de conformidad con el artículo 3, Capítulo Único del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracción XII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se verificó la integración del expediente electrónico, al ser este el que tiene validez para la consulta de las partes, estableciendo que el expediente físico tiene validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico. Notifíquese por lista y por oficio a la autoridad correspondiente.

  2. Principal

    II- Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio 6584, remitido por el secretario de acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, con residencia en Mérida, Yucatán, mediante el cual, remite acuerdo de 7 de agosto de 2023 y comunica que acepta la competencia del conflicto competencial surgido entre el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán y este juzgado, mismo que quedó radicado bajo el número 19/2023, de su índice. En esas condiciones se toma conocimiento del acuerdo remitido, para todos los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  3. Principal

    II- Agréguese el oficio de cuenta, signado electrónicamente por el secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, al cual adjunta copia autorizada del proveído de trece de julio último, del que se desprende que remitió los autos originales del juicio de amparo 659/023-II-C, del índice de este juzgado federal, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en Mérida, Yucatán, para la substanciación del conflicto competencial planteado por el juzgado oficiante. Circunstancia de la cual este órgano jurisdiccional queda enterado, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  4. Principal

    Recepción Se tiene por recibido el oficio 20001/2023 firmado por la secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán Roo, con sede en Mérida, y anexo consistente en juicio de amparo indirecto 1550/2023, del cual se desprende la demanda promovida por ********************, contra actos de la delegada del Registro Agrario Nacional en el Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad y otras autoridades; al que adjunta el acuerdo de 27 de junio de 2023, con el que declina la competencia a favor de este juzgado de Distrito por razón de territorio. Con fundamento en el artículo 48 párrafo segundo de la Ley de Amparo, se acusa recibo de estilo al juzgado oficiante, para los efectos legales a que haya lugar. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Formación del expediente Se ordena formar el expediente con motivo de la demanda de amparo recibida, en el entendido que todas las constancias y documentos que en su caso se reciban físicamente, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico; en cambio, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán al expediente físico. Asimismo, se hace la precisión que los documentos presentados en formato físico con los que se formen cuadernos auxiliares y que no se agreguen al expediente principal físico, tampoco deberán integrarse al expediente electrónico. Anotaciones y registro en el libro electrónico En términos de los artículos 99, 99 bis, 104, 105 y 107, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena el registro en el Libro de Control Electrónico bajo el número 659/2023-II-C. Declina competencia el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán Roo, con sede en Mérida. Por acuerdo de 27 de junio de 2023, dictado en el juicio de amparo 1550/2023, el órgano jurisdiccional oficiante declaró carecer de competencia al sostener que la parte quejosa reclama el siguiente acto reclamado: "IV. - ACTOS RECLAMADOS: De la Delegada Estatal del Registro Agrario Nacional en el Estado de Quintana Roo, del Director General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional y del Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, la abstención injustificada, en el ámbito de su competencia, de incluir el trámite a la solicitud de ADOPCIÓN DE DOMINIO PLENO, relativa a la cancelación de los certificados parcelarios y la expedición de mis títulos de propiedad de origen parcelario, relacionados con las parcelas 1543 Z2 P1 y demás ASIGNADAS a mi favor por el Ejido PUERTO MORELOS, Municipio de Puerto Morelos (antes Benito Juárez), Estado de Quintana Roo, en asamblea del (25) veinticinco de septiembre de (2011) dos mil once debiendo concluir y entregar mis títulos." Al respecto, consideró que si bien los actos reclamados constituyen omisiones o abstenciones de las autoridades responsables, lo cierto era, que tales omisiones tienen efectos positivos que se materializan en la secuela del procedimiento relativo a la solicitud de adopción del quejoso; por lo que conlleva una ejecución material, entendida como la situación jurídica que impacta o incide en la esfera jurídica del quejoso. Por lo que con base en la regla contenida en el párrafo primero del referido artículo 37 de la Ley de Amparo, estimó que la competencia para conocer del presente juicio de amparo se surte a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal, en turno, por ser el lugar en donde se verificaron y pueden materializarse los actos omisivos. Lo que robusteció con apoyo en lo resuelto en los conflictos competenciales 5/2022, 4/2023, 5/2023, 8/2023, 9/2023 y 12/2023 del índice del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en Mérida, Yucatán, así como los diversos 5/2022, 4/2023, 12/2023, 13/2023 y 14/2023 del índice del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito. Decisión sobre la competencia Con absoluto respeto y consideración, este Juzgado de Distrito no comparte el criterio por el cual se declina competencia. La primera razón, porque