José de Jesús Vázquez Torres
Expediente 21/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 101 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 21/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 101
- Última actuación
- 15/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Alfredo Arroyo Abraham
- José de Jesús Vázquez Torres
- José Guadalupe González González
- Miguel Ángel Arroyo Beltrán
- Jesús González Torres
- Guillermo Cruz Espitia
- Jaime Agabo Pérez
- Salvador Agavo Torres
- Integrantes del Comisariado Ejidal del Núcleo Ejidal denominado Atarjea de Crucitas, perteneciente al Municipio de Pénjamo, Guanajuato
- Salvador Cruz Espitia
- Alfredo Arroyo Abraham y Otros.
- Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Once, con sede en la Ciudad de Guanajuato, Guanajuato
- Guillermo Cruz Espitia y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 101.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el proveído y/o resolución de 10 de noviembre del dos mil veintitrés, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
- Principal
Se notifica a la parte tercero interesada por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el proveído y/o resolución de 10 de noviembre del dos mil veintitrés, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
- Principal
Morelia, Michoacán, a diez de noviembre de dos mil veintitrés. VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 21/2022, promovido por José de Jesús Vázquez Torres y otros, por su propio derecho; y, RESULTANDOS: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el siete de enero de dos mil veintidós (fojas 2-16), en el Buzón Judicial del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán; José de Jesús Vázquez Torres, Alfredo Arroyo Abraham, José Guadalupe González González, Salvador Agavo Torres, Miguel Ángel Arroyo Beltrán, Jaime Agavo Pérez, Guillermo Cruz Espitia, Jesús González Torres, Salvador Cruz Espitia, Alfonso Vargas Mendoza, Jaime Arroyo Beltrán, Lorena Duarte Torres, Elena Torres, María Juana Rosalva Díaz Avila, Benjamín Duarte Abraham, María Romelia Andrade Ayala, Gerardo Andrade Torres, Ma. Guadalupe Ayala Andrade, Benildo Díaz López, Gilberto Vargas García, Jaime Vargas Chávez, José Manuel Tapia Hernández, J. Jesús Vargas García, Gilberto Vázquez Torres, Rafael Vega Martínez, Ladislao Vega Hernández, Aurora García Uribe, L. Noé Hernández Avila, Rafael Ayala Díaz, Isaías Duarte Rodríguez, Ma. Refugio Polina Duarte, Mario García Rodríguez, Florencio Duarte Rodríguez, Anita Agabo Torres, Salvador Chávez González, Juan Alberto Lemus Robledo, Jesús Arroyo Cruz y Juana González Martínez, por su propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Once, del Magistrado y Actuaria adscritos al Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y seis. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 14, 16 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán; órgano de control constitucional que la registró con el número 21/2022; en proveído de doce de enero de dos mil veintidós, la admitió (foja 35); solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se reservó el reconocimiento de carácter de tercero interesado; se otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Tercero. Reconocimiento de carácter de parte tercera interesada. En proveído de once de marzo de dos mil veintidós (foja 200), se reconoció el carácter de parte tercera interesada a Roberto Galván, Presidente del Comisariado Ejidal denominado "Atarjea de Crucitas" perteneciente al Municipio de Pénjamo, Guanajuato y se ordenó su emplazamiento. Seguido el juicio por sus demás trámites legales tuvo verificativo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; por lo que se procede a resolver el presente juicio de amparo; y CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 49 y 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, toda vez que los actos reclamados tienen ejecución en el lugar en el que este órgano de control constitucional tiene jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 192097 que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 181810, cuyo texto es del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal, con los criterios transcritos y en atención al contenido integral de la demanda, los actos reclamados por la parte quejosa, son: Al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Once: Todo lo actuado dentro del expediente 1636/2015, relativo al juicio de restitución