José Daniel Rodríguez García

Expediente 714/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
714/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
25/07/2022

Partes del expediente

  • José Daniel Rodríguez García

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de catorce de julio de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del acuerdo citado en el párrafo que antecede. Finalmente, con fundamento en el párrafo tercero del punto décimo primero del referido acuerdo, se previene a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acuda a este Juzgado a recoger los documentos que adjuntó a los escritos de demanda y aclaratorio, apercíbasele que de no hacerlo en el término indicado, dicho documento podrá ser destruidos junto con el expediente.

  2. Principal

    Agréguese el primero de los escritos que suscribe el quejoso José Daniel Rodríguez García; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se le tiene cumpliendo con el requerimiento efectuado en proveído de doce de los actuales. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia." Como se puede ver, el texto del artículo transcrito consagra la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un juicio, recurso o medio ordinario de defensa, mediante el cual se pueda modificar, revocar o nulificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para conceder la suspensión. Es importante precisar que el texto del numeral destacado, hace referencia a la no exigencia de mayores requisitos, en consecuencia, si la ley rectora del recurso exige iguales o menores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, entonces el principio de definitividad debe regir en ese caso concreto, es decir, previamente a promover el juicio de amparo, el afectado deberá agotar tales medios ordinarios de impugnación. Ello, porque el referido principio de definitividad encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el afectado debe previamente a su promoción, acudir a la instancia ordinaria que pueda producir la modificación, revocación o nulificación del acto de autoridad que le produce afectación. Cabe destacar que dicho principio admite supuestos de excepción, relacionados con el examen de constitucionalidad de leyes y con violaciones directas a la constitución federal. En efecto, cuando se trata de violaciones directas a la constitución federal, el gobernado no se encuentra obligado a agotar el referido principio de definitividad, es decir, no tiene el deber de agotar los medios ordinarios de defensa que prevé la ley secundaria, toda vez que lo contrario significaría anteponer una ley común a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este punto, es menester precisar que lo anterior, no significa que en todos los casos en que se alegue violación a los derechos previstos en la constitución, sea procedente el juicio de amparo, sino que será necesario atender a cada caso en concreto, a efecto de examinar el planteamiento que se haga valer por parte del gobernado, pues de otra manera, quedaría a elección de dicho gobernado determinar la procedencia del juicio de amparo con sólo invocar violaciones directas a la carta magna. Las excepciones a la regla general, tratándose de violaciones directas a la constitución federal, se actualiza cuando el acto reclamado carece de absoluta fundamentación y motivación, lo que encuentra su justificación porque esas carencias impedirían al particular hacer valer el medio de defensa idóneo para controvertir el acto reclamado, precisamente por desconocer los motivos y fundamentos del acto de autoridad. Otra excepción opera cuando únicamente se alega violación directa a la constitución, como sucede cuando se atribuye infracción al derecho de audiencia. Tampoco está obligada la parte quejosa a observar el mencionado principio cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Fuera de las hipótesis destacadas, el particular se encuentra obligado a agotar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, es decir, debe atender primeramente el medio ordinario de defensa previsto por la ley secundaria, por lo que de no ser así, dicho juicio será improcedente. En otra perspectiva, si dentro de las violaciones alegadas se involucran aspectos de legalidad, necesariamente el gobernado deberá agotar el recurso ordinario, en primer lugar, porque no se trata de absoluta falta de fundamentación y motivación o derecho de audiencia, como tampoco exclusivamente de una violación directa a la constitución, sino que el afectado discute la actuación de la autoridad haciendo valer la vulneración a su derecho de legalidad pues la enmienda a dicha prerrogativa puede ser subsanada, en primera fase, ante la autoridad ordinaria, en donde el interesado debe expresar sus defensas y aportar las pruebas que legalmente procedan para nulificar el acto de autoridad. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene establecer que de la lectura íntegra de la demanda de amparo, así como de las constancias que se adjuntan, se desprende que el acto reclamado en la presente instancia constitucional se hace consistir en: La orden de desocupación del inmueble ubicado en ******************, contenida en el oficio DGDU/INSP.