la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público y de estudio preferente, por esto, resulta imprescindible verificar este extremo. Así, la función de los jueces que tienen encomendada la administración de la justicia para conocer, resolver y, en su caso, ejecutar las controversias que se les presenten mediante la aplicación del derecho, tiene límites señalados en sus atribuciones, es decir, dicha jurisdicción la ejercer por cuestiones concretas de materia, cuantía, grado o territorio, según sea el caso, y en esto radica justamente su competencia. Por ende, si bien los órganos jurisdiccionales por el hecho de serlo son titulares de la función jurisdiccional, no pueden realizar ésta en cualquier tipo de acto reclamado, sino únicamente en aquellos para los que están facultados en la ley, es decir, en los que sean competentes. En ese contexto, debe indicarse que dentro de la normatividad que rige el juicio de amparo, la competencia para conocer de un asunto implica reconocer en éste la nota definitiva en el acto que se reclama, de si amerita o no ejecución material, así como distinguir los supuestos en que está se encuentre. El artículo 37, de la Ley de Amparo, establece: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuanto el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". Del análisis de este precepto, se desprenden tres reglas fundamentales para determinar la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de los juicios de amparo, que son: a) En el primer párrafo, al determinar que es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclama deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) En el segundo párrafo, que determina que si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o a comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante que el que el que se presente la demanda. Sin perder de vista que el Juez ante quien se haya presentado la demanda, debe tener jurisdicción en alguno de los lugares donde pueda tener ejecución el acto o se haya ejecutado, porque tratándose de actos que tengan ejecución material, la competencia se fija por el lugar donde ésta pueda tener o tenga efectos. Este supuesto requiere que el acto de ejecución pueda realizarse en diversas circunscripciones territoriales o se haya materializado y producido efectos en dos distritos. c) Finalmente, en el último párrafo, se establece que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo anterior, se aprecia que la intención del legislador al fijar la competencia de los jueces de distrito en función de la ejecución material de los actos reclamados, fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al juez de distrito más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando, se haya ejecutado el acto reclamado, o bien, ante cualquiera de los jueces federales con competencia en los distritos, cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de uno de ellos o haya comenzado a ejecutarse en uno y siga ejecutándose en otro. Ello, pues sólo de esa manera puede obtener una inmediata defensa contra el acto de autoridad, deteniendo la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son suspendibles conforme a las prevenciones de la ley de la materia y a la jurisprudencia de los tribunales de la Unión; intención que queda de manifiesto con lo dispuesto en el último párrafo del precepto en cita, donde se establece que si el acto reclamado no requiere de ejecución material será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. De ello se sigue, que la norma de competencia en orden de importancia, toma en cuenta primordialmente la ejecución del acto reclamado para distinguir qué juez de Distrito debe conocer de un juicio de amparo, pues así la quejosa puede contar con mejores medios y posibilidades de defensa, toda vez que si puede promover el juicio constitucional ante el órgano bajo cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando, o se haya ejecutado el acto reclamado, brindándole mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes, lo mismo que al juez de Distrito para recabarlas con la eficacia debida. De modo que, la competencia para conocer del amparo indirecto, contra actos de ejecución material, recae en los Juzgados de Distrito que ejercen jurisdicción sobre el sitio en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, el acto reclamado. Además, el legislador previó una salvedad a la hipótesis anterior la cual se actualiza cuando los actos reclamados: a) puedan tener ejecución en más de un distrito; b) se hayan comenzado a ejecutar en uno y se continúen ejecutando en otro; o c) carezcan de ejecución material. En ese tipo de asuntos, se determinó que deberá conocer del asunto, el juzgado de Distrito ante el que se haya presentado la demanda. Entonces, el elemento que resulta necesario considerar para determinar qué juzgado de Distrito será el competente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo, es el relativo a si el acto reclamado requiere o no ejecución material, entendida en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven esa situación, es decir, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. Lo que necesariamente conduce a abordar la naturaleza jurídica del acto reclamado; por lo que para ello primero debe estudiarse la forma en la cual se dividen los actos de forma genérica de acuerdo a su naturaleza y consecuencias. Los actos positivos son aquellos que implican un hacer voluntario y efectivo de la autoridad responsable, es decir, consisten en una actividad que el gobernado estima violatoria de sus derechos fundamentales, por lo que se traducen en un hacer o un no hacer e implican una acción, una orden, una