José de Jesús Carreto de la Fuente
Expediente 34/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 7 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 34/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 07/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- José de Jesús Carreto de la Fuente
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, siete de diciembre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por el quejoso ********, mediante el cual solicita se le expida copia certificada de todo lo actuado en el expediente en que se actúa; al respecto, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo, se acuerda favorable su petición, por lo que expídasele las copias certificadas que solicita y autorizando para recibirlas a las personas que indica en el de cuenta. Notifíquese por lista de acuerdos.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, diez de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha fenecido el término de cinco días que la ley prevé para la interposición del recurso de queja en contra del auto de veintiocho de febrero de la presente anualidad, en el cual se desechó la demanda que dio origen a los presentes autos; en consecuencia con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo y archívense las actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21, fracción b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse desechado la demanda que dio origen a los presentes autos. Asimismo, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá destruirse con posterioridad al DIEZ DE MARZO DE DOS MIL VEINTICINCO. En relación a los cuadernos incidentales, en cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso a), del precitado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración al haberse concedido la suspensión provisional del acto reclamado por lo que una vez transcurridos más de tres años se procederá a la DEPURACION del mismo; en el entendido de que se procederá para tal efecto con posterioridad al DIEZ DE MARZO DE DOS MIL VEINTICINCO. En cumplimiento al artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General en comento, resulta procedente decretar que el duplicado del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN al existir el original del incidente de suspensión, por lo que una vez transcurridos seis meses se procederá a la destrucción del mismo; por tanto, agréguese copia certificada de este proveído a los cuadernos incidentales. Finalmente, el presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Notifíquese por lista de acuerdos a la parte quejosa.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, uno de febrero de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio número 3004, signado por la Secretaria Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, a través del cual remite, en atención a lo acordado en proveído de veinticuatro de enero del año en curso, remite los incidentes de suspensión relativos al juicio de amparo 656/2021, de su índice, con las debidas formalidades; al respecto, asígnenseles las correspondientes carátulas de identificación, y provéase sobre su destino, una vez que cause estado el auto de veintiocho de enero pasado. Cúmplase.Así lo proveyó y firma electrónicamente la licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el licenciado Julio César López Céspedes, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
ACTUARIO.- SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintiocho de enero de dos mil veintidós. Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por José de Jesús Carreto de la Fuente, visto su contenido y en atención al mismo, en tiempo y forma se tiene por desahogado el requerimiento que le fue formulado mediante proveído de diecisiete de enero de dos mil veintiuno, por lo que provéase lo conducente respecto de la demanda de amparo promovida contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, la cual fue registrada bajo el número 34/2022-IIA. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa así como el escrito aclaratorio, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la Jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.";1 y la tesis de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.";2 que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; 1 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, abril 2000, Tomo XI, página 32, con número de registro 192097. 2 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, abril 2004, Tomo XIX, página 255, con número de registro 181810. se advierte que el solicitante del amparo expuso los hechos bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito,3 de rubro y contenidos siguientes: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". (Lo subrayado es propio). ACTO RECLAMADO. Lo hace consistir el quejoso en lo siguiente: - La interlocutoria de treinta de junio de dos mil veinte, dictada por el Juez Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, dentro del juicio ejecutivo mercantil 1311/2018, a través de la cual se declara improcedente el incidente de falsedad de documento promovido por el aquí quejoso José de Jesús Carreto de la Fuente. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. El artículo 113 de la Ley de Amparo, a letra dispone: 3 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, septiembre de 2007, tomo XXVI, página 2613, con número de registro 171389. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la interpretación de dicho precepto, se colige que el órgano de amparo examinará la demanda y la desechará de plano si advierte una causa manifiesta e indudable de improcedencia, en ese aspecto, lo manifiesto se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta, de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal modo que, aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En relación con lo expresado, cobra aplicación, la jurisprudencia que sustenta el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo epígrafe dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." 