-0306/2022, de treinta de junio de dos mil veintidós, emitido por el Director General de Desarrollo Urbano, con residencia en esta ciudad. Resulta importante destacar que el numeral 565 del Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato; los artículos 1, fracciones I y II, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277 y 278, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato; así como los numerales 2, 4 y 7, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato, establecen: Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato. "Artículo 565. Las resoluciones definitivas dictadas con motivo de la aplicación del Código podrán ser impugnadas mediante los medios de defensa que establece el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato." Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato "Artículo 1. Las disposiciones de este Código son de orden público e interés general y tienen por objeto regular: I. Los actos y procedimientos administrativos de las dependencias y entidades de la administración pública centralizada y paraestatal del Estado de Guanajuato y de sus municipios; y II. La justicia administrativa en el Estado de Guanajuato, la cual se impartirá a través del Tribunal de Justicia Administrativa y de los Juzgados Administrativos Municipales. "Artículo 268. La suspensión del acto o resolución impugnado podrá solicitarla el actor en su demanda por escrito o en el juicio en línea, o en cualquier momento del proceso y tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, en tanto no haya causado ejecutoria la sentencia. Cuando la suspensión se pida en la demanda, si procede, deberá concederse por el Tribunal o Juzgado en el acuerdo que la admita, haciéndolo saber inmediatamente a la autoridad demandada, para su cumplimiento sin demora, pudiendo utilizarse para tal efecto el telegrama, telefax, medios electrónicos o cualquier otro proporcionado por la tecnología, siempre que pueda comprobarse fehacientemente su recepción. "Artículo 269. No se otorgará la suspensión si se causa perjuicio evidente al interés social, si se contravienen disposiciones de orden público o se deje sin materia el proceso administrativo. "Artículo 270. En los casos en que proceda la suspensión, pero pueda ocasionar daños y perjuicios a terceros, se concederá si el actor otorga garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren, si no obtiene sentencia favorable en el proceso administrativo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos no estimables en dinero, el juzgador que conozca del asunto fijará discrecionalmente el importe de la garantía. "Artículo 271. El auto en que se decreta la suspensión surtirá sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si el actor, dentro de los cinco días siguientes, no otorga la garantía establecida. "Artículo 272. La suspensión otorgada conforme a los artículos anteriores, quedará sin efectos si el tercero da, a su vez, caución suficiente para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al actor, en el caso de que éste obtenga sentencia favorable. Para que surta efecto la caución que ofrezca el tercero, conforme al párrafo anterior, deberá cubrir previamente los gastos legales que acredite el actor haber hecho para constituir la garantía. No se admitirá contragarantía cuando el levantamiento de la suspensión implique dejar sin materia el proceso administrativo. "Artículo 273. Para el cumplimiento de la suspensión, el Tribunal o Juzgado, podrán hacer uso de los medios de apremio mencionados en el artículo 27 de este Código, siendo aplicable además, en lo conducente, lo dispuesto por este Libro para el cumplimiento y ejecución de sentencias. "Artículo 274. Cuando se presuma la afectación al orden público o al interés social, el juzgador podrá solicitar a la autoridad emisora del acto o resolución impugnado un informe, y en tal caso, podrá conceder la suspensión provisional en tanto decide si se afecta el orden público o el interés social. El juzgador que haya concedido la suspensión provisional, podrá dejarla sin efectos, cuando se compruebe que con la misma se cause perjuicio al orden público o al interés social; así como en los casos de contragarantía otorgada por el tercero. "Artículo 275. La suspensión podrá concederse con efectos restitutorios únicamente cuando a juicio del juzgador sea necesario otorgarle estos efectos, con el objeto de conservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular. La suspensión a que se refiere este artículo procede de oficio y se concederá de plano. "Artículo 276. Tratándose de asuntos de carácter fiscal, se concederá la suspensión, si quien la solicita garantiza el interés fiscal dentro de los tres días siguientes contados a partir del día en que se solicitó la suspensión, ante las oficinas exactoras correspondientes, en cualquiera de las formas previstas por la legislación fiscal correspondiente. El juzgador podrá conceder la suspensión, sin necesidad de que se garantice el importe del crédito, cuando el asunto planteado no rebase la cantidad que resulte de multiplicar por ciento cincuenta el salario mínimo general diario vigente en el Estado de Guanajuato. El auto que dispense el otorgamiento de la garantía no será recurrible. "Artículo 277. Cuando los actos o resoluciones materia de impugnación hubieren sido ejecutados a particulares de escasos recursos económicos, impidiendo el ejercicio de su única actividad personal de subsistencia, debiendo éstos acreditar tal circunstancia aportando medios de convicción, y entre tanto se pronuncia la resolución que corresponda, el juzgador podrá dictar las medidas que estime pertinentes para preservar el medio de subsistencia del actor. Dichas medidas podrán dictarse de plano. "Artículo 278. La suspensión podrá ser revocada por el juzgador en cualquier momento del proceso administrativo, si existe un cambio de la situación jurídica bajo la cual se otorgó, oyéndose previamente a los interesados de oficio o a petición de parte. Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato. "Artículo 2. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato es un órgano jurisdiccional con autonomía, de control de legalidad, dotado de plena jurisdicción e imperio para hacer cumplir sus resoluciones en todo el territorio estatal. Formará parte del Sistema Estatal Anticorrupción, su actuación estará sujeta a las bases establecidas en la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, así como en la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato. "Artículo 4. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato tiene a su cargo: I. Dirimir las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la Administración Pública del Estado y los particulares; II. Conocer de los actos y resoluciones administrativas dictadas por los ayuntamientos; III. Conocer de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y particulares vinculados con faltas graves promovidas por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas y los Órganos Internos de control de los entes públicos estatales y municipales, o por la Auditoría Superior del Estado, para la imposición de sanciones en términos de lo dispuesto por la Ley en materia de responsabilidades administrativas aplicable; IV. Fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al Patrimonio de los entes públicos estatales o municipales; y V. Conocer en segunda instancia, de las resoluciones que pongan fin al proceso administrativo municipal, y de los acuerdos dictados por los Juzgados Administrativos Municipales, que concedan, nieguen o revoquen la suspensión del acto impugnado. "Artículo 7. Las Salas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato serán competentes para conocer: I. En primera instancia: a) Los actos y resoluciones jurídico-administrativos que las autoridades estatales dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de los particulares; b) Las resoluciones dictadas por las autoridades fiscales estatales en que, se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida ésta o se den las bases para su liquidación, nieguen la devolución de un ingreso indebidamente percibido, o cualquiera otra que cause un agravio en materia fiscal; c) Los actos administrativos y fiscales estatales que impliquen una negativa ficta, configurándose ésta cuando las instancias o peticiones que se formulen ante las autoridades no sean resueltas en los plazos que la Ley o el reglamento fijen, o a falta de dicho plazo, en el de treinta días hábiles; d) Las resoluciones administrativas y fiscales estatales favorables a los particulares; e) Los actos y resoluciones jurídico-administrativos que los Ayuntamientos dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de los particulares; f) La declaratoria que emita la Comisión de Participación Ciudadana del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, sobre la improcedencia de la solicitud de un proceso de plebiscito, referéndum o referéndum constitucional, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Guanajuato; y g) De los actos y resoluciones derivados de la relación administrativa de los integrantes de las instituciones policiales estatales y municipales. II. En segunda instancia: a) Las resoluciones que pongan fin al proceso administrativo municipal; y b) Los acuerdos dictados por los Juzgados Municipales, que concedan, nieguen o revoquen la suspensión del acto impugnado. Al tenor de las consideraciones expuestas, el suscrito estima que por lo que se refiere al acto reclamado previamente identificado, se actualiza la indicada causal de improcedencia, en virtud de que la parte quejosa debió combatir dicho acto a través del medio de defensa previsto por el artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, aplicable al caso concreto, puesto que el acto que en esta vía reclama los llevaron a cabo autoridades de la administración pública municipal, y en contra de sus determinaciones procede un juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa, el cual es regulado por la primera parte de la fracción II del numeral 1 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Máxime que el referido Código de Procedimientos y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, en sus artículos 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277 y 278, prevén la suspensión del acto reclamado, sin exigir mayores requisitos de los establecidos en la Ley de Amparo. Sin que sea óbice a lo antes considerado, que el referido código no disponga expresamente un plazo para proveer sobre la admisión de la demanda en el proceso administrativo, pues de los preceptos 268 y 275 del citado ordenamiento local, se advierte la obligación del Juez de comunicar a la autoridad