privación o una molestia. Por su parte, los actos negativos son aquellos en los que la autoridad se rehúsa a satisfacer la pretensión del gobernado. Esto es, la autoridad ha hecho manifestación de voluntad para no conceder al quejoso lo que a él presuntamente le corresponde. Dentro de los actos negativos, se manifiesta una conducta positiva de las autoridades que se traduce en un no querer o no aceptar lo solicitado por el gobernado. En esta clase de acto se manifiesta con la conducta de las autoridades, que niegan lo que los gobernados les solicitan. En ese sentido, los actos negativos se subdividen en: i) actos negativos simples; ii) actos negativos con efectos positivos; y, iii) actos negativos prohibitivos. Actos negativos simples, son aquellos en los que la autoridad responsable se rehúsa expresamente a acceder a la pretensión del gobernado. Para que se actualice la existencia de los actos negativos, debe existir una respuesta por parte de la autoridad donde se niegue la pretensión solicitada. Actos negativos con efectos positivos son aquellos que en apariencia son negativos, sin embargo, en realidad producen los efectos de un acto positivo, pues la autoridad no sólo exterioriza una negativa con relación a la pretensión del gobernado, sino que además impone cargas concretas fácilmente identificables. Así, se distinguen de los actos puramente negativos por sus efectos, los cuales, se traducen generalmente en la imposición de obligaciones a los gobernados. Por tanto, se diferencian de los actos negativos en los efectos positivos, que se traducen en actos efectivos de las autoridades apartándose del rehusamiento que caracteriza a los actos puramente negativos. Actos negativos prohibitivos son los que establecen una obligación de no hacer al gobernado o que limitan su conducta. Se caracterizan porque la autoridad conmina al obligado a un no hacer, por lo que se traduce en un verdadero hacer de la autoridad consistente en imponer al gobernado una obligación de abstenerse de llevar a cabo determinada conducta, lo que entraña una limitación a la actividad del gobernado. Por ello, los actos prohibitivos son una modalidad de los actos positivos, en la medida en que involucran el quehacer de la autoridad responsable para establecer una limitación en perjuicio del quejoso. Finalmente, los actos omisivos o abstenciones, son aquellos en los que las autoridades incumplen con un deber de hacer legal o constitucional, lo cual se traduce en una afectación para el gobernado. Para tener por actualizada la omisión, debe existir previamente la obligación para la autoridad de un hacer determinado, conforme lo disponga la norma legal correspondiente, para que se traduzca la omisión. Entonces, a partir de que los actos omisivos o abstenciones, para los efectos del juicio de amparo, son aquellos que derivan del incumplimiento legal o constitucional de las autoridades, con la consecuente afectación en los derechos subjetivos del gobernado, es necesario determinar si la omisión de las autoridades responsables de atender la solicitud de adopción de dominio pleno que presentó el quejoso en el mes de junio de dos mil veintiuno, a efecto de que se diera de baja la parcela 1343 Z2 P1 y demás asignadas a su favor en el Ejido Puerto Morelos, Municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo (antes Benito Juárez), se cancelara el certificado parcelario y se expidiera el título de propiedad correspondiente; produce efectos y/o consecuencias para el quejoso. Así, a criterio de este órgano jurisdiccional, los actos reclamados por la parte quejosa constituyen actos omisivos, que no tiene ejecución material alguna, pues se trata de abstenciones simples, en los que las autoridades administrativas incumplen con un pretendido deber de hacer legal, cuya consecuencia para el gobernado es la falta de dar trámite a su solicitud, lo cual no conlleva una ejecución. En ese contexto, el supuesto legal para determinar la competencia es el que se ubica en la última parte del artículo 37 de la Ley de Amparo y por ende, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo anterior, partiendo de que el acto reclamado en la especie, acorde a las manifestaciones externadas de la parte quejosa lo constituye, fundamentalmente, la omisión de las autoridades responsables de atender la solicitud de cancelación del certificado parcelario y la expedición del título de propiedad que presentó en el mes junio de dos mil veintiuno, para dar de baja la parcela 1343 Z2 P1 y demás asignadas a su favor en el Ejido Puerto Morelos, Municipio de Puerto Morelos (antes Benito Juárez), Estado de Quintana Roo. De tal manera, que como ya se encuentra establecido jurisprudencialmente, tal omisión no requiere de ejecución material, por lo que, se ubica en la última parte del artículo 37 de la Ley de Amparo, y es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia número 1a./J. 17/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en os artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo.". En efecto, al tenor de lo reseñado, si bien la ejecución material no mira sólo al contenido del acto reclamado en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico. Sin embargo, esos alcances -para efectos de determinar si el acto reclamado requiere o no ejecución- no pueden llegar al extremo de considerar las circunstancias intrínsecas del asunto, pues de estimarlo así, no se estarían analizando los alcances materiales del acto reclamado, que en el caso en particular se limitan a la abstención u omisión de atender una solicitud realizada por el quejoso, sino a las posibilidades futuras que deriven de dicha omisión, lo cual no constituye un criterio