Jose de Jesus Silva Muñoz

Expediente 879/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 44 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
879/2021
Año
2021
Actuaciones
44
Última actuación
23/02/2023

Partes del expediente

  • Jose de Jesus Silva Muñoz
  • Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito

Actuaciones

Las 4 más recientes de 44.

  1. Principal

    la sentencia de amparo ha quedado cumplida, sin excesos ni defectos, en términos del numeral 196 de la ley de la materia. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno respectivo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE) que se llevan en este juzgado. Archivo y clasificación del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, incisos a) y b) del aludido acuerdo general, el presente expediente y el cuaderno principal del incidente de suspensión son susceptibles de depuración, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se dictó sentencia en la que se otorgó la protección constitucional en el cuaderno principal y por lo que hace a la suspensión provisional y definitiva en el cuaderno incidental, se concedió en ambas ocasiones. Debiéndose conservar la demanda, la sentencia, el presente acuerdo en que se tuvo por cumplida la ejecutoria y se ordenó el archivo del expediente como asunto totalmente concluido, por lo que hace al cuaderno principal; mientras que del incidente deberán conservarse el auto que concedió la suspensión provisional y la resolución interlocutoria que concedió la medida cautelar definitiva. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a), del referido acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido en el plazo de seis meses a que alude el propio. Devolución de documentos. Finalmente, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, acuda a este juzgado a recoger los documentos que en original exhibió como anexos a su demanda; apercibida que de no hacerlo, estos podrán ser destruidos junto con el expediente en su momento.Cumplimiento de ejecutoria. Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que trascurrió el término de tres días que se concedió a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en autos; consecuentemente, al no haber hecho uso de tal derecho, este juzgado federal, atendiendo a los elementos que obran en el expediente y a los datos proporcionados por la autoridad responsable, de oficio procede a determinar si se cumplió o no. En tal virtud, cabe destacar que, en sentencia de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa para los siguientes efectos: "En el presente y futuro proporcionen -de forma gratuita, continúa y sin interrupciones- la atención médica que requiera el quejoso para sus padecimientos (renal crónica e hipoplasia renal), lo que incluye la entrega de medicamentos, sesiones de hemodiálisis, servicios de hospital y cualquier estudio o tratamiento que requiera, lo anterior se entiende de forma enunciativa más no limitativa." Inconforme con esa determinación, la autoridad responsable directora de la Unidad de Medicina Familiar número 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social, interpuso recurso de revisión en su contra. De dicho medio de impugnación, por turno, correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, quien en fecha dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, confirmó la sentencia recurrida; por lo que se requirió a la autoridad responsable para que diera cumplimiento en los términos anotados. Ahora, de todas las constancias que obran en autos se evidencian las siguientes actuaciones de las responsables: El subdirector médico de la Unidad de Medicina Familiar 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social de León de los Aldama, Guanajuato, mediante oficio recibido el seis de enero del año en curso, allegó copia certificada del expediente clínico del aquí quejoso, impresiones de reporte de recetas médicas, la solicitud de subrogación de servicio con número de folio 00428 y hoja de control de sesiones de hemodiálisis. Asimismo, la citada autoridad informó que al quejoso se le brindó la atención médica requerida y que se le proporciona el tratamiento subrogado de hemodiálisis. Mediante misiva registrada con el número 1031, informó que el quejoso recibe sesiones de hemodiálisis dos veces por semana como servicio subrogado en la Clínica Servicios de Salud San Jose de la ciudad de Querétaro, Querétaro, así como el cronograma respectivo, como se muestra a continuación: De lo anterior, se observa que las responsables brindaron al peticionario del amparo la atención médica, respecto del padecimiento que le aqueja, y además, acreditaron que realizaron la subrogación de las sesiones de hemodiálisis que recibe el quejoso. Sin embargo, ello no las exime en lo subsecuente, de salvaguardar en su favor el derecho de recibir dicho tratamiento dialítico y los medicamentos necesarios para combatir sus enfermedades, de acuerdo a la valoración que realice el especialista que lo trate. Ello es así, ya que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las autoridades del Estado que se encuentren directamente obligadas a garantizar el derecho humano a la salud, deben brindar asistencia médica y tratamiento a sus pacientes usuarios de forma oportuna, permanente y constante; este último, además, debe ser entregado tomando en cuenta su estado de salud, así como sus requerimientos médicos y clínicos. Por tanto, si la protección federal se otorgó para los efectos precisados y las autoridades responsables realizaron los actos descritos, se concluye que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, sin excesos ni defectos, en términos del numeral 196 de la ley de la materia. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno respectivo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE) que se llevan en este juzgado. Archivo y clasificación del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, incisos a) y b) del aludido acuerdo general, el presente expediente y el cuaderno principal del incidente de suspensión son susceptibles de depuración, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se dictó sentencia en la que se otorgó la protección constitucional en el cuaderno principal y por lo que hace a la suspensión provisional y definitiva en el cuaderno incidental, se concedió en ambas ocasiones. Debiéndose conservar la demanda, la sentencia, el presente acuerdo en que se tuvo por cumplida la ejecutoria y se ordenó el archivo del expediente como asunto totalmente concluido, por lo que hace al cuaderno principal; mientras que del incidente deberán conservarse el auto que concedió la suspensión provisional y la resolución interlocutoria que concedió la medida cautelar definitiva. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a), del referido acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido en el plazo de seis meses a que alude el propio. Devolución de documentos. Finalmente, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, acuda a este juzgado a recoger los documentos que en original exhibió como anexos a su demanda; apercibida que de no hacerlo, estos podrán ser destruidos junto con el expediente en su momento.

