Jose de Jesus Altamirano Bartolo
Expediente 1033/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 11 actuaciones registradas, la última del 26 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1033/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 26/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jose de Jesus Altamirano Bartolo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. Intégrese a los autos el sobre devuelto por el Administrador de la Oficina de Correos de Servicios Directos del Poder Judicial de la Federación Siglo XXI, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, mismo que contiene el oficio 81-A-2, dirigido al 2. Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación, Tercera Mesa de Huauchinango, Puebla, que contiene el auto de diez de marzo pasado, con una leyenda asentada al reverso que dice: "Rehusado cambio de mesa". Al respecto, no ha lugar a realizar mayor pronunciamiento, en virtud que el doce de febrero de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en el presente juicio y el diez de marzo siguiente, se ordenó el archivo como asunto concluido. Cúmplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diez de marzo de dos mil veintiuno. I. CAUSA EJECUTORIA. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia de doce de febrero de dos mil veintiuno, misma que negó el amparo y protección de la Justicia Federal; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión; y, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se negó el amparo solicitado no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración cumplidos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Por otro lado, respecto al original del incidente de suspensión, en virtud de que por una parte se concedió y por otra se negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Así mismo, por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. II. DEVOLVER DOCUMENTAL. Finalmente, ya que resulta innecesario conservar la documental que remitió la autoridad responsable Celestino Martínez Bones, Juez de Control del Juzgado de Oralidad y de Ejecución de la Región Judicial Norte del Estado de Puebla, con sede en Huauchinango, en apoyo a su informe justificado, devuélvasele la misma, y requiérasele para que en el término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, acuse el recibo de estilo correspondiente. Se apercibe a la citada autoridad responsable que para el caso de no realizar el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese electrónicamente al quejoso, por conducto de Shugar Alexander Hernández Batun - autorizado de su parte en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo-; y, por oficio a la autoridad responsable, a los fiscales terceros interesados y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el (la) secretario(a) Maribel Pereda Corvera, que autoriza y da fe. Doy fe. Maricela. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]. En la misma fecha, se turnó el expediente a la actuaría. Conste. [Firma electrónica]. El(la) suscrito(a) Secretario(a) del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. [Firma electrónica].
- Principal
los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 1033/2020, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por José de Jesús Altamirano Bartolo; y, R E S U L T A N D O Primero. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el veintinueve de diciembre de dos mil veinte de forma electrónica ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, turnada a este órgano jurisdiccional, José de Jesús Altamirano Bartolo solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra una resolución de Celestino Martínez Bones, Juez de Control del Juzgado de Oralidad y de Ejecución de la Región Judicial Norte del Estado de Puebla, con sede en Huauchinango. El quejoso narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados las contenidas en los artículos 1, 14, 16, 19, 20 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 1°, 2°, 8°, fracción I, 24 y 25, fracción I, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Segundo. Auto admisorio. Por acuerdo dictado el veintinueve de diciembre de dos mil veinte, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla registró y radicó la demanda con el número de juicio de amparo indirecto 1033/2020; asimismo, la admitió a trámite -con incidente de suspensión-, requirió el informe justificado a la autoridad responsable y dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Tercero. Parte tercera interesada. En cumplimiento al acuerdo de cuatro de enero de la presente anualidad -y en términos del artículo 5, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo-, se emplazaron con el carácter de fiscales terceros interesados a: 1. Mario Antonio Flores Viveros, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Tercera Mesa de Huauchinango, Puebla -interviniente en la causa penal de origen. 2. Marcos Sánchez Reyes, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Litigación Oral de la Región Judicial Norte, con sede en Huauchinango, Puebla -interviniente en la causa penal de origen. Cuarto. Cita para audiencia. En acuerdo de veinticinco de enero pasado, se fijaron las diez horas con veinte minutos del doce de febrero de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues el acto reclamado fue emitido por una autoridad judicial de esa materia (penal), que tiene lugar en la residencia donde este órgano de control constitucional ejerce su jurisdicción. Segundo. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Así, del contenido integral de la demanda de amparo y de la revisión del informe justificado, se advierte que el quejoso José de Jesús Altamirano Bartolo reclama: ( La resolución que le negó la suspensión condicional del proceso, dictada en audiencia oral de dos de diciembre de dos mil veinte, dentro de la causa penal 74/2020/HUAUCHINANGO. Tercero. Existencia o inexistencia del acto reclamado. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Ahora bien, el quejoso atribuye el acto reclamado -que quedó precisado en el considerando que antecede - a la autoridad responsable siguiente: No. Orden Autoridad responsable Sentido del informe justificado Fojas 1 Celestino Martínez Bones, Juez de Control del Juzgado de Oralidad y de Ejecución de la Región Judicial Norte del Estado de Puebla, con sede en Huauchinango. Acepta. 29 y 30. Tabla única. La autoridad responsable aceptó la existencia del acto que se le atribuye. Certeza que se corrobora con las documentales que remitió, en especial con la audiencia correspondiente a la emisión de la resolución reclamada, contenida en el disco versátil digital (DVD), y con la versión escrita de la misma, dictada en la causa penal de origen, las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentales públicas. En tal virtud, se tiene por cierto el acto reclamado por el quejoso en la presente instancia constitucional. Cuarto. Ponderaciones previas. I. Jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en la presente sentencia correspondientes a la décima época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. II. Normas aplicables. La causa penal de la que deriva la resolución reclamada, se tramita conforme al nuevo sistema de justicia penal, por lo cual, es evidente que le son aplicables las disposiciones que regulan a este nuevo sistema. En consecuencia, para verificar su constitucionalidad se debe atender al texto reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a lo previsto en el Código Nacional del Procedimientos Penales. III. Principio de estricto derecho o su excepción (suplencia de la queja). En el presente asunto, rige el principio de suplencia de la queja, en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, ya que el quejoso tiene el carácter de acusado en el procedimiento penal de origen. Quinto. Oportunidad de la presentación de la demanda. Este órgano de control constitucional advierte que la promoción de la demanda de amparo es oportuna