José de Jesús Aguilera Guzmán
Expediente 1006/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1006/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- José de Jesús Aguilera Guzmán
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el promovente del amparo *****************, no interpuso recurso de queja en contra del auto de veintiséis de octubre del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo que presentó; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Por tanto, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del acuerdo citado en el párrafo que antecede. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por *********************, por su propio derecho, contra actos del Juez Cuarto Civil de Partido con sede en esta ciudad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1006/2022-VII. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, dispositivos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "." "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: "." "IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución." En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" De la interpretación de dichos preceptos se tiene que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido, en el entendido que si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubiesen dejado sin defensa al quejoso; en tanto que si se trata de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Atento a lo establecido en el último de los dispositivos transcritos, conviene puntualizar que por "última resolución" ha de entenderse la que declara cumplida la ejecutoria, o bien, la que reconoce la imposibilidad jurídica y material de darle cumplimiento. Esa será entonces, la resolución impugnable en amparo y no las que la precedan, tendientes a hacer efectiva la sentencia puesto que el cumplimiento de éstas no debe obstaculizarse por ser de interés público. Así las cosas, atento a lo que dispone el numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, es necesario para recurrir los actos emanados de un procedimiento de ejecución -como sustento básico para el surgimiento de la vía indirecta- que dicho acto represente la última resolución dictada en ese procedimiento. Ahora bien, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia invocada, conviene establecer que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional señalando como acto reclamado: La resolución dictada el treinta de septiembre del año en curso, en el recurso de revocación hecho valer en los autos del juicio ordinario civil C578/2008, en la que el Juez Cuarto Civil de Partido con sede en esta ciudad, determinó confirmar el auto de veinticinco de agosto del presente año, en el que se acordó que no había lugar a acodar de conformidad la solicitud del mandatario judicial de la parte actora (aquí quejosa), por no ser el procedimiento legal, a la luz de lo dispuesto por el artículo 1821, del Código Civil para el Estado, y por ello, debía estarse a lo determinado en auto de dieciocho de ese mes y año (en el que se señaló día y hora para que tuviera verificativo la venta en subasta pública del bien inmueble materia de juicio). En ese sentido, si el acto que en esta vía se reclama; es decir, la resolución de treinta de septiembre del año en curso, dictado por el Juez Cuarto Civil de Partido de esta ciudad, dentro del expediente C-578/2008, mediante la cual, se confirmó el auto de veinticinco de agosto del presente año, a través del cual se dijo al mandatario judicial de la parte actora (aquí quejosa), que no había lugar a acodar de conformidad su solicitud, por no ser el procedimiento legal, a la luz de lo dispuesto por el artículo 1821, del Código Civil para el Estado, y por ello, debía estarse a lo determinado en auto de dieciocho de ese mes y año, (en el que se señaló día y hora para que tuviera verificativo la venta en subasta pública del bien inmueble materia de juicio), se emitió en etapa de ejecución de sentencia; es inconcuso, que la resolución aludida en el presente controvertido no constituye la última resolución a que se ha hecho referencia, puesto que no aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, ni es de las que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Máxime, que no debe perderse de vista que el acto reclamado no es autónomo a la ejecución de sentencia, pues guarda relación con ésta. Además que no debe perderse de vista que: I. El quejoso es parte actora en el juicio del que emana el acto reclamado. II. El acto imputado deriva de la existencia de un fallo con el rango de cosa juzgada, el cual en términos del artículo 17 constitucional debe ser ejecutado por ser de orden público; y, III. Admitir la demanda de amparo en la forma en que está propuesta, implicaría anteponer el interés particular por encima del público, pues la sociedad está interesada que las sentencias con el rango de cosa juzgada sean ejecutadas. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia invocada respecto del descrito acto reclamado, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Por otra parte, se tiene al promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Ramón Yerena Cano, al contar con cédula profesional número 3578371, inscrita en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, el promovente solicita se le tenga señalando para recibir notificaciones, el buzón electrónico registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En ese sentido, dígasele que una vez que proporcione el nombre de usuario respectivo, se acordará lo conducente. De conformidad con el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, téngasele proponiendo como forma especial y expedita de contacto el número telefónico y correo electrónico que proporciona. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquellas por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. Finalmente, se instruye a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, para que cuando practiquen notificaciones personales, acaten el lineamiento de higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19), para notificadores y defensores públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por *********************, por su propio derecho, contra actos del Juez Cuarto Civil de Partido con sede en esta ciudad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1006/2022-VII. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, dispositivos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "." "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: "." "IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución." En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" De la interpretación de dichos preceptos se tiene que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido, en el entendido que si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubiesen dejado sin defensa al quejoso; en tanto que si se trata de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Atento a lo establecido en el último de los dispositivos transcritos, conviene puntualizar que por "última resolución" ha de entenderse la que declara cumplida la ejecutoria, o bien, la que reconoce la imposibilidad jurídica y material de darle cumplimiento. Esa será entonces, la resolución impugnable en amparo y no las que la precedan, tendientes a hacer efectiva la sentencia puesto que el cumplimiento de éstas no debe obstaculizarse por ser de interés público. Así las cosas, atento a lo que dispone el numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, es necesario para recurrir los actos emanados de un procedimiento de ejecución -como sustento básico para el surgimiento de la vía indirecta- que dicho acto represente la última resolución dictada en ese procedimiento. Ahora bien, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia invocada, conviene establecer que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional señalando como acto reclamado: La resolución dictada el treinta de septiembre del año en curso, en el recurso de revocación hecho valer en los autos del juicio ordinario civil C578/2008, en la que el Juez Cuarto Civil de Partido con sede en esta ciudad, determinó confirmar el auto de veinticinco de agosto del presente año, en el que se acordó que no había lugar a acodar de conformidad la solicitud del mandatario judicial de la parte actora (aquí quejosa), por no ser el procedimiento legal, a la luz de lo dispuesto por el artículo 1821, del Código Civil para el Estado, y por ello, debía estarse a lo determinado en auto de dieciocho de ese mes y año (en el que se señaló día y hora para que tuviera verificativo la venta en subasta pública del bien inmueble materia de juicio). En ese sentido, si el acto que en esta vía se reclama; es decir, la resolución de treinta de septiembre del año en curso, dictado por el Juez Cuarto Civil de Partido de esta ciudad, dentro del expediente C-578/2008, mediante la cual, se confirmó el auto de veinticinco de agosto del presente año, a través del cual se dijo al mandatario judicial de la parte actora (aquí quejosa), que no había lugar a acodar de conformidad su solicitud, por no ser el procedimiento legal, a la luz de lo dispuesto por el artículo 1821, del Código Civil para el Estado, y por ello, debía estarse a lo determinado en auto de dieciocho de ese mes y año, (en el que se señaló día y hora para que tuviera verificativo la venta en subasta pública del bien inmueble materia de juicio), se emitió en etapa de ejecución de sentencia; es inconcuso, que la resolución aludida en el presente controvertido no constituye la última resolución a que se ha hecho referencia, puesto que no aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, ni es de las que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Máxime, que no debe perderse de vista que el acto reclamado no es autónomo a la ejecución de sentencia, pues guarda relación con ésta. Además que no debe perderse de vista que: I. El quejoso es parte actora en el juicio del que emana el acto reclamado. II. El acto imputado deriva de la existencia de un fallo con el rango de cosa juzgada, el cual en términos del artículo 17 constitucional debe ser ejecutado por ser de orden público; y, III. Admitir la demanda de amparo en la forma en que está propuesta, implicaría anteponer el interés particular por encima del público, pues la sociedad está interesada que las sentencias con el rango de cosa juzgada sean ejecutadas. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia invocada respecto del descrito acto reclamado, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Por otra parte, se tiene al promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Ramón Yerena Cano, al contar con cédula profesional número 3578371, inscrita en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, el promovente solicita se le tenga señalando para recibir notificaciones, el buzón electrónico registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En ese sentido, dígasele que una vez que proporcione el nombre de usuario respectivo, se acordará lo conducente. De conformidad con el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, téngasele proponiendo como forma especial y expedita de contacto el número telefónico y correo electrónico que proporciona. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquellas por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. Finalmente, se instruye a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, para que cuando practiquen notificaciones personales, acaten el lineamiento de higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19), para notificadores y defensores públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,190 expedientes
- José Damián Carmona Rodríguez423/2020
- José Daniel Camacho Camacho463/2022
- José Daniel Ortega Jiménez309/2021
- José Daniel Rodríguez García714/2022
- José David Portillo Tirado241/2017
- José David Rosas Ramírez824/2018
- José de Jesús Cuéllar González979/2022
- José de Jesús Gama López167/2018
- José de Jesús Ledesma Samilpa y Otros.281/2023
- José de Jesús López Ayala759/2018
- José de Jesús Loza Gutiérrez250/2016
- José de Jesús Martínez Andrade865/2018