demandada sobre la suspensión del acto, exigencia de la que se entiende la obligación del juzgador de acordar lo antes posible respecto a la admisión o desechamiento de la demanda, a diferencia de lo dispuesto en la Ley de Amparo en vigor, que sí prevé el plazo para resolver si se admite o desecha la demanda. Cabe mencionar que los criterios trascritos fueron emitidos con base en el análisis de las disposiciones contenidas en la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece; sin embargo, en términos de lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la ley de la materia, en vigor a partir del tres del citado mes y año, la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará vigente en lo que no se oponga a la actual, por lo que al no contraponerse lo establecido en la jurisprudencia y en la tesis citadas a lo estatuido en la nueva Ley de Amparo, tienen aplicación en el presente asunto. Luego, si el impetrante pretende impugnar en la vía de amparo actos de las autoridades que señala como responsables, sin acudir previamente a aquel procedimiento mediante el cual se pueden revocar, modificar o nulificar, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia en estudio, al quedar incumplido el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, por lo que, el amparo que se insta resulta improcedente. Sin que en el caso se actualice la excepción al aludido principio de definitividad contenida en el segundo párrafo de la fracción en estudio, que señala que no es obligatorio agotar los recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación, ya que será a través del indicado juicio administrativo, en que podrán atacarse los fundamentos invocados, así como los razonamientos lógico jurídicos esgrimidos en la resolución en que se haya negado la solicitud de la parte quejosa. Máxime que en el caso no se actualiza la excepción al aludido principio de definitividad contenida en el segundo párrafo de la fracción en estudio, que señala que no es obligatorio agotar los recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación, ya que la fundamentación a que se hace referencia se encuentra contenida en el oficio DGDU/INSP.-0306/2022, de treinta de junio de dos mil veintidós, emitido por el Director General de Desarrollo Urbano, con residencia en esta ciudad, del que emana el acto reclamado, por lo que será a través del juicio administrativo citado en el cuerpo de esta resolución, en que podrán atacarse los fundamentos invocados, así como los razonamientos lógico jurídicos esgrimidos. Tampoco constituye un obstáculo para la anterior determinación, la circunstancia de que el promovente alegue en sus conceptos de violación transgresión al derecho contenido en los artículos 14 y 16 constitucionales, puesto que a la vez manifiesta que los actos los impugnan por falta de legalidad, esto es, alega no únicamente violaciones a la Carta Magna sino también cuestiones de legalidad, lo que les impone agotar los medios ordinarios de defensa a su alcance. Además, que el medio de defensa que debe interponer la parte quejosa, como ya se vio, no se encuentra en un reglamento. Resta mencionar, que este operador jurídico no soslaya lo plasmado por la parte quejosa tanto en su demanda y escrito aclaratorio, donde sustancialmente argumenta que, el acto reclamado reviste la calidad de aquellos de imposible reparación, sobre todo si llegara a ejecutarse; en tanto que esta característica no constituye obstáculo ni se erige como una excepción al principio de definitividad, rector del juicio de amparo. Más aún, cuando en el propio acto reclamado, se estipuló en los puntos "cuarto", "quinto" y "séptimo", lo siguiente: "CUARTO.- Por lo que atendiendo a lo establecido en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial de Celaya, Gto., 2020-2040, así como a la Normativa para la Compatibilidad entre los Usos y Destinos del Suelo y los Giros establecidos, en concreto, la Tabla de Compatibilidades antes referida, se establece que el predio identificado con cuenta predial UI000334001 el cual se ubica en el domicilio *********************, de esta ciudad de Celaya, Guanajuato, se encuentra dentro de una zona considerada como H2 HABITACIONAL DE DENSIDAD MEDIA y en una vialidad determinada como VIALIDAD SECUNDARIA, donde el giro de "CENTRO DE REHABILITACIÓN DE ADICCIONES" está considerado como NO PERMITIDO. " "QUINTO.- En virtud de las consideraciones anteriores, procede, resolver e informar a usted que NO PUEDE CONTINUAR explotando o desarrollando la actividad o prestación de servicios de "CENTRO DE REHABILITACIÓN DE ADICCIONES" por no contar con permiso de uso de suelo expedido por la Dirección General de Desarrollo Urbano actualizándose el supuesto de infracción en materia de ordenamiento territorial contemplado en el artículo 551 fracción V del Código territorial para el estado y los Municipios de Guanajuato, sit "se consideran conductas constitutivas de infracción en materia de ordenamiento y administración sustentable del territorio: V. Ejecutar cualquier obra, instalación actividad o proyecto en zonas, áreas, sitios o lugares NO permitidos", por lo que con fundamento en lo establecido en el artículo 557 del citado ordenamiento legal SE ORDENA LA DESOCUPACIÓN DEL INMUEBLE, para lo cual se otorga el plazo de 5 días naturales, contados a partir de la notificación del presente ocurso, con la finalidad de proceder a la imposición de la sanción administrativa consistente en CLAUSURA DEFINITIVA Y TOTAL DE LAS ACTIVIDADES que se realizan en el inmueble ubicado en el domicilio de **********************, de esta Ciudad de Celaya, Guanajuato." "." "SÉPTIMO.- Hágase del conocimiento de la persona moral denominada Fundación Un Paso a la Luz Asociación Civil a través de la C. ******************, Apoderado Legal que si el contenido del presente requerimiento el causa perjuicio podrá interponer los medios de defensa que señala Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato."(SIC) De donde se colige que, tal como se ha puntualizado en acápites de antecedentes, en contra del acto combatido, procede previo a la promoción del juicio constitucional, el juicio contencioso administrativo previste en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de y Municipios de Guanajuato. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia invocada, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Por otra parte, agréguese el escrito de cuenta que suscribe ***************; atento a su contenido se provee: En torno a su petición en el sentido de que se le devuelvan las documentales que adjuntó como anexos uno, dos y tres, a su escrito de demanda; dígasele que una vez que quede firme el presente proveído, deberá reiterar su solicitud, lo anterior de conformidad con lo previsto en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Como lo solicita, de conformidad con el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su costa copia certificada de las documentales que adjuntó como anexos uno, dos y tres, a su escrito de demanda, las que puede obtener y recoger en cualquier día y hora hábil, previa cita que genera para tal efecto a través del sistema "Agenda OJ", en el link https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales/citas, y razón de recibo que se asiente en autos para constancia. En cuanto a que se le expida copia certificada de la suspensión, dígasele que se esté a lo acordado en el cuerpo del presente acuerdo. Finalmente, agréguese el segundo de los escritos que suscribe el quejoso ********************; atento a su contenido, dígasele que se esté a lo acordado en líneas precedentes, en tanto que lo que pretende demostrar, es una consecuencia directa e inmediate del acto reclamado.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo presentada por ****************, por su propio derecho y quien se ostenta además, como representante legal de la fundación *******************, contra actos del Director General de Desarrollo Urbano de esta ciudad; con apoyo en lo establecido en los Acuerdos Generales 7/2022 y 9/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reforma, Adiciona y Deroga el similar 21/2020, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, en relación al Periodo de Vigencia y las Facultades de la Comisión Especial, fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número de expediente 714/2022-III. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Como se advierte del artículo anterior, el órgano jurisdiccional al realizar el análisis del escrito constitucional puede advertir deficiencias, irregularidades u omisiones, respecto de las cuales mandará requerir al promovente para que las aclare dentro del término de cinco días legalmente computado, señalando con precisión en el auto relativo las que deban corregirse. En la especie, primeramente, la irregularidad advertida surge de lo preceptuado en la fracción II del artículo 108 de la legislación en consulta, que textualmente reza: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad." Como se advierte de la trascripción anterior, la parte quejosa tiene la insoslayable obligación de precisar el nombre y domicilio del tercero interesado, y en caso de que desconozca ello, deberá manifestarlo así bajo protesta de decir verdad. En el caso concreto, si bien, el promovente del amparo, en el capítulo de "NOMBRE Y DOMICILIO DEL TERCERO INTERESADO", indica el nombre de la persona a la que aduce le resulta tal carácter, y manifiesta desconocer su domicilio, también lo es que, precisa que puede aportarlo. En ese sentido, es necesario que el solicitante del amparo precise el domicilio en el que pueda ser llamado al presente juicio constitucional, dado que el aludido numeral 108 de la Ley de Amparo, en su fracción II, indica que deberán señalarse el nombre y domicilio del tercero interesado, por lo que la omisión proporcionar tanto uno como otro, hace que la demanda de amparo que se provee, sea irregular, por cuanto no es posible integrarlo a la litis constitucional. En ese sentido, al ser un requisito que debe satisfacerse en el escrito de demanda a fin de que este Juzgado se encuentre en posibilidad de proveer sobre su admisión, es necesario prevenirlo para que subsane tal omisión. Por otra parte, la segunda irregularidad advertida emerge de lo dispuesto en la fracción III, del referido precepto 108 de la ley de la materia refiere: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "III. La autoridad o autoridades responsables." Del precepto transcrito se desprende la obligación que tiene la parte quejosa de señalar en su libelo constitucional a las autoridades responsables, las cuales fungen en el juicio de amparo como la parte demandada, por lo que es indispensable que haga correctamente su designación, para que estén en posibilidades de defender los actos que se tachan de inconstitucionales, y evitar que si éstas tienen facultades para ejecutarlo, lo lleven adelante, argumentando no haber sido señaladas como responsables en la demanda respectiva. Lo anterior se justifica si se toma en cuenta que el artículo 5, fracción II de la ley de la materia, señala que es autoridad responsable: "(.) la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas (.)" En el caso concreto, del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa esencialmente reclama la orden de desocupación del inmueble ubicado en ********************, contenida en el oficio DGDU/INSP.