promovido por integrantes del Comisariado Ejidal del poblado "Atarjea de Crucitas", municipio de Pénjamo, Guanajuato en contra del ejido "Pastor Ortiz", municipio de José Sixtos Verduzco, antes perteneciente a Puruándiro, Estado de Michoacán. Del Magistrado y Actuaria adscritos al Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Seis: La ejecución de la sentencia dictada el cinco de enero de dos mil diecisiete, en el expediente 1636/2015, vía exhorto 21/2021, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Once, con sede en Guanajuato, Guanajuato. Tercero. Existencia de los actos reclamados. El Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Once, el Magistrado y la Actuaria adscritos al Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Seis, al rendir su informe justificado, manifestaron que eran ciertos los actos atribuidos por la quejosa (fojas 195, 54 y 53, respectivamente). Certeza que se corrobora con las constancias que acompañaron a su informe las referidas autoridades responsables, entre otras, original del expediente 1636/2015 y copia certificada del exhorto 21/2021. Documentales con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su dispositivo 2°; entre las que se encuentra todo lo actuado en el expediente 1636/2015 y el exhorto 21/2021; de ahí que se tengan por ciertos los actos reclamados en esta instancia constitucional. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Cuarto. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, lo conducente es examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. En el caso, este juzgador considera fundado el argumento de la parte tercera interesada consistente en que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Para evidenciar las razones por las cuales se actualizada dicha causa de improcedencia, se estima necesario traer a contexto la fracción normativa que la contiene, la cual es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" La hipótesis citada, debe analizarse conjuntamente con lo que establece el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo y el numeral 107, fracción I, de la Constitución Federal, los cuales señalan lo siguiente: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.] Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]". De los artículos transcritos, se obtiene que los juicios constitucionales se seguirán siempre a instancia de parte agraviada, debiéndose entender por ésta, aquélla que aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre y cuando se alegue violación a los derechos reconocidos por la constitución, en virtud del acto de autoridad que se reclama, el cual habrá de trascender en la esfera jurídica del quejoso, de manera directa (interés jurídico) o bien, derivado de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Asimismo, señalan que cuando el acto reclamado emane de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. En el caso que nos ocupa, los quejosos aducen ser legítimos poseedores desde hace aproximadamente setenta años, del predio identificado como "Lázaro Cárdenas", ubicado en las inmediaciones de la población de Pastor Ortiz, Municipio de J. Sixto Verduzco, Michoacán; asimismo, que mediante la ejecución de la sentencia dictada en el juicio agrario 1636/2015 se pretende privarlos de su posesión sin haber respetado su garantía de audiencia; por ende, deben acreditar el interés jurídico que tiene sobre éste, o dicho en otras palabras, la afectación a sus derechos sustantivos protegidos por la norma. Precisado lo anterior, lo siguiente es determinar qué se entiende por interés jurídico para los efectos de la procedencia del juicio constitucional y para tal efecto, se toma en cuenta el criterio que informa la jurisprudencia 1ª/J.168/2007 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 170500, que establece: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". Pues bien, para pedir amparo el peticionario debe resentir un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos con motivo de un acto de autoridad, y del criterio transcrito se advierte lo siguiente: a) Que el acto reclamado cause un perjuicio, esto es, que lesione los intereses jurídicos de una persona o su patrimonio; b) Las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio; c) Debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; y, d) Los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. En resumen, existe interés jurídico cuando el peticionario acredita una afectación en su persona o en sus bienes (esfera de derechos), los cuales deben ser acreditados en forma fehaciente por el quejoso. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 16/94, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital registro digital 206338, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones". En ese sentido, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, en la tesis 2a. LXXX/2013 (10a.), registro digital 2004501 que a continuación se transcribe, ha determinado que para acreditar el interés jurídico, debe demostrarse lo siguiente: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por tanto, en el caso que nos ocupa, la parte quejosa debe acreditar fehacientemente el interés jurídico (y no de otra clase), que le asiste para reclamar todo lo actuado dentro del expediente agrario 1636/2015, incluida la ejecución de la sentencia dictada en el mismo, al estimar se afecta su derecho de posesión. Es así, porque tratándose de la posesión de muebles e inmuebles, para que ésta sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, pues sólo con el mismo estará en posibilidad de demostrar el derecho que le asiste para defender los muebles precisados y, por ende, el interés jurídico legalmente protegido. En efecto, el artículo 14 constitucional prevé, entre otras situaciones, que nadie puede ser privado de sus propiedades o posesiones, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. El derecho de seguridad jurídica en comento es susceptible exigirse en aquellos casos en que el gobernado es afectado por un acto de autoridad en los derechos de propiedad o posesión de sus bienes, entre otros supuestos. Por tanto, una vez que el gobernado es privado de sus derechos de propiedad o posesión, tiene la facultad de exigir el cumplimiento de aquélla; sin embargo, ello no procede con la simple afirmación de que el bien afectado es de su propiedad o posesión, e incluso ser simple habitante del mismo, pues es necesario que se acrediten esos derechos, es decir, corresponde al particular demostrar con medios de prueba tales extremos. Esto es así, porque el interés jurídico está relacionado con el derecho afectado, por tal motivo no puede inferirse con base en presunciones, de ahí que el promovente del juicio debe demostrar a plenitud ser el titular de ese derecho, así como que los daños o perjuicios afectan real y efectivamente los bienes amparados en su favor. De ahí que no sea suficiente que el gobernado aduzca ser habitante, poseedor o propietario del inmueble, pues se encuentra obligado a demostrar, a través de los medios de convicción regulados en la legislación, que es titular de los derechos que refiere se ven afectados. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia VI.2o.C. J/227, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, registro digital 185115, del título y contenido siguientes: "POSESIÓN QUE AMPARA EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL. No es el simple hecho de la ocupación, sin título alguno en el que pueda apoyarse, la que tutela y protege el juicio constitucional, puesto que no basta la circunstancia de encontrarse una persona detentando un bien inmueble para presumir que por sí sola tiene la posesión, si no se allega para su fundamento algún título que conduzca a la protección constitucional del derecho de posesión correspondiente. Así, a reserva de que ante las autoridades comunes se dilucide si el derecho a la posesión que emana de un título es legítimo o no, el juicio de garantías, salvaguarda inquebrantable de respeto e inviolabilidad de los derechos del hombre, no puede proteger la simple ocupación sin título, porque esta detentación no debe estimarse como posesión." Entonces, en el juicio de amparo se protege la posesión, ya sea originaria (la que se obtiene a través de un título por el cual se transfiere la propiedad) o derivada (que no proviene de un título traslativo de dominio pero que otorga el derecho a poseer el bien, como puede ser el arrendamiento, usufructo, la depositaría o cualquier otra análoga), siempre que se acredite la existencia de algún título, fundado ya sea en un precepto legal o en alguna figura jurídica que le genere el derecho a poseer; por tanto, resulta insuficiente, como se dijo, sólo demostrar la simple detentación material del bien o ser habitante del mismo. Las consideraciones precedentes también encuentran apoyo en la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 1/2002, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 