en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo. Se explica. En primer lugar, debe decirse que dada la naturaleza jurídica de la resolución reclamada, esto es, que se trata de una determinación emitida dentro de un procedimiento judicial, se sigue que la acción de amparo en su contra debe presentarse dentro del plazo genérico de quince días a que alude el citado precepto legal; lo anterior, dado que no se actualiza ninguna hipótesis de excepción al mismo. Así, la resolución tomada en audiencia de dos de diciembre de dos mil veinte, dentro de la causa penal de origen, se notificó personalmente tanto al quejoso como a su defensa, durante su desahogo, por lo que esas notificaciones surtieron efectos el tres de diciembre siguiente, conforme a lo establecido en el artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con el diverso 94 del ordenamiento legal en cita. De modo que, el plazo de quince para la promoción de la demanda de amparo que dio origen al presente juicio transcurrió del cuatro de diciembre de dos mil veinte al quince de enero de dos mil veintiuno, descontándose los siguientes días: i) cinco, seis, doce, trece, diecinueve y veinte de diciembre de dos mil veinte por ser sábados y domingos, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo; y, ii) los días comprendidos del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, en los que se declaró la suspensión de labores por la contingencia provocada por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, comunicada mediante circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, signada por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial. En esa tesitura, si la citada demanda se presentó el veintinueve de diciembre de dos mil veinte de forma electrónica ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, es evidente que su promoción es oportuna. Sexto. Procedencia del amparo indirecto. Las partes no hicieron valer alguna causal de improcedencia a la que tuviera que darse respuesta, sin que este juzgador advierta que se actualice alguna de las hipótesis de improcedencia contenidas en los artículos 107 y 61 de la Ley de Amparo No obstante lo anterior, si bien el suscrito no se encuentra obligado a estudiar todas y cada una de las contempladas en el citado artículo de la ley de la materia, sino únicamente las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, en el presente caso es menester realizar una precisión respecto a la definitividad de la resolución reclamada, es decir, si se acató ese principio -regidor del juicio de derechos fundamentales-, o bien, si en el presente asunto opera una excepción al mismo atendiendo a sus características y particularidades. Dicho principio destaca la naturaleza del juicio de amparo como medio de control constitucional de carácter extraordinario y consiste en que previamente a instar la acción de amparo, el quejoso debe agotar todos los recursos o medios de defensa ordinarios mediante los cuales el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o confirmado; su fundamento se encuentra en el artículo 107, fracciones III y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El principio de definitividad implica el agotamiento previo del recurso ordinario procedente respecto de un determinado acto de autoridad. Es decir, es la obligación que tiene el quejoso de agotar, previamente a recurrir a la instancia constitucional, el recurso ordinario procedente que pudiera tener efectos de revocación o modificación del acto que el quejoso estima que afecta su esfera jurídica. Asimismo, debe señalarse que para efectos de juicio de amparo, un medio ordinario de defensa es todo aquel instrumento establecido dentro del procedimiento, regulado por la ley que rige el acto, que tenga por objetivo modificar, revocar o nulificar dicho acto . Ahora bien, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, señala -en lo conducente- que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. También, dicha disposición prevé diversas excepciones en las que el quejoso no se encuentra obligado a agotar previamente los referidos recursos o medios de defensa y, por ende, puede acudir directamente al juicio de amparo indirecto, las cuales se actualizan cuando: a) Los actos reclamados importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) El acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) El quejoso sea persona extraña al procedimiento; y, d) El acto reclamado se trate del auto de vinculación a proceso. En síntesis, para que opere el principio de definitividad, es necesario que exista un recurso ordinario señalado en la ley mediante el cual se pueda modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad y suspenda el acto y que no se actualice alguna de las excepciones indicadas. Sentado lo anterior, se tiene que la resolución reclamada, en la que se negó la suspensión condicional a proceso solicitada por la defensa del quejoso José de Jesús Altamirano Bartolo, puede apelarse en términos del artículo 467, fracción VIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales. En efecto, dicha disposición legal establece expresamente que el recurso de apelación es procedente contra las determinaciones que concedan, nieguen o revoquen la suspensión condicional del proceso. Sin embargo, se estima que para el presente asunto se actualiza la excepción descrita en el inciso b), toda vez que la resolución tildada de inconstitucional afecta de manera indirecta la libertad personal del aquí quejoso, tomando en consideración que éste se encuentra privado de su libertad con motivo de la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Se explica. La Primera Sala de la Suprema de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 414/2011, refrendó el criterio de que la libertad personal de los individuos no sólo se afecta a través de actos de autoridad que tengan como consecuencia material privar al gobernado de su libertad personal o los que determinen su permanencia en una situación de privación de libertad personal o que modifiquen las condiciones en que tal privación deba ejecutarse, sino también en el supuesto de que teniendo la posibilidad de gozar de una libertad absoluta, ésta se vea restringida por el hecho de estar sujeto a un proceso penal. Ahora bien, debe decirse que en el nuevo procedimiento penal de justicia oral y acusatoria, la suspensión condicional del proceso se erige como un mecanismo autocompositivo, al requerirse de un acuerdo entre el imputado y el ministerio público, con la finalidad de paralizar dicho procedimiento y conducir a la conclusión del conflicto penal de forma alternativa, mediante el pago de la reparación del daño y el cumplimiento del imputado a una o varias de las condiciones indicadas por el juez, cuya observancia generará la extinción de la acción penal en delitos específicamente determinados. Por el contrario, si el imputado decide incumplir con las obligaciones pactadas en el acuerdo o incurre en alguna causa de revocación de la suspensión del proceso, asumirá como consecuencia la reanudación del proceso penal con todo lo que implica: enfrentar un juicio y una eventual condena, con la limitante de que la información que se genere como producto de ese mecanismo alternativo no podrá ser utilizada dentro del proceso penal. Entonces, a través del referido medio alternativo, el juez puede decretar la extinción de la acción penal, lo que se traduce en la conclusión del conflicto penal sin necesidad de imponer una pena principalmente de prisión y, por ende, en la cesación de todas las medidas cautelares que se impusieron al imputado durante el desarrollo del procedimiento, incluyendo la prisión preventiva; lo anterior, siempre y cuando haya transcurrido el plazo -fijado por el juez-, sin que la suspensión fuere revocada, se haya pagado la reparación del daño material y hayan sido cumplidas las condiciones establecidas. Por tanto, si el juez niega la suspensión condicional del proceso, por considerar que no se cubren los