para determinar la competencia por razón de territorio de los Jueces de Distrito, pues se estaría atendiendo a los alcances derivados del acto reclamado. Una interpretación en contrario implicaría que todas las omisiones tendrían efectos positivos al suponer que en mayor o menor medida, derivan en una afectación en la esfera jurídica de la persona que resiente esa abstención; lo que se contrapone a la naturaleza de este tipo de actos. Por tanto, al tratarse hasta el momento de una omisión, de la que aún no obra una respuesta y que es atribuida a una autoridad jurisdiccional, se estima que es competente para conocer del juicio, el juez de distrito que primeramente entró en el conocimiento de la demanda, pues fue ante él que se turnó la misma. El criterio que este órgano sostiene, coincide con el que resolvió el conflicto competencial 5/2022 del índice del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimocuarto Circuito con sede en Mérida, Yucatán. Respecto de lo cual, cabe apuntar, no constituye precedente obligatorio, horizontal ni vertical; pero sí es orientador en el aspecto donde apunta que: "[.] la hipótesis prevista en el citado artículo 37 de la Ley de Amparo vigente, respecto a que el acto reclamado que no requiere ejecución material es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda, debe aplicarse de manera literal. Máxime que no se puede perder de vista que el interés del legislador en la actualidad, al redactarlo de esa forma, tuvo su justificación en que se evite en gran medida la existencia de conflictos competenciales, lográndose de ese modo una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de acceso expedito a la administración de justicia y de audiencia, los cuales implican la posibilidad de que los justiciables puedan acudir a la tutela jurisdiccional con el mínimo de obstáculos para ser oídos en su defensa, cumpliendo siempre los requisitos constitucionales y legales de procedencia [.]". Mientras que los diversos precedentes, específicamente, los conflictos competenciales 5/2022, 4/2023, 5/2023, 8/2023, 9/2023 y 12/2023 del índice del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en Mérida, Yucatán, así como los diversos 5/2022, 4/2023, 12/2023, 13/2023 y 14/2023 del índice del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, tampoco tienen la característica de vinculantes. Además, no se inobservan los criterios invocados por el órgano jurisdiccional oficiante para declinar la competencia [temas relativos a la omisión de emplazar y a la omisión de reinstalar al trabajador], toda vez que se estima no son aplicables al caso que nos ocupa, pues se refieren a supuestos diferentes, cuyas consecuencias sí conllevan una ejecución porque implica (i) no se concrete el emplazamiento de un juicio ya en instrucción y (ii) que el trabajador no perciba su salario ni diversas prestaciones, situaciones que ya fueron dilucidadas. Lo que se considera que no acontece en el caso, porque las omisiones que reclama el quejoso se refieren a una solicitud que presentó ante una autoridad administrativa en relación a la cancelación de un certificado parcelario y con ello, la expedición de un título de propiedad; situaciones no dilucidadas, por lo que se trata de supuestos diferentes. La segunda razón, por la cual no se comparte el criterio del Juzgado declinante, refiere que la posible respuesta al trámite iniciado en la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Quintana Roo, tiene consecuencias legales sobre una parcela ubicada en la demarcación territorial en dónde este juzgado federal ejerce su jurisdicción; sin embargo, como se advierte de la lectura de la demanda de amparo, la referida parcela se encuentra ubicada en Puerto Morelos, Quintana Roo, municipio que se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado de Distrito de conformidad con lo dispuesto en la fracción XXVII, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En efecto, la fracción en cita establece que los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Chetumal, ejercerá jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Othón P. Blanco y Bacalar. De tal manera, que las consecuencias que la autoridad oficiante dice que recaen sobre la parcela del quejoso; en su caso, no se ubican en el ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce su jurisdicción, sino correspondería a los Juzgado de Distrito, con sede en Cancún. En las relatadas circunstancias, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 párrafos primer y tercero y 48, de la Ley de Amparo, es que no se acepta la competencia planteada, para conocer de la demanda de amparo promovida por ********************; por tanto, en obvio de mayores trámites, devuélvase este asunto, al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán Roo, con sede en Mérida, con auto inserto de la presente determinación. Consecuentemente, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Juicio en línea Se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, del Poder Judicial Federal. Ahora, para efectos de que las personas justiciables tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante "juicio en línea", se les hace del conocimiento a las partes que el manual de uso actualizado se encuentra disponible en la siguiente liga del Portal de Servicios en Línea Así, con fundamento en el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las partes deberán solicitar por sí, o por conducto de sus representantes, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, la cual requiere la autorización de este órgano jurisdiccional y la utilización de una firma electrónica vigente. Asimismo, quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y