187733, la cual es del tenor siguiente: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común". Expuesto el alcance del tópico "interés jurídico", se procede a estudiar si en el caso en particular, se acreditan los extremos necesarios a fin de considerar si la parte quejosa tiene interés jurídico para ocurrir al juicio de amparo en defensa de los derechos que dice tener. Igualmente apoya lo anterior, en lo conducente, la tesis XXI.2o.48 C del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del referido circuito judicial, registro digital 209307, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO. CUANDO SE REQUIERE ACREDITAR LA PROPIEDAD DE UN INMUEBLE, SE DEBE APORTAR LA PRUEBA IDÓNEA, EN TÉRMINOS DE LA LEY APLICABLE. Cuando en un juicio de amparo el quejoso debe acreditar la propiedad de un inmueble a efecto de probar su interés jurídico, siendo que ante la ley civil la propiedad es un derecho que no puede apreciarse mediante los sentidos, de conformidad con lo que establecen los artículos 2249, 2250 y 2913, fracción I del código sustantivo del Estado de Guerrero, se desprende que la prueba idónea para acreditarla es el respectivo testimonio notarial o la escritura privada, en los que conste el haberse dado fe del acto que dio origen a la titularidad del derecho correspondiente, resultando, por lo tanto, inapto cualquier otro medio de convicción que al respecto se exhiba para pretender demostrar ese extremo." En congruencia con lo anterior debe decirse que para acreditar el interés jurídico se requiere que el derecho que se defienda en la sede constitucional deba constar de manera fehaciente o cierta en un instrumento probatorio de carácter documental, esto es lo que se conoce como documento de fecha cierta; lo anterior, con la finalidad de dar eficacia a la garantía de seguridad jurídica respecto al momento en que realmente se pueda considerar como existente el acto jurídico que en el documento se consigne y que es el derecho que se pretenda defender en la sede constitucional. En la especie, la revisión de las constancias que integran el expediente del juicio de amparo que ahora se resuelve pone de manifiesto que los quejosos, para acreditar su interés jurídico ofrecieron los medios de convicción siguientes: Constancia de posesión de predio conocido como "EX HACIENDA DE CRUCITAS" y "EX HACIENDA ZURUMUATO", del municipio de José Sixto Verduzco, Michoacán, expedida el tres de enero de dos mil veintidós, a favor de José de Jesús Vazquez Torres, Alfredo Arroyo Abraham, José Guadalupe González González, Salvador Agabo Torres, Miguel Ángel Arroyo Beltrán, Jaime Agabo Pérez, Guillermo Cruz Espitia, Jesús González Torres, Salvador Cruz Espitia, Alfonso Vargas Mendoza, Jaime Arroyo Beltrán, Lorena Duarte Torres, Elena Torres, María Juana Rosalva Díaz Avila, Benjamín Duarte Abraham, María Romelia Andrade Ayala, Gerardo Andrade Torres, Ma. Guadalupe Ayala Andrade, Benildo Díaz López, Gilberto Vargas García, Jaime Vargas Chávez, José Manuel Tapia Hernández, J. Jesús Vargas García, Gilberto Vázquez Torres, Rafael Vega Martínez, Ladislao Vega Hernández, Aurora García Uribe, L. Noé Hernández Avila, Rafael Ayala Díaz, Isaías Duarte Rodríguez, Ma. Refugio Polina Duarte, Mario García Rodríguez, Florencio Duarte Rodríguez, Anita Agabo Torres, Salvador Chávez González, Juan Alberto Lemus Robledo, Jesús Arroyo Cruz y Juana González Martínez, expedida por la Síndico y Secretario Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de J. Sixto Verduzco, Michoacán (fojas 17 y 18). Copias cotejadas de los "certificados de derechos agrarios", expedidos a favor de Ernesto Duarte Rodríguez, Pedro Vargas García, Gilberto Vázquez Torres, Juan Cervantes Martínez y Antonio Sánchez Abraham, relativo al poblado "Crucitas de Gutiérrez", Municipio de Pénjamo, Estado de Guanajuato (fojas 19, 21, 23, 25, 27). Constancias de posesión expedidas el dos de febrero de dos mil veintiuno, por la Síndico y Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio de J. Sixto Verduzco, Michoacán a favor de Ladislao Vega Hernández, Rafael Ayala Díaz, José Manuel Tapia Hernández, Isaías Duarte Rodríguez, Benjamín Duarte Abraham, Ma. Juana Rosalva Díaz Ávila, Miguel Ángel Arroyo Beltrán, Anita Agabo Torres, Benildo Díaz López, Elena Torres, Jaime Agabo Pérez, Jesús Arroyo Cruz, J. Jesús González Torres, Rafael Vega Martínez, Gilberto Vargas García, L. Noé Hernández Ávila, Ma. Guadalupe Ayala Andrade, Juana González