requisitos de procedencia previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, tendrá la consecuencia de que continúen vigentes las medidas cautelares que se hayan impuesto al imputado; de manera que si se le fijó la prisión preventiva -ya sea oficiosa o necesaria-, la aludida declaración conllevará a que el imputado continúe privado de su libertad. En el contexto apuntado, se considera que ese tipo de resoluciones -que niegan o revocan la suspensión condicional del proceso- sí afectan la libertad personal del quejoso y, por ende, no se encuentra obligado a interponer el recurso de apelación previo a intentar la acción constitucional en la vía indirecta. De ahí que no se actualice la causa de improcedencia que deriva del principio de definitividad que rige el juicio de derechos fundamentales. La anterior conclusión, únicamente deriva de la hipótesis en la que el quejoso se encuentra privado de su libertad con motivo de la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva, pues para el resto se deberá analizar caso por caso para establecer si previo a la promoción del juicio de amparo, el quejoso debe interponer el recurso de apelación que prevé el aludido artículo 467. En tal virtud, el juicio de derechos fundamentales resulta procedente y debe analizarse el acto reclamado, a efecto de resolver sobre la inconstitucionalidad planteada por el quejoso. Séptimo. Antecedentes. Para una mejor comprensión del asunto, conviene narrar algunos de los antecedentes que derivan del informe justificado y de las probanzas ofrecidas -los más destacados-, y que son los siguientes: 1. El diecisiete de abril de dos mil veinte, Eleocundo Pérez González, Agente del Ministerio Público, solicitó señalar fecha y hora para audiencia de control de la detención de José de Jesús Altamirano Bartolo -quejoso- y de José Luis Trejo Pérez. 2. Por auto de la misma fecha, se radicó la solicitud de referencia con el número de causa penal 758/2020/PUEBLA; asimismo, se señalaron fecha y hora para la celebración de la audiencia inicial. 3. En audiencia inicial de dieciocho de abril de dos mil veinte, se efectuó -medularmente- lo siguiente: ( Se calificó de legal la detención de José de Jesús Altamirano Bartolo -quejoso- y de José Luis Trejo Pérez, por su probable responsabilidad en la comisión de los hechos con apariencia de los delitos que posteriormente se les imputaron. ( La fiscalía formuló imputación en contra de aquéllos, por su probable responsabilidad en la comisión de los hechos con apariencia de los delitos: i) contra la salud en su modalidad de posesión simple de estupefaciente denominado cocaína, previsto y sancionado por los artículos 473, fracciones V, VI y VIII, 477 y 479 de la Ley General de Salud, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla; y, ii) portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea, previsto y sancionado por los artículos 8, 11, inciso b), y 83, fracción II, de la Ley General de Armas de Fuego y Explosivos, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla. Ambos en agravio de la sociedad. ( Después de que los imputados se reservaran su derecho a declarar, la fiscalía expuso los datos de prueba para sustentar su solicitud de vincularlos a proceso. ( En razón de que aquéllos se acogieron al término de ciento cuarenta y cuatro horas para resolver su situación jurídica, la autoridad jurisdiccional señaló las diez horas del veintitrés de abril de dos mil veinte, para la continuación de la audiencia inicial. ( Se impuso a los imputados la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa únicamente por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea. 4. El veintitrés de abril de dos mil veinte, se continuó con la audiencia inicial, en la que se realizó -sustancialmente- lo siguiente: ( Se dictó auto de vinculación a proceso en contra de los implicados, por su probable responsabilidad en la comisión de los hechos con la apariencia de los delitos: i) contra la salud en su modalidad de posesión simple de estupefaciente denominado cocaína, previsto y sancionado por los artículos 473, fracciones V, VI y VIII, 477 y 479 de la Ley General de Salud, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla; y, ii) portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea, previsto y sancionado por los artículos 8, 11, inciso b), y 83, fracción II, de la Ley General de Armas de Fuego y Explosivos, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla. Ambos en agravio de la sociedad. ( Se autorizó el plazo de cuarenta y cinco días para el cierre de investigación complementaria. ( La jueza de control Miriam Huerta Lechuga, quien actuó en competencia auxiliar por razón de urgencia, se declaró incompetente en los siguientes términos: i) por razón de territorio para conocer de los hechos con apariencia del delito de contra la salud en su modalidad de posesión simple de estupefaciente denominado cocaína, previsto y sancionado por los artículos 473, fracciones V, VI y VIII, 477 y 479 de la Ley General de Salud, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla, por lo que declinó la misma en favor del Juez de Control de la Región Judicial Norte del Estado de Puebla, con sede en Huauchinango; y, ii) por razón de fuero para conocer del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea, previsto y sancionado por los artículos 8, 11, inciso b), y 83, fracción II, de la Ley General de Armas de Fuego y Explosivos, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla, por lo que declinó la misma en favor del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla. 5. El catorce de mayo de dos mil veinte, se tuvo por recibido el oficio 9547/2020/JC, por el cual la jueza de control Miriam Huerta Lechuga acompañó las constancias originales de la carpeta judicial administrativa 758/2020/PUEBLA en virtud de la competencia planteada, por lo que se radicó la causa penal 74/2020/HUAUCHINANGO. 6. En autos de dos y cuatro de septiembre de dos mil veinte, se tuvo a la defensa de José de Jesús Altamirano Bartolo -quejoso- comunicando que el Juez Federal que conoció de los hechos con apariencia del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea, había ordenado la libertad de su representado únicamente por cuanto a la causa penal 275/2020, por lo que se ordenó dar vista al fiscal para los efectos legales procedentes. 7. El seis de septiembre de dos mil veinte, se tuvo por recibido el oficio 14409/2020, signado por el Asistente de Despacho Judicial encargado de la Administración del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, por medio del cual informó que se dejó en inmediata libertad a José de Jesús Altamirano Bartolo -quejoso-, únicamente por cuanto a la causa penal 275/2020; por ende, se ordenó hacer del conocimiento del Director del Centro Penitenciario de Huauchinango, Puebla que los fiscales no se habían pronunciado sobre la falta o inexistencia de motivo para que el citado imputado continuara privado de su libertad, tomando en consideración que la prisión preventiva oficiosa se impuso solamente por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea, y por cuanto al diverso de contra la salud en su modalidad de posesión simple de estupefaciente denominado cocaína, no se había fijado medida cautelar alguna. 8. El diecinueve de octubre de dos mil veinte, se tuvo a Mario Antonio Flores Viveros, Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Tercera Mesa de Trámite de Huauchinango, Puebla, formulando acusación en contra de José de Jesús Altamirano Bartolo -quejoso- y de José Luis Trejo Pérez, por su probable responsabilidad en la comisión del delito contra la salud en su modalidad de posesión simple de estupefaciente denominado cocaína, previsto y sancionado por los artículos 473, fracciones V, VI y VIII, 477 y 479 de la Ley General de Salud, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla, por lo que se señalaron las diez horas del veinte de noviembre de dos mil veinte para la celebración de la audiencia intermedia, misma que, posteriormente, que se difirió para las diez horas del dos de diciembre de dos mil veinte. 