  2. Principal

    Visto el estado de autos, se advierte que mediante auto de uno de febrero de dos mil veintitrés, se dio vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, manifestara lo que a su interés convenga respecto con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el presente y, en consecuencia, se ordenó a los actuarios de la adscripción la notificación personal de dicho proveído. Ahora, de la constancia actuarial que antecede se desprende que la actuaria asentó lo siguiente: "a quien por tal virtud procedo a notificar el proveído de seis de enero de dos mil veintitrés". En tal virtud, a fin de no violentar derechos de la parte promovente y evitar la reposición del procedimiento de ejecución, se comisiona a cualquiera de los actuarios de la adscripción para que notifiquen a la parte quejosa el proveído de uno de febrero de dos mil veintitrés. En el entendido que es indispensable que notifiquen el auto correcto y corran traslado a dicha parte con el oficio, así como los anexos respectivos, lo cual deberán asentar tal circunstancia en el acta correspondiente, en términos de lo que establece el último párrafo de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo. Es orientadora al respecto la tesis aislada 2a. XVIII/94 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 206325, de la Octava Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, diciembre de 1994, página 46.

  3. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por el subdirector médico de la Unidad de Medicina Familiar 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social de León de los Aldama, Guanajuato, con el cual cumple con el requerimiento formulado en auto de veintisiete de enero de la presente anualidad, pues al efecto expone el nombre de la clínica a cargo de quien recibe el servicio subrogado y está inserto el calendario de servicio de hemodiálisis por el año de dos mil veintitrés, con lo que aduce dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En razón de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con copia del oficio de cuenta y sus anexos, dese vista a la parte quejosa para que, dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga de este proveído, manifieste lo que a su interés convenga; apercibida que, de no hacerlo, este juzgado determinará si la sentencia de amparo fue o no cumplida.

  4. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por la directora de la Unidad de Medicina Familiar número 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en León, Guanajuato, por medio del cual informa los actos tendentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues al efecto anexa copia de los oficios números 1108050125211/Ene035/2023 y 110101200200/DIR/010/2023, con el primero de ellos requirió a la directora del Hospital número 4 del instituto aludido con sede en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, para que, en esencia, diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y con el segundo, dicha directora informó que el quejoso recibe el tratamiento de hemodiálisis los días martes y sábado en un horario de seis a nueve horas, en la clínica San José en Santiago de Querétaro, Querétaro, y que se continuará proporcionado ese servicio de forma ininterrumpida. Asimismo, informa que las condiciones médicas del quejoso no han cambiado y que continuará proporcionado al quejoso la atención médica que requiera para sus padecimientos, incluidas las sesiones de hemodiálisis, las cuales son otorgadas de forma subrogada. Ahora, del estado de autos se advierte que en proveído de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, se requirió a la autoridad responsable para que cumpliera con lo siguiente: "a. Si a esta fecha las condiciones médicas del promovente del amparo son las mismas por las cuales se otorgó la protección constitucional conforme a los efectos destacados en párrafos precedentes. b. O en su caso, esas condiciones médicas variaron por alguna situación fáctica. c. Si cuenta con alguna calendarización para los meses subsecuentes, en los cuales se precisen las fechas en las que se otorgarán al quejoso las sesiones de hemodiálisis que requiere." En ese sentido, de la misiva de cuenta se advierte que la autoridad responsable fue omisa en cumplir con último punto, esto es, no informó si cuenta con alguna calendarización para los meses subsecuentes, en los cuales se precisen las fechas en las que se otorgarán al quejoso las sesiones de hemodiálisis que necesita y tampoco exhibió el calendario requerido. En tal virtud, téngase a la autoridad oficiante informando los actos tendentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. No obstante, requiérase de nueva cuenta a la citada autoridad responsable para que, dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir de que sea legalmente notificada del presente oficio, remita en copia certificada las constancias con las que acredite el cumplimiento total de la sentencia de amparo, conforme a lo expuesto en los incisos antes destacados. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, decretada por el ejecutivo federal, incrementada en cien veces, en términos a lo dispuesto por los artículos 192 y 237, fracción I de la Ley de Amparo; además, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito, para la continuación del trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.

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