a la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Ahora, en términos del artículo 263, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan las partes de este asunto, se les hace del conocimiento que este juzgado federal adoptará como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes [SISE] y en los demás sistemas de gestión judicial que se utilicen en los órganos jurisdiccionales, en atención a las siguientes bases: - Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente. - Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. La digitalización de documentos requerirá la firma electrónica de quien la lleve a cabo. - La única excepción a lo dispuesto en los párrafos que anteceden, será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas; - Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente a las instalaciones de este órgano jurisdiccional para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto; y - Las constancias recibidas físicamente deberán coincidir con las incorporadas al expediente electrónico mediante digitalización. Acatamiento a los principios rectores del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal En estricto acatamiento a los principios rectores del Sistema Electrónico consistentes en el impulso tecnológico, acceso a la justicia, inclusión y accesibilidad, interoperabilidad, orientación al valor público, eficiencia y eficacia, adaptación tecnológica, validez y certeza jurídica, así como protección de los derechos humanos, contemplados en el artículo 251 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano jurisdiccional asegurará la integridad del expediente electrónico a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós. Para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica, utilizando los medios tecnológicos y soluciones digitales. Mientras que, en los casos en que un asunto se inicie y se tramite a través de documentos físicos, se digitalizaran las constancias e incorporaran al expediente electrónico correspondiente a través del uso de firma electrónica, generando sus actuaciones en versión electrónica e imprimiendo únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del asunto, como puede ser el caso de las constancias de notificación. Con lo anterior, se precisa que bajo ninguna circunstancia este juzgado federal obstaculizará la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. Además, en términos del artículo 257, del citado Acuerdo General, se procurará utilizar el Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal para la atención a personas justiciables, conforme a lo siguiente: - Tratándose de comunicaciones no procesales, se puede brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante el uso de medios tecnológicos convenidos para tal efecto. En estos casos, el personal del órgano jurisdiccional deberá conservar el registro de las comunicaciones hasta la conclusión del trámite. En casos excepcionales, podrá emplearse esta opción para comunicaciones procesales, siempre que la parte respectiva no tenga acceso a actuar desde el Portal, debiendo en estos casos certificarse la confirmación de recepción de la comunicación respectiva; y - Tratándose de la práctica de diligencias, audiencias y demás comparecencias, que suelan requerir la presencia física de las partes o de otros intervinientes, se procurarán practicar mediante el uso de medios tecnológicos y soluciones digitales como las videoconferencias. Tratándose de audiencias constitucionales o incidentales, se podrán realizar a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes. Inclusión y accesibilidad En términos del artículo 261, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace del conocimiento a las partes que de acudir a las instalaciones de este órgano jurisdiccional podrán hacer uso de los equipos de cómputo que se dispondrá para tal efecto, los cuales se destinarán a la consulta de expedientes electrónicos, a la actuación en el Portal de Servicios en Línea, o a la participación en videoconferencias con el personal del órgano cuyo equipo se esté utilizando. Asimismo, se colocará en el área de atención al público de las instalaciones del este órgano jurisdiccional un teléfono con la señalización de las extensiones del personal que acuda, a efecto de que cualquier persona pueda contactar al personal del órgano jurisdiccional para la atención correspondiente. Autorizados Se tiene como autorizados en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ******************** Valencia Palomo, ******************** Paniagua Alcocer, Felix de Jesús ********************y ********************, toda vez que tienen su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito. Autorización para consulta del expediente electrónico Por otra parte, previa búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, específicamente en el módulo de autorizados para consultar el expediente electrónico, se advirtió que los usuarios ********************" y "********************", se encuentran debidamente registrados en la Unidad de Certificación del Consejo de la Judicatura Federal; en consecuencia, con fundamento en los artículos 35, 36, 39, 55, 57 y 58 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a los citados usuarios para consultar el presente expediente en línea. Lo anterior, hágase del conocimiento del oficial judicial "A", personal encargado de la integración del expediente electrónico adscrito a este Juzgado, para que en términos del citado acuerdo, proceda a efectuar las gestiones pertinentes. Habilitación de días y horas inhábiles A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17, Constitucional, con fundamento