9. En audiencia oral de dos de diciembre de dos mil veinte, previo debate entre las partes, se negó a los acusados la suspensión condicional del proceso planteada por sus defensas -resolución reclamada-. Octavo. Estudio del asunto. El estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, se analiza a la luz de los conceptos de violación, sin necesidad de transcribirlos, pues no existe precepto en la Ley de Amparo que obligue a ello. Primero, resulta conveniente apuntar que es obligación de todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquéllos previstos en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable en lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona. El nuevo mandato contenido en el dispositivo 1º de la Constitución General de la República, implica que los derechos fundamentales reconocidos en ella, deben ser complementados con los que se contengan en los diversos tratados internacionales, conjunto normativo que permite determinar el marco jurídico dentro del que debe realizarse el llamado control de convencionalidad. Luego, las autoridades judiciales, entre otras, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar, los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, a pesar de las disposiciones en contrario establecidas en cualquier norma inferior. Así, corresponde a este juzgador determinar si lo reclamado, vulnera o no, algún derecho fundamental del quejoso, conforme al marco nacional e internacional al que se ha hecho referencia. Por otra parte, cabe hacer la aclaración que si bien, como se adelantó, el suscrito juzgador no se encuentra obligado a transcribir los conceptos de violación formulados por el quejoso, en atención al principio de justicia completa consagrado en el artículo 17 Constitucional, este órgano jurisdiccional realizará una síntesis de los motivos de disenso expresados en la demanda de amparo, a fin de dar una completa respuesta a lo alegado. Bajo la condición de que no serán materia de análisis las meras afirmaciones sin sustento o fundamento, que no explican por qué o cómo la resolución reclamada se aparta del derecho, así como aquéllas que no logren entenderse bajo el principio de causa de pedir, no obstante que en este asunto proceda la suplencia de la queja, pues si no es clara la intención del quejoso, es evidente que este juzgado se encuentra impedido para dar respuesta a ese tipo de afirmaciones. ( Análisis de la resolución reclamada. Celestino Martínez Bones, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Norte del Estado de Puebla, con sede en Huauchinango, mediante resolución oral dictada el dos de diciembre de dos mil veinte, dentro de la causa penal 74/2020/HUAUCHINANGO, determinó negar al quejoso José de Jesús Altamirano Bartolo y a José Luis Trejo Pérez -coacusado- la suspensión condicional del proceso, misma que sus defensas solicitaron en términos de los artículos 8 y 20, Apartado B, Constitucionales y 191, 192 y 193 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La que nos interesa, es la resolución relativa al ahora quejoso, por lo que para mayor entendimiento de la resolución reclamada, se precisa que la misma se emitió con base en el siguiente ejercicio argumentativo: 1. Primera intervención de la defensa. 1.1. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 191, 192 y 193 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicitó la suspensión condicional del proceso en favor de su representado José de Jesús Altamirano Bartolo -quejoso-. 1.2. Que dicha solicitud resultaba oportuna, en razón de que no se había emitido el auto de apertura a juicio y de que el veintitrés de abril de dos mil veinte se había dictado auto de vinculación a proceso en contra de su representado, por su probable responsabilidad en la comisión del hecho con apariencia del delito de contra la salud en su modalidad de posesión simple de estupefaciente denominado cocaína, previsto y sancionado por los artículos 473, fracciones V, VI y VIII, 477 y 479 de la Ley General de Salud, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla. Delito por el cual, el Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Norte del Estado de Puebla, con sede en Huauchinango, aceptó la competencia planteada por razón de territorio. 1.3. Que la solicitud era procedente, en virtud de que la media aritmética de la pena de prisión prevista por la comisión de dicho ilícito no excedía de cinco años, asimismo, porque no existía oposición fundada de la víctima del delito, aunado a que el agente del ministerio público, en su caso, debía fundar dicha oposición. 1.4. Manifestó, bajo protesta de decir verdad, que a su representado no se le había concedido una suspensión condicional a proceso en diverso controvertido penal y que, en todo caso, la carga para demostrar dicha cuestión recaía en el agente del ministerio público. 1.5. Que dada la naturaleza del delito atribuido a su representado, no existía víctima directa que "requiriera" reparación del daño ya que, en todo caso, la sociedad fue la afectada, por lo que no se proponía un plan para cumplir con ese aspecto. 1.6. Que no obstante lo anterior, proponía la cantidad de $2,000 pesos para la compra de cubrebocas y caretas, que serían entregados al Director del Centro Penitenciario de Huauchinango, Puebla. 1.7. Que su representado, antes de su detención y reclusión, tenía su domicilio familiar en Avenida de Los Jardines, sin número, Colonia las Gardenias, Tlapayoca, Veracruz, en el que se comprometía residir en caso de obtener su libertad y durante todo el tiempo que durara la suspensión condicional del proceso. 1.8. Que su representado se comprometía a no consumir ni poseer drogas, estupefacientes ni bebidas alcohólicas. 1.9. Que su representado, al encontrarse recluido, no podía acudir a programas especiales para tratamiento de adicciones; sin embargo, señaló que si en el Centro Penitenciario de Huauchinango, Puebla -lugar de su reclusión- se brindaban dichos programas, desde luego, su representado se comprometía acudir a ellos. 1.10. Que su representado se comprometía a no viajar al extranjero. 1.11. Que su representado se comprometía a tomar un tratamiento médico-psicológico en una institución pública, el cual, de ser posible, se tomaría en el centro de su reclusión. 1.12. Solicitó al juez que a su arbitrio fijara el plazo de duración de la suspensión condicional del proceso, el cual no debería ser menor de seis meses ni mayor a tres años. 1.13. Que su representado se sometería a la vigilancia del Tribunal para la verificación de las condiciones propuestas. 2. Primera intervención de la fiscalía (Réplica). 2.1. Que se oponía a la suspensión condicional del proceso, porque la defensa no se hizo cargo del requisito establecido en el artículo 192, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, no probó que a su representado no se le concedió, previamente y en diverso procedimiento, una suspensión condicional del proceso, sin que fuera suficiente que, bajo protesta de decir verdad, lo haya manifestado, puesto que era su deber acreditarlo ante las demás partes. 2.2. Que la defensa no se hizo cargo del plan de la reparación del daño, a quien le correspondía por haber solicitado la suspensión condicional del proceso y no a la fiscalía, como lo señaló la defensa. 2.3. Que la defensa no se hizo cargo en establecer a quién daría los $2,000 pesos que se propusieron para la compra de caretas y cubrebocas, ni señaló con quién se compraría dicho material y que, por ende, tal propuesta resultaba ambigua. 2.4. Que la defensa se contrapuso al señalar el domicilio de su representado, pues no estableció su residencia en dicho lugar. 2.5. Que la defensa no estableció los medios o formas en las que se verificaría que su representado no consumirá bebidas alcohólicas, estupefacientes y/o drogas; por ejemplo, estudios de antidoping y con qué frecuencia se realizarían. 