José de Jesús Iván Rico Paredes
Expediente 399/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 399/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- José de Jesús Iván Rico Paredes
Actuaciones
- Principal
A sus autos el oficio que suscribe la secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, mediante el cual envía el testimonio de la resolución pronunciada el veintisiete de junio pasado, en el recuso queja penal número ***, en la que se declaró infundado el recurso de queja interpuesto por *******. Acúsese recibo a la superioridad. Efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y sistema correspondiente. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracciones II y III del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurra cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo.
- Principal
Por recibido el oficio que suscribe la secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, mediante el cual acusa recibo del diverso local 7796/2018 (con anexos) e informa que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto en contra de la resolución de dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, registrándose con el número 85/2018 de su índice.
- Principal
Por recibido el escrito electrónico de ***********; en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 80, 97 fracción I, inciso a), 98 y 99 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el recurso de queja que promueve, en contra del auto de dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en el numeral 101 de la legislación en cita, ríndase por separado el informe justificado al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito en turno; adjúntese el original del ocurso de cuenta y copia certificada de las constancias que sirvieron de base para la emisión del acuerdo que se recurre.
- Principal
a) Recepción de demanda y desechamiento. Vista la demanda de amparo promovida por **********, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, de conformidad con los artículos 107 y 109 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; en contra de los actos reclamado a elementos de la Policía Municipal de Apaseo el Grande, Guanajuato y otras autoridades; por violación a los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 4, 8, 14, 16, 17, 20, 21 y 73 constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo físico y digital, bajo el registro número 399/2018-A1. Ahora, acorde con el análisis integral del ocurso constitucional, se desprende que carece de evidencia criptográfica de la firma electrónica del directo quejoso -******-, lo que, con apego en los artículos 113, 61 fracción XXIII y 6° de la Ley de Amparo, obliga a desechar de plano la demanda planteada. Se explica: Del análisis integral de la demanda, se advierte una causal de improcedencia y es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y su existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Tal norma, impone la obligación al juez de distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por los promoventes o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Proceder que tiene como base constitucional lo contenido en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. En ese sentido, del análisis que se efectúa al ocurso de cuenta, con fundamento en los artículos 107 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los diversos numerales 6 y 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, acorde con el diverso ordinal invocado 113, se desecha de plano la demanda. Dichos numerales establecen lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." La interpretación sistemática de los preceptos transcritos permite concluir que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que implica que éste no puede proceder oficiosamente, sino que es necesario que alguien lo promueva, esto es, el ejercicio de la acción constitucional por quien perjudica el acto, es un presupuesto indispensable para que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado. Asimismo, conforme con lo dispuesto en el artículo 6 de la de la materia, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5 de la citada ley y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o su defensor. Ahora, dado que la demanda que se atiende se presentó mediante el sistema electrónico, necesariamente debe contar con la evidencia criptográfica de la firma electrónica del directo quejoso, sin embargo, carece de ella, esto es, no cuenta con un requisito indispensable de los escritos que en forma electrónica se presenten mediante el empleo de las tecnologías de la información. En razón de lo anterior, al no contar con la firma electrónica, debe estimarse que no existe instancia de parte agraviada, dado que no se encuentra exteriorizada la voluntad del directamente interesado en la promoción; en tanto que su firma (en este caso, electrónica FIREL), constituiría la manifestación inequívoca de la voluntad del quejoso de instar el medio de control constitucional. Sirve como criterio orientador, la tesis III.4o.T.14 K (10a.), emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en la página 2361, tomo IV, noviembre de dos mil dieciséis, número de registro 2013100, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PUEDE PROMOVERSE POR PROPIO DERECHO O EN REPRESENTACIÓN DE DIVERSA PERSONA FÍSICA, MEDIANTE EL USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL).Acorde con el artículo 