en el arábigo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Transparencia y aviso de privacidad Hágase del conocimiento las partes que de conformidad con lo establecido en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, sito en ********************en esta ciudad de Chetumal, Quintana Roo, como responsable de los datos personales de las partes en el presente juicio de amparo, que éstos serán utilizados únicamente para la tramitación del presente asunto y su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes [SISE 2.0] con fines estadísticos. Asimismo, con fundamento en los artículos 43 a 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, quedan expeditos sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los cuales podrá ejercer directamente ante esta autoridad, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia. Además, se les informa que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los sujetos obligados en el ámbito federal deberán cumplir con las obligaciones de transparencia y poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, la información señalada en el Título Quinto de la ley general de la materia, entre ellas las sentencias ejecutorias de interés público. Asimismo, que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, por lo cual se les hace saber que pueden manifestar si están de acuerdo con que, en las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia que la falta de oposición expresa implicará un consentimiento tácito a que hace referencia el segundo y tercer párrafo, del artículo 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y, que en la versión pública correspondiente se suprimirán los datos sensibles que puedan contener de conformidad con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales. Finalmente, se les informa que el domicilio de la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia, se ubica en Carretera Picacho-Ajusco Número 170 Planta Baja, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, Código Postal 14210, Ciudad de México, cuyo correo electrónico es transparenciacjf@correo.cjf.gob.mx, y la sede regional de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal se localiza en avenida Andrés Quintana Roo, número doscientos cuarenta y cinco, supermanzana cincuenta, manzana cincuenta y siete, lote uno, torre A, planta baja, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Instrucción al secretario encargado del trámite del asunto, actuarios judiciales, oficiales judiciales y oficial judicial "A" encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes [SISE] de este órgano jurisdiccional Por otra parte, a fin de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, y en términos del artículo 3, de la Ley de Amparo: Se instruye desde este momento al Secretario encargado del trámite de este asunto******************** para que puntualmente: 1. Todos los acuerdos sean signados con Firma Electrónica y cuente con los permisos necesarios. 2. Supervise la integración de manera cronológica al expediente electrónico de las actuaciones judiciales, promociones y demás constancias que obren en el expediente electrónico y sólo aquellas recibidas de manera impresa obren el expediente físico. 3. Como fedatario, verifique que la documentación recibida de forma impresa se agregue al expediente físico, y Cuando la documentación se reciba en formato impreso, sea digitalizado e ingresado al expediente electrónico respectivo. 4. Al solicitar los informes o documentación a las autoridades responsables, respecto de juicios seguidos ante tribunales que no pertenezcan al Poder Judicial de la Federación, procurará que la digitalización de los expedientes relativos a dichos juicios se realice por las propias autoridades responsables y solo si esto no es posible, se cerciore se realice dicha digitalización por el personal administrativo de su mesa. 5. Para la integración física y electrónica del expediente respectivo se deberá acatar lo expresamente dispuesto por los artículos 22 y 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. En ese sentido, se ordena al oficial judicial: La digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes físicamente, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo. La integración de manera cronológica al expediente electrónico de las actuaciones judiciales, promociones y demás constancias que hayan sido presentadas en formato impreso al expediente físico. En cuanto al Actuario Judicial que por terminación de expediente le corresponda: Deberá digitalizar oportunamente todas las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren derivadas del presente asunto, incorporándolas al expediente electrónico a más tardar al día siguiente de su realización. Finalmente, al oficial judicial "A", encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este órgano jurisdiccional: Deberá cumplir, con lo expresamente dispuesto por el artículo 182 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, que entre otras cosas, establece lo siguiente: - Aplicar las disposiciones respectivas para cada uno de los diversos tipos de asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales. - Realizar el seguimiento y actualización de la captura de datos, de manera que asegure la permanente actualización y veracidad de la información contenida en el SISE y en los demás sistemas de gestión. - Garantizar que los campos se encuentren debidamente registrados y actualizados. En todo momento, queda a cargo del Secretario -como fedatario- cerciorarse sobre la integridad del expediente electrónico. Notifíquese y por oficio a la autoridad declinante.

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