2.6. Que la defensa no puede proponer que su representado acudirá a programas para la atención de adicciones en el Centro Penitenciario de Huauchinango, Puebla si ni siquiera tiene la certeza de que dichos programas se imparten en el referido centro de reclusión. 2.7. Que la defensa no propuso el tiempo en que duraría la suspensión condicional del proceso, lo que debió hacer atendiendo a que ella solicitó dicho medio alternativo de solución del conflicto y no dejarlo al arbitrio del juzgador. 2.8 Que no se contaba con el informe de Medidas Cautelares previsto en el penúltimo párrafo del artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual tiene como finalidad saber si las condiciones propuestas se pueden cumplir por el implicado y si es posible que fueran supervisadas. 3. Segunda intervención de la defensa (Réplica). 3.1. Que el fiscal no se condujo bajo los principios de probidad y buena fe, porque éste sabe bien de los antecedentes de su representado al tener la carpeta de investigación desde hace nueve meses. 3.2. Que sí expresó que los $2,000 pesos, propuestos para la compra de cubrebocas y caretas, se entregarían al Director del Centro Penitenciario de Huauchinango, Puebla. 3.3. Propuso seis meses como duración del plazo de la suspensión condicional del proceso. 3.4. Que las consideraciones del fiscal se encuentran infundadas. 4. Segunda intervención de la fiscalía (contrarréplica). 4.1. Que la defensa no se hizo cargo de las manifestaciones que expuso sobre el cumplimiento de los requisitos para la procedencia de la suspensión condicional del proceso. 4.2. Que la defensa no se hizo cargo de la evaluación previa que debe emitir la Dirección de Medidas Cautelares, sobre las condiciones propuestas para la suspensión condicional del proceso. 5. Resolución del juez. 5.1. Que en virtud de que el fiscal no se opuso al razonamiento de la defensa en cuanto a que el auto de vinculación a proceso se dictó por un delito cuya media aritmética de la pena de prisión no excede de cinco años, se tuvo por cumplido el requisito previsto en el artículo 192, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales. 5.2. Que respecto al requisito de procedencia previsto en el artículo 192, fracción III, del Código Nacional, si bien la defensa había manifestado, bajo protesta de decir verdad, que a su representado no se le había concedido, de manera previa y dentro de otro procedimiento, una suspensión condicional del proceso, lo cierto era que dicha aseveración debió sustentarse para que la resolución que se emitiera se encontrara debidamente fundada. 5.3. Que, atención a lo dispuesto en el artículo 195, penúltimo párrafo, del Código Nacional, no se presentó, por parte de la defensa, una evaluación previa de su representado con el fin de fijarle las condiciones que debería de cumplir para la suspensión condicional del proceso, así como para que su contraparte estuviera en aptitud de adicionar aquéllas que estimara convenientes; por tanto, -se señaló- si no se contaba con esa evaluación no se tenía sustento para establecer las condiciones a cumplir durante la suspensión condicional del proceso. 5.4. Que si bien la defensa propuso un plan de condiciones y proporcionó un domicilio en el que su representado residiría en caso de obtener su libertad, lo cierto era que no se incorporó información suficiente para conocer cómo se cumpliría el plan de condiciones propuesto. 5.5. Que si bien se deben tutelar los derechos humanos reconocidos por el artículo 1° Constitucional, lo cierto es que dicha obligación para el juzgador no tenía el alcance de desconocer las reglas del debido proceso; de modo que resultaba imprescindible la evaluación previa a su representado para estar en aptitud de fijar el plan de condiciones, sin que fuera suficiente que únicamente se fijara el "plan de reparación del daño" por la cantidad de $2,000 pesos, que se destinarían para la compra de cubrebocas y caretas, los cuales se entregarían al Director del Centro Penitenciario de Huauchinango, Puebla. 5.6. Que no se escuchó por parte de la defensa ni por el ministerio público si al imputado se le seguía diversa causa penal, por lo que se intuía que podían existir otras causas penales, tomando en consideración, además, que la defensa señaló que una vez que su representado obtuviera su libertad, éste residiría en un domicilio ajeno a la Región Judicial Norte del Estado de Puebla; de manera que -se dedujo nuevamente- era necesaria la evaluación previa antes aludida. 5.7. Que la pretensión de que se cumplirían las condiciones en el Centro Penitenciario de Huauchinango, Puebla -lugar de reclusión del imputado-, rompía con la finalidad que perseguía la suspensión condicional del proceso, sobre todo si no se incorporó la posibilidad de interrupción de la suspensión en caso de que se concediera. Tales consideraciones son las que en esencia sustentan la resolución reclamada. ( Conceptos de violación. Por cuestión de método los motivos de disenso formulados por el quejoso se analizarán en distinto orden al que se planteó en la demanda de amparo. El quejoso José de Jesús Altamirano Bartolo alega que la resolución combatida viola sus derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16, 19, 20 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 1°, 2°, 8°, fracción I, 24 y 25, fracción I, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en razón de lo siguiente: A. Que no existió contradicción respecto a su domicilio, por lo que se debió tener por cumplido ese aspecto. B. Que el juez le privó de su garantía de audiencia al no darle oportunidad de manifestar si aceptaba o no las condiciones que propuso su defensa o para ampliarlas. C. Que el juez subsanó las deficiencias del ministerio público. ( Opinión jurisdiccional. Son ineficaces e infundados los conceptos de violación, sin que se advierta materia que suplir, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Para explicar lo anterior, el estudio relativo se dividirá en los siguientes temas: Tema 1. Delimitación del análisis de la audiencia oral. Tema 2. Características de la suspensión condicional del proceso en el Nuevo Sistema de Justicia Penal. Tema 3. Verificación de que el quejoso haya contado con la asesoría de un profesional del derecho en la audiencia relativa. Tema 4. Solución del caso y conclusión. Tema 1. Uno de los rasgos esenciales del sistema penal acusatorio, consiste en la separación estricta de las funciones de acusar y juzgar, es decir, en este sistema, corresponde al juez juzgar a las partes, quienes en igualdad de posiciones tienen la obligación de sostener la acusación (ministerio público) y la defensa (imputado y su defensor), respectivamente. Esto garantiza, por una parte, la igualdad de las partes en el proceso y, por otra, la imparcialidad del juez, quien en principio no debe realizar inquisiciones por su cuenta, sino limitarse a decidir la controversia que le plantean partes iguales, con base en el debate realizado por éstas. Lo anterior, se encuentra íntimamente relacionado con el principio de contradicción, derivado del artículo 20, primer párrafo, Constitucional, el cual -en una vertiente- se puede considerar como la presentación de los argumentos y contra-argumentos de las partes procesales y de los datos en que se sustenten sus respectivas teorías del caso, de manera inmediata en audiencia, a fin de someterlos al análisis directo de su contraparte, con el objeto de realzar y sostener el choque adversarial de las pruebas y tener la misma oportunidad de persuadir al juzgador, de tal suerte que ninguno de ellos tendrá mayores prerrogativas en su desahogo. Es decir, con dicho principio se garantiza la igualdad procesal de las partes, en la medida en que se les permite escuchar de viva voz las argumentaciones de la contraria, para apoyarlas o rebatirlas, y observar desde el inicio la manera como formulan sus planteamientos en presencia del juzgador. Todo lo anterior, tendrá que persuadir al juez -quien actúa como un tercero imparcial- al analizar las teorías del caso y que