José David Morales Márquez

Expediente 438/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 14 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
438/2023
Año
2023
Actuaciones
14
Última actuación
12/09/2023

Partes del expediente

  • José David Morales Márquez
  • Unida Especializada en Investigación de Delitos contra la Libertad y Seguridad Sexual, Desarrollo Psicosexual, de la Fiscalía Especializada de la Mujer, Zona Norte

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Visto para resolver el Juicio de Amparo 438/2023-I-B, promovido por ********************por conducto de su defensor particular********************, contra actos de la Juez de Control Penal del Distrito Judicial Bravos, y otras autoridades con residencia en la localidad; y, R e s u l t a n d o: PRIMERO. Por escrito presentado el diecinueve de abril de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede esta ciudad y que por turno correspondió conocer a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ********************, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de las autoridades, Juez de Control Penal del Distrito Judicial Bravos y otras autoridades consistentes en: "IV. ACTO o ACTOS RECLAMADOS: La ilegal admisión de una prueba de mensajes de datos (mensajería Chat o sincrónica) obtenida de forma ilegal y sin cadena de custodia a favor de la Fiscalía General del Estado (Fiscalía Especializada de la Mujer, Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Libertad y la Seguridad Sexual, Desarrollo Psicosexual). (sic). SEGUNDO. Por auto de veintiuno de abril de dos mil veintitrés se desechó de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente al considerar este Órgano Jurisdiccional la actualización en el presente caso, de la causal de improcedencia 61 fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V ambos de la Ley de Amparo. En auto de tres de mayo de dos mil veintitrés se tuvo al quejoso ********************interponiendo el recurso de queja en contra del auto de veintiuno de abril del año en curso mediante el cual se desechó la demanda de amparo en estudio, y mediante proveído de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés se remitió al tribunal de alzada en turno. Mediante ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con sede en esta ciudad, en la sesión de cinco de julio de dos mil veintitrés, se declaró fundado el recurso de queja, ordenando que se dejara insubsistente el auto recurrido y se ordenó a este juzgado dar cumplimiento a la ejecutoria descrita. Por auto de once de julio de dos mil veintitrés pronunciado por este Órgano Jurisdiccional, se admitió la demanda de que se trata, fecha en que se pidió a las autoridades responsables su informe justificado, se ordenó emplazar al tercero interesado, se dio al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que le compete, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se inició en términos del acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que los actos reclamados podrán ejecutarse en esta ciudad, lugar donde el suscrito Juez de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la quejosa y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, Tomo II, Procesal Constitucional, Volumen 2, Común, parte 2, Décima Primera Sección, Sentencias de amparo y sus efectos, número 1347, página 1511, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, abril de 2004, Novena época, página 255, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Así pues, el examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que los actos reclamados por la parte quejosa son: . ACTO o ACTOS RECLAMADOS: La ilegal admisión de una prueba de mensajes de datos (mensajería Chat o sincrónica) obtenida de forma ilegal y sin cadena de custodia a favor de la Fiscalía General del Estado (Fiscalía Especializada de la Mujer, Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Libertad y la Seguridad Sexual, Desarrollo Psicosexual). (sic). Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la aquí quejosa, lo procedente es examinar la existencia de los actos de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. TERCERO. Por otro lado, la Jueza del Sistema Penal Acusatorio en Funciones de Enjuiciamiento en el Distrito Judicial Bravos al rendir su respectivo informe justificado, negó categóricamente los actos que se les atribuyen, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna en contrario. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa no aportó prueba alguna que desvirtuara esa negativa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de garantías. Apoya lo anterior la Jurisprudencia VI, 2°. J/20, visible en la página 627, Tomo IV, Segunda Parte-2, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO. La existencia de los actos reclamados a la autoridad Juez de Control Penal del Distrito Judicial Bravos, quedó plenamente demostrada en el juicio que nos ocupa. Lo que se ve corroborado con las constancias de la copia certificada de la audiencia de apertura a juicio oral de fecha treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, en la causa penal 2429/2021 del índice de asuntos del Tribunal de Control, así como del audio y video (disco ópticos) de dicha audiencia, mismos que anexó en apoyo de su informe; documentos a los que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2º, lo anterior, al haberse expedido por funcionario público en ejercicio y con motivo de sus funciones. En este sentido, debe señalarse que los registros de audio y video, contenidos en el disco óptico remitido por la juez responsable, revisten pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 188, 210-A y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues el método a través del cual se capturó la información en tal disco archivada, es confiable por estar contemplado el mismo en el artículo 61 del Código Nacional de Procedimientos Penales y porque el medio electrónico fue remitido por una autoridad judicial quien debidamente realizó la certificación correspondiente, además de que el contenido del mismo estuvo al alcance de las partes en este juicio de amparo, sin que lo hayan objetado en forma alguna, pese a que se le dio vista oportunamente con el informe justificado respectivo. Sirve de apoyo a lo antes expuesto, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 290460, publicada en el Semanario Judicial de la Federación en la Quinta Época-III, la cual es del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PUBLICOS. Lo son las certificaciones expedidas por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, de consiguiente, hacen prueba plena." Igualmente es conducente la diversa jurisprudencia 1ª./J. 43/2013 (10ª.), publicada en la página 703 del Libro XXIII, agosto de dos mil trece, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga.". QUINTO. Por otro lado, el suscrito considera necesario señalar los antecedentes del presente juicio de amparo; Así, el día diecinueve de abril de dos mil veintitrés la parte quejosa presentó demanda de amparo, la cual fue turnada a este órgano jurisdiccional el veinte de abril de dos mil veintitrés, reclamando la ilegal admisión de una prueba consistente en mensajes de datos. Por auto de veintiuno de abril de dos mil veintitrés se desechó de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente al considerar este Órgano Jurisdiccional la actualización en el presente caso, de la causal de improcedencia 61 fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V ambos de la Ley de Amparo. En auto de tres de mayo de dos mil veintitrés se tuvo al quejoso ********************interponiendo el recurso de queja en contra del auto de veintiuno de abril del año en curso mediante el cual se desechó la demanda de amparo en estudio, y mediante proveído de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, dicho recurso se remitió al tribunal de alzada en turno. Mediante ejecutoria dictada en el Recurso de Queja Penal 102/2023, del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con sede en esta ciudad, en la sesión de cinco de julio de dos mil veintitrés, declaró fundado el recurso de queja, ordenando que se dejara insubsistente el auto recurrido y se ordenó a este juzgado dar cumplimiento a la ejecutoria descrita. Por tanto, mediante auto de once de julio de dos mil veintitrés pronunciado por este Órgano Jurisdiccional, se admitió la demanda de que se trata. Por otro lado, el Juez de Control Responsable rindió su informe justificado el día catorce de julio de dos mil veintitrés, en el cual hizo del conocimiento de este Tribunal que el treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés se llevó a cabo la audiencia intermedia en el juicio natural, en la cual se dictó auto de apertura a juicio oral, señalando la autoridad responsable que entre otras pruebas se admitió la serie fotográfica, proporcionada por la víctima en las que constan treinta y siete capturas de pantalla de la conversación entre la víctima y el aquí quejoso. Dicho auto de apertura al no ser impugnado por las partes, fue turnado al Tribunal de Enjuiciamiento en Materia Penal el dieciocho de abril de dos mil veintitrés, de conformidad con el artículo 347 del Código Nacional de Procedimientos Penales, remitiendo para acreditar lo expuesto, copia certificada del auto de apertura a juicio oral emitido en la causa natural, en la fecha descrita. Por su parte, la autoridad responsable, Jueza del Sistema Penal Acusatorio en funciones de Enjuiciamiento en el Distrito Judicial Bravos informo que el dieciocho de abril de dos mil veintitrés recibió el oficio 11134/2023 signado por el Juez de Control responsable, mediante el cual le remitió el auto de apertura dictado dentro de la causa penal 2429/2021 de su índice; agregando dicha responsable que el veintiocho de junio de dos mil veintitrés radico el asunto en estudio y le correspondió el número de juicio oral 80/2023, señalando