Jose de Jesus Antemate Diaz

Expediente 315/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 13 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
315/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
27/05/2022

Partes del expediente

  • Jose de Jesus Antemate Diaz
  • Fiscal General del Estado de Puebla
  • JOSE DE JESUS ANTEMATE DIAZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    (publicación citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE 27 DE abril DE 2022, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de abril de dos mil veintidós. SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA. Visto el estado que guardan los autos, este juzgador advierte de oficio, la actualización de una causal de improcedencia que como se verá más adelante, permite decretar el sobreseimiento en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional. ACTO RECLAMADO. ".la privación de la libertad, incomunicación y desaparición forzada de persona en agravio de mi señor padre José de Jesús Antemate Díaz, por parte de personas vestidas de negro que dijeron ser policías ministeriales pertenecientes a la Fiscalía General del Estado de Puebla." Al respecto, en relación con los actos reclamados que han quedado narrados en el considerando anterior, las autoridades señaladas como responsables que se indican a continuación, rindieron los informes justificados en los siguientes términos: No. AUTORIDADES RESPONSABLES Ordenadoras Sentido del informe 1 Fiscal General del Estado de Puebla Negó 2 Titular de la Agencia Estatal de Investigación en el Estado de Puebla Negó 3 Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Alta Incidencia -Cristina Ramírez Hernández- Aceptó, sólo respecto a la existencia de la carpeta de investigación. Apartado A. Inexistencia de los actos reclamados y sobreseimiento. Del cuadro anterior, se advierte que las autoridades responsables ordenadoras: 1. Fiscal General del Estado de Puebla, 2. Titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla y 3. Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Alta Incidencia (Cristina Ramírez Hernández), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, negaron los actos que se les atribuyeron consistentes en la privación de la libertad, incomunicación y desaparición forzada en contra de la parte quejosa -pues la fiscal sólo aceptó la existencia de la detención y retención dentro de la carpeta de investigación en cita-, sin que ésta haya desvirtuado dichas negativas no obstante que se le dio vista con los mismos. Igualmente, respecto a la incomunicación alegada por el quejoso no existe, atento que tuvo comunicación el veinticuatro de marzo del actual, a las diez horas con Araceli Díaz Figueroa, en tanto que fue detenido a las 4:30 horas de ese mismo día, además en diligencia de la misma fecha le indicó al actuario de la adscripción que no había sufrido ninguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados a las referidas autoridades responsables ordenadoras, precisadas en el presente considerando, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se SOBRESEE en el juicio. Apartado B. Certeza del acto reclamado de autoridad ordenadora. La autoridad responsable: 3. Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Alta Incidencia -Cristina Ramírez Hernández-, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado, pues afirmó que derivado del cumplimiento de una orden de cateo emitida por la Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro Poniente, en Atlixco, Puebla, en el expedientillo 52/2022/ATLIXCO, el hoy quejoso fue puesto a su disposición quien ingresó al área de seguridad del edificio cuartel metropolitano C-5; sin embargo, una vez transcurrido el término de ley, fue puesto a disposición de la referida juez de control quien determinó su situación jurídica. Lo anterior, se corrobora con la documental que remitió como apoyo a su informe de mérito, así como las recibidas por la Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en Atlixco, Puebla -Mirian Huerta Lechuga-, consistentes en las constancias que integran la carpeta judicial 52/2022/ATLIXCO de su índice, de las que se advierte lo siguiente: El veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, la responsable ordenadora dio inicio a la carpeta de investigación FGEP/CDI/FEIDAI/FLAGRANCIA-I/004877/2022, por hechos con apariencia de delitos contra la salud en su modalidad de posesión con fines de suministro del narcótico denominado cristal y ataques a servidores públicos. Hechos que fueron derivados del cumplimiento de una orden de cateo emitida por la Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en Atlixco, Puebla, en la carpeta judicial 52/2022/ATLIXCO de su índice, de fecha veintitrés de marzo pasado. El veinticinco de marzo de dos mil veintidós, la fiscal responsable, transcurrido el término ley, puso a disposición de la Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en Atlixco, Puebla -Mirian Huerta Lechuga-, al directo quejoso a efecto de que se resolviera la situación jurídica de éste. El treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, la juez de control dictó auto de vinculación a proceso en contra de José de Jesús Antemate Díaz, por hechos con apariencia de delitos contra la salud en su modalidad de posesión simple de narcótico denominado cristal, imponiendo como medida cautelar la firma periódica por todo el tiempo que dure el procedimiento, y auto de no vinculación por el diverso delito de ataques peligrosos. Documentales a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. Como se adelantó, quien esto resuelve, de oficio aprecia que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)" El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal, la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Justamente, a fin de demostrar la actualización de la causal de improcedencia en comento, es pertinente reiterar que José De Jesús Antemate Tochihuitl, promovió en favor del quejoso directo José de Jesús Antemate Díaz, demanda de amparo, en la que reclama en lo particular de la 3. Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Alta Incidencia -Cristina Ramírez Hernández-, la privación de la libertad e incomunicación del hoy directo quejoso. Ahora, de las constancias que obran en autos, valoradas anteriormente, se advierte que la fiscal responsable el veinticinco de marzo de dos mil veintidós, transcurrido el término ley, puso a disposición de la Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en Atlixco, Puebla -Mirian Huerta Lechuga-, al directo quejoso a efecto de que se resolviera la situación jurídica de éste. En ese contexto, se tiene que si bien a la fecha en que se instó la acción constitucional no se había resuelto la situación jurídica del quejoso, lo cierto es que durante la tramitación de este juicio con fecha treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, la juez de control dictó auto de vinculación a proceso en contra de José de Jesús Antemate Díaz, por hechos con apariencia de delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo de posesión simple de metanfetamina, imponiendo como medida cautelar la firma periódica por todo el tiempo que dure el procedimiento y, auto de no vinculación a proceso por el delito de ataques peligrosos. Atento a lo anterior, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, en virtud de que el aquí quejoso se encuentra gozando de su libertad personal; y, por tanto, han quedado destruidos en forma total e incondicional todos los efectos del acto reclamado. Tienen aplicación al caso las jurisprudencias sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual forma, ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J.9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En esa tesitura, es incuestionable que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que, de conformidad con lo dispuesto por el diverso 63, fracción V, del citado ordenamiento legal, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de garantías respecto de los actos reclamados en el escrito inicial de demanda atribuidos a la fiscal citada. En consecuencia de lo expuesto, se dejan sin efecto las diez horas con treinta y seis minutos del veintinueve de abril de dos mil veintidós, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional; pues resultaría ocioso la continuación e integración de un juicio notoriamente improcedente, ya que traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, bajo el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el S.I.S.E. (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). Notifíquese personalmente a la parte quejosa; y mediante oficio a las autoridades responsables y, al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción...