Martínez, Salvador Chávez González, Gilberto Vázquez Torres, Juan Alberto Lemus Robledo, Mario García Rodríguez, José de Jesús Vázquez Torres, María Romelia Andrade Ayala, Gerardo Andrade Torres, Alfonso Vargas Mendoza, Jaime Vargas Chávez, Ma. Refugio Polina Duarte, J. Jesús Vargas García, Alfredo Arroyo Abraham, Salvador Agabo Torres, Jaime Arroyo Beltrán, José Guadalupe González González, Aurora García Uribe, Florencio Duarte Rodríguez, Salvador Cruz Espitio, Lorena Duarte Torres y Guillermo Cruz Espitia (fojas 99 a la 191). Constancia de posesión expedida a favor de Salvador Agavo Torres, el nueve de enero de dos mil veintidós, por el Presidente y Secretario del Comisariado Ejidal del "Ejido Pastor Ortiz", del Municipio de José Sixto Verduzco, Michoacán (foja 192). Testimonial a cargo de Juan Vega Hernández, Salvador Trigueros Vázquez y José Antonio Duarte Ponce (foja 547). Documentales identificadas con el inciso b) que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 130 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones. Asimismo, las documentales identificadas con los incisos a), c) y d) que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 133 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tener el carácter de documentos privados. Finalmente, la identificada con el inciso e), tiene valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 215 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sin embargo, con dichos medios probatorios los quejosos no acreditan ser poseedores de los diversos predios ubicados en el potrero conocido como "Lázaro Cárdenas", localizados en las inmediaciones de la población de Pastor Ortiz, Municipio de J. Sixto Verduzco, Michoacán; y, por ende, no acreditan su interés jurídico necesario para ocurrir al presente juicio de amparo. En efecto, respecto de las documentales identificadas por este juzgador como a), c) y d), consistente en las originales de constancias de posesión a favor de diversos quejosos, este juzgador considera que si bien con ellas se pudiera acreditar que los quejosos se encuentran en posesión de los predios materia de la controversia, no se justifica la causa generadora de la posesión que aducen detentar respecto de la misma, toda vez que no es facultad del Síndico y Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Sixto Verduzco, Michoacán ni del Comisariado Ejidal intervenir en cuestiones relativas a cesiones de derechos o posesión, como se advierte de los artículos 32 y 33 de la Ley Agraria. En efecto, dichos artículos establecen que el Comisariado ejidal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como de la representación y gestión administrativa del ejido; la forma en que se encuentra constituido así como su facultades, la cuales son: I. Representar al núcleo de población ejidal y administrar los bienes comunes del ejido, en los términos que fije la asamblea, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas; II. Procurar que se respeten estrictamente los derechos de los ejidatarios; III. Convocar a la asamblea en los términos de la ley, así como cumplir los acuerdos que dicten las mismas; IV. Dar cuenta a la asamblea de las labores efectuadas y del movimiento de fondos, así como informar a ésta sobre los trabajos de aprovechamiento de las tierras de uso común y el estado en que éstas se encuentren; V. Las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido. De lo anterior, se desprende que, entre sus facultades no se encuentra intervenir en cuestiones relativas a cesiones de derechos o posesión, por tanto no se concede valor probatorio a las documentales identificadas como incisos a), c) y d), por ser cuestiones ajenas a sus funciones. Es aplicable -por analogía- la tesis aislada III.1o.A.133 A emitida por el Primer Tribunal Colegiado En Materia Administrativa del Tercer Circuito, registro 174051, la cual establece: "POSESIÓN DE PARCELAS EJIDALES. LA CONSTANCIA RELATIVA, EXPEDIDA POR EL COMISARIADO EJIDAL EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR LA ASAMBLEA DE EJIDATARIOS, CON LA CUAL SE PRETENDE ACREDITAR QUE ASISTE UN MEJOR DERECHO A UNA PERSONA RESPECTO DEL POSEEDOR REAL, CARECE DE VALOR PROBATORIO. La constancia de posesión expedida por los integrantes del comisariado ejidal, en cumplimiento a lo ordenado por la asamblea general de ejidatarios, con la que se pretende acreditar que asiste un mejor derecho a una persona a poseer una parcela, respecto de quien prueba ser el poseedor real no