José de Jesús Hernández Olvera

Expediente 977/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 1 actuación registrada, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
977/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • José de Jesús Hernández Olvera

Actuaciones

  1. Principal

    Recepción de incompetencia. Por recibido el oficio de la secretaria adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito, al que se adjuntó: Oficio 4309/2023, firmado por la Jueza de Oralidad Laboral de la Región III, con sede en esta ciudad, por el cual remitió escrito de presentación, original y dos copias de la demanda de amparo con certificación promovida por **********, por propio derecho. Oficio 4310/2023 relativo al informe justificado de la autoridad responsable. Constancias de notificación a las partes. Fórmese expediente y regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), con el número 977/2023-3. Integración de expediente. En términos del artículo 252, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se instruye a todo del personal del Juzgado que tenga intervención en la integración del presente expediente: oficiales judiciales, actuarios y secretarios, para que en el ámbito de las funciones que a cada uno de estos puestos corresponda, lleven a cabo la correcta integración del expediente electrónico, cuidando que hayan sido debidamente incorporados cada promoción, documento, actuaciones y constancias de notificación; lo anterior, a fin de que se encuentre debidamente integrado desde la radicación del presente asunto hasta su conclusión. En ese orden de ideas, en términos de lo dispuesto en el artículo 181 del referido Acuerdo General, se puntualiza que la oficial judicial "A" adscrita a este órgano jurisdiccional, deberá capturar y registrar los datos e información relacionada con el seguimiento procesal conforme al trámite del asunto. Para tal efecto, conforme a lo establecido en el artículo 185 de la normatividad invocada, se instruye al secretario de Juzgado adscrito que lleva el trámite de este expediente para que, de acuerdo al nuevo esquema de trabajo en los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, supervise en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes el registro diario de movimientos, de tal forma que asegure la permanente actualización y veracidad de la información capturada. Precisión preliminar. Ahora, del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa, preliminarmente señaló como acto reclamado y autoridad responsable, como continuación se indica: Autoridades responsables: Actos reclamados: 1. Jueza Laboral adscrita al Tribunal Laboral Regional, con en esta ciudad. 2. Secretaria de Instrucción adscrita al Tribunal Laboral Regional de esta ciudad. a. El auto de dieciocho de octubre, en el que, a petición del trabajador -aquí quejoso-, se requirió a la parte patronal para que proceda a realizar el pago de la cantidad de sesenta y siete mil setecientos noventa pesos con setenta y cuatro centavos, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se despachará auto de requerimiento de pago y embargo. Competencia de este juzgado para conocer del asunto y acuse de recibo correspondiente. Ahora, del comunicado de cuenta se advierte que el tribunal oficiante remitió la demanda de amparo presentada por **********, por propio derecho, al juez de Distrito en turno en el estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, al estimar que carece de competencia legal para atender del mismo. Lo anterior, puesto que la parte quejosa acude a solicitar la protección federal y reclama la resolución interlocutoria que declara fundado el incidente de oposición a ejecución de convenio sobre pago de prestaciones en juicio laboral en el que la quejosa es parte actora-trabajadora, dentro del expediente L-0570/2023-I. Determinación que no constituye sentencia definitiva ni resolución que hubiese puesto fin a la controversia de origen, por lo que no se surte competencia legal a su favor, de conformidad con lo establecido en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo. En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de la materia, este juzgado federal se avoca al conocimiento de la demanda de amparo, fórmese expediente y regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), bajo el consecutivo 977/2023-3. Acúsese recibo a la superioridad a través del Sistema de Seguimiento de Expedientes y recábese la constancia electrónica que evidencie su envío. Desechamiento Ahora del análisis integral de la demanda, se advierte una causal de improcedencia respecto del acto reclamado reclamado. El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Tal norma, impone la obligación al juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. En ese sentido, del análisis que se efectúa a la demanda y de las constancias del juicio ordinario laboral L-0570/2023-I del índice del Tribunal Laboral Regional con sede en esta ciudad, es dable desechar de plano la demanda al actualizarse una causal de improcedencia. A fin de clarificar lo anterior, se enuncian los antecedentes que se obtienen de la demanda y de las constancias: El tres de marzo de dos mil veintitrés, el aquí quejoso y la -eventual- tercera interesada, en su carácter de trabajador y patrona respectivamente, celebraron un convenio ante el Centro de Conciliación Laboral en el que acordaron sobre las prestaciones a que aquélla tiene derecho; y ésta se obligó a pagarlas; concretamente, la cantidad de ochenta y cinco mil pesos en una sola exhibición. Tal acto fue elevado a la categoría de cosa juzgada acorde con la cláusula séptima y el artículo 684-E, fracción XIII, de la Ley Federal del Trabajo. En cumplimiento de lo anterior, la demandada entregó al trabajador el veintiuno de abril siguiente, dos cheques "de caja", por las cantidades de $67,790.74 (sesenta y siete mil setecientos noventa pesos 74/100) y diecisiete mil doscientos nueve pesos 26/100. Lo anterior se efectúo en el propio centro de Conciliación. Ante la imposibilidad de hacer efectivo el primero de los dos documentos en la institución de crédito, el actor solicitó la ejecución mediante auto de requerimiento de pago y embargo, el cual fue radicado el nueve de mayo del presente año, ordenándose tal ejecución. El dos de junio pasado se practicó la diligencia en la que se embargaron bienes muebles de la demandada. Inconforme con lo anterior, la demandada interpuso incidente de oposición a la ejecución de convenio. Las razones aducidas fueron, en lo medular, que sí entregó los dos cheques "de caja" y si uno de ellos no fue posible cobrarse, fue por causas atribuibles al propio actor (la institución de crédito manifestó que se efectuó una "autenticación de huella no exitosa"). La incidencia fue admitida a trámite y, seguida por su cauce legal, el tres de octubre de dos mil veintitrés, se dictó resolución interlocutoria declarándola procedente. En lo que interesa se asentó: "Se establece que la problemática a resolver se reduce a determinar si es imputable a Controladora Mabe S.A. de C.V. el hecho de que el promovente José Jesús Hernández Olvera, no pudo hacer efectivo el cheque entregado por la moral con motivo del pago al que se obligó mediante convenio celebrado el 3 de marzo de 2023 y como consecuencia de lo anterior, se prosiga con el procedimiento de ejecución iniciado." En torno a ello, constató que la falta de cobro se debió a una cuestión entre la institución bancaria y el trabajador, no así por falta o insuficiencia de fondos de la patronal. Al efecto consideró: "Por ende, se concluye que la moral ********** cumplió en tiempo y forma con el pago al que se obligó en el convenio de fecha 3 de marzo de 2023, ratificado por las partes y aprobado y elevado a la categoría de cosa juzgada en misma fecha, por el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Guanajuato, sede Celaya, al haber realizo el pago por la cantidad de $85,000.00 (ochenta y cinco mil pesos 00/100) mediante dos cheques. Sumado a lo anterior, no se acredita que ********** tenga responsabilidad alguna en la causa por la cual el trabajador no haya podido hacer efectivo el cheque (.) toda vez que fue la institución bancaria que devolvió el cheque a su presentador (el trabajador por autenticación de huella no exitosa; entonces, fue por dicha causa que el banco no hizo efectivo el cheque multicitado; por tanto, la causa es imputable al propio trabajador al no poder autenticarse su huella dactilar. En consecuencia (.) en virtud de quedar acreditado que la patronal cumplió con el convenio en tiempo y forma; es que se declara procedente el incidente de oposición (.) y se deja sin efectos la ejecución forzada (.) así como el embargo." Finalmente, es destacable que en el fallo no se dio por concluido el procedimiento de ejecución, sino que se fijaron los parámetros para el cobro restante: "Se deja a disposición del trabajador (.) el cheque por la cantidad de $67,790.14 (.) a efecto de que proceda a hacerlo efectivo, ante la institución bancaria citada, previos trámites administrativos que sean indicados en el banco. De prevalecer la falta de autenticación de huella del trabajador y que por ello se vea imposibilitado a cobrar el cheque mediante el cual se le hizo el pago del convenio, podrá solicitar fecha y hora para que, en compañía del actuario de acuerdo a lo manifestado por el apoderado legal de Controladora Mabe S.A. de C.V. realice el cobro del citado cheque en el Banco Nacional de México S.A. que se encuentra en el interior de su representada y pueda el trabajador hacer el cobro de dicho título de crédito." En trece de octubre del año en curso, fin de dar cumplimiento a la interlocutoria de tres de octubre del año en curso, se llevó acabo la diligencia de inspección judicial, en donde se asentó la imposibilidad para dar cumplimiento a la misma. En proveído de dieciocho de octubre, a petición del trabajador -aquí quejoso-, se requirió a la parte patronal para que proceda a realizar el pago de la cantidad de sesenta y siete mil setecientos noventa pesos con setenta y cuatro centavos, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se despachará auto de requerimiento de pago y embargo. Frente al contexto narrado, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción IV, párrafo segundo de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución." De la interpretación de la fracción IV del citado ordenamiento se tiene que el amparo indirecto procede en contra de actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido, en el entendido si se trata de actos de ejecución de sentencia únicamente se podrá promover el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, definida esta como la que prueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, en donde también se pueden impugnar aquellas violaciones procesales sufridas durante el procedimiento de ejecución que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. La finalidad de esta disposición, es permitir el respeto al derecho fundamental de seguridad jurídica y evitar que se entorpezca el procedimiento de ejecución respectivo, pues si se autorizara la promoción del amparo en contra de cualquier otra resolución dictada en ejecución de sentencia, se obstaculizaría y demoraría injustificadamente el curso del procedimiento de ejecución, máxime que en el juicio se origen se tramita el incidente de liquidación de gastos y costas en contra del quejoso. Así las cosas, es necesario para recurrir los actos emanados en ejecución de sentencia, como sustento básico para el surgimiento de la vía indirecta, que dicho acto represente la última resolución dictada en ese procedimiento, y pueden reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Al respecto se reitera, el acto reclamado consiste en el auto de dieciocho de octubre, en el que, a petición del trabajador -aquí quejoso-, se requirió a la parte patronal para que proceda a realizar el pago de la cantidad de sesenta y siete mil setecientos noventa pesos con setenta y cuatro centavos, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se