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de mayo de dos mil veintidós. I. QUEDA FIRME. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra del auto de veintisiete de abril de dos mil veintidós, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, sin que las partes lo hayan hecho valer. En consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia constitucional, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea el caso requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena indicar la anterior valoración en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese por lista a las partes debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020; y, por oficio a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de abril de dos mil veintidós. SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA. Visto el estado que guardan los autos, este juzgador advierte de oficio, la actualización de una causal de improcedencia que como se verá más adelante, permite decretar el sobreseimiento en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional. ACTO RECLAMADO. ".la privación de la libertad, incomunicación y desaparición forzada de persona en agravio de mi señor padre José de Jesús Antemate Díaz, por parte de personas vestidas de negro que dijeron ser policías ministeriales pertenecientes a la Fiscalía General del Estado de Puebla." Al respecto, en relación con los actos reclamados que han quedado narrados en el considerando anterior, las autoridades señaladas como responsables que se indican a continuación, rindieron los informes justificados en los siguientes términos: No. AUTORIDADES RESPONSABLES Ordenadoras Sentido del informe 1 Fiscal General del Estado de Puebla Negó 2 Titular de la Agencia Estatal de Investigación en el Estado de Puebla Negó 3 Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Alta Incidencia -Cristina Ramírez Hernández- Aceptó, sólo respecto a la existencia de la carpeta de investigación. Apartado A. Inexistencia de los actos reclamados y sobreseimiento. Del cuadro anterior, se advierte que las autoridades responsables ordenadoras: 1. Fiscal General del Estado de Puebla, 2. Titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla y 3. Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Alta Incidencia (Cristina Ramírez Hernández), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, negaron los actos que se les atribuyeron consistentes en la privación de la libertad, incomunicación y desaparición forzada en contra de la parte quejosa -pues la fiscal sólo aceptó la existencia de la detención y retención dentro de la carpeta de investigación en cita-, sin que ésta haya desvirtuado dichas negativas no obstante que se le dio vista con los mismos. Igualmente, respecto a la incomunicación alegada por el quejoso no existe, atento que tuvo comunicación el veinticuatro de marzo del actual, a las diez horas con Araceli Díaz Figueroa, en tanto que fue detenido a las 4:30 horas de ese mismo día, además en diligencia de la misma fecha le indicó al actuario de la adscripción que no había sufrido ninguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados a las referidas autoridades responsables ordenadoras, precisadas en el presente considerando, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se SOBRESEE en el juicio. Apartado B. Certeza del acto reclamado de autoridad ordenadora. La autoridad responsable: 3. Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Alta Incidencia -Cristina Ramírez Hernández-, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado, pues afirmó que derivado del cumplimiento de una orden de cateo emitida por la Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro Poniente, en Atlixco, Puebla, en el expedientillo 52/2022/ATLIXCO, el hoy quejoso fue puesto a su disposición quien ingresó al área de seguridad del edificio cuartel metropolitano C-5; sin embargo, una vez transcurrido el término de ley, fue puesto a disposición de la referida juez de control quien determinó su situación jurídica. Lo anterior, se corrobora con la documental que remitió como apoyo a su informe de mérito, así como las recibidas por la Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en Atlixco, Puebla -Mirian Huerta Lechuga-, consistentes en las constancias que integran la carpeta judicial 52/2022/ATLIXCO de su índice, de las que se advierte lo siguiente: El veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, la responsable ordenadora dio inicio a la carpeta de investigación FGEP/CDI/FEIDAI/FLAGRANCIA-I/004877/2022, por hechos con apariencia de delitos contra la salud en su modalidad de posesión con fines de suministro del narcótico denominado cristal y ataques a servidores públicos. Hechos que fueron derivados del cumplimiento de una orden de cateo emitida por la Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en Atlixco, Puebla, en la carpeta judicial 52/2022/ATLIXCO de su índice, de fecha veintitrés de marzo pasado. El