-0306/2022, de treinta de junio de dos mil veintidós. Ahora bien, en el capítulo atinente a la autoridad responsable, se advierte que el peticionario del amparo señaló como tal, únicamente, al Director General de Desarrollo Urbano de esta ciudad. En ese sentido, es necesario precisar que el Notificador adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano de esta ciudad, es quien tiene las facultades para ejecutar el acto reclamado y, por tanto, le resulta el carácter de autoridad responsable. Por otro lado, la tercera irregularidad advertida emerge lo dispuesto en la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo, textualmente dispone: "V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación." Tal precepto establece como requisito de la demanda de amparo que la parte quejosa haga una narración, bajo protesta de decir verdad, de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al artículo 62 de la citada ley. En el caso concreto, el suscrito estima que si bien es cierto, que el solicitante del amparo en su afán de cumplir con el requisito establecido anteriormente, en su escrito de demanda narró algunos hechos y abstenciones del acto reclamado, también lo es que, omitió expresar: Cuál es el contenido del oficio US/FACT/0333/2022, de seis de mayo de dos mil veintidós, así como la autoridad por la que fue emitida. En contra de qué acto interpuso el juicio de nulidad, que aduce se encuentra en trámite, es decir, en contra del oficio US/FACT/0333/2022, de seis de mayo de dos mil veintidós, o del DGDU/INSP.-0306/2022 de treinta de junio de dos mil veintidós. Datos que resultan determinantes para la substanciación del presente juicio de amparo, por lo que dicha irregularidad torna obscuro e irregular el libelo constitucional, al no permitir al suscrito conocer los pormenores de los antecedentes del acto reclamado. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 161/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual surgió de la contradicción de tesis 334/2013, que de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA." Conclusivamente, con fundamento en los artículos 108, fracciones II, III y V, en relación con el 114, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, prevéngase al promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, contados a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que del presente proveído se le practique, por escrito y con copias suficientes para correr traslado a cada una de las partes realice lo siguiente: Precise el domicilio de ****************, a quien aduce le resulta la calidad de tercero interesado, a fin de estar en condiciones de llamarlo al presente juicio. Señale como autoridad responsable al Notificador adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano de esta ciudad. Manifieste bajo protesta de decir verdad la totalidad de los hechos y abstenciones que les constan y que constituyen los antecedentes del acto reclamado, específicamente, las irregularidades destacadas en la presente determinación. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del citado artículo 114 de la ley de la materia, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." Cabe destacar que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si el promovente es quien la desahoga, dado que el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar las irregularidades que se detectaron y, por tanto, ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6° de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. Por otra parte, téngase al promovente autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a la licenciada ******************, al contar con cédula profesional número 2443867, ingresada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, creado por Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y, de la última parte del segundo párrafo del precepto legal en cita a las demás personas que menciona, por así haberlo solicitado. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquellas por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las pates en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. Finalmente, se instruye a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, para que cuando practiquen notificaciones personales, acaten el lineamiento de higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19), para notificadores y defensores públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones.

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