fecha y hora para su desahogo asi mismo pregunto a las partes si podía iniciar el juicio y los intervinientes (fiscal y defensa), dijeron que si y ninguno informo del amparo o de algún recurso que estuviera pendiente de resolver, por lo que se dio curso normal al juicio oral descrito. En el mismo orden de ideas, la Jueza de Enjuiciamiento responsable, señalo que los días cinco, siete y diez de julio del presente año se desahogaron pruebas en el Juicio, entre ellas los mensajes materia del juicio de amparo, y el once de julio de dos mil veintitrés se expresaron alegatos de clausura y ese mismo día, la autoridad responsable descrita dicto fallo en el que considero a ********************penalmente responsable del delito de violación previsto y sancionado por el artículo 172, fracción I del Código Penal del Estado, cometido en perjuicio de la víctima de iniciales L.Y.F.C. Precisando la Jueza Responsable, que fue hasta el doce de julio de dos mil veintitrés en que se recibieron en la administración del Tribunal los oficios 15993/2023 y 16037/2023 signados por el secretario de este Juzgado. Por otro lado, el suscrito juez destaca que la parte quejosa solicito la suspensión provisional materia del reclamo, la cual se le concedió el once de julio de dos mil veintitrés, para el efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado que guardaban y, así, no se dictara el auto de apertura a juicio oral hasta en tanto se resolviera en definitiva la incidencia descrita, proveído que le fue notificado al Juez de Control del Distrito Judicial Bravos y a la Jueza del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Bravos, el doce de julio de dos mil veintitrés, como se advierte de la constancia de notificación que obra en el incidente de referencia. SEXTO. Previo al análisis del fondo de la litis constitucional planteada, es necesario estudiar las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con el artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que quien esto resuelve debe estudiarlas aún de oficio, las aleguen o no las partes. Sobre el particular es aplicable la tesis 814, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que puede ser consultada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación de 1995, tomo VI, parte Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, página 553, que dice textualmente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". El suscrito Juez de Distrito advierte de oficio la actualización de la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que señala: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. ." En efecto, de las constancias que integran el presente juicio, se advierte que el Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, en funciones de Juez de Control, con residencia en la localidad, en su informe justificado remitió el oficio 52546/2023 derivado de la causa penal natural, mediante el cual informo que el treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés se llevó a cabo la audiencia intermedia en la cual se dictó auto de apertura a juicio oral precisando que entre las pruebas ofertadas por la representación social se admitió la serie fotográfica proporcionada por la víctima en la que constan treinta y siete capturas de pantalla de la conversación entre la víctima y el aquí quejoso. Dicho auto de apertura dictado dentro de la causa penal 20429/2021 de su índice, al no ser impugnado por las partes fue turnado al tribunal de enjuiciamiento en materia penal el dieciocho de abril de dos mil veintitrés dando cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 347 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Agregándose al respecto que la Jueza en funciones de Enjuiciamiento al rendir su informe destaco que el veintiocho de junio de dos mil veintitrés, radico el referido asunto bajo el número de juicio oral 80/2023 de su índice, señalando las doce horas del cinco de julio de dos mil veintitrés para iniciar el juicio, y en la misma fecha la Jueza de Enjuiciamiento pregunto a los intervinientes (Fiscal y defensa) si podía iniciar el juicio, quienes dijeron que si y ninguno informo el amparo o de algún recurso pendiente de resolver, por lo que, la Juzgadora de Enjuiciamiento dio cursó normal al debate programado, destacando que el defensor particular quien promovio el Juicio de Amparo es el mismo que llevo la defensa a lo largo del juicio, y nunca menciono que estuviera en trámite algún amparo o recurso, quien estuvo en la oportunidad de hacerlo desde antes del inicio del debate; destacándose que los días cinco, siete y diez de julio de dos mil veintitrés se desahogaron pruebas en el juicio oral natural entre ellos los mensajes materia del juicio de amparo; destacando la Juez de Enjuiciamiento que el once de julio del presente año, se expresaron alegatos de clausura y ese mismo día dictó fallo en el que consideró a ********************penalmente responsable del delito de violación previsto y