Jose de Jesus Ramirez Carretero
Expediente 1112/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1112/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Jose de Jesus Ramirez Carretero
Actuaciones
- Principal
Xalapa, Veracruz, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha fenecido el término de cinco días que la ley prevé para la interposición del recurso de queja contra el auto de siete de los corrientes del año en curso, en el cual se desechó de plano la demanda; en consecuencia con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívense las actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21, fracción b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse desechado la demanda de amparo. Asimismo, una vez cumplidos tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá destruirse con posterioridad al DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Notifíquese por lista de acuerdos.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, siete de noviembre de dos mil veintidós. EXHORTACIÓN Conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes a realizar lo siguiente: I. Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y II. En la siguiente actuación en la que intervengan, propongan medios de contacto para entablar comunicaciones no procesales, como correos electrónicos, servicios de mensajería instantánea y números telefónicos. DEMANDA DE AMPARO Ahora bien, vista la demanda de amparo promovida por *** contra el acto que reclama de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad. Al respecto, se acuerda: FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE bajo el número 1112/2022-6-A. PRECISIÓN Y NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD"; y la tesis aislada P. VI/2004 al rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO"; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que la solicitante de amparo expuso hechos, bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenido siguientes: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". La suscrita advierte que el promovente de amparo reclama, lo siguiente: La omisión de dar contestación al escrito presentado ante la responsable el cinco de septiembre de dos mil veintidós, en el que solicitó información a la autoridad responsable Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, sobre el seguimiento que le ha dado al trámite de pago de seguro institucional con motivo de su invalidez total y permanente. DETERMINACIÓN SOBRE LA DEMANDA DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Lo anterior establece que la suscrita tiene la obligación de estudiar la demanda de garantías y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, sin suspender el acto reclamado, por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto; de tal modo que, aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al respecto, la suscrita advierte que es manifiesta e indudable la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con la fracción I del artículo 5°, ambos de la Ley de Amparo, en virtud que no produce una afectación real y actual a la promovente, por los motivos que más adelante se expondrán. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Por su parte, el artículo 5°, fracción I, de la referida Ley de Amparo dispone: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." De los numerales 61, fracción XII, en relación con la fracción I del artículo 5°, ambos de la Ley de Amparo, se deduce que el ejercicio de la vía constitucional compete a quien perjudique el acto u omisión o ley que reclama. Así, de la interpretación del artículo 107, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo puede promoverse por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, o en su caso, por aquella que tenga un interés cualificado respecto de la constitucionalidad de los actos reclamados, interés que proviene de la afectación a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia. Esta concepción constitucional fue plasmada en la fracción I, del artículo 5° de la Ley de Amparo, que dispone que tiene el carácter de quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, previstos en el artículo 1° de la ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Precisado lo anterior, en atención a la naturaleza del acto reclamado en estudio se destaca que el artículo 8 Constitucional prevé: "Artículo 8°. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." El numeral transcrito consagra el derecho de petición, cuyo titular es el gobernado en general, y significa la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad a formular una solicitud por escrito, ya sea de carácter administrativo, acción, recurso, etcétera, por virtud de la cual el Estado y sus autoridades, es decir, sus funcionarios y empleados tienen como obligación emitir una respuesta de forma escrita, la cual debe ser dada a conocer en breve término. Así, el derecho de pedir se constituye como la potestad de acudir a las autoridades del Estado con el fin que éstas intervengan para hacer cumplir la ley, con la correlativa obligación de dictar un acuerdo escrito a la solicitud o petición que el gobernado les presente. Asimismo, el derecho establecido en el precepto constitucional tiende a asegurar un proveído sobre lo que se pide; es decir, impone a las autoridades la obligación de dictar a toda petición hecha por escrito, esté bien o mal formulada, un acuerdo, también por escrito, que debe hacerse saber en breve término al peticionario. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia XXI.1o.P.A. J/27, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, de rubro y texto siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Así, su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos siguientes: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición y la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos, sin que exista obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables al caso, y la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicada precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por otra diversa." Es menester destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha definido la expresión de "breve término" como aquél en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse, pues así lo estableció en la tesis localizada en la página 39, del tomo Tercera Parte, CXXIII, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, que establece: "PETICIÓN, DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO. La expresión "breve término" a que se refiere el artículo 8 constitucional, es aquél en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse". Por su parte, el artículo 7 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, prevé: "Artículo 7. Toda persona podrá ejercer el derecho de petición ante las autoridades del Estado, de los municipios, así como de los organismos autónomos, los cuales estarán obligados a dar respuesta escrita, motivada y fundada, en un plazo no mayor de cuarenta y cinco días hábiles. La ley regulará los casos en los que, ante el silencio de la autoridad administrativa, la respuesta a la petición se considere en sentido afirmativo." El precepto transcrito establece que la autoridad deberá contestar las peticiones de los gobernados en un lapso que no sobrepase los cuarenta y cinco días hábiles. Cobra aplicación al caso la tesis P./J.6/2019 (10ª.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "PETICIÓN. EL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PUEDE INTERPRETARSE VÁLIDAMENTE Y DE FORMA COMPLEMENTARIA CON EL ARTÍCULO 7 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PARA EXTRAER DE ÉSTE UN PARÁMETRO MÁXIMO A FIN DE QUE LAS AUTORIDADES ESTATALES, MUNICIPALES Y LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA ATIENDAN AQUEL DERECHO HUMANO. El artículo 7 citado, que fija el plazo máximo de 45 días hábiles para que las autoridades del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, sus Municipios y los organismos autónomos de esa entidad federativa den respuesta escrita, fundada y motivada a las instancias que les sean elevadas en ejercicio del derecho de petición, puede interpretarse válidamente y de forma complementaria con el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para extraer de aquél un parámetro máximo a fin de que dichas autoridades atiendan el derecho humano de petición, ya que la disposición estatal, mencionada, resulta ser una norma emitida por una autoridad que tiene facultades legislativas, de naturaleza coincidente, además de que no afecta la esfera de competencia que corresponde a las autoridades de otro orden jurídico, y sin restringir ni suspender el derecho de petición, pues generó -en principio y considerado en abstracto- un beneficio, no un perjuicio para las personas, al acotar el margen temporal de actuación de los entes obligados a observarla (hasta antes indefinido legislativamente) a un plazo máximo para que den respuesta, escrita, fundada y motivada a las peticiones que se les formulen, lo que no implica un lineamiento para que se dé respuesta en los términos señalados hasta el término de ese plazo máximo, el cual es un parámetro que constituye un límite formal y materialmente legislativo, a la dilación mayor que puede tener una autoridad de los órdenes sobre los que incide la previsión constitucional estatal en torno a la cual gira la presente contradicción de tesis, pero no es equiparable al "breve término" a que se refiere el artículo 8o. de la Ley Fundamental. Esto es, pese a que válidamente en el plano de legalidad sí pueda efectuarse la interpretación complementaria de ambas normas constitucionales (federal y estatal), no puede equipararse ese plazo máximo al concepto de "breve término" de la Constitución Federal, porque éste genera la necesidad de una eventual ponderación judicial en cada caso concreto, que debe llevarse a cabo por el juzgador federal respectivo (de primera o de segunda instancia) que conoce y debe resolver el juicio de amparo en que, en su caso, se reclama la violación al derecho humano de petición, destacándose que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reafirma que el concepto indicado es "aquel en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse", sustentado por la Segunda Sala del Alto Tribunal desde la Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación." De igual forma, tesis P./J.5/2019 (10ª.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: "PETICIÓN. LA EMISIÓN DEL ARTÍCULO 7 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, QUE FIJA EL PLAZO MÁXIMO DE 45 DÍAS HÁBILES PARA QUE LAS AUTORIDADES DE ESE ESTADO, SUS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEN RESPUESTA ESCRITA, FUNDADA Y MOTIVADA A LAS INSTANCIAS QUE LES SEAN ELEVADAS EN EJERCICIO DE AQUEL DERECHO HUMANO, SE SUSTENTA EN FACULTADES DE NATURALEZA COINCIDENTE. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación retoma lo que ponderó en las ejecutorias relativas a las controversias constitucionales 31/97 y 14/2001, a la contradicción de tesis 350/2009, y a la acción de inconstitucionalidad 87/2015, respecto de los alcances e implicaciones del federalismo, de la diversidad y del pluralismo, inclusive en el ámbito de los derechos humanos, en lo que concierne a la definición de los niveles de protección de las normas sobre derechos y libertades, así como respecto a que los niveles de protección de los derechos humanos garantizados localmente podrían diferenciarse e, incluso, ampliarse sin coincidir necesariamente y en idénticos términos a los de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, teniendo en cuenta que, en esa materia, las entidades federativas gozan de un margen decisorio, al estar acotadas a actuar sin rebasar los principios rectores previstos en la Constitución Federal, ya sea en perjuicio de los gobernados, por violación a derechos humanos, o afectando la esfera de competencia que corresponde a las autoridades de otro orden jurídico, así como a que, dadas las características normativas de los derechos fundamentales, éstos se representan primeramente a través de principios o mandatos de optimización. A partir de ello, se concluye que el Constituyente del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave tiene facultades legislativas, de naturaleza coincidente, para emitir el artículo 7 de la Constitución Política de esa entidad, que fija el plazo máximo de 45 días hábiles a fin de que las autoridades de ese Estado, de sus Municipios y de los organismos autónomos locales, den respuesta escrita, fundada y motivada a toda persona que ejerza el derecho de petición ante ellas (a que alude el artículo 8o. de la Constitución General de la República), porque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en ninguno de sus dispositivos jurídicos reserva al orden jurídico constitucional, o al parcial federal, ni a algún otro, la posibilidad de regular sobre el particular, de modo que, en principio, las entidades federativas pueden emitir una ley al respecto (sin invadir la esfera de algún otro orden jurídico parcial), además de que con ello no se estableció ninguna restricción ni suspensión del derecho de petición, sino que se generó -en principio y considerado en abstracto- un beneficio y no un perjuicio para las personas, al acotar el margen temporal de actuación de las autoridades de ese Estado, de sus Municipios y de sus organismos autónomos (hasta antes indefinido legislativamente) a un plazo máximo para que den respuesta escrita, fundada y motivada a las peticiones que se les formulen, sin que esa previsión de orden constitucional local llegue al grado de definir el concepto de "breve término" a que se refiere el artículo 8o. citado. Luego, incluso si se analizara la norma local al tenor del artículo 1o. de la Carta Magna, en su vigencia actual, resultaría correcta, pues al final fue emitida en aras de proteger y garantizar el derecho humano de petición en el ámbito de competencia de la autoridad que la emitió." Precisado lo anterior, si en la especie el acto reclamado es la omisión de dar contestación al escrito presentado ante la responsable el cinco de septiembre de dos mil veintidós, en el que solicitó información a la autoridad responsable Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, sobre el seguimiento que le ha dado al trámite de pago de seguro institucional con motivo de su invalidez total y permanente, la acción de amparo deviene improcedente porque la supuesta omisión atribuida a las autoridades responsables ni siquiera se ha materializado, pues si su petición la realizó en la mencionada data, es inconcuso que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo -por buzón judicial el tres de noviembre del año en curso-, se encontraba transcurriendo el término de cuarenta y cinco días hábiles con que los que cuentan las autoridades para dar respuesta a la petición formulada, siendo por ello improcedente el amparo. Lo anterior es así, pues tomando como referencia el acuse de recibo del escrito de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, del que se desprende el sello de la Oficina de Control de la Gestión de la Secretaría de Educación de Veracruz, se advierte que a partir de esa fecha (cinco de septiembre de dos mil veintidós) al momento de la presentación de la demanda (tres de noviembre de la presente anualidad) únicamente han transcurrido treinta y cinco días hábiles. En la inteligencia que para realizar el cómputo correspondiente, deben descontarse los días diez, once, diecisiete, dieciocho, veinticuatro, veinticinco de septiembre, uno, dos, ocho, nueve, quince, dieciséis, veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de octubre de la presente anualidad, por ser sábados y domingos, así como quince y dieciséis de septiembre, veintiuno de octubre, y uno y dos de noviembre del año en curso, por ser inhábiles. De ahí que, como ya se expuso, a la fecha de la presentación de la demanda e incluso a la data en que se actúa, aún no transcurre el término de cuarenta y cinco días hábiles, para que la autoridad responsable de contestación a la petición que le fue formulada, o bien, realicen la solicitud referida. Por todo lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en en el artículo 61, fracción Xll, en relación con la fracción I del numeral 5°, ambos de la Ley de la Materia. DOMICILIO. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, la lista de acuerdos, por así haberlo solicitado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley d Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza el uso de escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar para copiar o reproducir los acuerdos, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Actuario del juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. DEPURACIÓN. Al concluirse este juicio se procederá conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese por lista de acuerdos a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma electrónicamente la licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistida de Pablo Alberto Ochoa Blanco, Secretario que autoriza y da fe.
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