José de Jesús Sánchez Jaimes
Expediente 1131/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1131/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 01/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José de Jesús Sánchez Jaimes
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, uno de marzo de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos, por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en razón de que se sobreseyó en el presente juicio. Con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX, en relación con el punto décimo primero, segundo párrafo y punto vigésimo primero, último párrafo, del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años, de conformidad con el punto décimo, fracción I, del acuerdo en cita. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Finalmente, como de autos se advierte que obra glosado un documento original exhibido por la parte quejosa, con fundamento en el punto décimo primero, tercer párrafo, capítulo tercero, del referido Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días, acuda a este juzgado a solicitar su devolución, apercibida que de no hacerlo en dicho término, los mismos correrán la suerte que tenga el presente expediente. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las once horas con cincuenta minutos del doce de febrero de dos mil dieciocho, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 1131/2017, sin la comparecencia de las partes. Enseguida el secretario da cuenta al juez con las constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, el secretario da cuenta con las documentales que allegó el quejoso y con las remitidas por las autoridades responsables así como por la Jueza de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, región Zitácuaro. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas descritas. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. El juez acuerda: Se tiene por precluído el derecho de las partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia, la cual es del tenor siguiente: RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en Morelia, se recibió la demanda de amparo promovida por José de Jesús Sánchez Jaimes, por su propio derecho, quien solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal señalando como autoridad responsable y acto reclamado el siguiente; Autoridades responsables: 1.- Procurador General de Justicia del Estado Ciudad. 2.- Fiscal Regional de Justicia de Zitácuaro, Michoacán. 3.- Director Regional de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Zitácuaro, Michoacán. 4.- Director del Centro de Reinserción Social "Hermanos López Rayón" de Zitácuaro, Michoacán. Zitácuaro, Michoacán. Acto reclamado: La privación de la libertad del quejoso desde el 21 de julio de 2017, así como la incomunicación recluido en el Centro de Reinserción Social "Hermanos López Rayón" de Zitácuaro, Michoacán, desde esa data, sin que tenga conocimiento de su situación jurídica. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán conocer del asunto de referencia, por lo que se registró bajo expediente 1131/2017 y en proveído de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete se admitió a trámite; se solicitó a las autoridades responsables sus informes con justificación, se otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo con el resultado consignado en el acta que antecede; y, CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción II, de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, toda vez que los actos se reclaman a autoridades con domicilio dentro de la circunscripción territorial en la cual ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional, lugar donde tienen ejecución. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia del acto reclamado, previa fijación del mismo. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal y atendiendo además al criterio mencionado, los actos reclamados por la parte quejosa consisten lo siguiente: La privación de la libertad del quejoso desde el 21 de julio de 2017, así como la incomunicación recluido en el Centro de Reinserción Social "Hermanos López Rayón" de Zitácuaro, Michoacán, desde esa data, sin que tenga conocimiento de su situación jurídica. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. La totalidad de las autoridades responsables al momento de rendir sus informes justificados, negaron la existencia de los actos reclamados. Lo que se corrobora con la copia certificada remitida por la Jueza de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zitácuaro, en donde el veintidós de julio de dos mil diecisiete, se cumplimentó la orden de aprehensión derivada de la causa penal ZIT-57/2016 emitida en contra del quejoso por el hecho ilícito de homicidio calificado. Asimismo, la fiscalía solicitó permiso para vincular a proceso y el quejoso manifestó que se resolviera su situación jurídica dentro del plazo de ciento cuarenta y cuatro horas, por lo que se impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, en donde las partes quedaron debidamente notificadas de las resoluciones emitidas en la audiencia y se declaró cerrada. Documentales que adquieren valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2°. Por tanto, la carga probatoria corresponde a la parte quejosa, atento al aforismo que reza el que afirma está obligado a probar, como en la especie, pues la emisión de los actos reclamados, así como su ejecución, son de carácter positivo en tanto que implican una actividad desplegada por la autoridad responsable, los cuales dejan huella en el tiempo y en el espacio, lo que los hacía susceptibles de prueba, sin que aportara medio de convicción para desvirtuar tal negativa. En tales condiciones, se impone sobreseer en el juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en relación con el acto reclamado a la autoridad indicada en el considerando que antecede. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/20, visible en la página seiscientos veintisiete del tomo IV, segunda parte-2 del Semanario Judicial de la Federación de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, octava época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS." Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por José de Jesús Sanchez Jaimes, en contra de los actos y autoridades responsables precisadas en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos expuestos en el tercero. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciocho de enero de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el oficio que remite la Jueza de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zitácuaro, mediante el cual en atención a la solicitud formulada en autos, remite copia certificada de las principales constancias de la causa penal ZIT-057/2016, número único de caso 1006-2016-42902. En tal virtud, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las documentales de referencia. Hágase nueva relación de lo anterior en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho por vacaciones del titular, con autorización emitida por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de once de diciembre de dos mil diecisiete, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según oficio CCJ/ST/6704/2017 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA"; ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de enero de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, así como el estado de autos, se advierte que el cuatro y seis de diciembre de dos mil diecisiete, en apoyo a su informe justificado el Fiscal Regional de Justicia y la Directora del Centro Penitenciario "Hermanos López Rayón", ambos de Zitácuaro, Michoacán, informaron que el quejoso José de Jesús Sánchez Jaimes fue cumplimentada la orden de aprehensión girada en su contra y puesto a disposición ante el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal, Acusatorio y Oral, Región Zitácuaro, dentro de la causa penal ZIT-057/2016, número único de caso 1006201642902. Por tanto, con fundamento en los artículos 75 y 117 de la Ley de Amparo, requiérase al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal, Acusatorio y Oral, Región Zitácuaro, para que dentro del término de cinco días, contado a partir de su legal notificación, remita a este juzgado copia certificada de las principales constancias que integran la referida causa penal ZIT-057/2016 instruida contra el quejoso José de Jesús Sánchez Jaimes, a efecto de estar en condiciones de conocer cuál es su situación jurídica actual. Apercibido que de no hacerlo, o bien, no informar el impedimento legal que tenga para ello, de acuerdo con el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de manera individual, por el equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostenta y emolumentos que por esa causa recibe. Finalmente, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional prevista para este día y en su lugar se fijan las once horas con cincuenta minutos del doce de febrero de dos mil dieciocho. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
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