sancionado en el artículo 172 fracción I del Código Penal del Estado de Chihuahua cometidos en perjuicio de la victima de iniciales L.Y.F.C. De lo que se destaca que en el incidente de suspensión, no se suspendió el dictado del auto de apertura a juicio oral, dado que el oficio respectivo, fue notificado hasta el doce de julio de dos mil veintitrés, como se advierte de las constancias de notificación del incidente de referencia. Por ello, el suscrito Juez Federal advierte que se actualiza la causa que hace improcedente el juicio de amparo, prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, puesto que en el procedimiento penal de origen, ha operado un cambio de situación jurídica. Se dice lo anterior, ya que el acto reclamado, emana de un procedimiento judicial y con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se pronunció una determinación que cambió la situación jurídica en que se encontraba el quejoso al promover la demanda de amparo; asimismo, no es posible pronunciarse sobre la constitucionalidad de la admisión de una prueba consistente en mensajes de datos desahogada en la Audiencia intermedia en la cual se dictó auto de apertura a juicio oral, pronunciada el treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés dentro de la causa penal 2429/2021 del índice del Tribunal de Control, el cual fue turnado el dieciocho de abril de dos mil veintitrés al Tribunal de Enjuiciamiento en Materia Penal, quien la registro bajo el número de juicio oral 80/2023 de su índice, la cual concluyo el once de julio de dos mil veintitrés donde se expresaron alegatos de clausura y en la misma fecha la jueza de enjuiciamiento dicto fallo en el que considero al aquí quejoso ********************penalmente responsable del delito de violación previsto y sancionado por el articulo 172 fracción I del Código Penal del Estado de Chihuahua, cometido en perjuicio de la victima de iniciales L.Y.F.C.. Es pertinente al particular tratado, el contenido de la tesis 2a. CXI/96, emitida en Novena época, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en la página 219 del tomo IV, correspondiente al mes de diciembre de mil novecientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Igualmente, se estima atingente en lo conducente, por identidad jurídica la jurisprudencia 1a./J. 95/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en la página 50, del tomo XXVI, correspondiente al mes de agosto de dos mil siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos. En tal virtud, al actualizarse la causa que hace improcedente el juicio de amparo, contenida en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo procedente es, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, sobreseer en el juicio de amparo en que se actúa. Sin que la anterior determinación se considere negación de justicia. Ello es así porque aun cuando en nuestro orden jurídico se reconoce el derecho de tutela judicial efectiva a favor de las personas, no implica que los órganos jurisdiccionales deban estimar que en todos los casos se acredita el interés jurídico de quienes acuden a instar la protección de la Justicia de la Unión, pues ello sería tanto como dar al citado derecho un alcance absoluto que desconocería las limitaciones legal y constitucionalmente admitidas que guardan una razonable relación de proporcionalidad entre los medios que deben emplearse y su fin; es decir, se desvirtuaría la finalidad de instrumentar requisitos y presupuestos procesales que permitan mantener la legalidad y seguridad jurídica requeridas dentro del sistema jurídico, en tanto que se beneficiaría indebidamente a una parte y se desconocerían los derechos de la contraparte en un proceso. Aunado a que las causas de improcedencia y sobreseimiento, son compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio constitucional, puesto que su propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo en los casos sin mérito, es en sí legítimo. Apoya lo expuesto, la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, que dice: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Del examen de compatibilidad de los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo con el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no se advierte que el derecho interno desatienda los estándares que pretenden proteger los derechos humanos en dicho tratado, por regular causas de improcedencia y sobreseimiento que impiden abordar el estudio de fondo del asunto en el juicio de amparo, en virtud de que el propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin mérito, es en sí legítimo, por lo que esa compatibilidad, en cuanto a los requisitos para la admisibilidad de los recursos dependerá, en principio, de los siguientes criterios: no pueden ser irracionales ni de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia, ni discriminatorios y, en el caso, la razonabilidad de esas causas se justifica por la viabilidad de que una eventual sentencia concesoria