José de Jesús Ortiz Magueyal
Expediente 909/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 909/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 29/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- José de Jesús Ortiz Magueyal
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto de diecisiete de los actuales por el que se desechó la demanda promovida por ********************, no fue recurrida dentro del término legal; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos los efectos legales conducentes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Supremo Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del citado acuerdo, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.
- Principal
Agréguese sin mayor proveído el oficio suscrito por la jueza interina de Partido Civil Especializada en Materia Familiar, por medio del cual informa que el veintiocho de octubre de dos mil diecinueve se llevará a cabo la reanudación de la audiencia preliminar donde se realizará la prueba pericial en materia de genética molecular del ácido desoxirribonucleico (ADN); dado que por auto de diecisiete los actuales se desechó de plano la demanda de amparo promovida por **********. Con transcripción del presente acuerdo, envíese oficio a la autoridad oficiante para su conocimiento.
- Principal
Visto el escrito de cuenta así como de las constancias que obran en el expediente, se advierte una causal de improcedencia y, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda. Este juzgador federal estima que en el presente juicio de amparo se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia que deriva de la adminiculación de las fracciones XIII, XIV y XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, la que consiste en que el juicio constitucional es improcedente en caso de que el acto reclamado sea una consecuencia de otro acto precedente que se repute consentido por la parte peticionaria del amparo, por no haberlo controvertido. El artículo 61, fracciones XIII, XIV y XXIII, establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley De lo anterior, se colige que el juicio de amparo resulta improcedente cuando se endereza contra actos derivados de otros consentidos; y que los supuestos para que opere la causal de que se trata, son la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa de aquel. Es aplicable al caso, el criterio aislado emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia número 19 contenida en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, los supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél En la inteligencia de que, para establecer la actualización de la causal de improcedencia de que se trata, no es obstáculo que haya necesidad de fijar los alcances del acto que se estima consentido a fin de determinar si el acto reclamado es o no consecuencia del mismo, puesto que supone la existencia de una relación necesaria de causa a efecto entre dos o más actos de autoridad y, lógico es que siempre que se plantee en un juicio de amparo, deban analizarse dichos actos en cuanto a su contenido y alcance jurídico, para estar en posibilidad de determinar si los reclamados son o no consecuencia de los que se estiman consentidos, ya que de lo contrario, nunca operaría la referida causal de improcedencia. Es de exacta aplicación a los razonamientos de previa exposición, el criterio aislado emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sobre el particular establece: ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. Las causas que determinan la improcedencia del juicio de amparo deben estudiarse previamente, por ser de orden público, y no importa que en el caso haya necesidad de fijar los alcances del acto que se estima consentido a fin de determinar si los actos reclamados son o no consecuencia del mismo, pues la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo, supone la existencia de una relación necesaria de causa a efecto entre dos o más actos de autoridad, y lógico es que siempre que se plantee en un juicio de garantías, deban analizarse dichos actos en cuanto a su contenido y alcance jurídico, para estar en posibilidad de determinar si los reclamados son o no consecuencia de los que se estiman consentidos. De lo contrario, nunca operaría la referida causal de improcedencia Sentado lo anterior, debe decirse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que para tener por consentido un acto de autoridad, es necesario que dicho acto exista, que le produzca un agravio al gobernado en su esfera jurídica y que este se haya conformado expresamente con él o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. En la inteligencia de que el consentimiento puede ser expreso o tácito, según las siguientes proposiciones: 1) Hay consentimiento expreso del acto, cuando directamente se exterioriza que se está de acuerdo o conforme con dicho acto; 2) Hay consentimiento expreso, también del acto, cuando media una manifestación de voluntad que entrañe ese consentimiento; y 3) Hay consentimiento tácito del acto cuando no se impugna a través de la acción constitucional y dentro de los términos que se conceden para ello. Por otra parte, las condiciones necesarias para reputar a un acto como derivado de otro consentido, son precisamente, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquel. Es aplicable al caso, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad Ahora bien, la parte quejosa reclama en esta instancia constitucional la resolución de nueve de septiembre de dos mil diecinueve dictada en el expediente F-1645/2019 del Juzgado Civil Especializado en Materia Familiar de esta ciudad, en la que se ordenó a la Fiscalía General del estado de Guanajuato designara perito en materia de genética para que determine si el quejoso es padre biológico del menor C.A.P.A. Del acta de audiencia del juicio F1645/2019 (fojas 60 y 61), que obra en las constancias que fueron remitidas por la autoridad responsable, así como del hecho número V del escrito de cuenta, se advierte que en audiencia de siete de agosto de dos mil diecinueve, el juez responsable admitió como prueba de la parte actora la pericial en ADN y ordenó girar oficio al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de este municipio para que se le practicara un estudio socioeconómico a la actora y se determinara si ésta carecía de recursos económicos para cubrir la prueba pericial en ADN, suspendiéndose la audiencia preliminar, hasta que se contara con el resultado de dicho estudio; sin que se hubiere impugnado con medio de defensa alguno. Por tanto, es evidente que el auto de siete de agosto de dos mil diecinueve, ya le causaba perjuicio al quejoso, al haberse admitido una prueba pericial en ADN en su contra, de ahí que, la determinación reclamada en esta instancia constitucional de nueve de septiembre de dos mil diecinueve, por la cual se ordenó a la Fiscalía General del estado de Guanajuato para que designara un especialista en materia de genética para que determine si el quejoso es padre biológico del menor C.A.P.A., es una consecuencia directa de lo acordado en audiencia de siete de agosto del presente año, donde se admitió la prueba pericial en ADN. En ese sentido, si no se promovió amparo indirecto contra la audiencia de siete de agosto de dos mil diecinueve, tal resolución adquiere firmeza al ser consentida tácitamente; por tanto, si con posterioridad el juez ordenó a la Fiscalía General del estado de Guanajuato para que designara un especialista en materia de genética, y contra ella se ejercita juicio de amparo, como sucede en el caso, el juicio de amparo es notoriamente improcedente, pues dicho auto, es una consecuencia directa y necesaria de lo ordenado en la audiencia de siete de agosto de año en curso. Sin que obste la manifestación del quejoso, en el escrito de cuenta, que la fecha en que se admitió la prueba pericial en materia de genética molecular (ADN) y la fecha de notificación de dicho acuerdo, fue el nueve y diez de septiembre del año en curso, respectivamente; toda vez que, como ya se hizo referencia, del acta de audiencia celebrada el siete de agosto de dos mil diecinueve en el juicio F1645/2019, en la que incluso, estuvo representado por su mandatario judicial, se advierte que en ella se admitió la prueba mencionada, y lo único que se reservó fue su desahogo, hasta en tanto se recabara el estudio socioeconómico. En ese orden de ideas, es evidente, que al haber consentido tácitamente el auto de siete de agosto de dos mil diecinueve, lo reclamado en esta instancia constituye una consecuencia y necesaria de lo ordenado en la audiencia de siete de agosto de año en curso, de ahí, que se justifique la actualización de la causa de improcedencia en análisis. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia de referencia se desecha de plano la demanda planteada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio suscrito por la jueza interina de Partido Civil especializada en Materia Familiar, en esta ciudad, mediante el cual cumple el requerimiento hecho por auto de cuatro de los actuales y remite copia certificada del expediente ********************. Toda vez que está transcurriendo el término concedido al quejoso para que desahogue la prevención realizada en acuerdo de cuatro de octubre del presente año, se reserva pronunciamiento respecto al presente asunto.
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