3o. de la Ley de Amparo es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente; los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica conforme a la regulación que emita el Consejo de la Judicatura Federal. Así, dicho órgano administrativo y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitieron la normativa aplicable para la implementación y uso de esa herramienta en los Acuerdos Generales Conjuntos Números 1/2013 y 1/2014, en los que establecieron la posibilidad de que las demandas de amparo se recibieran por medio de la firma electrónica implementada. En tal virtud, una persona física por sí sola y por su propio derecho, puede presentar escrito de demanda de amparo, siempre y cuando cuente con la aludida firma electrónica "FIREL"; o bien, si lo hace por conducto de su apoderado especial, es necesario que acompañe copia digitalizada del documento que acredita que previamente contaba con esa capacidad jurídica, acorde con el inciso f) del artículo 12 del referido Acuerdo General Conjunto 1/2013, y adjuntarlo al escrito relativo, pues se presume que dicho documento anexo, vía electrónica, es copia íntegra e inalterada del propio documento impreso, al haber sido ingresado al sistema en uso del certificado digital "FIREL", por lo que produce los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa, en términos del artículo 10 de la ley de la materia, el cual establece que en los casos no previstos por dicha legislación, la personalidad se acreditará en la misma forma que determina la ley que rija la materia de la que emana el acto reclamado; además, de estimar lo contrario, se impediría a la quejosa el acceso a la tutela jurisdiccional que puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión". Por tanto, incumple con lo dispuesto por los artículos 6 y 108 de la Ley de Amparo, por ser una formalidad esencial que denota la voluntad de quien pretende dar noticia de un hecho que considera violatorio de su derechos humanos. Ello, porque la firma entraña la manifestación de voluntad, esto es, es una formalidad indispensable para accionar al órgano jurisdiccional, así como para determinar la autenticidad de la propia demanda. Lo que trae como consecuencia que un documento sin firma carezca de la expresión de la voluntad. Por lo que si el juicio de amparo se sigue siempre por quien causa agravio el acto tildado de inconstitucional, pero con la manifestación de su voluntad para activar la maquinaria jurisdiccional, y en el caso no se cuenta con la exteriorización de ese acto volitivo, la demanda de amparo resulta notoriamente improcedente, por lo que conforme con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6 de la citada ley, procede desecharla de plano. Sirve de apoyo a lo anterior, por las consideraciones que ahí expone, la tesis emitida por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de la Novena Época, con número de registro 171799, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Agosto de 2007, página 1613, que señala lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE TENERSE POR NO INTERPUESTA CUANDO EL ESCRITO RELATIVO NO SE ENCUENTRE FIRMADO POR EL QUE APARECE COMO PROMOVENTE, SIN TENER QUE PREVENIRLO PARA QUE LA FIRME. El artículo 4o. de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías puede promoverse sólo por la parte a quien perjudique el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña, en los casos en que la ley lo permita expresamente. En esos términos, si el escrito de demanda no contiene la firma de la persona que aparece como promovente, debe considerarse que la acción constitucional no se ha ejercitado, pues la firma es el conjunto de signos manuscritos a través de los cuales las personas expresan su voluntad de realizar determinado acto en forma escrita y con ella se acredita la autoría del documento, siendo indispensable para dar validez a cualquier actuación escrita. Por consiguiente, la ausencia de firma en el escrito de demanda equivale a la falta de voluntad para promover el juicio de amparo y, entonces, no debe, incluso, prevenirse al señalado como promovente para que estampe su firma, pues, además, ésta no entraña uno de los requisitos de forma a que se refiere el artículo 116 de la legislación de la materia, que pueda regularizarse en términos del diverso 146, sino un presupuesto de existencia del ejercicio de la acción, cuya ausencia no conduce siquiera a desechar por improcedente la demanda, pues no puede desecharse lo que no existe, sino a tenerla por no interpuesta ante la falta de expresión de la voluntad del que aparece como promovente." De igual forma, es aplicable a lo anterior por las consideraciones que expone, la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, de la Décima Época, con número de registro 2009142, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo III, página 2154, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN LOS BUZONES JUDICIALES DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO DE PLANO SI CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 32/2011 (10a.)]