4 En la especie, de oficio, el suscrito advierte que, respecto del acto reclamado antes descrito, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "ARTÍCULO 107.- El amparo indirecto es procedente: (.) 4 Página 730, Tomo X, septiembre de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta V.- Contra actos en juicios cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.)" Así, el primero de los preceptos transcritos prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando, además de los motivos establecidos en las veintidós fracciones del numeral 61, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o la propia Ley de Amparo, señalen esa circunstancia. Ahora bien, por actos que tengan una ejecución de imposible reparación debe entenderse aquellos que de una manera inmediata lesionen el interés de una de las partes en el juicio que perdure cualquiera que sea el sentido de la resolución definitiva que se pronuncie en éste o bien, haga imposible la prosecución del procedimiento, es decir, que cause a una de las partes un agravio no reparable al momento de emitirse el fallo que, de ser el caso, le ponga fin. En otras palabras, por actos de imposible reparación para los fines de determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, debemos atender a aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, o que afecten de modo directo o inmediato derechos sustantivos consignados en la Constitución Federal, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del procedimiento del que se derivan tales actos procesales, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera; esto en razón de los daños y perjuicios que pudieran resentir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que se trate, lo que implica, además, la imposibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Es decir, los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. Cuestión que se robustece, considerando que, en todo procedimiento judicial, por su propia naturaleza, se requiere la realización de diversos actos procesales que, si bien, pueden causar molestia a las partes (como el tiempo que se demore en resolverse la controversia en el órgano jurisdiccional), aquéllas se encuentran obligadas a soportarlas, pues constitucionalmente se establece el acceso a la tutela judicial, como la prerrogativa para que los particulares puedan hacer valer sus derechos y exigir justicia. Así, dichas afectaciones, no constituyen un elemento de irreparabilidad de los actos procesales, pues de ser así, cualquier acto de esa naturaleza, que representara un inconveniente a los intereses de las partes, podría ser reclamado en la vía indirecta del juicio constitucional, cuestión que entorpecería la tramitación del procedimiento correspondiente, impidiendo la prontitud y expeditez de la impartición de justicia. En apoyo de lo anterior, se cita la jurisprudencia I.5o.C. J/29, del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, registro 218725, de rubro y texto: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LA CONSTITUYE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO. La dedicación de tiempo y las molestias que se causan a las partes con motivo de la tramitación de un procedimiento judicial, no están contempladas como elementos que determinen la irreparabilidad de los actos procesales, ya que de ser esto así, ninguna persona podría iniciar un juicio contra otra, dado que su tramitación obliga a la contraria a destinar parte de su tiempo y a tolerar ciertas molestias ocasionadas por la realización de los actos procesales. Por lo tanto, no puede considerarse al procedimiento judicial como acto de imposible reparación, a pesar de que el tiempo destinado a atenderlo por la parte afectada y las molestias que a ésta se le ocasionan con dicha tramitación, no sean susceptibles de resarcírsele, pues al ser dicho procedimiento el único medio que concede la Constitución Federal a los particulares, para solicitar justicia y hacer valer sus derechos, necesariamente deben someterse al mismo las partes en conflicto, aunque no exista ninguna posibilidad de reponerles el tiempo que destinen al juicio, ni de subsanarles las molestias que con éste se les ocasione." De tal suerte que, la actual integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que ya no encuentran sustento, conforme a la Ley de Amparo vigente, las violaciones procesales de grado predominante o superior, pues ello provenía de la interpretación que la legislación abrogada permitía realizar en torno a la definición de actos de imposible reparación; sin embargo, ello fue limitado expresamente por el legislador en el texto actual del ordenamiento en cita, de ahí que si el acto reclamado no afecta materialmente derechos sustantivos, el juicio biinstancial resulta improcedente. En apoyo de lo anterior, se cita la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación5 , cuyo rubro establece: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Bajo ese contexto, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación", se atenderá a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente algún derecho sustantivo protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales. 5 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, junio de dos mil catorce, Tomo I, página 39. Luego, como se dijo, la parte quejosa reclama la resolución por la que se declaró improcedente el incidente de falsedad de documento promovido por el quejoso Jesús Carreto de la Fuente (demandado en el juicio natural), dictada dentro de los autos del juicio ejecutivo mercantil 1311/2018, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz. En las anotadas condiciones, se demuestra que la determinación reclamada constituye un acto de naturaleza procesal, toda vez que se emitió dentro de la tramitación del juicio ejecutivo referido, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con sede en esta ciudad; por tanto, dicho acto reclamado, dada su propia naturaleza intraprocesal, no genera contra la esfera jurídica de derechos del amparista una ejecución que sea de imposible reparación. Se dice lo anterior, porque