tiene valor probatorio, en razón de que de conformidad con los artículos 23 y 33 de la Ley Agraria, respectivamente, la asamblea de ejidatarios carece de facultades para otorgar la posesión de una parcela cuando se encuentra en posesión de persona diversa, y el comisariado ejidal para expedir las constancias relativas". Criterio que también debe de aplicarse a las constancias de posesión expedidas por el Presidente y Secretario del Comisariado Ejidal del "Ejido Pastor Ortiz", del Municipio de José Sixto Verduzco, Michoacán, al ser una cuestión ajena a sus funciones. Al respecto es aplicable, por analogía, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 237639, de rubro y texto siguientes: "AGRARIO. POSESION, PRUEBA DE LA. LA CONSTANCIA QUE AL EFECTO EXPIDE UN PRESIDENTE MUNICIPAL CARECE DE VALOR. La certificación de un presidente municipal en que hace constar que una persona se encuentra en posesión de determinado predio, no es prueba idónea para demostrar la citada posesión, por ser ésta una cuestión del todo ajena a sus funciones". Por lo que respecta al inciso b), se estima que si bien se trata de "certificados de derechos agrarios", expedidos a favor de Ernesto Duarte Rodríguez, Pedro Vargas García, Gilberto Vázquez Torres, Juan Cervantes Martínez y Antonio Sánchez Abraham, en ellos se hace referencia al poblado "Crucitas de Gutiérrez", Municipio de Pénjamo, Estado de Guanajuato, cuando en el expediente 1636/2023, la controversia se suscitó entre el poblado de "Atarjea de Crucitas", Municipio de Pénjamo, Guanajuato y el ejido "Pastor Ortiz", municipio de Sixto Verduzco, antes municipio de Puruándiro, Michoacán, por lo que es evidente que en nada les afectaría la ejecución de la sentencia del citado juicio, al tratarse de localidades diferentes y no haber acreditado que dicha ejecución se intentó realizar en los predios que defienden. Máxime obra el "Acta circunstanciada de ejecución de sentencia ordenada vía exhorto", de uno de diciembre de dos mil veintiuno, de la que se advierte que la actuaria responsable se constituyó en el ejido de "Pastor Ortiz" perteneciente al Municipio de J. Sixto Verduzco. Por lo que ve a la testimonial a cargo de Juan Vega Hernández, Salvador Trigueros Vázquez y José Antonio Duarte Ponce, aun cuando dichos testigos fueron coincidentes en precisar que los quejosos tienen las posesión de los predios que defienden en este juicio de amparo desde los años sesenta aproximadamente; lo quejosos no acreditaron su derecho a poseer con un título sustentado en alguna figura jurídica o precepto de las legislaciones secundarias relativas. Finalmente, no pasa inadvertido para este juzgador que los quejosos ofrecieron pericial en materia de topografía; sin embargo, no fue para acreditar su posesión sobre los bienes que defienden, sino para probar que el predio ejidal conocido como "Lázaro Cárdenas" o "Ex hacienda de Crucitas" y "Ex Hacienda Zurumuato", ubicado en los límites de la población de Pastor Ortiz, Municipio de J. Sixtos Verduzco, Michoacán - el cual fue materia de controversia del juicio de origen- correspondía al que los quejosos tienen en posesión. Por lo que el resultado de la misma, aun cuando fuera favorable a las pretensiones de los quejosos, no les otorgaría interés jurídico para promover el presente juicio de amparo. En consecuencia, al no haberse acreditado el interés jurídico, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo cual conduce a sobreseer en el juicio, de conformidad con lo previsto en el numeral 63, fracción V, de la mencionada ley. En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo, según criterio sostenido en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 239006, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por otra parte, no se analizarán las diversas causas de improcedencia hecha valer por la parte tercera interesada, ya que al quedar demostrada la analizada en párrafos anteriores, sería ocioso hacerlo, pues no cambiaría en sentido del presente fallo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.54/98 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 195744, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución". Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto y fundado en los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por José de Jesús Vazquez Torres, Alfredo Arroyo Abraham, José Guadalupe González González, Salvador Agavo Torres, Miguel Ángel Arroyo Beltrán, Jaime Agavo Pérez, Guillermo Cruz Espitia, Jesús González Torres, Salvador Cruz Espitia, Alfonso Vargas Mendoza, Jaime Arroyo Beltrán, Lorena Duarte Torres, Elena Torres, María Juana Rosalva Díaz Avila, Benjamín Duarte Abraham, María Romelia Andrade Ayala, Gerardo Andrade Torres, Ma. Guadalupe Ayala Andrade, Benildo Díaz López, Gilberto Vargas García, Jaime Vargas Chávez, José Manuel Tapia Hernández, J. Jesús Vargas García, Gilberto Vázquez Torres, Rafael Vega Martínez, Ladislao Vega Hernández, Aurora García Uribe, L. Noé Hernández Avila, Rafael Ayala Díaz, Isaías Duarte Rodríguez, Ma. Refugio Polina Duarte, Mario García Rodríguez, Florencio Duarte Rodríguez, Anita Agabo Torres, Salvador Chávez González, Juan Alberto Lemus Robledo, Jesús Arroyo Cruz y Juana González Martínez, por su propio derecho, en contra los actos y autoridades precisados en el considerando segundo de este fallo, en términos del diverso quinto de esta determinación. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en su considerando último. Notifíquese por lista, personalmente a la quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy diez de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que a las diez horas con veinte minutos del once de agosto de dos mil veintitrés, se llevó a cabo la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, mismo que se encuentra para estudio; atento a ello, fórmese cuadernillo de antecedentes. Por otro lado, agréguese el escrito de ******************** en su calidad de Presidente, Secretario y Tesorero, respectivamente del ******************** ubicado en el ********************, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en el sentido de que la controversia que se ha suscitado entre los quejosos y los terceros interesados estos últimos beneficiados por la sentencia dictada por el Tribunal Unitario Agrario del Décimo Primer Distrito con sede en la Ciudad de Guanajuato, dentro del juicio agrario número ********************, el cual ha creado un conflicto de carácter social en el medio rural, y que independientemente del resultado de la sentencia que se dicte en el presente juicio de amparo la clase campesina es la más desprotegida en el ámbito de la justicia social, por lo que solicita se convoque a un convenio entre las partes, a fin de resolver de manera equitativa, ya que con ello se elevaría a sentencia ejecutoriada. Atento a lo anterior, dígase a la parte tercera interesada que no ha lugar acordar de conformidad su petición ya que el juicio de amparo no está diseñado para conminar a las partes que figuraron en una controversia jurisdiccional como contendientes, para que dentro del procedimiento constitucional puedan llegar a un convenio; puesto que lo que se dilucida lo es la actuación de las autoridades, en el caso el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Once, con sede en Guanajuato y el Tribunal Unitario Agrario número Treinta y Seis, con sede en Morelia, Michoacán. Y en todo caso, tal acercamiento debió ocurrir, dentro del juicio agrario en términos del artículo 185, fracción VI, que establece: ". Artículo 185.- El tribunal abrirá la audiencia y en ella se observarán las siguientes prevenciones: (..) " VI.- En cualquier estado de la audiencia y en todo caso antes de pronunciar el fallo, el tribunal exhortará a las partes a una composición amigable. Si se lograra la avenencia, se dará por terminado el juicio y se suscribirá el convenio respectivo, el cual deberá cumplir con los principios de exhaustividad, congruencia y equidad, el que una vez calificado y, en su caso, aprobado por el tribunal, tendrá el carácter de sentencia ejecutoriada. En caso contrario, el tribunal oirá los alegatos de las partes, para lo cual concederá el tiempo necesario a cada una y en seguida pronunciará su fallo en presencia de ellas de una manera clara y sencilla." Notifíquese por lista y personalmente a la parte tercera interesada. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
Quedan 97 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,026 expedientes
- Jose de Jesus Orozco Ochoa698/2023
- José de Jesús Ramirez Juan de Dios884/2017
- José de Jesús Robles Buenrostro81/2018
- José de Jesús Salgado Herrera48/2022
- José de Jesús Sánchez Jaimes1131/2017
- José de Jesús Tabarez Castillo1135/2018
- Jose Dimas Cortes Garcia175/2023
- José Dionicio Gil García944/2021
- José Eduardo Ayala Martínez1077/2019
- Jose Eduardo Flores Garrido823/2023
- José Eduardo Galicia Rivera721/2022
- José Eduardo Loeza Acosta857/2018