constituyen lo que realmente sucedió -de acuerdo al punto de vista de quien las planteó- y los datos en que se apoya cada una de éstas. Por tal razón, conforme al principio de contradicción, el ofrecimiento, presentación y desahogo de los datos de investigación o los datos ofrecidos por el imputado y su defensor, según sea el caso, queda bajo el control de todos los sujetos procesales (Ministerio Público, imputado y su defensor, ofendido o víctima del delito y demás partes intervinientes), con el fin de que tengan la oportunidad de intervenir en la audiencia donde se lleve a cabo la recepción de aquéllos, verificando la forma en que se introducen al proceso; haciendo toda clase de preguntas y observaciones, siempre y cuando sean pertinentes y conducentes con el fin que se pretende con tal intervención. De modo tal que tanto el Ministerio Público, como el imputado y su defensor, puedan participar activamente, inclusive en el examen directo de las demás partes intervinientes en el proceso (peritos, testigos, etcétera); solicitando y realizando aclaraciones y apreciando la manera en que su contraparte realiza esa misma labor, pudiendo controvertirlas para apoyar su teoría del caso. Lo plasmado es de suma relevancia, porque este juzgador únicamente tomará en consideración las teorías del caso expuestas tanto por la defensa como para la fiscalía para sustentar sus pretensiones, sin que se puedan valorar aspectos que no fueron introducidos al debate correspondiente. Tema 2. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su quinto párrafo establece que las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias y que, en la materia penal, regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial. Por su parte, el Código Nacional de Procedimientos Penales en sus artículos 183, 191 a 200, establecen las soluciones alternas y regulan la suspensión condicional del proceso. En efecto, el citado código nacional se desprende que entre las medidas alternas se encuentra la suspensión condicional del proceso, en los cuales se establecen los requisitos de procedencia, el momento en que puede solicitarse y la obligación del imputado de plantear un plan de reparación del daño causado por el delito y plazos para cumplirlo en la audiencia donde se resuelva la solicitud. A su vez, se estipula que el Juez determinará las condiciones que deberá cumplir el imputado, fijará el plazo de la suspensión condicional del proceso y lo prevendrá sobre las consecuencias de su inobservancia, para lo cual podrá disponer que el imputado sea sometido a una evaluación previa. Respecto del trámite de la medida alterna en análisis, se precisa que deben de ser citados la víctima u ofendido a la audiencia que se señale y que la incomparecencia de éstos no impedirá que el juez resuelva la procedencia y términos de la solicitud. Que en la resolución el juez de control fijará las condiciones bajo las cuales se suspende el proceso o se rechaza la solicitud y en su caso aprobará el plan de reparación propuesto, el cual puede ser modificado por el juez en la audiencia. Así también, dicha codificación señala los supuestos en que deberá ser revocada la suspensión condicional del proceso y son: ( Si el imputado dejara de cumplir injustificadamente las condiciones impuestas. ( No cumpla con el plan de reparación. ( Si posteriormente fuera condenado por sentencia ejecutoriada por delito doloso o culposo, siempre que el proceso suspendido se refiera a delito de esta naturaleza. En los procesos suspendidos impone al Ministerio Público la obligación de tomar las medidas necesarias para la conservación de los registros y medios de prueba, evidentemente, para en caso de que se reanude el proceso. Asimismo, se establece que la información que se genere como producto de la suspensión condicional del proceso no puede ser utilizada en caso de continuar el proceso penal. Por cuanto a la prescripción de la acción penal del delito de que se trate, se estipula que la suspensión condicional del proceso interrumpe el plazo de ésta. En cuanto a los requisitos para la extinción de la acción penal derivado de dicho medio alternativo de solución, es necesario lo siguiente: ( Que el imputado haya cumplido con las condiciones establecidas por el juez de control para la suspensión condicional del proceso, así como el plan de reparación dentro del plazo establecido. ( Que no se hubiese revocado dicha suspensión condicional del proceso. Solventado los requisitos para la extinción de la acción penal, el Juez de control deberá decretar de oficio o a petición de parte el sobreseimiento. Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 220/2016, analizó los alcances de la justicia restaurativa en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, así como las características de los diferentes mecanismos de solución alternas en el proceso penal, entre los que se destaca la suspensión del proceso a prueba, en la cual concluyó en lo siguiente: Con la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, nació un nuevo sistema de justicia penal, un cambio de paradigma que obligó a replantear por completo la totalidad de elementos que definen la manera en que se administra justicia en este ámbito. Con dicha reforma el poder constituyente no sólo modernizó el procedimiento penal, al establecer que será acusatorio y oral, orientado por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación; sino que también introdujo la justicia restaurativa y, con ello, creó nuevos caminos de solución para encausar, a través de los mecanismos alternativos, todos aquellos asuntos que podrían encontrar mejor solución que en el juicio. Por su parte refirió que la justicia restaurativa implica volver las cosas al estado en que se encontraban antes del hecho delictivo. Buscar que el inculpado repare el daño que ha causado, sin declararlo "culpable" e imponerle propiamente una sanción, dado que no persigue sancionar, sino sólo reparar. Estipuló que la suspensión del proceso a prueba es un mecanismo autocompositivo, dado que se requiere un acuerdo entre el imputado y el fiscal, cuya finalidad consiste en paralizar el procedimiento y conducir la conclusión del conflicto penal, mediante el pago de la reparación del daño y el cumplimiento del imputado de una o varias de las condiciones indicadas por el juez, cuya observancia genera la extinción de la acción penal en delitos específicamente determinados. En ese sentido, la suspensión del proceso a prueba constituye un mecanismo alternativo de solución al conflicto penal, que si bien no deja de tener como presupuesto la comisión de un hecho considerado como delito, su prioridad no es declarar la responsabilidad penal del imputado y la imposición de una pena de prisión, sino reparar el daño causado por el delito. Que una vez transcurrido el plazo -si se trata de la suspensión del proceso a prueba- que se fije, sin que la suspensión fuere revocada, pagada la reparación del daño y cumplidas las condiciones establecidas, en ambos casos el juez decretará la extinción de la acción penal, lo que se traduce en la conclusión del conflicto penal sin necesidad de imponer una pena, principalmente de prisión, sino privilegiando la voluntad de las partes que las llevó a una solución alterna del conflicto. Por el contrario, si el imputado decide incumplir con las obligaciones pactadas en el acuerdo o incurre en alguna causa de revocación de la suspensión del proceso a prueba, asumirá como consecuencia la reanudación del proceso penal con todo lo que implica: enfrentar un juicio y una eventual condena, con la limitante de que la información que se genere como producto de esos mecanismos alternativos no podrá ser utilizada dentro del proceso penal. En ese contexto, podemos concluir que la suspensión condicional del proceso constituye un mecanismo alternativo de solución al conflicto penal el cual consiste en un acuerdo entre el imputado y el fiscal, y su finalidad es paralizar el procedimiento y conducir la conclusión del conflicto penal, mediante el pago de la reparación del daño y el cumplimiento del imputado de una o varias de las condiciones indicadas por el juez, cuya observancia genera la extinción de la acción penal en delitos específicamente determinados, sin necesidad de imponer una pena, principalmente de prisión, sino privilegiando la voluntad de las partes que las llevó a una solución alterna del conflicto. Por otra parte, que en caso de que el imputado incumpla con las obligaciones pactadas en el acuerdo o incurre en alguna causa de revocación de la suspensión condicional del proceso, asumirá como consecuencia la reanudación del proceso penal con todo lo que implica: enfrentar un juicio y una eventual condena, con la limitante de que la información que se genere como producto de esos mecanismos alternativos no podrá ser utilizada dentro del proceso penal. Tema 3. Previo a resolver el fondo del asunto, es menester verificar si el juez de control cumplió o no con la regla de corroborar si el quejoso fue asistido por un profesional del derecho en la audiencia oral en la que se emitió la resolución reclamada. En ese sentido, se considera que el juez de control veló por el derecho del imputado de contar con la asesoría de un profesional del derecho, tal como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 20, apartado B, fracción VIII, pues se cercioró de que el defensor privado nombrado por el quejoso -Shugar Alexander Hernández Batun-, interviniente en la audiencia inicial, fuera licenciado en dicha materia y que ello constara en la videograbación respectiva (ver minutos 3:55 a 06:00); lo anterior, en cumplimiento al criterio establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro de la contradicción de tesis 405/2017. Tema 4. Precisado lo anterior, como se vio, la suspensión condicional del proceso constituye un mecanismo de justicia alternativa y restaurativa que, a pesar de no resolver el fondo del asunto, cumple con los fines del proceso penal previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, se advierte que el juez de control no concedió al quejoso que su conflicto se resolviera a través del referido medio de solución alterna, principalmente porque la defensa no presentó una evaluación previa de su representado para estar en aptitud de fijar las condiciones que debería cumplir durante la suspensión condicional del proceso. En efecto, tomando en consideración lo expuesto por el fiscal, el juez de control consideró que de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales, era necesaria una evaluación previa por la Dirección de Medidas Cautelares para determinar si las condiciones propuestas por la defensa del quejoso eran idóneas y suficientes para suspender el procedimiento, así como para dar posibilidad a su contraparte de proponer o adherir diversas condiciones con base en dicho estudio. Consideración que se estima suficiente para no conceder la suspensión condicional del proceso solicitada, puesto que el referido precepto legal dispone textualmente que para fijar las condiciones a cumplir durante la suspensión, el juez podrá disponer que el imputado sea sometido a una evaluación previa, lo que significa que dicha decisión queda a su arbitrio para mejor resolver. Ciertamente, ese estudio hubiera informado al juez si las condiciones que propuso la defensa (abstenerse de consumir y poseer estupefacientes y bebidas alcohólicas, residir en su domicilio familiar, acudir a programas de rehabilitación de adicciones dentro del centro de su reclusión, someterse a un tratamiento médico-psicológico y no viajar al extranjero) eran suficientes e idóneas para suspender el procedimiento; asimismo, le hubiera expuesto, en todo caso, cuáles eran las medidas adecuadas para supervisar su cumplimiento. Por tanto, la defensa debió presentar esa evaluación previa para sustentar y/o justificar las condiciones a las que su representado se comprometió sujetarse durante la suspensión del procedimiento; además, para dar oportunidad a su contraparte de proponer o adherir diversas condiciones a las que el quejoso debía someterse. Después de todo, el artículo 191 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el planteamiento de la suspensión condicional del proceso contendrá un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y el sometimiento del imputado a una o varias de las condiciones señaladas en el numeral 195 del propio código. De lo que deviene que ese planteamiento, de preferencia, deberá contener esa evaluación previa, a fin de que el juzgador esté en aptitud de resolver lo conducente. En ese tenor, se considera que la decisión del juez de control, en negar la suspensión condicional del proceso por ese motivo, se encuentra ajustada a derecho. Lo último, incluso, al margen de que se encuentre equivocado el diverso razonamiento del juez al indicar que la carga de la prueba recaía en la defensa para demostrar que anteriormente no se había otorgado a su representado diversa suspensión condicional, puesto que el artículo 200 del Código Nacional establece que, previo al comienzo de la audiencia de suspensión condicional del proceso, el ministerio público deberá consultar en los registros respectivos si el imputado en forma previa fue parte de algún mecanismo de solución alterna o suscribió acuerdos reparatorios, debiendo incorporar en los registros de investigación el resultado de la consulta e informar en la audiencia de los mismos. Entonces, si bien no correspondía a la defensa probar dicha situación sino a la fiscalía, lo cierto es que ese yerro en la motivación no es suficiente para declarar inconstitucional la resolución aquí combatida, pues -se insiste- no se presentó la evaluación previa del quejoso que resultó imprescindible para fijar las condiciones y el modo de su cumplimiento para la suspensión condicional del proceso. En ese sentido, es ineficaz el motivo de disenso en el que el quejoso sostiene que el juez debió tener por acreditada la condición de residir en un lugar determinado (en su domicilio familiar) al no haber sido materia de contradicción por parte del ministerio público. Ello, en virtud de que -como se dijo en líneas precedentes- la decisión del juez de control no se basó en la falta de acreditamiento de una residencia habitual por parte del quejoso. Por otro lado, no le asiste razón cuando sostiene que el juez de control subsanó las deficiencias del fiscal, habida cuenta que éste, al momento de su exposición, argumentó -entre otras cuestiones- que no se contaba con el informe de Medidas Cautelares previsto en el penúltimo párrafo del artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual -precisó- tenía como finalidad saber si las condiciones propuestas por la defensa se podían cumplir por el implicado y si era posible que fueran supervisadas. Argumento que, acertadamente, fue tomado en consideración por el juez para declarar improcedente la suspensión condicional del proceso. De modo que el juzgador de origen no subsanó las deficiencias ni la teoría del caso del agente del ministerio público, por lo menos en ese aspecto, el cual resultó la razón principal por la que no se resolvió conforme a las pretensiones de su defensa. De igual forma, es infundado el concepto de violación en el que afirma que el juez le privó de su garantía de audiencia al no darle oportunidad de manifestar si aceptaba o no las condiciones que propuso su defensa o para ampliarlas. Esto en razón de que el juez sí cumplió con los principios de contradicción e igualdad procesal, ya que concedió a su defensa la oportunidad de proponer la suspensión condicional del proceso; luego, al fiscal de contestar dicha pretensión; después, nuevamente a su defensa de efectuar una réplica para lo expuesto por el fiscal y, finalmente, a este último replicar lo último alegado por la defensa. De ahí que la autoridad responsable no haya violado la garantía de audiencia del quejoso, en su vertiente de otorgar la oportunidad de formular y probar sus pretensiones, así como de refutar los argumentos de