la resolución reclamada no incide en derechos sustantivos de la parte aquí quejosa, pues no existe una afectación material ni directa de dichas prerrogativas, sino sólo, y a lo más, trasciende en sus posibilidades de defensa en juicio, pues como aquélla lo refiere, dicho procedimiento seguirá por sus subsecuentes etapas y en su oportunidad, aún puede obtener una sentencia que resulte favorable a sus intereses. Bajo ese contexto, se tiene que para la procedencia del juicio de amparo, la Ley de Amparo, establece como requisito primordial para que la acción constitucional sea ejercida, que los actos emitidos dentro de un juicio, que motiven el ejercicio de esa vía afecten materialmente a los derechos sustantivos del gobernado. Como se ve el acto reclamado no colma los atributos indispensables para tener acceso inmediato al juicio de amparo indirecto, pues como se advierte del mismo, en los términos en que fue impugnado por el quejoso, no constituye una violación de carácter irreparable, ya que sólo tiene efectos dentro del juicio planteado en su contra, pues sólo conlleva a que aquél, en su carácter de parte demandada en el juicio de origen, deba soportar las cargas procesales necesarias para la defensa de sus prerrogativas, lo que habrá desaparecido en el caso de que obtenga sentencia favorable; por ello, no se afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o algún otro contenido en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y en tales condiciones, el acto que se impugna no es de aquellos que contempla la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud de que de ningún modo otorga a la determinación impugnada, la característica de irreparabilidad para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues en este supuesto existe la posibilidad de que los efectos de aquella afectación desaparezcan en caso de que el promovente obtenga resolución favorable en el juicio natural, ya que de llegar a ocurrir esto último, es claro que tales efectos se extinguirían sin originar afectación alguna a los derechos fundamentales del quejoso. En apoyo de lo anterior, se cita por analogía al caso, el criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de su otrora Tercera Sala, con número de registro 351877 del Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto son: "FALSEDAD DE DOCUMENTOS, AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN LOS INCIDENTES DE. La interlocutoria por la cual se niega la revocación del auto que mandó formar por cuerda separada el incidente penal sobre falsedad del documento base de la acción, promovido por la parte demandada, en un juicio ejecutivo mercantil, constituye una resolución dictada dentro de juicio, y como con la misma no se afectan las partes sustanciales del procedimiento, ni se deja sin defensa al quejoso, ni su ejecución es de imposible reparación, porque en caso de que la sentencia que se dicte en el juicio, fuere desfavorable al mismo, puede reclamar las violaciones que estime cometidas en el amparo directo que interponga contra la sentencia definitiva, resulta de todo esto, que si contra dicha interlocutoria se promueve amparo indirecto, este debe estimarse improcedente. Igualmente, es aplicable por los motivos que la contienen y por analogía, la tesis VII.2o.C.64 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con registro 2020774 del Semanario Judicial de la Federación, que dispone lo siguiente: "AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA INTERLOCUTORIA QUE DECLARÓ PROCEDENTE EL INCIDENTE DE FALSEDAD DE FIRMA QUE CALZA EL ESCRITO DE CONTESTACIÓN A LA DEMANDA. De acuerdo con los artículos 107, fracción III, de la Constitución Federal y, 107, fracción V y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, cuando se trate de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación, o sea, cuando afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado la violación del derecho de que se trate. Por tanto, no pueden considerarse como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y desaparecen si el afectado obtiene una sentencia favorable. En consecuencia, la resolución que confirma la interlocutoria en la que se declaró procedente el incidente de falsedad de firma que calza el escrito de contestación a la demanda, sólo implica la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene sentencia favorable a los intereses de la parte demandada. Lo anterior es así, pues aun cuando la declaración de falsedad de firma tiene como efecto inmediato tener por confesados los hechos que no hayan sido contestados y la imposibilidad de ofrecer pruebas justificativas de las excepciones y defensas, no implica necesariamente una sentencia condenatoria, ya que el Juez como cualquier otro tribunal, tiene la obligación de analizar la procedencia de la acción y determinar si se actualizaron o no sus elementos. En tales condiciones, la resolución que confirma la interlocutoria que declaró procedente el incidente de falsedad de firma, constituye una violación procesal reclamable en amparo directo, hasta que se dicte una sentencia adversa a los intereses de la parte demandada." Por tanto, al actualizarse el motivo de improcedencia antes invocado, se desecha de plano la presente demanda con fundamento en el artículo 113 de la ley de Amparo, en relación a lo previsto en la fracción XXIII del artículo 61, concatenado al numeral 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, del propio ordenamiento, según se expuso en párrafos que anteceden. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió el licenciado Uriel Curti Espinosa, Secretario del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, encargado del despacho en términos de lo dispuesto por el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones de la titular, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal y notificada mediante oficio CCJ/ST/0046/2022, de diez de enero de dos mil veintidós, quien firma ante el licenciado Julio César López Céspedes, Secretario con quien actúa. Doy fe
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