. En el caso específico del depósito de documentos en los Buzones Judiciales de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, para la recepción de asuntos nuevos y promociones de término que no tengan el carácter de urgentes en horario nocturno, es inconcuso que, al operar fuera del horario de oficina, no obra intervención alguna por el personal adscrito para poder revisar y denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, o bien, para asentar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente, conforme al Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el 17 de mayo de 2011 en el Diario Oficial de la Federación. Por esta razón, la obligación de verificar que los asuntos y promociones depositados estén debidamente firmados, integrados y dirigidos a los Tribunales de Circuito o Juzgados de Distrito a los que presta servicio la Oficina de Correspondencia Común de que se trate, recae en los usuarios de dichos buzones. En consecuencia, si el Juez de Distrito que recibe la demanda de amparo presentada en los Buzones Judiciales advierte que carece de firma autógrafa, requisito sine qua non que manifiesta la voluntad de quien suscribe el documento y que no es susceptible de ser sobrentendida ni inferirse a través de la búsqueda o deducción de la presentación de la demanda, debe desecharla de plano, por existir una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, en esta hipótesis es inaplicable la jurisprudencia 2a./J. 32/2011 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro IV, Tomo 4, enero de 2012, página 3632, de rubro: "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA." De ahí que en el particular, al no contener firma electrónica la demanda de amparo promovida por ******, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia que deviene de relacionar el artículo 107 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los diversos numerales 6 y 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda. Consecuentemente, si los actos reclamados antes referidos, afectan la esfera jurídica de ***********, correspondía a su persona firmar la demanda, lo que se reitera no acontece. Sin que pase inadvertida la circunstancia de que al imprimirse el escrito de demanda condigno del sistema electrónico de seguimiento de expedientes, obre una evidencia criptográfica -transacción- del que se desprende el archivo firmado electrónicamente por **********, quien figura como autorizado en términos amplios de la ley de amparo, por parte del quejoso directo, no obstante, del actual y cuidadosa lectura de la demanda de cuenta no se advierte que su mandante se se encuentre imposibilitado para promover el amparo, acorde con lo establecido con el artículo 15 de la Ley de Amparo, y así tercera persona, al caso el nombrado autorizado, promueva y firme el reclamo de derechos fundamentales condigno. Ahora, si bien el agraviado directo señala dolerse de lesiones y de amenazas de desaparición forzada lo que en un primer momento en términos del invocado ordinal 15 que la demanda de amparo pueda promoverla cualquier otra persona en nombre del agraviado directo sin embargo, no se da la hipótesis condicionante para que ello acontezca, esto es: "y el agraviado se encuentre imposibilitado para promovente el amparo.", entonces se reitera no se encuentra plasmada la voluntad de ********** para instar la acción constitucional en demanda de sus derechos fundamentales. Eventualidad, por cuanto a la ausencia de la firma electrónica del directo quejoso, que no puede considerarse como una "irregularidad" de la demanda, en los términos previstos por el artículo 114 de la Ley de Amparo; ya que debe tomarse en cuenta que el artículo 6 de la ley de la materia, como se dijo, dispone que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la norma general que se reclama, por consiguiente, el juicio constitucional únicamente se sigue a instancia de parte y, por ello, todo escrito presentado en el procedimiento debe ser firmado por su autor o autores, sobre todo el escrito de demanda que da origen al juicio, constituyendo esto un requisito esencial por ser la expresión de la voluntad del accionante, puesto que un escrito que carece de firma del agraviado directo, debe ser considerado como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad alguna. Por ende, la ausencia de expresar su voluntad para la promoción del juicio de amparo, por parte del quejoso directo, no obliga al órgano jurisdiccional a realizar acto procesal alguno tendente a darle curso legal, ya que conforme a lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Amparo, solo es dable para la satisfacción de los requisitos exigidos por el numeral 108 de la Ley de la materia, o falta de copias en términos del arábigo 110 del cuerpo de leyes invocado, no así por la ausencia de voluntad del directo quejoso para promover la demanda, que se evidenciaría a través del signo inequívoco de su voluntad, esto es, su firma. Por lo tanto, el afectado **********, es quién en su caso deberá hacer valer los medios de impugnación que estime convenientes; pues de la lectura integral de la demanda, se insiste, no se desprende que se encuentre imposibilitado para ello. B) Domicilio. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio procesal para recibir notificaciones en la Dirección Electrónica dada de alta en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el registrado bajo el número de usuario "***". C) Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Se faculta al actuario de la adscripción para que de ser necesario proceda a llevar las notificaciones del presente auto y de los subsecuentes en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria la ley de la materia. D) Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
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