su contraparte. Ahora bien, no sobra decir que la institución de la suplencia de la queja -regulada en la Ley de Amparo para asuntos en los que el quejoso es el imputado o sentenciado- no tiene el alcance de subsanar, corregir o complementar argumentos que se hacen valer dentro de un debate efectuado dentro de un acto derivado de un procedimiento del nuevo sistema de justicia penal de corte acusatorio, pues de lo contrario se rompería con el espíritu de los principios de contradicción e igualdad procesal que caracterizan a dicho sistema. Dicho en otras palabras, el juicio de amparo, en vez de resultar un medio eficaz para reparar violaciones a derechos humanos, supondría un trámite que afectaría la naturaleza del nuevo sistema penal acusatorio y su naturaleza de recurso extraordinario. ¿Por qué se dice lo anterior? Este juzgador federal estima que, según la información aportada en el informe justificado y la derivada de la audiencia oral en estudio, el controvertido penal de origen es completamente susceptible de resolverse a través de la suspensión condicional del proceso al cumplirse uno de los presupuestos principales -que el auto de vinculación a proceso se dictó por un delito cuya media aritmética de la pena de prisión no excede de cinco años-; sin embargo, esa circunstancia no implica que las partes no deban cumplir con las formalidades y los requisitos que la ley establece para acceder a dicho medio alternativo ni mucho menos que a través del juicio de amparo alcancen sus pretensiones soslayando tales formalidades. El juicio de derechos fundamentales, en muchas ocasiones, ha sido materia de abuso por parte de los justiciables, ya que en él ven respuesta a todos sus problemas jurídicos, más si opera en su favor la suplencia de la queja; es decir, si una autoridad no resuelve conforme a sus pretensiones casi de manera automática promueven el juicio de amparo, sin intentar conseguir una solución a través de las diversas formas que la legislación procesal que regula el acto contempla, las cuales incluso podrían ser más ágiles que el propio juicio; además, sin que los abogados realicen un esfuerzo por enderezar argumentos eficaces y contundentes para demostrar que el acto es inconstitucional, escudándose en la referida suplencia. Sobre el nuevo sistema penal acusatorio, la reforma constitucional otorgó a los sujetos procesales -imputado, defensa, víctima, asesor victimal y fiscal- mayor protagonismo y actividad dentro de los actos que se desarrollan dentro del procedimiento, en cambio, los restó a las autoridades jurisdiccionales, quienes sólo deben resolver con base en los planteamientos y en las teorías del caso expuestas por las partes, bajo los principios de contradicción e igualdad procesal. Entonces, es preciso que los justiciables y sus abogados comiencen a mejorar el desempeño y calidad de los actos e intervenciones procesales que realizan para defender sus derechos dentro del procedimiento de origen, a fin de que en el juicio de amparo, al margen de la procedencia o no de la suplencia de la queja, exista un verdadero análisis de control de constitucionalidad, en el que se dilucide si efectivamente se violaron derechos fundamentales del gobernado, sin que ese estudio se vea entorpecido por alguna cuestión o requisito procesal que al final impacta, desde luego, en un derecho sustantivo -como en el caso acontece-. Justamente, si bien dada la materia del presente juicio (penal) es procedente la suplencia de la queja, este órgano de control constitucional no cuenta con las herramientas necesarias para considerar que el juez responsable negó de manera indebida la suspensión condicional del proceso promovida por la defensa del quejoso, pues no se puede soslayar la falta de la evaluación previa que precisó el juez, en términos del artículo 195, penúltimo párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales. De manera que era más recomendable para el quejoso promover nuevamente la suspensión condicional del proceso, cumpliendo con la evaluación previa requerida así como con los demás requisitos que establece dicho ordenamiento legal, que instar el presente sumario constitucional; de ahí la importancia de lo dicho en los párrafos que preceden. En virtud de lo sustentado, se declara constitucional la determinación dictada en audiencia oral de dos de diciembre de dos mil veinte, dentro de la causa penal 74/2020/HUAUCHINANGO, en la que se negó la suspensión condicional del proceso al quejoso José de Jesús Altamirano Bartolo, por lo que se niega el amparo y la protección de la Justicia Federal. Noveno. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Décimo. Notificación a la parte quejosa. Con fundamento en el artículo 27, fracción IV, de la Ley de Amparo, se ordena notificar electrónicamente al quejoso la presente sentencia, por conducto de Shugar Alexander Hernández Batun -autorizado de su parte en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo-, quien tiene concedido el acceso al expediente electrónico y que las notificaciones se le realicen de forma electrónica. No ha lugar a ordenar la citada diligencia de notificación en el lugar en donde el quejoso se encuentra privado de su libertad -Centro Penitenciario de Huauchinango, Puebla-, pues en el proemio de la demanda de amparo se solicitó expresamente que las notificaciones se realizaran de forma electrónica a través del usuario proporcionado, sin que ello implique que se le deje en estado de indefensión, toda vez que se entiende que su personal autorizado en términos amplios, en cumplimiento al cargo conferido, vigilará las notificaciones dirigidas al quejoso, sin perjuicio de que, si con posterioridad se estima necesario, se notifiquen las determinaciones en el lugar de su reclusión. Aunado a lo anterior, de conformidad con el artículo 16, fracción I, del AG 13/2020, la tramitación de los "juicios en línea", implica que las notificaciones respectivas, incluidas las sentencias y resoluciones finales, se practiquen de manera electrónica. Por lo expuesto y fundado; con apoyo además en lo establecido por los artículos 75 y 76 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a José de Jesús Altamirano Bartolo, respecto a la resolución que le negó la suspensión condicional del proceso, dictada en audiencia oral de dos de diciembre de dos mil veinte, dentro de la causa penal 74/2020/HUAUCHINANGO; por las razones expuestas en el considerando octavo de esta sentencia. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando penúltimo de este fallo. Notifíquese electrónicamente al quejoso, por conducto de Shugar Alexander Hernández Batun -autorizado de su parte en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo-; y, por oficio a la autoridad responsable, a los fiscales terceros interesados y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (vía correo electrónico, por lo que se comisiona al actuario de la adscripción confirmar su llegada vía telefónica y asentar razón en autos de su recepción).
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de enero de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos, para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por el Juez de lo Civil y de lo Penal Distrito Judicial de Huauchinango, Puebla -autoridad no responsable-, por medio del cual, devuelve debidamente diligenciado el despacho 25/2021 (orden 30/2021), de cuyas actuaciones se advierte que el veinticuatro de enero de dos mil veintiuno se notificó personalmente al quejoso José de Jesús Altamirano Bartolo el proveído de diecinueve de enero del mismo año y el informe justificado rendido por la autoridad responsable Celestino Martínez Bones, Juez de Control de la Región Judicial Norte del Estado de Puebla, con sede en Huauchinango; por tanto, se tiene por cumplida la encomienda planteada, para los efectos legales a que haya lugar. Dese de baja la comunicación oficial recibida y háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Cúmplase.
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