veinticinco de marzo de dos mil veintidós, la fiscal responsable, transcurrido el término ley, puso a disposición de la Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en Atlixco, Puebla -Mirian Huerta Lechuga-, al directo quejoso a efecto de que se resolviera la situación jurídica de éste. El treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, la juez de control dictó auto de vinculación a proceso en contra de José de Jesús Antemate Díaz, por hechos con apariencia de delitos contra la salud en su modalidad de posesión simple de narcótico denominado cristal, imponiendo como medida cautelar la firma periódica por todo el tiempo que dure el procedimiento, y auto de no vinculación por el diverso delito de ataques peligrosos. Documentales a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. Como se adelantó, quien esto resuelve, de oficio aprecia que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)" El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal, la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Justamente, a fin de demostrar la actualización de la causal de improcedencia en comento, es pertinente reiterar que José De Jesús Antemate Tochihuitl, promovió en favor del quejoso directo José de Jesús Antemate Díaz, demanda de amparo, en la que reclama en lo particular de la 3. Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Alta Incidencia -Cristina Ramírez Hernández-, la privación de la libertad e incomunicación del hoy directo quejoso. Ahora, de las constancias que obran en autos, valoradas anteriormente, se advierte que la fiscal responsable el veinticinco de marzo de dos mil veintidós, transcurrido el término ley, puso a disposición de la Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en Atlixco, Puebla -Mirian Huerta Lechuga-, al directo quejoso a efecto de que se resolviera la situación jurídica de éste. En ese contexto, se tiene que si bien a la fecha en que se instó la acción constitucional no se había resuelto la situación jurídica del quejoso, lo cierto es que durante la tramitación de este juicio con fecha treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, la juez de control dictó auto de vinculación a proceso en contra de José de Jesús Antemate Díaz, por hechos con apariencia de delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo de posesión simple de metanfetamina, imponiendo como medida cautelar la firma periódica por todo el tiempo que dure el procedimiento y, auto de no vinculación a proceso por el delito de ataques peligrosos. Atento a lo anterior, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, en virtud de que el aquí quejoso se encuentra gozando de su libertad personal; y, por tanto, han quedado destruidos en forma total e incondicional todos los efectos del acto reclamado. Tienen aplicación al caso las jurisprudencias sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual forma, ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J.9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En esa tesitura, es incuestionable que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que, de conformidad con lo dispuesto por el diverso 63, fracción V, del citado ordenamiento legal, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de garantías respecto de los actos reclamados en el escrito inicial de demanda atribuidos a la fiscal citada. En consecuencia de lo expuesto, se dejan sin efecto las diez horas con treinta y seis minutos del veintinueve de abril de dos mil veintidós, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional; pues resultaría ocioso la continuación e integración de un juicio notoriamente improcedente, ya que traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, bajo el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el S.I.S.E. (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). Notifíquese personalmente a la parte quejosa; y mediante oficio a las autoridades responsables y, al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción...

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de abril de dos mil veintidós. AUTORIDAD REMITE CONSTANCIAS. Agréguese a los autos el oficio de la Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en Atlixco, Puebla -Mirian Huerta Lechuga-, por medio del cual en cumplimiento al requerimiento que se le hizo en auto de doce de abril pasado, remite a este órgano de control constitucional las constancias que integran la carpeta judicial administrativa: 52/2022/ATLIXCO de su índice, así como el auto de vinculación que emitió en contra del aquí quejoso en ésta. PRUEBAS AUTORIDAD OFICIANTE. Por tanto, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante ofreciendo como prueba la documental que anexa al oficio de mérito, sin perjuicio de relacionarla nuevamente en el momento procesal oportuno; esto es, en la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese por lista a las partes.

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