despachará auto de requerimiento de pago y embargo; esto trae como consecuencia la continuación del procedimiento de ejecución, a fin de que se garantice su cumplimiento total. Con esto se advierte claramente que no constituye la última resolución a que se ha hecho referencia, pues en efecto se encuentra dentro de la ejecución de convenio elevado a cosa juzgada que equivale a una sentencia firme; es decir, solo resulta ser un acto intermedio en dicho procedimiento, y para la procedencia del juicio de amparo, debe estudiarse como parte integrante del procedimiento de ejecución. Es orientadora la parte conducente de la tesis XIV.2o.105 C, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVIII, agosto de 2003, página 1685, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. PARA SU PROCEDENCIA, CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN EL AUTO QUE DESECHA EL INCIDENTE DE PRESCRIPCIÓN RESPECTO DE ALGUNOS BIENES QUE AUN ESTANDO EMBARGADOS, NO FORMARON PARTE DE REMATES ANTERIORES. El artículo 114 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, en su fracción III, contiene como regla general sobre la procedencia del amparo indirecto contra los actos de ejecución de sentencia, que éste podrá promoverse para combatir la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, la cual, de acuerdo con los diversos criterios jurisprudenciales, se entiende como aquella en que se reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o convenio que contiene la calidad de cosa juzgada o, en su caso, la que declare la imposibilidad material o jurídica de darle cumplimiento y, como regla específica, que tratándose de remates, la última resolución será aquella en que se aprueben o desaprueben. Ahora bien, dentro del procedimiento de adjudicación encontramos que pueden darse cuestiones autónomas y destacadas de la ejecución propiamente dicha, como lo es el incidente de prescripción respecto del derecho del actor para rematar predios que, embargados, no forman parte de una subasta anterior, pues tal cuestión no pudo formar parte de aquella venta pública ya concluida con el correspondiente auto aprobatorio, dado que no había transcurrido el término previsto en la ley para su actualización; y en atención a que esta figura al constituir un acto procesal autónomo e independiente porque no forma parte del procedimiento señalado en la ley que culmina con una adjudicación, entonces no podrá incluirse en las cuestiones que estudiará el Juez de la causa para aprobar un futuro remate, ya que en el auto relativo examinará sólo la serie de eventos (avalúo, convocatoria y celebración de la almoneda) que conforman su legal tramitación." Así como, la jurisprudencia 1a./ J. 28/2010, de texto y rubro siguientes: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio." No es inadvertido que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 215/2009, estableció que el juicio de amparo indirecto procede aún al tratarse de actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia, cuando el acto infrinja directamente derechos sustantivos; empero, impuso una segunda condición, a saber, que sean ajenos a la cosa juzgada, lo que en el caso no acontece, pues basta advertir que se trata de la pretendida ejecución judicial del pago del monto a que se obligó la patronal y, en cumplimiento a ello, se señalan los términos en que debe cubrirse. En ese sentido, es evidente que se está ante una cuestión relacionada directamente con la ejecución de la cosa juzgada; inclusive, de ninguna manera la paraliza, sino que ordena su cumplimiento. Cobra aplicación a lo anteriormente señalado en la tesis jurisprudencial con número de registro 163152, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, visible en la página 6, tomo XXIII, enero de dos mil once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." De cualquier manera, la parte promovente podrá inconformarse en amparo indirecto, en contra de la resolución que determine cumplida la cosa juzgada en forma total; ahí podrán ventilarse las inconformidades surgidas durante el procedimiento y, de asistirle razón, se podrá restituir la afectación. Por tanto, en el particular al reclamarse un acto que no es considerado como el último en etapa de ejecución, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción IV de la Ley de Amparo, y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo. Finalmente se destaca que a igual criterio arribó esta juzgadora en el diverso juicio de amparo 952/2023-3 del índice de este juzgado, promovido por el mismo quejoso en contra de una diversa actuación emitida dentro del mismo expediente laboral de origen. Resguardo de constancias Se ordena el resguardo por separado de las constancias adjuntas al comunicado que se atiende. Notificación a la parte quejosa. Por otra parte y, toda vez que la quejosa señaló los estrados ante la superioridad jerárquica para recibir notificaciones; para no dejarla en estado de indefensión, por única ocasión, mediante oficio que resulte del presente proveído se requiere al Jueza Laboral adscrita al Tribunal Laboral Regional de esta ciudad, para que notifique el presente auto al aquí quejoso ********** en el último domicilio que haya señalado en el juicio de origen L-0570/2023-I, inclusive, de forma electrónica de ser el caso. En el entendido que de la constancia respectiva deberá desprenderse fehacientemente que fue notificada del presente acuerdo conforme a las formalidades y requisitos establecidos en el numeral 27, fracción I de la Ley de Amparo. Autorizados Ahora, por así solicitarlo expresamente se tienen **********, **********, **********, **********, **********, ********** y **********, como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita, tal como lo solicitó expresamente la parte quejosa. Juicio en línea. Finalmente, con apego en el artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; además, para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente.

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