tenga un ámbito de protección concreto y no entre en conflicto con el orden jurídico, no son de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia ni tampoco son discriminatorias, pues no existe alguna condicionante para su aplicabilidad, en función de cuestiones personales o particulares del quejoso. Por tanto, las indicadas causas de improcedencia y sobreseimiento no son incompatibles con el citado precepto 25.1, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio de garantías.". En atención a que el sobreseimiento decretado constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, no se entrará al análisis de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, ya que al haberse actualizado una causal de improcedencia del presente juicio, impide el examen de constitucionalidad del acto reclamado, sin que ello genere agravio alguno a la parte quejosa, porque aquella cuestión es de estudio preferente y de orden público. Cabe invocar al respecto, la jurisprudencia 58, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que se lee como sigue: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." También, sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, consultable en la página 233, del Tomo XI, Marzo de 1993, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, bajo la voz: "CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS AGRAVIOS. Al estimarse que en el juicio de garantías se surte una causal de improcedencia y que debe sobreseerse en el mismo con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, resulta innecesario el estudio de las demás que se aleguen en el caso y de los restantes agravios, porque no cambiaría el sentido de la resolución." Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo además en los Artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 61, fracción XVII, 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; se, RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente Juicio de Amparo promovido por ********************, de conformidad con el último considerando de esta resolución. N o t i f í q u e s e. Así lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe, y hace constar que esta resolución se terminó de engrosar hasta el día de hoy, doce de septiembre de dos mil veintitrés, en que así lo permitieron las labores de este juzgado. Doy fe.

  2. Principal

    atento al contenido del oficio que signa la Jueza del Sistema Penal Acusatorio en Funciones de Enjuiciamiento en el Distrito Judicial Bravos, con sede en la localidad, se le tiene rindiendo su informe justificado, mismo que se pone a la vista de las partes a fin de que se impongan de su contenido, sin perjuicio de hacer relación del mismo al momento de celebrar la audiencia constitucional; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veinte de julio de dos mil veintitrés. Vistos el oficio de cuenta, agréguense a los autos para que obren como legalmente correspondan. Así, atento a su contenido se tiene a la autoridad, Coordinadora de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Libertad y Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual, rindiendo informe justificado, sin perjuicio de hacer relación del mismo al momento de celebrar la audiencia constitucional, por lo que se ordena dar vista con ello a las partes para que se impongan de su contenido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117, de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE. Así, lo proveyó y firma el Licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado de Despacho por Ministerio de Ley, en términos del artículo 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo que Reglamenta la Carrera Judicial; autorizado mediante oficio CCJ/ST/3101/2023, de cinco de junio de dos mil veintitrés, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el Licenciado Félix Santillanes Cruz, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Incidental

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veinte de julio de dos mil veintitrés. Vistos el oficio de cuenta, remitido por la autoridad, Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Libertad y Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual, agréguese a los autos sin mayor acuerdo, toda vez que el dieciocho de julio del presente año se dictó la resolución interlocutoria en el presente incidente. NOTIFÍQUESE. Así, lo proveyó y firma el Licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado de Despacho por Ministerio de Ley, en términos del artículo 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo que Reglamenta la Carrera Judicial; autorizado mediante oficio CCJ/ST/3101/2023, de cinco de junio de dos mil veintitrés, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el Licenciado Félix Santillanes Cruz, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

Quedan 10 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · 6,710 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano